Operación Limpieza ¿Made in USA?/ Fred Álvarez

Operación Limpieza ¿Made in USA?/ Fred Álvarez

Las irregularidades en los casos de Ramírez y Ángeles pudieron darse por la presión de la DEA

“... soy inocente, me inculpan testigos protegidos, inducidos con testimonios falsos y de oídas. Y no dudo que pretendan reclutar a otros para el mismo fin, inducidos todos con testimonios falsos...” Tomás Ángeles, en junio de 2012

Publicado en Código Topo de Excélsior, portada 06/05/2013.

El testigo estrella de la DEA se convirtió en un ser omnipresente: lo mismo podía estar operando en Ecuador que reuniéndose con supuestos funcionarios corruptos.

Hoy se sabe que sus dichos fueron falsos y que fueron utilizados para crear un entramado de ficción “¡Disculpe señor Noé Ramírez Mandujano, disculpe señor general Tomás Ángeles, saben nos equivocamos, nuestro testigo estrella Jennifer nos mintió!” Lamentable equivocación de las personas encargadas de procurar y hacer justicia.

¿Y dónde quedó la presunción de inocencia que establece el apartado B del artículo 20 Constitucional?

Dos personas fueron privadas de su libertad por aparentemente un asunto político, un movimiento para aparentemente de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos a través de la creación de un programa denominado “Operación Limpieza”, que resultó hasta donde podemos leer en una verdadera porquería.

El programa inicia en México en el gobierno del presidente Felipe Calderón con la firma del programa Iniciativa Mérida en 2007, pero llegó a los medios con la detención del ex fiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano y varios de sus colaboradores (muchos de ellos sí vinculados al crimen organizado). Asimismo, en el mismo programa, en 2012 son detenidos cinco militares de alto rango, entre ellos Tomás Ángeles Dahuahare, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna.

El “éxito” de la “limpieza” fue lo que al parecer llevó a que la procuradora Marisela Morales fuera condecorada, en marzo de 2011, por el Departamento de Estado estadunidense a cargo de Hillary Clinton con el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 2011, por ser considerada como una fiscal que logró llevar ante la justicia  a varios de los “criminales más peligrosos de México”, asimismo por su trabajo como luchadora contra la corrupción y por ser figura clave para crear el primer “programa de testigos protegidos en México”.

Programa desvirtuado

El primer programa de testigos protegidos fue instaurado en 1996 con la entrada en vigor de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De hecho, el programa se fortaleció cuando fue titular de SIEDO José Luis Santiago Vasconcelos; en dicho periodo hubo más de 150 testigos colaboradores.

No hay que dejar de mencionar que es hasta en enero de 2009 cuando con la aprobación de la denominada miscelánea penal se adicionó el artículo 11 Bis que autoriza la reserva de la identidad de los agentes infiltrados, tanto en las actuaciones de averiguación previa como en el ejercicio de la acción penal. (Véase “Testigos protegidos: ¿un mal necesario?” Fred Álvarez, Código Topo, 5 de enero de 2009).

En ese texto afirmamos que el testigo protegido, o testigo colaborador, es una figura imprescindible en el combate contra el crimen organizado. Difícilmente las instituciones de procuración de justicia de Estados Unidos, Colombia e Italia, habrían podido descubrir plenamente el entramado de las organizaciones criminales secretas y a los personajes que las integran, sin que se contase con información desde dentro de las mismas.

Menciono el caso del fiscal norteamericano Rudolph W. Giuliani, -el Elliot Ness de los años ochenta-, quien jamás hubiera llevado a tribunales a cabecillas tan poderosas relacionadas con la delincuencia organizada sin el empleo del testigo protegido.

En un caso en contra de la Cosa Nostra de Nueva York y tras tres años de investigación, el también ex alcalde neoyorquino recurrió a los testimonios de 30 testigos protegidos y a grabaciones conseguidas a través del control de 90 teléfonos y la instalación de 80 micrófonos secretos.

¿Y en México?

Hemos visto que en nuestro país desgraciadamente se ha prostituido la figura del testigo protegido, y más con el caso Jennifer, aunque no es el único.

