Suciedad en la “Operación
Limpieza”/Jorge Fernández M.
La liberación del ex titular
de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, acusado de colaborar con el cártel de los
Beltrán Leyva, así como la del general Tomás Ángeles Dauahare ponen sobre la
mesa dos temas fundamentales en la lucha contra el crimen organizado: la
colaboración con Estados Unidos y la utilización de testigos protegidos
Revista Código Topo, Excélsior, 6 de mayo de 2013
La “Operación Limpieza” llegó desde Estados Unidos. Organismos de inteligencia
de ese país informaron que tenían detenido a un ex agente de la AFI, apodado
Felipe, quien había trabajado en la embajada estadunidense en áreas de
seguridad y que estaba acusado de proporcionar información al cártel de los
Beltrán Leyva.
El testigo Felipe, entre otras
acusaciones, señaló a varios integrantes de la PGR, la Interpol y la Policía
Federal como parte del entramado de protección a esa organización criminal. A
su acusación se sumó otro testigo protegido, apodado Jennifer. La
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) fue prácticamente desmantelada porque muchos de sus principales
funcionarios quedaron atrapados en esa red de imputaciones.
Incluso quien había sido el
jefe de la SIEDO durante años, José Luis Santiago Vasconcelos, el mejor
especialista antidrogas que ha tenido México, dejó la PGR ante las acusaciones
que existían, no en su contra, pero sí de muchos de sus principales
colaboradores. Uno de ellos era su sucesor en la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano
que, cuando llegó la información desde Estados Unidos, fue enviado a Europa en
un encargo diplomático, mientras era investigado, de donde regresó para ser
detenido.
El caso fue definitivo en las
diferencias que se dieron en el gabinete de seguridad, sobre todo entre el
procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de seguridad pública, Genaro
García Luna. Muy poco después de la “Operación Limpieza”, Medina Mora dejó la
PGR y fue designado embajador en Londres. Ahora es embajador en Washington.
Junto con Ramírez Mandujano,
fueron detenidos más de una docena de funcionarios de distintas dependencias de
seguridad y todos han quedado en libertad. Las acusaciones se basaron en la
información proporcionada por Estados Unidos a través de Felipe, y por
Jennifer. Pero en ninguno de los casos se pudo documentar fuera de los dichos
de esos personajes, las acusaciones sobre los distintos detenidos.
En su momento, la demanda
contra Ramírez Mandujano, contra los otros implicados en la “Operación
Limpieza” y más tarde, sobre algunos mandos militares, el más destacado de
ellos Tomás Ángeles Dauahare (que en el pasado había trabajado desde la Sedena
estrechamente con Santiago Vasconcelos), se presentó como basada en pruebas
irrefutables. Pero el hecho es que a los tribunales sólo llegaron esos dichos.
Hubo acusaciones, pero no hubo pruebas.
En buena medida, la energía
mostrada en todos estos casos (y en otros) provenía del origen de la
información: los organismos de inteligencia y antidrogas de la Unión Americana,
en un contexto en el cual la administración de Felipe Calderón había
establecido una estrategia de estrechísima colaboración en ese sentido. Pero
una vez más se ponía de manifiesto algo que se repite una y otra vez desde hace
décadas: la información de las agencias estadunidenses es muy importante, pero
no puede ser calificada como ciento por ciento confiable. Es tan falible como
cualquier otra. Y esa colaboración, como toda entre organismos de inteligencia
de dos países, también debe tener márgenes, límites. Esos límites debieron
haberse discutido en la visita que realizó Barack Obama a México.
Como país y como sociedad
hemos cometido, sin duda, errores en la lucha contra la delincuencia
organizada. Estados Unidos también, y en forma reiterada, pero la diferencia es
que nuestros aliados y vecinos, no pagan los costos por los errores que cometen
en nuestro país.
El secretario de Gobernación,
Miguel Osorio Chong visitó el mes pasado Washington para analizar precisamente
esta agenda y la decisión de colocar márgenes y vías muy claras para la
comunicación sobre temas de información e inteligencia en la colaboración
bilateral, una decisión que ha generado desconcierto en ciertas agencias en
Washington. Pero que se explica: hubo hasta once canales de comunicación
abiertos en el pasado, que, además, tenían autonomía y que incluso generaban
información contradictoria para y entre distintas dependencias mexicanas.
Eso iba de la mano con una
amplia capacidad de operación. Un ejemplo es la presencia de agentes de
distintas agencias estadunidenses en México: hoy son uno poco más de 600 las
que operan en el país. No se reducirá ese número, que en el gobierno federal
considera excesivo, pero la idea es que ya no aumente.
Todo eso, y mucho más, está
detrás de la liberación de Ramírez Mandujano y de la “Operación Limpieza”. Pero
lo realmente trascendente en los próximos días será ver cómo se define en estos
temas la relación Peña-Obama.
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