Reportaje de Ismael Bojórquez de RIODOCE

 Malova, bajo la sombra del narco/Ismael Bojórquez, revista Riodoce

Revista Proceso # 1913, 30 de junio de 2013

Un video desató el escándalo: en él aparecía –secuestrado– un guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, asegurando que su jefe, Mario López Valdez (a quien se conoce como Malova), protegía al cártel del Chapo Guzmán. Otros audios mostraban graves irregularidades en el manejo de la política de la seguridad estatal. Éstas son sólo las más recientes acusaciones al respecto, muchas de ellas provenientes del cártel rival. La estrategia que ha seguido López Valdez sólo ha empeorado la situación.

La pesadilla del gobernador sinaloense Mario López Valdez, Malova, empezó el domingo 23 por la tarde, cuando le avisaron que, en un video subido en el sitio Ríodoce.com en internet, aparecía su escolta Frank Armenta Espinoza, acusándolo de estar coludido con el narcotráfico.

Armenta Espinoza había sido levantado por un comando el martes 4 cuando llegaba a su casa, en el poblado Callejones de Guasavito, Guasave. El agente, adscrito a la Policía Estatal Preventiva y asignado a la escolta del gobernador, estaba de vacaciones.

 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el propio mandatario expresaron su preocupación por el destino del policía. Durante varios días hablaron de operativos “por mar y tierra” para localizarlo.

 Pero no lo encontraron. No fue sino hasta 18 días después de su secuestro, el sábado 22 por la tarde, cuando llegó a Ríodoce.com un correo a través de la bandeja SOS. Venía un link que llevaba a un video.

 “Por favor –dice el mensaje electrónico– revisen este enlace, aquí se revela información muy importante, vean el video…”

 Se trata de una grabación que dura 55 minutos. Además del testimonio del escolta había audios y resúmenes textuales.

Las acusaciones

Armenta Espinoza afirma que asistió junto con el gobernador –cuando apenas arrancaba la administración– a una “­reunión de trabajo” en el poblado de Quilá, donde estuvieron Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García, líderes del cártel de Sinaloa.

En esa reunión, dice, se habló de la necesidad de formar un grupo para la seguridad del mismo crimen organizado, que “necesitaba” el control absoluto de la entidad. Para eso, afirma el guardaespaldas, el gobierno estatal designó a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuytoño, a pesar de que había tenido en su contra órdenes de aprehensión.

 En el video se acusa que Chuytoño, a su vez, nombró a Jesús Carrasco Ruiz como jefe de la policía de Ahome para que combatiera a las células contrarias al Cártel de Sinaloa. Supuestamente lo ayudó el comandante Gerardo Amarillas, quien relevó a Carrasco la semana antepasada.

 En el video se expone un audio en el que hablan el procurador Marco Antonio Higuera Gómez y el gobernador. La charla se da después de un ataque a Carrasco el 9 de mayo, por la carretera internacional México 15. Ahí murieron dos policías y tres delincuentes, y fueron asegurados vehículos blindados –entre ellos un camión de 15 toneladas–, pistolas y fusiles AK-47 y Barrett.

 En la grabación, la voz de Malova le ordena al procurador que, “buscando provocar un enfrentamiento y un conflicto, se lleven amarrados a unos 20 policías de Guasave a la declaración… amarrados, ¿eh?”

 –Sí,  señor –le responde la voz del ­procurador.

 En otra conversación –la misma mañana en que ocurrió el ataque a Carrasco– Malova le ordena al jefe de la Policía Ministerial, Aguilar Íñiguez, que no entregue al Ejército las camionetas blindadas que se aseguraron durante la emboscada y la persecución de los sicarios.

 Hay otra plática entre el jefe de la Policía Ministerial y el procurador, donde éste le ordena que dé a Carrasco uno de los rifles Barrett que fue asegurado en la misma balacera.

 En la cuarta comunicación, presuntamente entre Carrasco y un narcomenudista, el jefe policiaco le pide que le pague por adelantado su cuota porque va a salir de viaje y que le ayude a buscar a otros puchadores para que se pongan a su servicio.

 En otro audio se supone que el comandante Carrasco platica con un tirador de droga, al que le pide información sobre un tal Chito y un Rey, a los cuales quiere localizar “para chingármelos”.

