Cuando falla el debido proceso

•  Cuando falla el debido proceso/GLORIA LETICIA DÍAZ

Revista Proceso #1910, 9 de junio de 2013;

  “Por el desaseo y la fabricación de culpables, el caso de ‘los 21 de Tecate’ constituye un caso paradigmático de la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración de Felipe Calderón”, sostiene el empresario y dirigente de la Fundación de Defensa de Derechos Civiles y Garantías Individuales, Juan Aldrete Márquez.

 El caso, por el que fueron encarceladas 21 personas acusadas de atentar contra dos policías federales en abril de 2009 y que este semanario abordó en su edición 1871, reúne prácticamente todas las faltas al debido proceso denunciadas por organizaciones de derechos humanos durante la “guerra contra el narcotráfico”. A saber: detenciones arbitrarias ejecutadas por policías federales, torturas atribuidas a militares; reclusión en una instalación castrense; arraigo durante 80 días; desaparición forzada de uno de los detenidos; pérdida de material probatorio; notificación tardía al consulado de Estados Unidos por la detención de uno de sus ciudadanos. Además, múltiples anomalías en la integración de la averiguación previa, entre ellas la consignación con firmas no autorizadas por la PGR y la validación de testimonios de personas sedadas.

Las irregularidades del proceso penal, desahogado por el juez primero de Distrito en Procesos Penales en el estado de Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora –el mismo que puso en libertad al exzar antidrogas Noé Ramírez Mandujano en abril de este año–, mantienen en prisión a 17 personas en el penal de mediana seguridad de El Hongo. Cuatro, los hermanos Samuel, César, Abraham y Adán Parra Quiroa, quedaron en libertad después de ganar un amparo pero tuvieron que pagar cada uno una fianza de 13 mil pesos, por portación de un arma vieja sin cartuchos, propiedad de César. Por esa misma arma, Jorge Gaxiola, detenido junto a los Parra, purga en las Islas Marías una sentencia de 27 años impuesta por el mismo juez Fernández de la Mora (Apro, enero 18, 2013).

“Los 21 de Tecate” fueron procesados por homicidio calificado en grado de tentativa, delincuencia organizada, delitos contra la salud, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, daños en propiedad ajena y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

 “Estamos convencidos de que el caso cumple con las características para ser presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –dice en entrevista con Proceso Juan Aldrete Márquez, padre del estadunidense Jesús Aldrete Rosas– porque durante estos cuatro años hemos advertido que cuando las autoridades deciden fabricar culpables, no hay nada qué hacer, por más que demostremos las irregularidades en la integración de la averiguación previa, y que hemos sido víctimas de obstrucción de la justicia por parte del mismo juez, que perdió el video del atentado y que prueba la inocencia de nuestros familiares.”

 Aldrete Márquez interpuso dos denuncias ante la PGR: una en la Visitaduría General y la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por la actuación de funcionarios de la dependencia y de la Policía Federal. Otra, en el Consejo de la Judicatura Federal, contra el juez Fernández de la Mora por la pérdida del material probatorio.

 En el último trimestre de 2012, los detenidos unificados en una misma estrategia jurídica presentaron ante el juez Fernández de la Mora un incidente de desvanecimiento de datos que ponía en evidencia serias anomalías en el proceso penal identificado con el número 8/2009.

 El documento, del cual Proceso tiene copia, asienta como primera irregularidad que 43 actuaciones del agente del Ministerio Público federal Humberto Velázquez Villalvazo fueron validadas con firmas de una persona de nombre Miguel Ángel Gómez, quien fungió como testigo de asistencia.

 Según información proporcionada por la PGR a la defensa el 19 de abril de 2012, “Miguel Ángel Gómez o Miguel Ángel Gómez Martínez se encontraba adscrito en la Ciudad de México en el puesto de profesional ejecutivo de Servicios Especializados” cuando firmó escritos en Baja California.

 “Si en los casos de Ramírez Mandujano y el general Tomás Ángeles Dauahare se hace un escándalo porque comprobaron que el testigo protegido (Jennifer) mintió, es todavía más grave que en documentos oficiales emitidos en Baja California se asiente la firma de una persona cuyo centro de adscripción en ese momento era el Distrito Federal; esas actuaciones son inválidas”, alega en entrevista la abogada de los detenidos Sandra Esquer.

