El país, al borde del “salvese quien pueda”

El país, al borde del “salvese quien pueda”Jorge Carrasco Araizaga
Revista Proceso # 1788, 6 de febrero de 2011;

Durante cuatro años, desde que declaró la guerra contra los cárteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón ha sido incapaz de proteger vidas y bienes de los habitantes de este país. Lejos de ello, los ha colocado en una situación de indefensión ante la violencia que ejercen tanto las bandas del crimen organizado como las corporaciones –policías, Ejército y Marina- presuntamente encargadas de combatirlas. En el marco de los estallidos de violencia exacerbada, con toma de calles y suspensión de actividades en estados como Zacatecas, Nuevo León y Jalisco, el politólogo e investigador jurídico Lorenzo Córdova Vianello no duda en emitir un severo diagnóstico: México vive en un “estado de excepción de facto” –al filo de la tentación de suspensión de garantías– al que se trata de legalizar a toda costa…

La presencia de los efectivos del Ejército y de la Marina fuera de sus cuarteles pasó de ser excepcional a cotidiana. Si en un Estado democrático tal medida está prevista de manera temporal, en México la incertidumbre sobre el tiempo en que los militares se quedarán en las calles denota un ejercicio autoritario del poder que tiene en crisis a la democracia constitucional.

Desde esa perspectiva, Lorenzo Córdova Vianello, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que en los últimos cuatro años México ha vivido una “situación excepcional de facto” que se pretende remediar mediante una reforma a la Ley de Seguridad Nacional “para cubrir lo que ya se hizo”.

En el periodo ordinario de sesiones del Congreso, iniciado el martes 1, la Cámara de Diputados prevé además reformar el artículo 29 de la Constitución con el propósito de regular el estado de excepción, ante la eventualidad de que se tengan que suspender las garantías individuales para enfrentar a la delincuencia organizada.

Si la suspensión de garantías se aplicara tal y como está en el ordenamiento, se daría carta abierta para una mayor violación a los derechos humanos sin que el Ejecutivo tenga la obligación legal de rendir cuentas, advierte el especialista en derecho constitucional.

Entrevistado en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es profesor de teoría constitucional y teoría del Estado, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores asegura que la intensidad del problema delictivo en México es de tal magnitud que pondría en crisis a cualquier Estado. Pero aquí, dice, se ha pretendido enfrentar la crisis de inseguridad a partir de “pulsiones autoritarias”.

El problema se ha agravado porque el autoritarismo empezó a permear en las leyes y en la sociedad, que está dispuesta a renunciar a sus derechos a cambio de seguridad, incluso a aceptar estados de excepción sin estar regulados y a imponerse a sí misma medidas en la lógica del “sálvese quien pueda”, advierte.

Cuando la sociedad asume que lo extraordinario es lo cotidiano, como la presencia de militares en las calles de cualquier ciudad, estamos ya en un terreno del ejercicio de la mano dura, del ejercicio de un poder público que no respeta los derechos, que no los ve como una frontera infranqueable, asegura.

Autoritarismo

 Cuidadoso para evitar “estridencias”, se refugia en la teoría política para explicar el carácter autoritario de las medidas tomadas por el actual gobierno ante la crisis de inseguridad, pero no elude referirse al “estado de excepción de facto” que ha vivido México en el gobierno de Felipe Calderón.

Asegura que utilizar a las Fuerzas Armadas para funciones de policía es una medida extrema en cualquier Estado democrático, pero en el caso de México “es preocupante cuando la lógica del regreso a sus cuarteles ni siquiera está en el horizonte cercano. La excepción se ha vuelto ordinaria”. 

Explica: “Toda democracia constitucional supone o acepta alguna situación con medidas excepcionales. Eso ha acompañado la historia del Estado desde que no era democrático, desde la República Romana, en la que incluso estaban reguladas y acotadas por el Senado. La temporalidad de los poderes extraordinarios y casi absolutos que se le daban a la magistratura romana para enfrentar estados de excepción era lo que la distinguía de la tiranía.

“Pero cuando las medidas excepcionales se vuelven lo ordinario, estamos ante una crisis del Estado constitucional democrático de derecho”, afirma.

Investigador en asuntos de derecho constitucional, gobernabilidad, reforma electoral y sistemas electorales y sistemas de partidos, Córdova Vianello dice que la idea de aplicar en México el estado de excepción es una eventualidad que debe considerarse ante la complicación del problema de inseguridad, pero de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por México para salvaguardar las garantías ciudadanas.

