PGR. fábrica de culpables

• Fábrica de culpables/RODRIGO VERA

Revista Proceso....2013-06-09

Poco a poco se desvanecen las “pruebas” con que contaba la PGR para mantener en la cárcel a militares de alto rango, entre ellos varios generales acusados de complicidad con cárteles del narcotráfico. El abuso en la utilización de testigos protegidos –casi siempre delincuentes sin ninguna credibilidad– trajo como resultado investigaciones hechizas, amañadas e incluso ilegales que no se sostienen. La liberación del general Tomás Ángeles es el anuncio de que muy pronto podrían recuperar su libertad otros de los mandos castrenses que fueron acusados con bases endebles y con motivos poco claros. Pero los responsables de los abusos tienen aparentemente garantizada la impunidad.

La tarde del 17 de mayo de 2012, el general Ricardo Escorcia Vargas estaba detenido en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde un grupo de agentes lo presionaba para que inculpara al general Tomás Ángeles Dauahare de tener vínculos con el narcotráfico.

“General, usted es colateral. A usted no lo queremos. Al que queremos es al general Dauahare. Díganos qué sabe de él”, le advirtieron.

“Yo no sé nada”, respondió Escorcia.

Al ver que no acusaría a Dauahare amenazaron con llevárselo al penal de alta seguridad de La Palma, quitarle sus bienes y tomar represalias contra su familia.

“Hable lo que sabe o lo mandamos a La Palma. Recuerde que usted tiene propiedades y familia”, le dijeron.

Ahí estaba Gustavo Adolfo Flores Delgado, entonces fiscal especial de la SIEDO, quien lo volvió a presionar: “General, diga lo que sabe y evítese problemas”.

 Después entró un escribiente que empezó a redactar en computadora una declaración del militar en la que se inculpaba y atribuía a Dauahare vínculos con el narco. Al cabo de una hora terminó de escribir y le exigió a Escorcia: “¡Fírme!”… y el general firmó bajo coacción.

 En todo ese tiempo jamás le mostraron ninguna acusación en su contra ni le permitieron contar con la asistencia de un abogado defensor.

 Este hecho es relatado ahora por el propio Escorcia, en una ampliación de declaración que realizó el pasado 23 de abril ante el juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México. Ahí señala que en aquella declaración forzada se violaron sus “derechos humanos y garantías procesales, así como el principio de no autoincriminación”.

 Y recalca:

 “Nadie me asistió, ni me mostraron acusación o documento alguno… No supe de qué se trataba. Reitero que no tuve abogado defensor o persona de confianza que fuera nombrada por mí, y fui presionado e intimidado con mi familia e hijos, así como con mis propiedades… Sé de lo que son capaces los judiciales federales, por lo que firmé sin más, siendo entonces conducido a los separos.”

 El militar señala que durante los 78 días que permaneció en el centro de arraigo de la SIEDO –del 17 de mayo al 2 de agosto– fue sometido a permanentes torturas físicas y psicológicas por parte del personal de esa dependencia.

 Entre las torturas que sufrió estuvo la de “mantener encendida la luz día y noche” durante esos 78 días. “Esta es una forma de tortura de las más antiguas que se conocen. Además, todas las notificaciones las hacían después de las 23 horas para mantenerme en un ‘estado de estrés’, y las pruebas ofrecidas de mi parte no se diligenciaban por el agente del Ministerio Público”.

“Mentirosos”

En mayo de 2012 junto con Escorcia fueron detenidos otros dos militares de alto rango: el general Dauahare y el general Roberto Dawe González, todos ellos acusados de tener presuntos vínculos con el narcotráfico; concretamente, de brindar protección a la organización de los hermanos Beltrán Leyva desde 2007, cuando ese grupo criminal todavía formaba parte del Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Las acusaciones contra los generales provienen principalmente de los testigos protegidos Jennifer (Roberto López Nájera) y Mateo (Sergio Villarreal Barragán, El Grande), incluidas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.

En el caso específico de Escorcia, Jennifer y Mateo lo acusaron de haber recibido dinero del cártel de los Beltrán Leyva cuando era comandante de la 24 Zona Militar, en Morelos, cargo que ocupó del 6 de enero al 31 de diciembre de 2007. Los testigos protegidos señalaron que el enlace de los narcotraficantes con Escorcia, y también con Dauahare, era el mayor Iván Reyna Muñoz, a la sazón subjefe del Estado Mayor de esa zona militar, y por lo tanto subalterno de Escorcia.

