Emblema de la impunidad/JOSÉ GIL OLMOS

Emblema de la impunidad/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso #1910, 9 de junio de 2013;

El turbio caso del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es emblemático de la impunidad que impera en México. Cuatro años del “accidente” han transcurrido y, apenas, un balbuciente gobierno federal vuelve a prometer lo mismo que la administración  calderonista: justicia. Las nuevas tesis de un grupo de padres afectados son implacables: el siniestro fue “provocado”, y ello ocurrió por causa de la corrupción.

 Cuatro años después del incendio en la guardería ABC, la exigencia de justicia no ha sido cumplida por ninguna autoridad para los padres de los 49 niños muertos y más de 70 afectados. “Este es el imperio de la impunidad y con este gobierno tengo pocas esperanzas”, expresa desilusionado Abraham Freijo, miembro del Movimiento 5 de Junio.

 Durante todo este tiempo los papás de los niños muertos y afectados por el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, han buscado con marchas, mítines, juicios populares, demandas, cartas, entrevistas y hasta con peticiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se investigue y se castigue a los responsables del hecho.

 Hasta el momento, sin embargo, no se ha logrado nada. De las 29 personas procesadas por su presunta responsabilidad, sólo Delia Irene Botello Amante, excoordinadora zonal de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permanece presa en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, porque no tiene derecho a fianza.

 Ahora existe una nueva línea de investigación, basada en una sospecha que se manejó entre los padres de los niños de la guardería desde el principio y que ya sigue la Procuraduría General de la República (PGR), la cual apunta a la responsabilidad del exgobernador Eduardo Bours Castello.

 De acuerdo con el documento entregado a la PGR por la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, el incendio en la bodega aledaña a la guardería ABC que servía de almacén de la Secretaría de Hacienda estatal “fue intencional” y fue ordenado por funcionarios del gobierno de Bours.

 Con base en la investigación que hizo este grupo, integrado por padres de los infantes fallecidos y lesionados, el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 “no se trató de un hecho accidental ni fortuito”, sino que fue “ordenado y dirigido” por Juan Carlos Lam Félix, quien se desempeñaba como secretario técnico del poder ejecutivo local en el gobierno de Bours.

 Según el documento, cuya copia tiene Proceso y el cual fue entregado al procurador general de la República Jesús Murillo Karam el 17 de abril, el siniestro tuvo como propósito “destruir información documental relacionada con la deuda de $ 10, 000,000,000.00 (Diez mil millones de pesos) generada en ese sexenio por el Plan Sonora Proyecta, que fue el principal programa de obras de ese gobierno”.

De acuerdo con la investigación del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, el acto lo ordenó Lam Félix y fue ejecutado por su chofer y guardaespaldas Carlos Andrés López Meza, quien meses más tarde, el 18 de agosto de 2009, fue encontrado a las afueras de Hermosillo ejecutado de nueve balazos.

Según un testigo que se encontraba en la nave industrial donde ocurrió el incendio –conformada en parte por la guardería y en parte por la bodega del gobierno estatal, separadas sólo por una pared improvisada que no llegaba hasta el techo–, López Meza estuvo en el lugar a bordo de su camioneta pick up negra y, en un diálogo con otras dos personas, lo escuchó decir que “lamentaba lo que iba a suceder”. Una de esas personas era Efraín Castillo Guerrero, funcionario del gobierno de Bours, indica el mismo documento, que se halla en manos de la PGR.

En la información entregada al procurador Karam se indica que hay una persona identificada que posee un testimonio por escrito de un funcionario en el que narra la forma en que procedieron a la quema y destrucción de la papelería que, les encomendaron, debería desaparecer usando turbosina que previamente sacaron del hangar del gobierno estatal en el aeropuerto de Hermosillo.

El texto indica que de esto estuvo enterado el procurador Abel Murrieta Gutiérrez, quien en ningún momento mandó llamar a declarar a los testigos para que presentaran sus testimonios y se ampliara la averiguación previa que se abrió por el siniestro ocurrido en la bodega donde estaba la guardería ABC.

A partir de la denuncia presentada el 17 de abril pasado por el abogado de la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, la PGR abrió la averiguación previa 19/2013 en la zona norte. Renato Sales, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, indicó que por indicaciones del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se revisarán todas las actuaciones que en 2009 realizó la PGR sobre el incendio en la guardería ABC.