“El estado de excepción no significa la crisis del Estado, sino un remedio último para enfrentar una situación de crisis. No significa salirse del marco constitucional; al contrario, es actuar en una situación extraordinaria, específica y temporal dentro del marco constitucional”, asegura.

–¿En estos cuatro años el país se ha salido del marco constitucional?

–En buena medida sí. La prueba más clara es que estamos tratando de modificar las normas para cobijar los hechos; en particular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

La demanda de modificar el marco normativo para autorizar al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina cumplir funciones de orden público es un dato del reconocimiento de que se intenta normar una situación de facto. No se hizo antes de sacar a los militares de sus cuarteles y ahora tenemos que modificar las normas para blindar su actuación.

Además, dice, la Constitución establece claramente que en tiempos de paz el Ejército sólo puede cumplir funciones estrictamente relacionadas con la disciplina militar y no para otras funciones. La realidad nos rebasó en la crisis de seguridad y la ruta que se siguió no fue la ideal, que habría sido la de enfocarnos en un marco normativo para eventualmente usar medidas drásticas, pero excepcionales, como el uso de las Fuerzas Armadas.

–¿Estamos viviendo en México una situación excepcional de facto?

–Sin duda sí. Nadie puede negar la gravedad del fenómeno de la criminalidad, que la vida de mucha gente está afectada y que hay grandes zonas del país en las que la suspensión de garantías tenga que ser considerada seriamente como medida extraordinaria, como es el caso de lo que se conoce como estado de sitio o estado de excepción.

“Pero si se sigue actuando de facto y no nos hacemos cargo de que debemos tener un marco normativo que permita ese tipo de medidas extraordinarias, nos encaminamos al peor de los escenarios. Estaríamos frente a una deriva autoritaria por la vía de los hechos.

“Lo mejor que podemos hacer es lo que hacen los Estados constitucionales: crear las condiciones de garantía para que si se decide el uso del estado de excepción, éste no se traduzca en abuso del poder y en lesiones indebidas de derechos.”

Abunda: “El poder se tiene que regular. Incluso si se ejerce a partir de medidas extraordinarias, tiene límites. Cuando no se hace, la frontera con un ejercicio autoritario del poder no existe, se diluye. 

“La urgencia de modificar y operar esos cambios legales –me da la impresión de que por la vía de los hechos, en muchos sentidos– es porque ya estamos viviendo estas situaciones de excepción”, insiste.

–La propuesta de Calderón de reformar el Código de Justicia Militar para que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas por tribunales civiles sólo en casos de violación, tortura y desaparición forzada, ¿es una expresión más del ánimo autoritario que hay en el país?

–No quiero decir con esto que el presidente sea un autoritario, pero en la lógica de seguridad hay muchos ejemplos que expresan ciertas pulsiones autoritarias. Tampoco quiero construir un discurso antiejército. El problema es que el uso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado ha colocado a los propios militares en una situación de vulnerabilidad.

“El peor favor que les podemos hacer es crearles normatividades de excepción que no son congruentes ni con la Constitución ni con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos firmados por México. La mejor manera de blindar a los militares en esta tarea –en la que creo que no debían estar metidos– es demandándoles y eventualmente imputándoles responsabilidades cuando no cumplan con el respeto a los derechos humanos. 

“Lo que va a acabar pasando, y de alguna manera ya ocurre, es el descrédito creciente por la muerte de civiles que son absolutamente inaceptables desde una lógica de derecho y que no se pueden reducir a lo que se ha llamado ‘daños colaterales’. La mejor manera de proteger a las Fuerzas Armadas es no crearles esferas de impunidad.”

Suspensión de garantías

Córdova Vianello expresa preocupación cuando se habla del estado de excepción en México sin que se reforme antes la Constitución. El artículo 29 prevé la suspensión de garantías, pero no sólo es insuficiente sino que carece de una ley reglamentaria que especifique su ejercicio, apunta.

El investigador dice que la suspensión de garantías está prevista en esa disposición constitucional, pero no considera un mecanismo de control de las facultades extraordinarias que supone esa suspensión: No se establece que hay ciertas garantías que no se pueden suspender, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de expresión. Además, no tiene medios de rendición de cuentas para verificar el ejercicio de esas facultades y eventualmente sancionar el abuso.

