Caso
“pelotón de la muerte”: la Sedena encubre a Calderón y a Galván/Jorge Carrasco Araizaga
Revista
Proceso # 1933, a 16 de noviembre de 2013
Militares
del llamado “pelotón de la muerte” –presos por los presuntos excesos que
cometieron durante el Operativo Chihuahua en el sexenio pasado– insisten en que
sólo recibieron las órdenes transmitidas por el entonces titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, quien habló en
nombre del presidente Felipe Calderón. El abogado del teniente coronel de
infantería José Julián Juárez Ramírez dice que cuando ha pedido la
comparecencia de ambos exfuncionarios, las autoridades castrenses y las
federales lo bloquean.
La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus
efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de
Felipe Calderón.
Ni
la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la justicia
federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades
en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en
Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte” que actuó
durante el Operativo Chihuahua ordenado por Felipe Calderón.
La
justicia federal se opone a que el expresidente sea citado; la Sedena, a que
comparezcan su extitular, el general Guillermo Galván, y otros mandos del
Ejército responsables de ese operativo, y la PGR, de la mano de la Procuraduría
General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido la defensa de los inculpados.
Uno
de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez
Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE),
con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así
por la propia justicia militar.
La
justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad,
pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de
mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años
de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado
de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez
Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.
Su
defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales
de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de
generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los
narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas.
La
instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo
contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a
discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua,
fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e
inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú
Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca; Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; y
Erick Campos Valenzuela, El Campitos (Proceso 1889 y 1914).
Las
órdenes, incuestionables
El
defensor del teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en
entrevista que, pese a ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue
dar resultados. “Esa fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a
Calderón”.
Es
la misma razón que da uno de los principales acusados de haber formado parte
del “pelotón de la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En
sus declaraciones ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en
que las actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron
conforme a las órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.
En
una audiencia que tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo
comandante de la CINE, declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser
cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas (Calderón)”.
Añadió:
“Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es
ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen
desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.
Para
esclarecer ese señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito
en Chihuahua, Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo
de Felipe Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que
fue entre 2006 y 2012.
El
juzgador se negó a citar al expresidente. Argumentó que los delitos imputados a
Juárez Ramírez no se corresponden con las órdenes que Calderón dio para
combatir al narcotráfico y que no hay pruebas de su participación en los hechos
que se le atribuyen al acusado, por lo que no consideró “pertinente” citar al
exfuncionario como testigo.
El
abogado se inconformó con esa decisión, pero en una rápida resolución, adoptada
el 31 de octubre pasado, a un mes de haber interpuesto el recurso de
inconformidad, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Distrito, con
sede en la ciudad de Chihuahua, ratificó la negativa del juez Zamora Tejeda a
citar a Calderón.
“Tal
determinación se considera acertada si se toma en cuenta que el oferente de la
prueba no explicó de qué manera la testimonial de Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa puede dar luz sobre los hechos” o conducir a resultados concretos
respecto a los ilícitos que se le imputan, estableció el Tribunal Unitario en
el toca penal 258/2013-IV.
Según
el nuevo fallo, la decisión de la justicia federal de no citar a Calderón no le
causa ningún agravio ni deja en indefensión a Juárez Ramírez, quien ha
solicitado la comparecencia del expresidente para que declare respecto a las
órdenes que dio al titular de la Sedena durante su sexenio, el general
Guillermo Galván, quien se encuentra en retiro, respecto a la manera en que se
debía tratar a los narcotraficantes.
El
abogado sostiene que el teniente coronel participó en una reunión de Galván con
jefes militares responsables del Operativo Chihuahua, en la que transmitió las
órdenes de Calderón. El encuentro castrense tuvo lugar en septiembre u octubre
de 2008 en la base área militar de Chihuahua.
Para
comprobar ese dicho, el litigante también ha pedido el testimonio de otros de
los generales participantes en esa reunión: empezando por el entonces
comandante de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, el general
de división Marco Antonio González Barrera.