Sin embargo, en su declaración del 23 de abril, integrada a la causa penal 44/2012-III, Escorcia desmiente esa versión al acusar a Jennifer y a Mateo de “mentirosos e incongruentes”. Además, indica que ellos mismos “se autoclasifican como testigos de oídas; esto es, lo que refieren en sus declaraciones ministeriales, lo dicen porque así se los hicieron saber terceras personas, y no porque por otro medio les conste lo que señalaron, ni porque lo hayan percibido a través de sus sentidos”.

 Escorcia señaló que ni siquiera conoció personalmente a sus acusadores: “Niego y rechazo terminantemente conocer a los testigos colaboradores con nombres clave Jennifer y Mateo”.

 Y ante el juez tercero declaró:

 “Niego y rechazo categórica y terminantemente haber colaborado y/o fomentado conductas relacionadas con miembros del crimen y delincuencia organizada… Niego y rechazo categóricamente haber realizado, colaborado, fomentado, permitido y/o tolerado conducta delictiva alguna con el general Tomás Ángeles Dauahare, con el mayor Iván Reyna Muñoz o con algún otro miembro del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Armada”.

 El militar negó todas las acusaciones que los testigos hicieron en su contra, al señalar que estuvieron “manipuladas” y “amañadas” por los agentes del Ministerio Público federal.

 Los testigos acusaron a Escorcia de permitir el aterrizaje de un avión King Air en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, el 28 de diciembre de 2007, cuando era comandante de la 24 Zona Militar. La aeronave –procedente de Maracaibo, Venezuela– transportaba 500 kilos de cocaína, según declaró Jennifer. En cambio, Mateo señala que traía mil 300 kilos de coca. Con la protección de Escorcia, dice, la droga fue descargada por los narcotraficantes Alberto Pineda, El Borrado, y su hermano Mario Pineda El MP.

 Al respecto, precisó Escorcia:

 “Niego y rechazo terminantemente la ‘credibilidad’ del testigo colaborador (protegido) Mateo (mentiroso e incongruente) al señalarme como ‘protector’ de la organización de los Beltrán Leyva. Al ayudar a descargar con mi personal a los hermanos Pineda un avión con un mil 300 kilogramos de cocaína. Y Jennifer, diversamente en su declaración señala que son 500 kilogramos. Se ve la clara contradicción de los ‘mentirosos’ llamados testigos colaboradores (protegidos), con la anuencia y dirección del Ministerio Público federal integrador ‘corrupto’, por no apegarse a derecho.”

Agrega que en 2008 se hicieron dos investigaciones por separado de ese hecho. Una fue realizada por las autoridades militares y otra por la Procuraduría General de la República (PGR). El Ejército, dice, encontró culpables y sentenció a dos militares adscritos al aeropuerto: el teniente Félix Pablo López Landa y el sargento Adán Sánchez Morales. Por su parte, la PGR consignó a “elementos de la entonces Policía Federal Preventiva” y a “dos vigilantes de seguridad privada” del aeropuerto.

Asegura que mientras estuvo arraigado en la SIEDO ofreció “pruebas públicas y contundentes” de ese suceso en el aeropuerto morelense al que fue ajeno, entre ellas las averiguaciones previas, pero que no le fueron aceptadas, pues con “toda la mala intención”, el agente del Ministerio Público federal quería “cuadrarme el delito de delincuencia organizada”, basado en las “falacias” de Jennifer y Mateo.

Por su parte, Jennifer sostuvo que, a cambio de protección, el cártel de los Beltrán Leyva le entregaba dinero a los generales Escorcia y Dauahare, a través del mayor Iván Reyna. Relató que en noviembre de 2007, en una casa ubicada en la calle Bosques de Cacaos, en la colonia Bosques de las Lomas, de la Ciudad de México, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, así se lo hizo saber, señalándole al mayor Reyna, que ahí se encontraba presente y a quien Valdez le entregó ahí mismo 500 mil dólares.

Jennifer aseguró que Escorcia siempre estuvo al tanto de esas entregas de dinero, al grado de que llegó a reunirse “en más de dos ocasiones” con Arturo Beltrán Leyva, a mediados de 2007, en una casa que éste tenía en el fraccionamiento Zumiya, de Cuernavaca.

En su testimonio ante el juez, Escorcia negó esta imputación en su contra: “Esto no es cierto y no ha podido comprobar la Procuraduría General de la República la existencia de dicha casa, ni existe inspección, fe ministerial o aseguramiento alguno en relación al referido lugar”.

