Amenazados, miles de mexicanos buscan asilo en EU

Amenazados, miles de mexicanos buscan asilo en Estados Unidos/EMILIO GODOY

Revista Proceso No. 1927, 5 de octubre de 2013;

Para los defensores de los migrantes mexicanos que buscan asilo político en Estados Unidos debido a la violencia en México, el país vive una “catástrofe humanitaria”. Los desplazamientos, dicen, no han dejado de crecer desde 2008 y se cuentan por miles. Pero, lejos de atender a los solicitantes, las autoridades estadunidenses les ponen innumerables obstáculos. Uno de los casos críticos es el del exsoldado Víctor Hugo Tapia Madrigal y el del empresario zacatecano Antonio Medina, ambos amedrentados y agredidos físicamente por Los Zetas.

Víctor Hugo Tapia Madrigal padeció secuestro, amenazas y persecución por parte de Los Zetas. Eso lo llevó a buscar refugio en 2008 en Estados Unidos, donde lucha en los tribunales de ese país para lograr el estatus de asilado político.

 El de Tapia Madrigal, quien llevaba tres años en el Ejército, es uno de los cientos de casos de connacionales que cruzaron la frontera para escapar de la violencia desatada por la llamada guerra contra el narcotráfico durante la Presidencia de Felipe Calderón. Ese fenómeno, que se agudizó desde 2008, hoy inunda los tribunales de Estados Unidos y preocupa a las organizaciones de derechos humanos de ambos países.

 El 15 de mayo último un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, integrado por los jueces William A. Fletcher, Raymond C. Fisher y Raymond J. Dearie, determinó que la Oficina de Apelaciones Migratorias (BIA, por sus siglas en inglés) revisara el caso de Tapia, según el legajo 10-73700 consultado por Proceso.

 Tapia ingresó al Ejército en 2005, cuando tenía 18 años. Después de un entrenamiento básico fue asignado a una base militar en Jalisco, donde participó en operaciones contra el narcotráfico durante dos años y medio. A mediados de 2007 tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a un jefe regional de Los Zetas y a nueve sicarios de esa organización.

 Y aunque Tapia no participó en el operativo, apareció en televisión cuando vigiló el traslado del grupo del poblado donde fue capturado a Guadalajara.

 Poco después pidió un permiso para descanso y salió de la base militar. Ya en la calle, dos enmascarados lo secuestraron en la parada del camión. Le cubrieron la cabeza y lo introdujeron en una camioneta, donde comenzaron a golpearlo con sus puños, botas y objetos contundentes. Le dijeron que lo iban a matar por su participación en el traslado de los zetas capturados.

 Veinticuatro horas después fue liberado. Sus captores le pidieron informar a su comandante, Fortino Castillo León, que dejara ir a los sicarios; de lo contrario, serían ejecutados. El militar no le creyó.

 Luego de un día de recuperación, Tapia fue comisionado durante tres meses a la localización y destrucción de sembradíos de mariguana. Al regresar a su base supo que los soldados que detuvieron a los zetas habían sido decapitados.

 Abandonó las Fuerzas Armadas y se refugió durante unos meses en la casa de su familia. Pero cuando se enteró de la ejecución del comandante Castillo, huyó a otro pueblo. Meses después, ya en 2008, unos desconocidos le dispararon cuando caminaba por la calle. Entonces optó por irse a Estados Unidos.

 En 2009 las autoridades de ese país iniciaron un procedimiento de deportación contra Tapia, quien pidió asilo político y tramitó un recurso para postergarla y ampararse bajo la Convención contra la Tortura, vigente desde 1987.

 Para el abogado Carlos Spector –representante legal de solicitantes de asilo en el país vecino y quien ganó el primer caso en 1991–, situaciones como la de Tapia son parte de una “catástrofe humanitaria”.

 “Sigue viniendo gente de México y el gobierno estadunidense hace todo lo posible por desanimarla. En el puente fronterizo incluso la regaña; luego viene su detención prolongada. El mensaje para la comunidad mexicana es: Si pides asilo, te van a dar bote”, comenta el abogado a Proceso vía telefónica.