También
ha pedido la presencia de quien en ese momento era el jefe de la Quinta Zona
Militar con sede en la ciudad de Chihuahua, pero con mando en todo el estado,
el general de división Felipe de Jesús Espitia Hernández. Además, del jefe de
la guarnición militar de Ojinaga, el general Manuel de Jesús Moreno Aviña,
quien también está bajo proceso penal por los hechos atribuidos al “pelotón de
la muerte”.
Antes
de que el caso trascendiera en la opinión pública, la PGJM entregó a la Policía
Judicial Militar (PJM) “un anónimo” que daba cuenta de la existencia del
pelotón. Desplegó a Chihuahua un grupo de agentes e investigadores judiciales
militares que entre agosto y septiembre de 2009 tomaron las instalaciones de la
CINE.
La
ausencia del general Galván
Acuartelado
todo el personal, en primer lugar su comandante, el teniente coronel Juárez
Ramírez, la PJM interrogó y ordenó la detención de 31 efectivos. Los detenidos
aseguran que fueron torturados para culparse unos a otros e involucrar al
teniente de la CINE y al comandante de la Guarnición.
Los
inculpados se han desistido de su primera declaración ante la justicia militar
no sólo por haber carecido de abogado, sino porque no hubo órdenes judiciales
en su contra, pero sobre todo porque alegan haber sido torturados. Pero la
Sedena, de la mano de la PGR y de la justicia federal, ha puesto todo tipo de
trabas para confrontar la investigación judicial con que sostiene sus
acusaciones.
La
Sedena se ha negado a que los mandos del Operativo Chihuahua declaren ante la
justicia. En el juicio contra el teniente coronel Juárez Ramírez, el general
Galván ha sido citado en cinco ocasiones y en ninguna ha asistido, contrario a
las disposiciones legales que facultan a un juez para que a la tercera ocasión
presente a un testigo con el apoyo de la fuerza pública.
Para
una de las audiencias, programada el 17 de octubre de pasado, el actual
secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos
Zepeda, acordó pedirle al juez segundo de Distrito que la audiencia fuera por
videoconferencia.
Días
antes, el titular de la PGJM, el general de brigada Jesús Gabriel López
Benítez, le dijo al juez que Galván no podía comparecer en Chihuahua porque en
su calidad de asesor del secretario, el extitular de la Sedena tiene que estar
en México para “atender todos aquellos asuntos” relacionados con la defensa de
la nación, la seguridad interior y el auxilio a la población civil”, entre
otros.
El
paso de los huracanes Ingrid y Manuel en la segunda semana de septiembre
pasado, fueron la excusa: “Tal relevancia de las actividades que desarrolla el
general Galván Galván son las actuales circunstancias de desgracia que pasa el
país por las inundaciones ocurridas en gran parte del territorio, donde el
militar requerido está prestando vital asesoría a la nueva administración para
el manejo y despliegue del personal del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales”.
Según
el procurador militar, era “indispensable” la estancia de Galván en la Ciudad
de México o en el lugar que se le requiera, razón “que impide su presentación
ante esa autoridad judicial”, por lo que pidió que su testimonio se realice por
vía de exhorto a un tribunal de la Ciudad de México o por videoconferencia.
Pero hasta ahora nada ha ocurrido, con el consentimiento del juez.
Solapamiento
castrense
La
Sedena ha seguido la misma estrategia con los otros oficiales de alto rango
requeridos. El 11 de octubre le envío un escrito al juez segundo de distrito de
Chihuahua para decirle que los generales Marco Antonio González Barreda y
Felipe de Jesús Espitia por sus nuevas funciones en la secretaría no pueden
separarse de sus cargos en la Ciudad de México.
González
Barreda, quien al momento de los hechos era el comandante de la XI región con
sede en Torreón y que abarca a Coahuila y Chihuahua, es ahora director general
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Después de su responsabilidad en el Operativo Chihuahua, terminó el sexenio de
Calderón como inspector y contralor general del Ejército.
El
general es “un alto funcionario de esta secretaría” que se dedica “de forma
permanente” a hacer “análisis y proyectos de Seguridad Social, lo cual implica
necesariamente su permanencia en la Ciudad de México”.