Jennifer resultó ser un hombre con excelente memoria. Podemos leer que conoció prácticamente a todos los integrantes y cómplices de las bandas delincuenciales. Incluso, su talento aventaja a los de varios capturados en calidad de confesos.

Es increíble el caso, normalmente la mayoría de testigos tiene problemas mentales o por su propia condición de drogadictos.

Siempre he dicho que el testigo colaborador es un mal necesario, pero también un arma de dos filos, pues puede proporcionar información valiosa y útil para las autoridades, aunque asimismo puede mentir deliberadamente y dañar a inocentes, como fue el caso de Jennifer.

No hay que olvidar que el testigo protegido es, de entrada, un delincuente, y que sus dichos sirven sólo si sus testimonios son reales y si se pueden comprobar por otras vías. Para que la información que proporciona tenga sentido tiene que estar refrendada por datos duros; por información objetiva que demuestre lo que esos testigos están declarando. Ésa es la labor del fiscal especializado, misión que se equipara a quien hace periodismo de investigación, quien confirma una y otra vez sus fuentes.

Todo esto viene a colación debido a la llamada “Operación Limpieza”.

 El caso de Noé Ramírez Mandujano

A las 19 horas del lunes 15 de abril de 2013 salió del Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, en el Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, libre del cargo de delincuencia organizada, el ciudadano Noé Ramírez Mandujano.

Permaneció recluido cuatro años, cuatro meses y 25 días. Fue detenido el 20 de noviembre de 2008, un día después que compareciera voluntariamente ante un fiscal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a fin de rendir su declaración ministerial en calidad de inculpado en el marco de la llamada “Operación Limpieza”, lanzada por el gobierno del presidente Calderón, avalada –y quizá conducida en su totalidad- por la DEA.

El también ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO-hoy SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) en el inicio de la administración anterior fue acusado de estar vinculado con el cártel de los Beltrán Leyva, la prueba contundente fueron los dichos de un testigo colaborador conocido como Jennifer quien lo acusó de recibir hasta 450 mil dólares al mes por entregar información reservada al grupo criminal.

Noé pudo salir libre debido a que las acusaciones que se le imputaban fueron fabricadas.

El juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, una vez revisadas las pruebas, determinó absolver del cargo del delito de delincuencia organizada al ex servidor público.

Antes de ser liberado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió la nota informativa DGCS/N9/2013, donde dice textual que “en relación con el principal testigo colaborador Roberto López Nájera, con nombre clave JENNIFER, se demostró que se condujo con falta de probidad, pues se evidenció que éste mintió al rendir sus declaraciones.”

Y lo más grave aún es que a decir del juez hay una “posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al procurador general de la República para que, conforme a sus atribuciones, procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía (la SEIDO) que recabó dichos testimonios.”

No obstante, concluye la nota informativa que “resulta importante mencionar que existieron indicios suficientes de que efectivamente, altos funcionarios (de la SIEDO) incurrieron en actos de corrupción, incluso, algunos de ellos se integraron al programa de testigos colaboradores; sin embargo, no se aportó prueba idónea y legal que estableciera que el acusado Noé Ramírez Mandujano formara parte de esa red de corrupción, ni tampoco que se advirtiera alguna irregularidad en su encargo como subprocurador.” ¡Punto!

Se concluye que la PGR tuvo recluido a un inocente, pero lo más grave es que algunos jueces lo avalaron al autorizar el arraigo, una y otra vez. Y después lo encarcelaron injustamente. Los medios jugamos un papel en esto, al considerar culpable a una persona inocente.

El asunto fue tan grave que el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto hizo una manifestación al respecto. Un día después que Noé salió de la cárcel, el presidente dio a entrever que en este caso –como seguramente en muchos más- no hubo debido proceso.

En entrevista en el Hangar Presidencial Peña Nieto dijo: “Yo creo que hemos aprendido mucho de éste y otros casos; el Estado mexicano está obligado, primero, a privilegiar y a observar el debido proceso al que tiene derecho todo ciudadano”.

Agregó: “Todos esos casos dejan lección clara, y creo que lo que nosotros debemos hacer es profesionalizar, capacitar, preparar a las fiscalías, ministerios públicos, a la propia policía investigadora al trabajo pericial y de investigación científica”.