 En otro de los diálogos, quien se presume es el comandante de El Carrizo reconoce que ha matado a 51 personas.

 Al final del video Armenta Espinoza dice que hace estas revelaciones “para que el gobierno federal mire lo que está pasando en Sinaloa y actúe”. Hace responsable al gobernador por lo que le pueda pasar a él y a su familia.

Desconcierto en palacio

La publicación del video provocó un shock en el gobierno estatal. La tarde del domingo el gabinete de seguridad, asesores y funcionarios del área de comunicación se reunieron para improvisar un paquete de medidas y minimizar los daños.

 No obstante, la misma tarde del domingo, los portales sinembargo.mx y el de la revista Proceso publicaron la noticia y enlazaron el video. Hicieron lo mismo otros medios estatales.

 En realidad el plan de contingencia mediática sólo les funcionó en Sinaloa, sobre todo en noticiarios de radio y El Debate –el diario de mayor circulación–. En ninguno de esos espacios se publicó la nota, aunque sí  reprodujeron el posicionamiento del gobierno ante tal “agresión”.

 A la medianoche del domingo el gobierno envió a las redacciones un comunicado con ocho puntos.

 En el documento “el gobierno del estado hace un llamado a la sociedad sinaloense a no dejarse engañar por quienes desde la ilegalidad y el clandestinaje pretenden confundir a la ciudadanía con la producción de materiales sacados de contexto para tratar de generar descrédito a las acciones que este gobierno, a través de su gabinete de seguridad, ha emprendido en contra de los grupos delictivos, que hoy no encuentran impunidad a sus actos ilegales”.

 Agrega que es evidente que el escolta fue torturado “y obligado a actuar de manera lastimosa para preservar su vida”.

 Ríodoce solicitó a la PGJE los oficios a través de los cuales puso a disposición de la PGR las armas, cargadores, pertrechos y vehículos asegurados en el ataque del 9 de mayo contra el comandante Carrasco, pero la información fue negada, “porque forma parte de una averiguación”, a pesar de que casi siempre hacen lo contrario.

En una conferencia de prensa ofrecida el lunes 24, en el marco de una misa celebrada por el Día del Agricultor, el gobernador reconoció que es su voz la que aparece en los audios. “Cada día hablo en diversos lugares y digo infinidad de cosas, y con la tecnología que hay manipularon las palabras y armaron el mensaje”, explicó.

 Malova negó conocer al Chapo o al Mayo. “Hasta donde sé, no creo que ese señor ocupe protección mía ni de nadie”.

 No quedó ahí: El martes 25 la PGJE presentó una denuncia por espionaje y otros delitos ante la PGR.

 Como parte del paquete de contingencia, el gobierno estatal buscó el apoyo de partidos, Congreso y sector empresarial. El martes 25 aparecieron en los diarios locales tres desplegados. Uno estaba firmado por todos los partidos políticos, otro por las cámaras empresariales y confederaciones agrícolas y uno más por los 18 alcaldes. Todos con el mismo discurso.

 Dicen los alcaldes: “Las autoridades municipales de Sinaloa refrendamos nuestro total apoyo al C. gobernador Mario López Valdez por su política de seguridad y decidido compromiso por reducir la incidencia delictiva, que sin duda ha permitido contrarrestar en forma sustancial hechos delictivos de alto impacto en Sinaloa”.

 Las organizaciones del sector privado: “Reconocemos en la persona del gobernador del estado el esfuerzo que realiza para lograr la estabilidad que la población sinaloense demanda”.

 El del PRI, PRD, PAN, PVEM, MC, PT y Sinaloense: “Deseamos expresar a la sociedad nuestro respaldo unánime a las políticas públicas, acciones, programas y operativos de seguridad pública que se han venido desarrollando desde el Gobierno del Estado en coordinación con el Ejército mexicano, Marina Armada de México y las corporaciones federales”.

 La única voz discordante fue la del ­diputado local Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, quien condenó el caos administrativo, la gran corrupción que impera en el estado y pidió que el video fuera analizado por una empresa extranjera, para establecer si las conversaciones expuestas ahí fueron o no manipuladas.