 El otro testigo, Mateo, llegó a declarar que en ese tiempo los Beltrán Leyva sobornaban a siete generales del Ejército adscritos a Morelos, tres de los cuales trabajaban en Cuernavaca. No obstante, Escorcia asegura que en 2007 el único general en Morelos era él (aunque detalla que en octubre llegó otro general), por lo que el testigo protegido “miente en su declaración”.

Contra los generales

Una acusación de mucho peso en contra de Escorcia corrió a cargo de un exsubalterno suyo, el mayor Iván Reyna, actualmente preso en el Cereso de San Juan del Río, Querétaro, acusado de extorsión y de trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva.

Reyna declaró que, a mediados de 2007, Escorcia le ordenó ir al restaurante California, situado a un costado de la autopista Cuernavaca-México, a recoger unos sobres para el general Dauahare que ahí le iban a entregar unas personas. Reyna obedeció y acudió al restaurante, pero al verlo vestido de militar las personas que le iban a entregar esos sobres se negaron a dárselos. Hasta ese momento Reyna cayó en la cuenta de que eran narcotraficantes que, a través de él, le iban a entregar dinero a Dauahare.

Sin embargo, tiempo después Reyna se desdijo de esa versión. En una entrevista con este semanario, señaló que la SIEDO lo obligó, bajo coacción, a inventar esa historia para incriminar a los generales Escorcia y Dauahare.

Y agregó: “La SIEDO me quiere usar para atacar a los generales. Han seguido presionándome con respecto a las declaraciones de Jennifer y Mateo que dicen que ellos sabían y que todo era a través de mí. Y aunque ellos aseguran que me veían personalmente –para entregarme el dinero de los Beltrán Leyva–, eso es imposible, infame” (Proceso 1860).

En su declaración, Escorcia también niega que le haya girado instrucción al mayor Reyna para ir al restaurante California a recoger dinero del narco, como igualmente niega que Dauahare haya estado detrás de todo.

En entrevista con este semanario José Cristopher López Olguín, abogado defensor de Escorcia, comenta:

 “En 2007, la relación entre el general Escorcia y el general Dauahare era solamente administrativa, tenían el trato normal que hay entre un comandante de zona y un subsecretario de la Defensa Nacional. Hasta ahí llegaba todo. No tenían ninguna complicidad con los Beltrán Leyva.”

 –A Escorcia lo quitaron de la 24 Zona Militar en diciembre de 2007, recién ocurrió el incidente del avión cargado de cocaína. ¿Ese fue el motivo de su remoción?

 –No, no fue por esa razón. A principios de 2008 lo enviaron a la III Región Militar, en Sinaloa, para que siguiera combatiendo al narcotráfico. Tres meses después, el 22 de abril de ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó una placa de bronce en reconocimiento por su patriotismo y su desempeño contra la delincuencia organizada. Hubo una ceremonia en su honor en la que estuvo presente el mismo secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván.

 “Es ilógico que se le hubiera dado ese reconocimiento de haberle encontrado vínculos con el narcotráfico en el incidente del avión King Air. La DEA detectó a la aeronave desde que despegó de Maracaibo y alertó a las autoridades mexicanas. La aeronave iba a aterrizar en Puebla y no lo hizo. Enfiló rumbo a Morelos. El Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) le dio aviso al general Escorcia. Y éste intentó comunicarse con el personal militar del aeropuerto, a través del equipo de transmisión de su camioneta, pero no le contestaron. Salió el general al aeropuerto y cuando llegó la aeronave ya había sido descargada. Los militares responsables fueron castigados. La intervención del general fue la adecuada, según las investigaciones del Ejército y de la PGR que yo presenté como pruebas para su defensa”, afirma el abogado López Olguín.

 Al dejar la comandancia de la 24 Zona Militar de Cuernavaca, Escorcia fue relevado por el general Leopoldo Díaz, a quien en 2009 la DEA le informó que en esa Zona había militares trabajando para el crimen organizado. En enero de 2010, el general Díaz ya había sometido a proceso a 16 militares bajo sus órdenes, entre ellos cinco tenientes y cuatro sargentos. Era, al parecer, la herencia que le había dejado Escorcia, según información recabada por este semanario (Proceso 1856).

 Al respecto, el abogado de Escorcia dice:

 En la averiguación previa no se mencionan estos hechos, tampoco los mencionan los testigos protegidos. Incluso mandamos llamar a unas siete personas que estuvieron bajo las órdenes del general en esa zona militar y en sus testimonios no se refieren a ese asunto, que incluso para mí resulta novedoso.”