“Se va a investigar todo lo que tenga que ver con ese fideicomiso (Plan Sonora Proyecta). De hecho se han solicitado ya informes a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado; estamos esperando alguna documentación. Acudiremos a revisar, vamos a buscar indicios vinculados a la presencia de ese fideicomiso… documentación, si algo permanece y cómo se manejó ese dinero”, dijo el subprocurador de la PGR en declaraciones hechas públicas en distintos medios.

En entrevista con Proceso, el abogado Gabriel Alvarado dice que estas nuevas pruebas entregadas a la PGR buscan llegar a la verdad histórica del caso y fincar responsabilidades.

“Finalmente recordar que a raíz de esos hechos murieron 40 niños. No se trata de señalar responsables, sino que se aclare la situación, y para ellos se pone a conocimiento de la PGR una serie de circunstancias que implican nombres y detalles de lo que eventualmente pudo haber pasado allí”, precisa el abogado.

Recuerda que el Plan Proyecta Sonora era el proyecto más ambicioso de Bours, pero fracasó. Este ambicioso plan, dice, consistía en llevar a cabo 100 obras viales, de transporte, de pavimentación, hidráulicas, parques recreativos, infraestructura de turismo, circuitos interiores en algunas de las principales ciudades, etcétera, para lo cual se requería de una inversión inicial de 4 mil millones de pesos.

El gobernador Bours pidió en 2007 un préstamo a Banorte a cuenta de bonos basados en los impuestos prediales y de autos que cobraría a lo largo de tres décadas. Pero como no fue aprobado por el Congreso estatal la deuda subió de inmediato, con intereses, 520 millones de pesos más en los primeros siete meses.

El gobernador Bours dijo que con ese proyecto se contemplaba una derrama económica de alrededor de 152 mil millones de pesos que impactaría al estado. Pero el esquema financiero de deuda bancaria no fue aprobado de inmediato sino hasta un año después, en 2008, y al final los intereses siguieron creciendo y el estado quedó endeudado por 19 mil millones de pesos a pagar en 30 años.

Las pruebas de las irregularidades cometidas por la hacienda del estado presuntamente fueron las que se quemaron intencionalmente en la bodega aledaña a la guardería ABC.

La trama de Bours

De acuerdo con una de las nuevas líneas de investigación entregadas a la PGR, el gobernador Eduardo Bours, su procurador Abel Murrieta, Juan Carlos Lam, así como el secretario técnico de gobierno y el entonces director de Comunicación Social, Daniel Durán, desplegaron una estrategia para desviar la atención del incendio y centrarla en los dueños de la guardería, a fin de evadir toda responsabilidad.

Prueba de ello –señala el documento entregado a la PGR– es que en una de las visitas que Daniel Karam, director del IMSS que sustituyó a Juan Molinar Horcasitas, hizo a Sonora para atender el conflicto de la guardería, el gobernador Bours le dijo: “Oye, director, en qué buen problema está el presidente de la República puesto que una de las responsables de este incendio es la sobrina de Margarita (esposa del entonces presidente Felipe Calderón), haber (sic) cómo explica esto y mira que acaba de salir una foto de ella en compañía de familiares de Marcia Gómez del Campo…”.

Luego Bours envió a dos de sus funcionarios involucrados con los dueños de la guardería, Antonio Salido (representante legal) y Alfonso Escalante (esposo de una de las dueñas, Sandra Lucía Téllez Nieves) para que dieran una conferencia de prensa. Al negarse éstos, mandó a su jefe de Comunicación a presionarlos y el 9 de junio tuvieron que dar dicha conferencia acompañados de los socios de la estancia infantil siniestrada.

“Prácticamente la estrategia de Bours y su equipo estaba consumada. Los socios de la guardería eran los grandes culpables ante toda la sociedad”, señala el documento, en el cual se acusa también al exgobernador de falsear un oficio del IMSS “para incriminar más a los socios de una manera definitiva”.

Se trata del oficio 23180 del jefe de Prestaciones Económicas del IMSS, Emigdio Martínez García, fechado el 26 de julio del 2005, “cuyo contenido es contrario a toda la demás documentación expedida por el propio IMSS relacionada con la guardería ABC, la cual adulaba el buen funcionamiento de la guardería”.