 Fundador en 2012 de la organización Mexicanos en Exilio, Spector representa a 250 personas, de las cuales sólo les cobra honorarios a unas cuantas. Con frecuencia, dice, activistas y defensores de derechos humanos de Michoacán, Coahuila y Veracruz le llaman para preguntarle sobre los procedimientos legales para buscar asilo.

 En enero del año pasado, él logró que Saúl Reyes Salazar y su familia obtuvieran ese estatus, luego de que seis de los miembros de ésta fueron asesinados impunemente entre 2008 y 2011.

 La activista Cipriana Jurado, de Ciudad Juárez, también obtuvo el asilo en 2011. Desde 2008 estuvo amenazada de muerte por protestar contra el despliegue militar en esa ciudad fronteriza.

Otro récord nefasto

Las estadísticas ilustran la magnitud del problema. Si en 2004 México ocupaba el escalón 21 en la lista en materia de refugiados, en 2007 ya era el número siete, detrás de Irak, Rusia, China, Serbia, Pakistán y Somalia.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el año fiscal 2007 ese país recibió 3 mil 133 solicitudes mexicanas; sólo aceptó 49. Sin embargo, en 2008 empezó la espiral que aún no cierra su curva: se registraron 3 mil 650 aplicaciones, de las cuales sólo 73 fueron aceptadas. En 2009 se mantuvo ese ritmo: 3 mil 855 solicitudes y 65 aceptaciones; en 2010 fueron 5 mil 98 peticiones, 49 de ellas aceptadas.

Para 2011 la estadística siguió escalando: 7 mil 616, de las que 107 resultaron positivas; en 2012 se recibieron 9 mil 206 peticiones; 126 fueron concedidas. Entre octubre de 2012 y junio pasado la cifra saltó a 14 mil 610 solicitudes; según los expertos, las aceptaciones no superan 5%.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, sostiene que este fenómeno no tiene precedentes. Antes, dice, cuando en Estados Unidos se hablaba de exiliados, por lo general se pensaba en africanos, asiáticos o sudamericanos.

“El sistema estaba hecho para lidiar con otros, menos con mexicanos –expone–. Solían ser refugiados económicos, gente buscando trabajo. Y tiene que ver no sólo con la existencia de guerra, cárteles y grupos criminales, sino también con la omisión del gobierno mexicano y sus aparatos de seguridad en su deber de proteger a los ciudadanos. La gente sale porque el Estado no puede protegerlos.”

Ariadna Estévez, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN-UNAM), asegura que la mayoría de los jueces objeta las peticiones por no apegarse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, no aplicables a víctimas de la delincuencia organizada.

La especialista distingue la ola de solicitantes de los noventa, quienes lo hacían por cuestiones políticas, y la de la última década, vinculada a la militarización de la política antidrogas, la impunidad y la corrupción. “En comparación con Colombia y China –dice a Proceso–, México tiene un trato menos favorable. Los solicitantes de asilo están atrapados en la relación bilateral. Estados Unidos responde a sus intereses de política exterior. México es un caso más”.

Estévez, quien efectuó un trabajo de campo sobre el fenómeno en El Paso, explica que los asilados son pobres o de clase media baja, con algunas propiedades o un capital modesto. Las razones de su huida, precisa, son la negativa a pagar extorsiones, exigencia de justicia, denuncia de corrupción o la colusión del Estado con los criminales.

Persecución sistemática

El empresario zacatecano Antonio Medina González, proveniente de una familia acomodada del municipio de Huanusco, donde dos tíos suyos y un primo fueron presidentes, es otra víctima de Los Zetas.

Antonio, quien quedó al frente de un rancho tras la muerte de sus padres en 1997, y con su hermano Francisco, son criadores de ganado y siembran agave. El 17 de diciembre de 2008, Antonio fue secuestrado cerca de su rancho de Huanusco por presuntos sicarios de Los Zetas, quienes lo trasladaron por carretera a la ciudad de Zacatecas. En el camino le preguntaron por su hermano Francisco, ciudadano estadunidense radicado en Novato, California, según su testimonio contenido en el expediente 10-73112 del Noveno Circuito de Apelaciones.