“Pensar en el estado de excepción como la medida más radical en un contexto constitucional no debe descartarse. Está considerada incluso en tratados internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala.

“Pero antes siquiera de plantearse en México, se tiene que contar con un marco normativo para garantizar que ese recurso extraordinario no se va a traducir en abuso de poder, además de incluir una rendición eficaz de cuentas para que eventuales abusos no queden impunes. Sin esto, ni lo pensemos”, advierte.

Para el investigador, el cúmulo de crisis económica, el desencanto con la democracia y el problema de la delincuencia organizada ha cultivado “un campo fértil para que germinen posiciones autoritarias” no sólo desde el poder político, sino desde la misma sociedad. Se ha recurrido a la lógica de la mano dura sin que se busque mejorar las condiciones sociales para reducir lo que se ha dado en llamar el “ejército delincuencial de reserva”, integrado principalmente por jóvenes.

El problema es todavía más complicado, considera, porque, ante la gravedad de la crisis de inseguridad, la sociedad está desesperada. Frente a una situación en la que la vida está en riesgo permanente “tenemos que cuidarnos de la tentación de soluciones autoritarias en las que, a cambio de seguridad, la sociedad está dispuesta a renunciar a sus derechos”. 

Pero privarse de esos derechos no es lo mismo en un régimen absolutista que en una democracia constitucional. La diferencia es que en el primero los derechos no tienen ningún valor, y en la segunda son los que le dan sentido a la existencia del Estado. En México, dice, “tenemos que cuidarnos del poder absoluto, el del soberano, en el contexto de democracia constitucional que tenemos, a pesar de sus faltas y pendientes”.

Asegura que las tentaciones autoritarias provienen de todos lados. No sólo desde el poder político con el uso más radical de las fuerzas de seguridad y el endurecimiento de las penas, en lo que algunos han llamado “el derecho penal del enemigo”. 

El crecimiento electoral de una organización marginal, como el Partido Verde, en las elecciones federales intermedias de 2009 se explica en buena medida por la demagógica campaña con la que tapizó el país con la propuesta de pena de muerte. Esas falsas soluciones están teniendo eco en la sociedad e indican que la lógica autoritaria se está implantando en ella, advierte.

“Estamos en un contexto en el que ya hay evidencia de las peores reacciones de la sociedad. Los toques de queda autoimpuestos indican que el pánico está siendo la única manera de reaccionar. Ante los rumores de que va a haber una balacera durante un fin de semana en alguna parte del país, ya nadie sale de sus casas. Y cuando alguien se encierre varios fines de semana, a lo mejor va a terminar dispuesto a disparar para salir.

“Corremos el riesgo de llegar a una situación en la que la voz de orden va a ser ‘sálvese quien pueda’ y a correr. Si no se para esa tendencia va a haber gente armándose y con cuerpos de seguridad en todo el país cada vez más presentes”, asegura.

“Se pueden criticar las políticas gubernamentales y mejorar las normas, pero cuando el problema se vuelve cultural es todavía mayor. Creo que la sociedad también tiene una responsabilidad por la forma en que está reaccionando frente a este fenómeno.”

Pero para reencauzar esto, asegura, se requiere una visión que no claudique de la vocación de protección de los derechos, incluso de los delincuentes.

El constitucionalista refiere entonces el uso “desafortunado y laxo” que reiteradamente hizo Calderón del término “guerra” en la primera etapa de su gobierno para referirse al combate a los cárteles del narcotráfico, a pesar de que el pasado 13 de enero negó haber utilizado esa expresión. 

El discurso de guerra, dice Córdova, tiene implicaciones jurídicas. “Si de veras vas a una guerra, hasta en ésta hay reglas y vas a tener que darle cierto tratamiento a los adversarios, como el de respeto a los prisioneros en términos de los Convenios de Ginebra y sus protocolos”. En una guerra subyace la idea de amigo-enemigo. El adversario es el enemigo, no se le reconocen derechos y la finalidad última de combatirlo es su eliminación. 

En cambio, en un problema de delincuencia, desde la perspectiva de los derechos “no se puede usar el término de guerra, porque exacerbas y generas tensiones y confrontaciones”. 

Añade: “Lo que busca ser un efecto retórico acaba profundizando la lógica de polarización y excepcionalidad que a nadie conviene. Si vamos a actuar contra los criminales sin reconocerles derechos, entonces se nos acabó el Estado constitucional y estamos en un Estado autoritario. Punto”.  l