No seguir a U en cuanto a atención de salud/

No seguir a Estados Unidos en cuanto a atención de salud/ Dean T. Jamison, Prabhat Jha, investigador en el Hospital St. Michael de la Universidad de Toronto, y Dean T. Jamison, economista y profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de California.

Project Syndicate |

En momentos que la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra a punto de abordar la Ley de Asistencia Asequible (la histórica reforma de salud ridiculizada por sus opositores como “Obamacare”), vale la pena señalar que el número de estadounidenses sin seguro de salud alcanzó un máximo histórico en 2010, su año de promulgación. Alrededor de 50 millones de residentes de Estados Unidos (uno de cada seis) pagan de su bolsillo los gastos médicos en que incurren.

La recesión de 2008 no es la única razón para esta escalofriante cifra; también hay que culpar a políticas y decisiones políticas de larga data. A nivel mundial, pero especialmente para las economías de rápido crecimiento, la lección es simple: evitar el modelo de salud privada de Estados Unidos.

EE.UU. es uno de los pocos países de ingresos altos que no financia la asistencia sanitaria mediante un sistema financiado con fondos públicos de prepago. En promedio, los países más ricos gastan aproximadamente el 11% de su PIB en salud, con una financiación pública de más del 80%; sólo el 14% de los gastos tienen lugar sobre una base de pago por servicio. Las finanzas públicas (o, en algunos casos, fondos de seguros cooperativos regulados por el gobierno que equivalen a financiación pública) cubren la mayoría de los servicios médicos discrecionales; los seguros privados complementan solo servicios adicionales mínimos.

La mayoría de los países ricos opta por financiar su atención de la salud de manera pública por varias razones. En primer lugar, la atención de salud de libre mercado suele ser injusta e ineficiente. Las necesidades individuales varían considerablemente, y las empresas privadas suelen ser reacias a asegurar a las personas que más lo necesitan (como quienes ya están enfermos o sufren de dolencias como la diabetes, que les predisponen a otros problemas de salud). Más aún, es improbable que quienes adquieren la atención – las aseguradoras y los pacientes – tengan la información necesaria para elegir los tratamientos más seguros y eficaces.

Al mismo tiempo, el gasto público actúa como un freno sobre el gasto general, y evita la rápida escalada de costes a la que contribuyen las empresas de seguros privadas de Estados Unidos. El país gasta el 1% de su PIB cada año, simplemente para administrar su complejo y difícil sistema de seguros. Sin una reforma del tipo que tiene ante sí la Corte Suprema de Justicia, el total de los gastos de salud de Estados Unidos aumentará de 16% del PIB hoy al 25% en 2025.

El impacto económico del sistema actual ya es grave. El último censo de EE.UU. mostró un marcado incremento en el número de estadounidenses que viven por debajo del umbral de pobreza, hecho estrechamente relacionado con la falta de seguro de salud, que a su vez refleja el exceso de confianza en la cobertura de seguro provista por los empleadores.

En las economías de los países emergentes, los gobiernos deberían tener en cuenta cinco consideraciones a la hora de diseñar los sistemas de salud. En primer lugar, las inversiones en salud proporcionan una importante red de seguridad contra las trampas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis económica. Por ejemplo, cada año, 37 millones de indios sin seguro caen por debajo del umbral de la pobreza debido a gastos catastróficos en salud (que por lo general se definen como costes superiores al 10%de los gastos totales de un hogar).

En segundo lugar, la financiación pública de la atención sanitaria permite a los pobres usar ese dinero para satisfacer otras necesidades. En países de bajos ingresos, la mitad de todos los gastos de atención de salud (alrededor del 2,5% del PIB) son privados (en comparación con el 2% en países de ingresos medios). Este gasto consume una gran proporción de los ingresos de los hogares más pobres, impide inversiones más productivas en el hogar, crea pocos puestos de trabajo, y con frecuencia permanece sin pagar impuestos, ya que a menudo se paga a los médicos y los hospitales “en negro”.

En tercer lugar, financiar la salud con fondos públicos podría aumentar el empleo en general. Las provincias de Canadá fueron integrando de a fases el seguro nacional de salud de 1961 a 1975. El empleo y los salarios aumentaron en las áreas donde se introdujo el programa, a pesar de que el promedio de horas de trabajo se mantuvo sin cambios. Por el contrario, las provincias con altos niveles de cobertura de seguro privado tenían menores tasas de empleo y un más lento crecimiento de los salarios. Más recientemente, Canadá venció a EE.UU. al competir por dónde se crearía una nueva planta de Toyota, en parte porque los costes de seguro privado de salud en EE.UU. suponían añadir varios miles de dólares al coste de fabricación de un coche allí.

En cuarto lugar, los sistemas de salud nacionales existentes en los países más ricos pueden servir como modelos para las economías de mercados emergentes que opten por adoptar sistemas similares. Es importante destacar que las finanzas públicas no tienen por qué significar solamente la provisión pública; los hospitales y clínicas privadas a veces pueden ofrecer servicios con mayor eficacia. Taiwán inició un sistema de pagador único en 1995, frenando significativamente los costes de salud y mejorando la calidad de vida de la población. El nuevo sistema de cobertura universal de México se puso en marcha primero en las zonas más pobres del país.

Por otra parte, China constituye un ejemplo aleccionador de las consecuencias de retirar el seguro de salud financiado públicamente. A principios de la década de 1980, las reformas de mercado dejaron alrededor de 100 millones de ciudadanos rurales sin seguro, casi de la mañana a la noche. Los costes privados se dispararon, las tasas de mortalidad infantil dejaron de disminuir, y se debilitó el sistema de vigilancia de enfermedades, lo cual puede haber contribuido a la epidemia de SARS de 2002-2003, que se cobró más de 900 vidas en todo el mundo y causó pérdidas económicas por un valor estimado de $60 mil millones de dólares. El gobierno chino ha reconocido que las reformas fueron un fracaso, y se ha comprometido a destinar varios miles de millones de dólares a asistencia sanitaria financiada con fondos públicos.

Por último, siguiendo el principio, “todo el mundo está cubierto, pero no todo está cubierto”, los gobiernos deben investigar qué servicios son más eficaces en función de los costes y cuáles no deben ser financiados con fondos públicos, debido a que son costosos e ineficaces. La lista de los servicios asegurados siempre puede elevarse en sintonía con las rentas y los ingresos del gobierno. En particular, el aumento de los impuestos del tabaco produce un beneficio doble: reducir el tabaquismo, la principal causa de muerte en adultos, y aumentar los ingresos.

China, India y Sudáfrica se han comprometido a adoptar un seguro nacional de salud. Cuál de estos países lo logre primero no sólo dependerá de sus ingresos, sino también de su voluntad política por superar intereses creados. También de la capacidad de las instituciones para diseñar una atención de salud racional, monitorear la entrega del servicio y valorar correctamente los nuevos tratamientos.

Los costes de salud en EE.UU. son exorbitantes, con escaso valor por el dinero. Solo cabe esperar que el “Obamacare”, junto con los modelos que están implementado los futuros competidores de EEUU, le inclinen a adoptar el sistema de atención universal y con financiamiento público que hace mucho debería haber instaurado.