México, sin política de prevención

 México, sin política de prevención/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso No 1925, 21 de septiembre de 2013

Pese a que el territorio mexicano es altamente vulnerable a los embates de la naturaleza –como se demostró apenas la semana pasada con los huracanes Ingrid y Manuel–, el país sigue sin tener una política efectiva de prevención, dicen a Proceso especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM. Y añaden: en esta materia las autoridades se limitan a reaccionar, tarde y mal, además de haber dejado prácticamente en el abandono a la instancia oficial dedicada a prevenir desastres, el Cenapred.

 Las inundaciones causadas en los últimos días por los huracanes que azotaron ambos litorales mexicanos y afectaron 320 municipios hicieron evidente una vez más la ausencia de un programa nacional de prevención de desastres.

Hasta el momento no se cuenta con un atlas completo y confiable de riesgos naturales, sino con retazos mal hechos en cada estado, lo que aumenta la posibilidad de que haya más pérdidas humanas y materiales, según coinciden en afirmar dos investigadoras del Instituto de Geografía de la UNAM.

Tampoco hay apoyo suficiente, advierten, para el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), cuyo presupuesto este año es de 90 millones de pesos, de los cuales la tercera parte va al pago de la nómina. Ese monto es inferior, por ejemplo, al que se le da a la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación: 130 millones de pesos.

Irasema Alcántara Ayala, de la Comisión Dictaminadora del Cenapred, dice de entrada que los huracanes Manuel e Ingrid hicieron ver que México sigue siendo un país reactivo, no preventivo.

“Estamos insertos en la gestión de emergencias pero no en la gestión integral de riesgos de desastres. Es decir, podemos organizarnos, gestionar los recursos, asumir la responsabilidades que se tienen cuando se da una emergencia, pero precisamente la gestión integral es lo opuesto, es no llegar a estas situaciones y prevenir de una manera más realista”, dice a Proceso la doctora en geografía con especialidad en geomorfología por la Universidad de Londres.

La maestra Oralia Oropeza Orozco, especialista en geografía de riesgos y quien participó en la elaboración de la cartografía sobre inundaciones para el Nuevo Atlas Nacional de México 2007, sostiene que mientras se mantenga la política reactiva y no de prevención, los desastres por inundaciones aumentarán, pues en los últimos años aumentó la vulnerabilidad de la población a consecuencia de la falta de planificación territorial, la construcción de vivienda en sitios peligrosos y por los índices de marginación y pobreza de las comunidades indígenas y campesinas.

Es un problema muy complejo “porque también hay intereses políticos, económicos y de otro tipo, que son causas de desastres a futuro”, señala la investigadora, cofundadora de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres.

Falta de memoria

Las dos expertas aseveran que el gobierno y la sociedad no han aprendido de las experiencias de desastres por huracanes, sismos, volcanes y deslizamientos de tierra ocurridos en los últimos años, sobre todo después del terremoto de 1985, el cual dio lugar a la creación del Cenapred con la asistencia de técnicos y científicos de Japón.

Alcántara, profesora de posgrado en la UNAM e integrante del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil, insiste en señalar el perfil reactivo y no preventivo de las políticas gubernamentales y la falta de memoria para enfrentar emergencias, como ahora se está viendo en Guerrero.

“El problema principal es que no nos hemos ocupado de dar un paso hacia esa gestión integral de riesgos de desastre porque no aprendemos del pasado. La memoria es muy corta; inclusive el interés de los medios y las autoridades para este tipo de situaciones es muy puntual. El ejemplo es el que tenemos en estos días. Sin embargo el resto del año, cuando no ocurren estos problemas, no hay una atención adecuada para llevar esta gestión del riesgo.”

Destaca la necesidad de hacer estudios y análisis de las zonas más vulnerables del país y que son sobre todo las del sur y sureste, donde habita la población más pobre y marginada.

“Necesitamos un proceso para organizar y gestionar todas las directrices administrativas y científicas a fin de tener políticas que nos permitan mejorar las capacidades de afrontar y reducir la vulnerabilidad de la población. Muchas veces se dice que si pudiéramos pronosticar con certeza cuál va a ser la trayectoria de un ciclón o cuál es la ladera que se va a caer podríamos prevenir desastres.

“¡Eso es imposible! La única manera de prevenir desastres es reduciendo la vulnerabilidad; es decir mejorando las condiciones de la población, disminuyendo la exposición de la población a ese tipo de fenómenos, lo que implica una serie de medidas de diferente índole, pero sobre todo requiere esfuerzos coordinados, no individuales.”

Alcántara –con más de 60 artículos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras e integrante del Comité Científico de Investigación Integral en Riesgo de Desastre del Consejo Internacional para la Ciencia– critica la política institucional en materia de prevención de desastres:

“La política de gobierno no tiene planeación, no se toman en cuenta las capacidades locales, no hay un desarrollo, no se piensa en la conformación del territorio y su desarrollo en su potencial particular. Tampoco se toma en cuenta el bienestar de esas comunidades, el acceso a los servicios, a la educación, a las simples condiciones de vivienda.”

Ante un panorama cada vez más terrible –pues se avizoran nuevos fenómenos climatológicos– asevera que lo peor es que con todos estos fenómenos la población se va haciendo más vulnerable, se va mermando su poca capacidad.

“Muchas veces le damos importancia a los fenómenos como los que ahorita están ocurriendo, con un impacto extraordinario, pero por ejemplo con la lluvia estacional también se dan muchas inundaciones y deslizamientos que construyen la vulnerabilidad. Ese es un problema que no nos permite caminar hacia una posición de resiliencia.”