Durante el viaje, según Antonio, oyó cuando el conductor del vehículo conversó con policías en dos retenes. Al llegar a Zacatecas, sus captores le vendaron los ojos y le colocaron una bolsa de plástico sobre la cara. Permaneció secuestrado hasta el 28 de diciembre.

Durante ese periodo, contó, fue golpeado y sus custodios jugaron a la “ruleta rusa” con él; también lo molestaron sexualmente. Según el reporte médico, Antonio sufrió golpes, quemaduras de primer grado y la fractura de una costilla del lado izquierdo.

Francisco Medina contactó a su prima Martina, quien trabajaba para el gobierno de Zacatecas, a fin de localizar a su hermano. Martina le respondió que era muy peligroso ayudarlo, por lo cual le recomendó a un abogado de la Ciudad de México de apellido López, quien suele trabajar como mediador en ese tipo de casos.

Francisco Medina le pagó a López 5 mil dólares y entregó otros 15 mil a los secuestradores para la liberación de Antonio. Al final, el litigante le dijo que habían sido Los Zetas.

Al mes siguiente, en enero de 2009, los secuestradores llamaron de nuevo al celular del empresario zacatecano para pedir más dinero, así como las escrituras de sus propiedades y vehículos.

Antonio Medina se fue de inmediato a Estados Unidos. Semanas después, en mayo de ese año, fue colocado en proceso de deportación por carecer de visa para entrar en el país. El empresario se quejó de la conducta de los policías durante su traslado de Huanusco a Zacatecas, e interpuso un recurso el 12 de octubre de 2010.

Sin embargo, el 13 de agosto último, la BIA emitió su veredicto. En 25 páginas sostuvo que por lo general los finqueros ricos y educados –como Antonio Medina– no eran considerados como grupo coherente bajo la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés).

Por casi 30 años, la BIA ha reconocido que la tenencia de la tierra puede formar la base de un grupo social particular dentro del significado de la INA, escribió el juez Stephen Reinhardt, quien integró el panel junto a los magistrados Mary H. Murguia y Jack Zouhary.

Presión sobre Estados Unidos

Carlos Spector insiste en que problemas como el descrito, motivados por hechos de violencia y amenazas en el país de origen, constituyen un fenómeno social y político que requiere de una respuesta política.

El pasado 16 de septiembre el abogado participó en una audiencia legislativa en El Paso para denunciar las fallas en el esquema de asilo, en la cual estuvieron los congresistas Beto Rourke, Raúl Grijalva y Filemón Vela.

Tanto él como Fernando García demandan una reunión con el director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para revisar el problema.

El propósito, según ellos, es desarrollar planes alternativos para los solicitantes de asilo, así como pedir la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar los casos y entrevistar a los candidatos. Ello servirá para determinar el alcance de las políticas de detención de ICE y permitir a organizaciones civiles locales entrevistar a los detenidos y asesorarlos.

Los defensores de los solicitantes de asilo preparan un reporte con casos paradigmáticos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el caso del exsoldado Víctor Hugo Tapia Madrigal, su argumento es que sus agresores –pertenecientes a Los Zetas, un grupo que el gobierno mexicano no puede controlar– indagaron su paradero e incluso le dispararon, además de enviarle una carta intimidatoria a su madre sólo porque perteneció al grupo particular de tropas de la Sedena que capturaron a 10 sicarios de esa organización criminal.

“Un candidato (como Tapia) que alega persecución pasada tiene el peso de demostrar que su tratamiento equivale al nivel de persecución, (que) ésta se debió a una o más consideraciones y (que) la persecución fue cometida por el gobierno o fuerzas que éste es incapaz de controlar o no está dispuesto a hacerlo”, escribió el juez Fisher en su resolución del pasado 15 de mayo (legajo 10-73700).

Y añadió: Si la BIA concluye que el gobierno mexicano no puede controlar a Los Zetas y que Tapia tiene un miedo bien fundado de maltratos severos, entonces es elegible para asilo, porque existiría necesariamente un nexo causal entre ese maltrato y su pertenencia a un grupo social particular.

A su vez, Ariadna Estévez, adscrita al CISAN-UNAM, sostiene que la inercia de la violencia en México da pie para pensar que el flujo de asilados en Estados Unidos se mantendrá; “de ninguna manera va a disminuir”.

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