 El gobernador y los militares

 Mario López Valdez y el general Moisés Melo García llegaron al poder en Sinaloa casi al mismo tiempo. Moisés Melo asumió como jefe de la Novena Zona Militar el 5 de diciembre de 2010 y Malova protestó para la gubernatura el 31 de diciembre del mismo año.

Melo García llegó de la Decimosexta Zona Militar en Guanajuato, pero antes estuvo al frente de la Décima Zona en Durango. De ahí traía dos famas: una, que el respeto a los derechos humanos no era su prioridad. La otra, que le encantaban las relaciones públicas.

Llegaron casi al mismo tiempo y lograron, como suele decir Malova por doquier, niveles de coordinación que no se habían registrado en Sinaloa entre el gobierno estatal y las fuerzas castrenses.

No pasó mucho tiempo para que la fama de general “duro” de Melo García se validara en Sinaloa. El 14 de febrero de 2011 una jovencita, Leslie Abigail, de 17 años, recibió un tiro de G3 en la cabeza cuando soldados que realizaban un rondín por el fraccionamiento Nakayama, de Culiacán, dispararon contra una camioneta que al parecer no obedeció una orden de “alto”. Viajaban tres parejas, casi todos menores de edad. La joven fue trasladada por los propios militares al hospital del ISSSTE y después al Hospital Militar de la Ciudad de México, donde fue intervenida. Sobrevivió.

Cada mes los mandos militares de la Tercera Región y de la Novena Zona se ­reúnen con el gabinete de seguridad del gobierno estatal y con los alcaldes de los municipios más acosados por la violencia para definir líneas de acción, aunque en los últimos meses el Ejército prefirió andar solo en los operativos.

Esto fue motivado por el asesinato de dos militares por parte de la Policía Municipal de Mazatlán, durante una persecución, la madrugada del lunes 18 de marzo. La policía dijo que se había tratado de un enfrentamiento, pero luego se estableció que les habían dado alcance y que, al tenerlos rodeados, simplemente los ejecutaron.

El jefe de la policía, Marco Antonio Medrano, fue destituido y siete policías fueron detenidos.

Las columnas de vigilancia se separaron. Por un lado las policías; por el otro, los militares. Y sólo confluyen en los enfrentamientos contra la delincuencia ­organizada.

 ¿Quién tiene a Frank?

 Desde el primer posicionamiento del gobierno estatal éste da por descontado que el video y el secuestro del escolta es obra de “los grupos delictivos que hoy no encuentran impunidad a sus actos ilegales”.

 No hay, sin embargo, ningún elemento firme para concluir que la triada Beltrán-Zetas-Carrillo Fuentes está resquebrajándose por las acciones del gobierno estatal. Nadie, además, ha reivindicado el hecho.

 Habrá que buscar más atrás. Las agresiones contra el gobierno de Malova se iniciaron tres meses después de que empezara su encargo. El primer ataque a las policías estatales ocurrió el 6 de marzo, cuando un grupo de sicarios asesinó a siete policías ministeriales durante el traslado de dos reos desde la ciudad de Los Mochis a Culiacán, en las inmediaciones de Guasave.

 A partir de ahí, la guerra ha sido no sólo de muerte, sino también mediática. Al gobierno le interesa que no haya duda de que las células de los hermanos Beltrán Leyva, presuntamente aliadas con Los Zetas y los Carrillo Fuentes, son las más violentas y que por esa razón deben ser exterminadas. A esos grupos les importa, sobre todo, difundir que el gobierno de Malova ha pactado una alianza con el Cártel de Sinaloa y que por ello los ataques son orientados sólo hacia ellos. Su recurso más utilizado son las masacres de policías y los narcomensajes, a veces acompañados de cuerpos descuartizados, que han arrojado en las propias escalinatas del Palacio de Gobierno.

 La madrugada del 15 de mayo de 2011 la Policía Ministerial detuvo en Los Mochis a uno de los cabecillas del Cártel de los Beltrán Leyva en la zona norte, Giovanni Lizárraga Ontiveros, el cual fue mostrado por la procuraduría estatal como un trofeo de guerra.

 Contra lo que hizo tras el ataque al comandante Carrasco, la procuraduría dio a conocer incluso las declaraciones preliminares del delincuente, donde ventilaba información sobre la estructura criminal de su organización, incluidas redes de protección policiaca que, con base en el cohecho, habían tejido en esa zona de la entidad.