El
general Espitia Hernández, el responsable directo del operativo como comandante
de la 5ª Zona Militar con sede en Chihuahua, es ahora coordinador de asesores
del ISSFAM. Su tarea es la de “asegurar el desahogo de los asuntos atendidos
directamente por el director general, que por su importancia requieren atención
“urgente y extraordinaria”, por lo que siempre tiene que estar disponible en la
capital del país; además de que participa “en forma directa y activa en los
planes de Desastre Nacional, activando ayudas a la población civil”.
La
institución castrense le dijo al juez que ambos generales “desempeñan cargos
públicos de alto mando”, categoría que de acuerdo a la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea sólo corresponde al titular de la Sedena. Según esa
norma, es el único al que se le puede nombrar alto mando.
La
protección de la dependencia no es únicamente hacia los generales. La PGJM,
también con el beneplácito del juez segundo de Distrito en Chihuahua, ha
obstaculizado la presentación de los encargados de la detención y responsables
de alegada tortura de los militares inculpados, los agentes y mandos de la
justicia militar que se trasladaron desde la Ciudad de México.
El
16 de julio pasado, la Sedena le dijo al juez Zamora Tejeda que el responsable
de las detenciones e interrogatorios, el entonces coronel y ahora general
brigadier David Enrique Velarde Sigüenza, director de la PJM, “actualmente se
encuentra desempeñando actividades propias del servicio en la Plaza de México,
Distrito Federal, por lo que se requiere su presencia permanente en esa plaza”.
Ese
mismo día, dijo que otro de los que participaron en la detención, el mayor de
infantería Nicolás Alonso Pacheco, causó baja del Ejército y ya no está al
alcance de la secretaría.
La
justicia militar dilató tanto como pudo los careos y ampliación de
declaraciones del mayor de infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, quien fue
el encargado de las investigaciones en la CINE.
A
pesar de que la Sedena pedía que declarara vía exhorto, Rivera Medeles tuvo que
presentarse ante el juez apenas el martes 5. En su deposición, dijo que el
acuartelamiento fue ordenado por el exsecretario Galván y que la investigación
comenzó por un anónimo. Aunque admitió que los inculpados declararon sin
abogado, negó que hubieran sido torturados.
Por
otras vías, la Sedena también ha obstruido la defensa. La PGJM, a cargo del
general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, emitió el mensaje CEI (correo
electrónico de imagen) número 70262 para que todos los militares de bajo rango
que sean llamados como testigos para el caso, antes de comparecer en Chihuahua,
se presenten primero ante la justicia militar.
Asimismo,
ha contado con la ayuda del juez Zamora Tejeda, quien programó hasta enero y
febrero de 2014 la ampliación de declaraciones y careo de los policías
militares Roberto Germán Barrera Bermejo y Román Rodríguez Morales, quienes
participaron en la detención.
La
delegación de la PGR en Chihuahua también ha puesto obstáculos para el deslinde
de responsabilidades. El 15 de julio pasado le pidió al juez que los careos y
testimonios de cualquier elemento de la Sedena que haya tenido que ver con la
detención de los acusados se hagan vía exhorto ante un juez en la Ciudad de
México “a efecto de evitar que se trasladen al Estado (sic) y se ponga en
riesgo la seguridad de los elementos castrenses”.
Peor
aún, ha impugnado algunas de las pruebas ofrecidas por la defensa del teniente
coronel Juárez Ramírez. El 23 de agosto se dijo agraviada de que el juez
hubiera aceptado el testimonio de los cabos de infantería Manuel Juárez
Rodríguez y Francisco Lima Reyes, quienes presenciaron la detención del
teniente coronel.
Solicitados
por el jefe militar detenido, ambos ya fueron autorizados a declarar como
testigos, luego de varios meses de litigio que tuvo que seguir el abogado Tadeo
Solano. Incluso, el agente del Ministerio Público federal asignado al caso ha
faltado a diligencias que tendrían lugar al interior de la Tercera CINE.
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