No seguir a Estados Unidos en cuanto a atención de
salud/ Dean T. Jamison, Prabhat Jha, investigador en el Hospital
St. Michael de la Universidad de Toronto, y Dean T. Jamison, economista y
profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de California.
Project Syndicate |
En momentos que la Corte
Suprema de Estados Unidos se encuentra a punto de abordar la Ley de Asistencia
Asequible (la histórica reforma de salud ridiculizada por sus opositores como
“Obamacare”), vale la pena señalar que el número de estadounidenses sin seguro
de salud alcanzó un máximo histórico en 2010, su año de promulgación. Alrededor
de 50 millones de residentes de Estados Unidos (uno de cada seis) pagan de su
bolsillo los gastos médicos en que incurren.
La recesión de 2008 no
es la única razón para esta escalofriante cifra; también hay que culpar a
políticas y decisiones políticas de larga data. A nivel mundial, pero
especialmente para las economías de rápido crecimiento, la lección es simple:
evitar el modelo de salud privada de Estados Unidos.
EE.UU. es uno de los
pocos países de ingresos altos que no financia la asistencia sanitaria mediante
un sistema financiado con fondos públicos de prepago. En promedio, los países
más ricos gastan aproximadamente el 11% de su PIB en salud, con una
financiación pública de más del 80%; sólo el 14% de los gastos tienen lugar
sobre una base de pago por servicio. Las finanzas públicas (o, en algunos
casos, fondos de seguros cooperativos regulados por el gobierno que equivalen a
financiación pública) cubren la mayoría de los servicios médicos
discrecionales; los seguros privados complementan solo servicios adicionales
mínimos.
La mayoría de los países
ricos opta por financiar su atención de la salud de manera pública por varias
razones. En primer lugar, la atención de salud de libre mercado suele ser
injusta e ineficiente. Las necesidades individuales varían considerablemente, y
las empresas privadas suelen ser reacias a asegurar a las personas que más lo
necesitan (como quienes ya están enfermos o sufren de dolencias como la
diabetes, que les predisponen a otros problemas de salud). Más aún, es
improbable que quienes adquieren la atención – las aseguradoras y los pacientes
– tengan la información necesaria para elegir los tratamientos más seguros y
eficaces.
Al mismo tiempo, el
gasto público actúa como un freno sobre el gasto general, y evita la rápida
escalada de costes a la que contribuyen las empresas de seguros privadas de
Estados Unidos. El país gasta el 1% de su PIB cada año, simplemente para
administrar su complejo y difícil sistema de seguros. Sin una reforma del tipo
que tiene ante sí la Corte Suprema de Justicia, el total de los gastos de salud
de Estados Unidos aumentará de 16% del PIB hoy al 25% en 2025.
El impacto económico del
sistema actual ya es grave. El último censo de EE.UU. mostró un marcado
incremento en el número de estadounidenses que viven por debajo del umbral de
pobreza, hecho estrechamente relacionado con la falta de seguro de salud, que a
su vez refleja el exceso de confianza en la cobertura de seguro provista por
los empleadores.
En las economías de los
países emergentes, los gobiernos deberían tener en cuenta cinco consideraciones
a la hora de diseñar los sistemas de salud. En primer lugar, las inversiones en
salud proporcionan una importante red de seguridad contra las trampas de la
pobreza, especialmente en tiempos de crisis económica. Por ejemplo, cada año,
37 millones de indios sin seguro caen por debajo del umbral de la pobreza
debido a gastos catastróficos en salud (que por lo general se definen como
costes superiores al 10%de los gastos totales de un hogar).
En segundo lugar, la
financiación pública de la atención sanitaria permite a los pobres usar ese
dinero para satisfacer otras necesidades. En países de bajos ingresos, la mitad
de todos los gastos de atención de salud (alrededor del 2,5% del PIB) son
privados (en comparación con el 2% en países de ingresos medios). Este gasto
consume una gran proporción de los ingresos de los hogares más pobres, impide
inversiones más productivas en el hogar, crea pocos puestos de trabajo, y con
frecuencia permanece sin pagar impuestos, ya que a menudo se paga a los médicos
y los hospitales “en negro”.
En tercer lugar,
financiar la salud con fondos públicos podría aumentar el empleo en general.
Las provincias de Canadá fueron integrando de a fases el seguro nacional de
salud de 1961 a 1975. El empleo y los salarios aumentaron en las áreas donde se
introdujo el programa, a pesar de que el promedio de horas de trabajo se
mantuvo sin cambios. Por el contrario, las provincias con altos niveles de
cobertura de seguro privado tenían menores tasas de empleo y un más lento
crecimiento de los salarios. Más recientemente, Canadá venció a EE.UU. al
competir por dónde se crearía una nueva planta de Toyota, en parte porque los
costes de seguro privado de salud en EE.UU. suponían añadir varios miles de
dólares al coste de fabricación de un coche allí.
En cuarto lugar, los
sistemas de salud nacionales existentes en los países más ricos pueden servir
como modelos para las economías de mercados emergentes que opten por adoptar
sistemas similares. Es importante destacar que las finanzas públicas no tienen
por qué significar solamente la provisión pública; los hospitales y clínicas
privadas a veces pueden ofrecer servicios con mayor eficacia. Taiwán inició un
sistema de pagador único en 1995, frenando significativamente los costes de
salud y mejorando la calidad de vida de la población. El nuevo sistema de
cobertura universal de México se puso en marcha primero en las zonas más pobres
del país.
Por otra parte, China
constituye un ejemplo aleccionador de las consecuencias de retirar el seguro de
salud financiado públicamente. A principios de la década de 1980, las reformas
de mercado dejaron alrededor de 100 millones de ciudadanos rurales sin seguro,
casi de la mañana a la noche. Los costes privados se dispararon, las tasas de
mortalidad infantil dejaron de disminuir, y se debilitó el sistema de
vigilancia de enfermedades, lo cual puede haber contribuido a la epidemia de
SARS de 2002-2003, que se cobró más de 900 vidas en todo el mundo y causó
pérdidas económicas por un valor estimado de $60 mil millones de dólares. El
gobierno chino ha reconocido que las reformas fueron un fracaso, y se ha
comprometido a destinar varios miles de millones de dólares a asistencia
sanitaria financiada con fondos públicos.
Por último, siguiendo el
principio, “todo el mundo está cubierto, pero no todo está cubierto”, los
gobiernos deben investigar qué servicios son más eficaces en función de los
costes y cuáles no deben ser financiados con fondos públicos, debido a que son
costosos e ineficaces. La lista de los servicios asegurados siempre puede
elevarse en sintonía con las rentas y los ingresos del gobierno. En particular,
el aumento de los impuestos del tabaco produce un beneficio doble: reducir el
tabaquismo, la principal causa de muerte en adultos, y aumentar los ingresos.
China, India y Sudáfrica
se han comprometido a adoptar un seguro nacional de salud. Cuál de estos países
lo logre primero no sólo dependerá de sus ingresos, sino también de su voluntad
política por superar intereses creados. También de la capacidad de las
instituciones para diseñar una atención de salud racional, monitorear la
entrega del servicio y valorar correctamente los nuevos tratamientos.
Los costes de salud en
EE.UU. son exorbitantes, con escaso valor por el dinero. Solo cabe esperar que
el “Obamacare”, junto con los modelos que están implementado los futuros
competidores de EEUU, le inclinen a adoptar el sistema de atención universal y
con financiamiento público que hace mucho debería haber instaurado.
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