 Las reacciones no se hicieron esperar. La mañana del 30 de mayo de 2011, autoridades de cuatro municipios –Culiacán, Guasave, Ahome y Sinaloa– reportaron el hallazgo de al menos 19 narcomantas, todas con imputaciones directas al gobernador López Valdez sobre una presunta alianza con Joaquín El Chapo Guzmán.

Ninguno de los mensajes tenía la rúbrica de persona o grupo alguno, aunque las autoridades dijeron que se trató del Cártel de los Beltrán Leyva. Ese mismo lunes por la noche el cuerpo de un policía ministerial fue arrojado por el bulevar Pedro Infante, justo enfrente del edificio del Congreso estatal.

La guerra mediática siguió. El viernes 3 de junio las manos y la cabeza de un hombre fueron dejadas durante la madrugada en las escalinatas de Palacio de Gobierno. Los restos humanos estaban a unos metros de la avenida Insurgentes.

Al día siguiente aparecieron otras mantas en Mazatlán, Culiacán y Guamúchil: “Malova dales a conocer que fuiste con El Chapo Guzmán no es para que lo negaras eso”.

El propio diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, exprocurador de Justicia en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, había declarado que, efectivamente, el gobierno de Malova combatía sólo a unos grupos de narcotraficantes, pero no a los otros. Que debía ser parejo.

El acoso criminal no se detuvo. El 15 de julio de ese año, comandos de estos mismos grupos perpetraron dos ataques contra la policía, dejando como resultado 11 agentes muertos y cuatro lesionados.

 La segunda fue la peor emboscada contra los cuerpos policiacos de Sinaloa. El ataque, se dijo, iba dirigido contra Frank Córdova, secretario de Seguridad, quien de última hora decidió viajar en helicóptero. El Ejército le atribuyó la matanza a las células de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. Al día siguiente aparecieron narcomantas acusando que el gobierno protegía al grupo del Chapo Guzmán. Malova lo volvió a negar.

 Su reacción fue detener agrupaciones policiacas enteras. En Ahome, en noviembre de 2011, Malova detuvo a 32 policías municipales acusados de tener nexos con el narcotráfico, entre ellos al mayor Horacio de León Reyes –sobre quien Ríodoce ya había advertido que existían antecedentes delictivos desde que era militar activo.

Lo mismo hizo con 20 policías de ­Guasave.

Habría un ataque más directo. El 18 de enero de 2012, un par de gatilleros llegaron en motocicleta a una de las sucursales de la ferretería Malova –propiedad del gobernador– en Mazatlán y dispararon contra dos empleados e intentaron incendiar el negocio. Uno de los trabajadores murió.

“Lo único que sé –dijo esa vez Malova– es que es producto de las acciones que ha tenido el gobierno de enfrentar a los delincuentes. Aun con estos riesgos no renunciaré al rol que tengo como gobernador.”

Tufos de narco en la elección

El municipio más azotado por la incidencia del narcotráfico en el marco de las elecciones que se avecinan es precisamente donde Malova nació: Sinaloa de Leyva, zona de influencia de El Chapo Isidro.

Durante semanas los candidatos y operadores de la coalición Unidos Ganas Tú, donde confluyen PAN, PRD y PT, tuvieron que suspender las campañas porque fueron amenazados, su propaganda destrozada y algunos hasta golpeados.

Después de algunas consideraciones reanudaron el sábado 22 sus labores de proselitismo, pero el lunes 24 uno de los coordinadores de ruta de la campaña, Eleazar Armenta Acuña, exfuncionario municipal y quien además era candidato suplente a regidor, apareció asesinado a balazos.

Posteriormente, Esteban López Beltrán, candidato a la presidencia municipal y primo hermano del gobernador, quiso renunciar pero le pidieron que no lo hiciera. Entonces cerró su local de campaña, igual que Saúl Rubio Valenzuela, candidato a ­diputado por el Distrito V.

 No fue todo, el viernes 28 por la noche vencía el registro para que los partidos y coaliciones registraran funcionarios y representantes de casillas ante el Consejo Municipal Electoral. Y la coalición Unidos Ganas Tú no registró a nadie porque no había condiciones para competir en equidad. Se espera que antes de la elección renuncien todos sus candidatos.