 Es decir, que Bours trató de poner una nueva trampa e “incriminar jurídicamente” a los socios de la estancia infantil, pues dicho oficio resultó apócrifo”, según declaró ante el Ministerio Público Martínez García, y nunca hubo esas recomendaciones de mejoría que supuestamente se hicieron a la guardería y que no habrían sido cumplidas por los dueños de la misma.

 Frente a esta presunta maraña de trampas y de estrategias para deslindar responsabilidades, los únicos que han perdido son los padres de los niños muertos y afectados. A cuatro años del incendio siguen exigiendo justicia, sobre todo luego de que en junio de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tanto Bours como los exdirectores del IMSS Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam no estuvieron involucrados en la “violación grave” de garantías en el caso.

 También se exoneró a una de las propietarias de la estancia infantil, Marcia Matilde Gómez del Campo Laborín, prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

 La impunidad

Según el subprocurador Rento Sales Heredia, el próximo 5 de julio la PGR tendrá resultados de la nueva línea de investigación sobre el origen y la presunta intencionalidad del siniestro y que apunta al exgobernador Eduardo Bours.

“Hay que indagar precisamente en relación con esta afirmación, ver si contamos con el material suficiente para probar que el incendio fue doloso y revisar todo el material que existe en la indagatoria. Hay un dictamen pericial, por ejemplo, en materia de incendios y explosivos que señala que éste fue provocado, que se provocó directamente con algún encendedor o con algún cerillo a partir de la presencia de turbosina”, expuso el subprocurador en declaraciones publicadas la semana pasada.

Abram Fraijo, padre de Emiliana, quien falleció en el incendio, integrante del Movimiento 5 de Junio, manifiesta sus reticencias ante la nueva línea de investigación.

“Espero que no sea una cortina de humo el anuncio de la investigación de la PGR a un incendio premeditado; ojalá que no tengamos que esperar otros cuatro años para que nos digan que por ahí no va la investigación. ¿Cómo vamos a revisar lo revisado, si ya todo está tan claro como es la guardería ABC desde el principio? Se ha señalado la responsabilidad de los funcionarios, hay pruebas, señalamientos. ¿Qué tan difícil es aplicar la justicia?… Pero es el brazo de la corrupción, que es muy largo. Ese es el problema.”

–El que haya una nueva línea de investigación ¿qué significa? –se le pregunta.

Responde:

–Eso no exime de responsabilidades a los demás. No importa cómo y cuándo haya iniciado el incendio: las medidas de seguridad de la guardería eran una falacia, el esquema de subrogación y la manera en que estaban entregando los permisos de las guarderías por parte del IMSS, en ese tiempo por Juan Molinar Horcasitas, era una corrupción.

“Esa línea de investigación no exime de responsabilidades. Hay que recordar la determinación de la Suprema Corte de Justicia que dijo que sí había violaciones a la justicia, pero no hay responsables. No frieguen, ¿cómo va a haber violaciones y no responsables? Eso no es derecho, no es justicia, ese es un maldito teatro. Si la Suprema Corte de Justicia hizo esto, ¿qué podemos esperar de los jueces en Hermosillo o de la PGR?”

Fraijo es uno de los padres de los niños de la guardería ABC que más activo ha estado exigiendo justicia. Junto con otros padres y madres organizó el Movimiento 5 de Junio, que ha participado en todos los foros, mítines, protestas y documentales sobre la tragedia. El miércoles 5 encabezó la marcha que se realizó en la Ciudad de México, y ahí declaró que el mayor problema para que se haga justicia es la impunidad.

“Ese es el problema: los nombres, los apellidos, los contactos. Ese es el problema en México: si tienes los contactos, si tienes los apellidos correctos, puedes asesinar y no te van a hacer nada porque vas a tener toda una red de corrupción arriba de ti protegiéndote. Aunque haya pruebas en contra de los responsables, si tienes el dinero suficiente vas a salir impune; eso lo vemos en el caso de la guardería ABC. En ningún país ha sucedido algo así. Si ocurre, puedo asegurar que inmediatamente caen cabezas. Es así.”

–Con este nuevo gobierno, ¿qué posibilidades ven de que haya justicia?

–Tengo pocas esperanzas en un gobierno impuesto, pero me gustaría que me demostraran que estoy equivocado.