En suma, observar el debido proceso en el ciento por ciento de los casos y que la fiscalía debe darles más soporte, porque “eso es el signo de los tiempos de una sociedad que quiere observar el respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho y el apego a la legalidad”.

El caso del general Tomás Ángeles

La detención del general Tomás Ángeles Dauahare ocurrió en el mismo sentido, pero en este caso hubo “sobreseimiento”, y el juez ordenó la liberación inmediata. Sobreseimiento proviene del latín supercedere, “desistir de la pretensión que se tenía”.

Es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. Normalmente, el sobreseimiento se dicta mediante un auto, que puede ser objeto de recurso.

En efecto, el juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, ordenó la tarde del miércoles 17 de abril de 2013 la absoluta e inmediata liberación de Tomás Ángeles Dauahare luego de que no se encontraran pruebas del delito de delincuencia organizada por el que había sido acusado.

En una nota informativa, el CJF informó que se decretó el sobreseimiento en la causa penal a favor del general (...) por el delito de delincuencia organizada, previsto por el artículo 2, fracción I, y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Lo anterior, de conformidad con los artículos 298, fracción I, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Penales.

“Lo anterior toda vez que el procurador general de la República, en cumplimiento al proveído de 16 de abril pasado, de conformidad con lo establecido en el ordinal 295 de la codificación citada, ratificó el escrito de conclusiones no acusatorias presentado por la fiscal federal de la adscripción, a favor de Tomás Ángeles Dahuahare, por el delito de que se trata.”

El fallo fue notificado a la directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, sitio en Almoloya de Juárez, Estado de México. Y gracias a ello, el general divisionario en retiro salió libre. Estuvo privado de la libertad 11 meses y varios días bajo acusaciones falsas y dolosas.

Fue detenido a las 19: 30 horas del martes 15 de mayo de 2012 por tres elementos de la Policía Judicial Militar quienes de inmediato lo llevaron al campo Militar Número 1 donde le practicaron un examen médico de rigor; minutos más tarde ya estaba declarando ante el Ministerio Público Federal en las instalaciones de la SIEDO.

Fue acusado –junto con otros militares–, de haber sido sobornado por bandas del crimen organizado, concretamente de vínculos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y el de la organización delictiva Los Zetas, según la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.

El motor de estas detenciones fueron las acusaciones hechas por una denuncia anónima de marzo de 2010, así como la declaración ministerial del testigo protegido conocido con la clave de Jennifer; todo eso en el marco de la Operación Limpieza. (Véase “La causa penal” 44/2012/Fred Álvarez; el caso de Tomás Ángeles, No. 48 de la revista Código Topo, 3 de septiembre de 2012).

Las detenciones de un grupo de militares, en especial la de Tomas Ángeles, generó mucho malestar dentro de las Fuerzas Armadas, se dividieron unos a favor otros en contra; algunos medios publicaron que el mismísimo secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, habría participado activamente en la investigación.

Cuando se dio la noticia de que salió libre, las reacciones no se hicieron esperar. Vale la pena leer completo el comunicado emitido la noche del 17 de abril por la Secretaría de la Defensa Nacional, no tiene desperdicio, y mucho dice en pocas líneas, seguramente fue ordenado por el mismísimo secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda; leamos las nueve líneas: “La Secretaría de la Defensa Nacional informa a la opinión pública que, con motivo de la liberación del Ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor Retirado Tomás Ángeles Dauahare, dictada por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, recibe con satisfacción dicha resolución, sin lugar a duda, la determinación y responsabilidad asumida por las autoridades correspondientes son resultado de un trabajo profesional.

“Esta Secretaría expresa su reconocimiento a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia del país, como garantes del Estado de Derecho actuando bajo los principios de Legalidad e Imparcialidad, que garantizan la certeza jurídica para todos los mexicanos.”

¿El general Ángeles en el gabinete?

No olvidemos que su detención y arraigo ocurrió a pocos días de que asistió -el 9 de mayo- a un foro especializado en San Luis Potosí, invitado por la fundación Colosio del PRI, en ese momento el entonces candidato, Enrique Peña Nieto, lanzó la idea de la Gendarmería Nacional: “Propongo su creación con los recursos humanos que hoy ya destina el Ejército y la Armada, para que pasen a ser parte de una Policía Federal que, en el mando civil, pueda lograr fortalecimiento institucional en los municipios que tienen instituciones debilitadas”, dijo el entonces candidato.

