Publicado en La Silla Rota, 7/Ene/20131
A un mes y días de instalado el nuevo gobierno y pese a la euforia del poder legislativo federal por las tareas realizadas, ni hay cambios ni hay estrategias nuevas. Ha habido, desde luego, el reconocimiento de ciertos problemas, muy graves en el área de la procuración e impartición de justicia, por ejemplo, lo mismo que en materia de guerra contra el crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Pero nada más.
Los cambios habidos en materia laboral reflejan solamente lo que querían tener los empresarios de este país, que son solamente una de las partes de la relación laboral. Y a los trabajadores no se les ha garantizado, no sólo la libre afiliación, sino que ni siquiera hay avances para el control efectivo de sus respectivos sindicatos.
Temo mucho que la próximas reformas en materia hacendaria
tengan esas mismas características de incluir lo que interesa a los mismos
empresarios, mientras que a las clases asalariadas y jubiladas se les seguirá
cobrando el injusto impuesto sobre la renta, calculado sobre salarios de
hambre.
No hay cambios. Y porque no hay cambios las cuentas, que
anteriormente se cargaban sobre las espaldas del señor Felipe Calderón, ahora
mismo se están sumando a las espaladas del nuevo presidente de la república.
Irremediablemente las cosas son así.Los muertos, por decirlo en términos de neutralidad, que genera la guerra contra el crimen organizado, pesan ya sobre las espaldas de don Enrique Peña Nieto, quiera o no quiera, olvidando, entre otros extremos, que existe una denuncia penal en un tribunal extranjero en contra de su antecesor por estos mismos motivos, olvidando, en todo caso, hacer los cambios prometidos.
¿Cómo qué cambios?
Hay algunos cambios, que son demasiado obvios: en efecto, lo primero que debió evitar don Enrique Peña Nieto fue esa especie de investidura de comandante en jefe de las fuerzas armadas, que le confirió, sin ninguna atribución, don Felipe Calderón la noche en que terminaba su mandato.
La investidura la otorga el congreso de la unión, a quien toca hacer la declaración de guerra que corresponda, y a quien toca ordenar la salida de los cuarteles de nuestras fuerzas armadas con o sin declaración de suspensión de garantías.
Don Enrique Peña Nieto debió aquí mostrar los cambios, mostrar las nuevas estrategias. De querer mantener a las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles, (y podría ésta no ser tampoco la mejor de las estrategias a seguir) debió exigirle al congreso de la unión que asumiera su responsabilidad en esa lucha contra el crimen organizado expidiendo la correspondiente ley para sacar a las fuerzas armadas a las calles, o para mantenerlas en ellas.
Hubieran cambiado mucho las cosas y las estrategias. Para empezar, habría habido una ley votada en el congreso como principio de cuentas, regulando las acciones de guerra, o las acciones de policía de dichas fuerzas armadas y regulando las responsabilidades de dichas acciones. Por no haber esa ley, es que don Felipe Calderón tiene, con toda razón y justicia, una demanda pendiente, se le de o no se le de entrada en dicho tribunal internacional.
Tampoco ha habido cambios en materia de procuración de justicia, ni en materia de impartición de justicia, ni en materia de presos, cárceles y sistemas penitenciarios. Ciertamente se han señalado con vigor ciertos gravísimos problemas. Pero no se anunció cambio alguno. Y mucho me temo que no los habrá, salvo el de la creación de la gendarmería, que más valiera denominar guardia nacional por ser el término que ya se ha usado en nuestra constitución.
No habrá cambio alguno, que sea significativo, en materia de procuración de justicia, mientras no se empiece por reconocer o simplemente recordar que el modelo o los modelos (para incluir a las estatales) que tenemos se corresponden, con una exactitud matemática, al modelo creado por don Porfirio Diaz mediante la reforma al texto constitucional de 1900, precisando que dicho modelo era y sigue siendo lo mas negro de lo negro del Porfiriato.
Esto es, un modelo creado para reprimir, para asesinar, para detener y arraigar y después averiguar; creado para proteger al gobernante en turno; un modelo total y absolutamente impune, pese a la gravedad de los ilícitos penales que comete, o que ha venido cometiendo desde su creación.
Urge un cambio. Debió hacerse ya, mediante una ley, que regrese al modelo que existió hasta ese año de 1900, con un fiscal, que defiende a la sociedad y no al gobernante de turno y un procurador que defiende intereses legítimos de carácter institucional; anexo al propio Poder Judicial, como de hecho está todavía marcado por el artículo 102, el cual se encuentra bajo el capítulo dedicado a dicho poder, pero con ejercicio independiente y autónomo.
Un modelo altamente especializado y capaz de investigar y de integrar una averiguación previa, con sabiduría, es decir, con el apoyo de todos aquellos cuerpos periciales que hagan falta, con paciencia y perseverancia y prontitud.
Un modelo responsable de la legalidad de sus actos; un modelo que le haga efectiva la responsabilidad a los jueces y a otras autoridades por violaciones a la ley, que para ese efecto le corren traslado de muchísimos expedientes, incluido los expedientes de los juicios de amparo, en los cuales siempre habrá una autoridad que viola la constitución, misma que debe ser consignada en el acto.
Si no gustara el regreso al texto constitucional de 1857, se puede regresar al de 1824; o al fiscal regulado por el Fuero Juzgo o las Siete Partidas. Y si tampoco esto gusta, se puede seguir el modelo italiano, el alemán o el español, pero nunca al modelo porfirista.
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