–¿Cuáles serían las deficiencias que deberían subsanarse?

–Deberíamos hablar de un proceso integral, coordinado y de largo tiempo. Es complejo pero debemos aceptarlo. Algo fundamental sería revertir el desordenamiento territorial en el cual estamos inmersos. Necesitamos hablar de una planeación, de una conformación del territorio acorde con cada espacio.

“Necesitamos también evaluar, conocer los procesos de degradación ambiental que tenemos en el territorio, cuáles son las soluciones reales que se pueden ofrecer. Pero sobre todo coordinación: apoyar el desarrollo de las capacidades locales, mejorar las condiciones de vida, reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y el grado de exposición.”

Destaca que otra de las cuestiones dejadas de lado es la definición de responsabilidades y del marco legal de la gestión de riesgos.

Advierte: “No tenemos un atlas de riesgos. Los del Cenapred carecen de muchos elementos. Uno de los problemas principales de los atlas es que se deben hacer a escala local. En algún momento, en la anterior Coordinación de Protección Civil tenían la idea de hacer un atlas nacional pegando en computadora los atlas de los estados, lo cual iba a ser un Frankenstein terrible porque las metodologías son distintas, están mal hechos y no se puede hablar de algo adecuado”.

Explica que los atlas se deben hacer a escala local porque se necesita entender la dinámica de las amenazas y cuáles son las condiciones de vulnerabilidad en la población.

“Todavía no hemos llegado a eso. Pero situaciones como la actual deberían representar la oportunidad que debemos aprovechar. Ojalá se comprenda el territorio y se pueda utilizar en su función local. Que se tome en serio como política de gobierno.”

Además de la coordinación, señala la investigadora, lo más importante es la continuidad en las estrategias y en las políticas de prevención, porque muchas veces en sitios donde se cambia al presidente municipal, éste se lleva toda la información y hay que volver a empezar de cero. “Así no se avanza. Los riesgos y los desastres no deberían tener color y los pintan con un color”, afirma.

Crece la vulnerabilidad

Oropeza, cuyas líneas de investigación son la geografía de riesgos, la geografía física global y el ordenamiento territorial, resalta la necesidad de tomar medidas urgentes de prevención en cuanto a las inundaciones, porque 60% de los desastres naturales que anualmente ocurren en México son de origen hidrometeorológico: huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones y sequías.

Señala que los desastres de este tipo van a aumentar no porque vaya a haber más fenómenos naturales de este tipo, sino porque de acuerdo con las estadísticas lo que está incrementándose es la vulnerabilidad de la población.

–Según sus investigaciones, ¿ esto pasa en todo el país?

–En el caso de las inundaciones sí tenemos zonas más susceptibles. Por ejemplo, dentro de las estadísticas de 1970 a 2004 el Estado de México es el que más inundaciones registra. Le siguen el Distrito Federal y Veracruz. En los primeros porque la población creció aceleradamente y se instaló en zonas no aptas para habitar, como Iztapalapa y Ecatepec.

Señala que en 2007 se elaboró un nuevo atlas donde están las zonas susceptibles de inundaciones y el registro de poblaciones mayores de 5 mil habitantes que se han inundado.

“Hay más de 400 ciudades o localidades con problemas de inundaciones. Son muchísimas. México es altamente susceptible a este problema. En un año de pocas lluvias puede ser que 25% de los municipios tengan declaratorias de desastres o de emergencia por esta causa.”

Dice que esas 400 localidades se distribuyen sobre todo en el centro, sur y sureste del país, principalmente en las costas y en los valles y zonas cercanas a los ríos.

Pero precisa: “No sólo debemos estudiar el fenómeno de la inundación sino otros asociados, como la inestabilidad de las laderas, que causan muchas pérdidas humanas y económicas”.

Sobre las medidas a tomar, Oropeza indica que deben ser particulares para cada lugar. En el nivel estructural, con obras de regulación, rectificación y protección, como bordos, diques, muros de contención o canales. En cuanto a medidas no estructurales o institucionales: planificación y ordenamiento territorial, cartografía de amenazas y vulnerabilidad, creación de escenarios de riesgo por inundaciones y de modelos de pronósticos y de alerta temprana.

Para Alcántara una de las cosas fundamentales es revertir el desordenamiento territorial y valuar y conocer los procesos de degradación ambiental, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de las poblaciones para reducir su vulnerabilidad y grado de exposición.

También entender los mecanismos de la dinámica de esas amenazas naturales: inundaciones, lluvias e inestabilidad de las laderas. Indica que es fundamental elaborar mapas, cartografías y atlas de amenazas, de vulnerabilidad y de riesgos, que no los hay.

Finalmente las dos especialistas advierten del abandono en que se dejó al Cenapred, al cual consideran una institución fundamental para un país con peligros constantes de desastres climatológicos.

“Me parece que ha realizado un buen trabajo en la generación de información, de estudios científicos, pero necesita más apoyo; debe trabajar con otras instituciones y más científicos, su labor debe ser multidisciplinaria. Tiene un peso muy grande pero poco personal. Es una institución clave que no dispone de apoyo suficiente y muchas de sus investigaciones deben estar orientadas a la prevención y no a la atención de emergencias.

“No sé cuántos están trabajando, pero difícilmente llegarán a 100 personas. Es muy poco para un país con tantos riesgos”, dice la maestra Oropeza.

En tanto la doctora Alcántara indica que hay promesas de aumentar las plazas en dicha institución, lo cual no ha ocurrido desde su formación, en 1985.