Ahí el general retirado opinó libre y públicamente que no existían objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que aseguró que no hay una estrategia de seguridad nacional, que no hay rumbo, y que las actuales líneas de acción no conducen a ningún lugar. “Me atrevo a decir, no tenemos estrategia de seguridad nacional”, subrayó entonces.

Quizá eso pegó muy duro, y aceleró la investigación en su contra.

¿Se trató de una venganza? Todo apunta a que se usó a la Procuraduría – y en algunos casos al Poder Judicial- para hacer venganza; esto sería muy grave si se confirma.

De entrada, usaron a una persona de nombre Jennifer, hoy protegido por EU quien trabaja para la DEA. Hoy sabemos que en 2012, el señor lo mismo que hacía acusaciones desde EU usando la vía satelital, también andaba en Ecuador, donde se hacía pasar por ecuatoriano para gestionar supuestas compras de diversos cargamentos de cocaína comprados por una célula del cártel de Sinaloa.

Además, según el periódico Reforma, hoy sabemos que en los procedimientos judiciales se ha señalado que nunca declaró en territorio mexicano y que siempre lo hizo en EU, aunque en el sexenio pasado la PGR siempre presentó documentos que aseguraban lo contrario.

Hay muchos inocentes en nuestro sistema penitenciario, no tengo duda, así como también hay muchos delincuentes organizados -y desorganizados también- que andan libres y en total impunidad. Hoy en día para un juez resulta muy fácil “obsequiar” una orden de aprehensión o una orden de intervención telefónica o el uso del arraigo.

Es muy popular el dicho en el Poder Judicial que una orden de aprehensión es como un vaso de agua, no se le niega a nadie, y menos a la Procuraduría.

Decía el profesor Ryszard Kapuscinski que para “ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. Parafraseándolo, las malas personas no pueden ser buenos jueces, ni buenos fiscales.

Y no basta pasar los denominados controles de confianza, para ser personas confiables.

¿Qué pasara ahora?

De entrada, la Procuraduría General de la República revisará el expediente de cada uno de los coacusados con el general Tomás Ángeles Dauahare involucrados en un proceso penal por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Una vez que la dependencia presentó conclusiones no acusatorias, los otros involucrados están en condiciones de presentar la misma solicitud de que se cierre la instrucción del proceso penal en su contra.

En el caso de la figura del testigo protegido es necesaria revisarla a fondo al igual que el arraigo. Los legisladores ya dijeron que le van a entrar al tema. En el mismo sentido lo ha expresado el procurador Jesús Murillo Karam.

Varias preguntas para concluir

¿Quién le hizo esto a Noé Ramírez Mandujano y al general Tomás Ángeles y por qué? 

¿Para complacer a Washington? 

¿Quién les pagará la reparación del daño causado, y sobre todo el daño a su reputación?

¿Quién les pagará los días que estuvieron presos? 

¿Noé Ramírez Mandujano será reintegrado en su empleo? 

No olvidemos que cuando fue detenido era representante de la PGR en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Viena, Austria.

 ¿Por lo menos le pagarán sueldos caídos? 

¿Se castigará a los culpables que fabricaron las pruebas? ¿Quiénes son?

 Es evidente que los altos mandos de la PGR algo tienen que decir, el juez envió un oficio por “posible fabricación de pruebas”.

Aquel 21 de noviembre de 2008, el entonces embajador de EU en México, Antonio Garza, destacó en un comunicado emitido, que con la detención de Ramírez Mandujano el Gobierno mexicano demostraba su firmeza por combatir la corrupción en las dependencias de procuración de justicia. Hoy Washington se ha quedado callado.

Algo tendrá que decir el presidente Obama en la próxima reunión México- EU. 

Quedó dañada la credibilidad de la PGR, seguramente el procurador dará un cambio a la dependencia; las reformas constitucionales de 2008 en presunción de inocencia y debido proceso, lo obligan, así como las reformas en materia de derechos humanos