 En el escrito de desvanecimiento de datos, la defensa de los acusados resalta la integración de documentos firmados en Tijuana y en Tecate por el mismo agente ministerial, Humberto Velázquez Villalvazo, teniendo como testigo de asistencia a Gómez, que hablarían de que se hicieron traslados a una velocidad inusitada.

 El acuerdo de recepción del parte informativo firmado por Velázquez Villalvazo está fechado el 8 de abril de 2009 a las cuatro horas en la ciudad de Tijuana, “después este mismo agente en dos minutos se traslada a la ciudad de Tecate para elaborar la constancia de traslado a las cuatro horas con dos minutos y (…) atendiendo a la lectura íntegra del acuerdo mediante el cual califica la detención, a las cuatro horas con cinco minutos, lo realiza en la ciudad de Tijuana, por lo tanto en menos de cinco minutos se constituyó en dos ciudades diferentes que están a una distancia de 35 kilómetros”, se indica en el escrito en el que se pedían al juez Mauricio Fernández de la Mora desestimar esas diligencias por generar “duda de ser ciertos, y es una consecuencia de no tener personal capacitado (en la PGR) como dice la ley”.

 Otros elementos que según la defensa deben ser desestimados son las querellas presentadas por los policías federales heridos Ulises Rodríguez González y César Becerra Mondragón el 8 de abril de 2009, cuya recepción de documentos fue admitida por el agente ministerial Velázquez Villalvazo de lo que dio fe Miguel Gómez.

 La defensa de los acusados puso en duda también otros datos contenidos en la indagatoria que sirvieron a la PGR para “robustecer” las acusaciones contra “los 21 de Tecate”: el “hallazgo” de 527 envoltorios de marihuana por efectivos militares en un domicilio inexistente en Tecate y atribuido a una llamada anónima recibida en la subdelegación de la PGR en Tijuana el 8 de abril que adjudicaba la droga a los detenidos, así como el decomiso de un arsenal también en un domicilio inexistente en Tecate, puesto a disposición el 7 de abril por los policías federales Óscar Cázares y Félix Hernández Xochititla, quienes sostienen en sus comparecencias que armas, cartuchos y cargadores estaban en posesión de ocho detenidos, entre ellos Jesús Aldrate y su tío Sixto Aldrate Márquez. Estas diligencias también fueron validadas por la firma de Miguel Ángel Gómez.

 De acuerdo con el documento presentado por la defensa de los detenidos al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales, con el incidente de desvanecimiento de datos lo que se buscaba era “refutar prácticamente todos los medios de prueba que sirvieron de base para acreditar el cuerpo del delito”, en apego al artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales.

 El 26 de noviembre de 2012, el juez Fernández de la Mora resolvió sin más explicaciones que “resulta infundado el incidente planteado”, resolución que fue apelada por uno de los detenidos y que hasta ahora no ha tenido respuesta.

 Apoyados en fotografías tomadas por un reportero local que atestiguó la detención de Jesús, los Aldrate han sostenido que Sixto y Jesús fueron sacados por otros policías federales del domicilio del empresario Juan Aldrate, de donde también sustrajeron una camioneta Ford Lobo-2005, color negra, con placas de California, que no aparece.

 “En estos cuatro años se ha citado en 14 ocasiones a los que firman como agentes aprehensores para que se careen con mi hermano y mi hijo, y el juez Fernández de la Mora no ha querido tomar medidas para obligarlos a comparecer; se ha argumentado que uno de los aprehensores, Óscar Cázares, estaba comisionado como guardia personal de la hermana de Felipe Calderón (María Luisa Calderón Hinojosa)”, relata Juan Aldrete, también coordinador de la Fundación de Defensa de Derechos Civiles y Garantías Individuales.

 Agrega que “un día los policías que firman como aprehensores fueron al juzgado de El Hongo por exhorto y resulta que no pudo llevarse a cabo el careo porque se dijo que tenían información de que habría un motín en el penal, y cuando se logró localizar a Miguel Gómez para que se compareciera, la audiencia no se llevó a cabo porque supuestamente había una amenaza de bomba”.

 Aldrete Márquez estuvo en el Distrito Federal los primeros días de mayo para formalizar la queja contra el juez Mauricio Fernández de la Mora ante el Consejo de la Judicatura Federal, así como para sostener reuniones con funcionarios de la PGR para dar seguimiento a sus denuncias contra funcionarios y exfuncionarios de esa dependencia y de la PF, interpuestas en 2011 y 2012, sin que hasta ahora se les haya dado respuesta.