Un amparo para evitar el despojo en el Nevado de Toluca

“No permitiremos el despojo”/Rodrigo Vera

Revista Proceso # 1933, 16 de noviembre de 2013

Habitantes de uno de los 17 núcleos ejidales asentados en las inmediaciones del Nevado de Toluca –“sus verdaderos dueños”, de acuerdo con un título expedido en 1936 por el general Lázaro Cárdenas– se ampararon contra el decreto emitido en octubre último por el presidente Enrique Peña Nieto, que convierte ese Parque Nacional en simple Área de Protección de Flora y Fauna. Además de inconstitucional, confirma el abogado de los ejidatarios, el propósito del gobierno federal es impulsar ahí un proyecto turístico con capital privado y beneficiar al Grupo Atlacomulco, cuyos integrantes llevan lustros fraguando esa idea.

TOLUCA, EDOMEX.– “El gobierno de Enrique Peña Nieto nos quiere quitar nuestras tierras y bosques del Nevado de Toluca para entregarlos a los inversionistas, pero no lo vamos a permitir. Defenderemos la tierra que nos dejó el general Lázaro Cárdenas”, afirma categórico don Octavio de Jesús Palma Estrada, presidente del comisariado ejidal de San Juan de las Huertas, comunidad que posee 2 mil hectáreas de bosque en esa zona montañosa.

Enfundado en una chamarra negra que lo protege del frío, don Octavio agrega indignado:

“Con su decreto presidencial, Peña Nieto le abrió las puertas a inversionistas en nuestras tierras. Sacó ese decreto sin consultar a los ejidatarios. No nos tomó en cuenta. ¡Eso no se vale! ¡Es jugar a la mala!”

 Lo acompaña un grupo de ejidatarios de San Juan de las Huertas que asienten con la cabeza cuando él habla, mientras dan sorbos a sus tazas de café, sentados en torno a una larga mesa.

 Todos están molestos por el decreto de Peña Nieto publicado el pasado 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual le quitó el rango de “Parque Nacional” al Nevado de Toluca, dicen, pasándolo al estatus de “Área de Protección de Flora y Fauna”, categoría con la que ya permite la inversión “privada” en la zona para generar “riqueza”.

 Uno de los presentes, don Fernando Monroy, exclama: “¡Es un vil despojo en contra nuestra! Ese decreto es un despojo disfrazado. Por eso ya interpusimos un amparo”.

 Se refiere a la acción legal que el ejido de San Juan de las Huertas interpuso contra el decreto presidencial el miércoles 13, ante el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca; es el recurso en defensa de sus tierras.

 “Los comisariados ejidales no fuimos oídos respecto de la recategorización para el cambio jurídico de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna, ejerciéndose por parte del titular del Poder Ejecutivo actos discriminatorios”, indica el documento de 53 páginas.

 A los ejidatarios, agrega, Peña Nieto no les respetó su “garantía de audiencia”, estipulada en el artículo 14 constitucional, “merced a la cual todas las autoridades estatales deben oír en juicio a una persona a la que se le pretenda privar de sus derechos”.

 Y al violarse esa prerrogativa por parte de las autoridades, prosigue el amparo, pues se atentó contra la “personalidad jurídica” del ejido de San Juan de las Huertas, protegida por el artículo 27 constitucional. De acuerdo con la norma, “se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra”. Este derecho, sostienen los ejidatarios, es corroborado en el artículo 9 de la Ley Agraria.

 “El titular del Poder Ejecutivo no puede denigrar al núcleo de población de San Juan de las Huertas para la satisfacción de los inversionistas privados, para dar entrada a los multicitados proyectos de los exgobernadores (del Estado de México), tales como el Centro Internacional de Esquí, un campo de golf, hoteles, restaurantes, centros comerciales y fraccionamientos de lujo, en el que se pretende incluso incluir carreteras que en su momento fueron denunciadas por los suscritos y paradas y canceladas”, añade el amparo.

 También indica que la decisión de Peña Nieto esconde “actos simulados” con el propósito de beneficiar a la iniciativa privada:

 “Con el presente decreto se realizan actos simulados no para el beneficio de la protección de flora y fauna del Nevado de Toluca, sino para la inversión y atracción turística de particulares, primeros beneficiarios en llenar sus bolsillos.”

 Ninguneo oficial

 El abogado Misael Toledo Ramírez, quien elaboró el amparo, enfatiza: “Antes de presentar su decreto, Peña Nieto debió haber consultado a los comisariados de los ejidos que poseen los terrenos del Nevado de Toluca. Pero ni siquiera se les informó que los iban a afectar para conocer su postura. Esto es, no se respetó lo que se denomina jurídicamente como su garantía de audiencia”.

 –¿Bastaba con conocer su opinión? –se le pregunta al defensor de los ejidatarios.

 –¡No! ¡No! También se requería la aprobación del órgano supremo del ejido: la asamblea ejidal. Así lo exige el artículo 24 de la Ley Agraria. Debió existir un previo acuerdo de asamblea en el cual debieron estar presentes tres cuartas partes de los ejidatarios, además de un fedatario público y un representante de la Procuraduría Agraria.

 “Además, estos acuerdos tienen que ser aprobados por la Procuraduría Agraria, para luego ser inscritos en el Registro Agrario Nacional. Sólo así pueden tener validez. Pero no se hizo nada de esto. ¡Nada!”

 Mucho menos hubo acuerdos previos entre ejidatarios y empresarios para crear asociaciones civiles o mercantiles, mediante las cuales pudieran obtener beneficios mutuos y generar riqueza con los terrenos del Nevado de Toluca, dice Toledo Ramírez.

 Expone: “En este tipo de acuerdos, los ejidatarios se ponen a negociar, diciéndole a la iniciativa privada: ‘Está bien, te voy a prestar mis tierras, pero tú me vas a dar a cambio tal y cual cosa’. Estos beneficios mutuos deben quedar bien asentados. Pero aquí tampoco se dieron ese tipo de acuerdos permitidos en el artículo 75 de la Ley Agraria”.

 –¿Todo esto debió hacerse antes de emitir el decreto presidencial?

 –Por supuesto. Las leyes marcan que deben seguirse estos pasos antes de afectar a las comunidades ejidales; y debe involucrarse a los ejidatarios y a las instituciones agrarias. El decreto no cumplió con estos requisitos.

 –¿Es un decreto ilegal?

 –Digámosle inconstitucional, porque no está fundamentado en las leyes. Además, atropella los derechos de la comunidad. Todas estas violaciones se cometieron con un solo fin: que los empresarios puedan invertir en el Nevado de Toluca. Esa es la intención del decreto presidencial.

 –¿El propósito del amparo es derogar ese decreto?

 –Sí. Se trata de que siga rigiendo el decreto anterior, expedido en 1936 por el general Lázaro Cárdenas, donde se declaraba al Nevado de Toluca como Parque Nacional y se otorgaron esas tierras solamente a los ejidatarios.

 Según Toledo Ramírez, los dueños del Nevado de Toluca son 17 ejidos y un comunal. A cada uno de ellos –dice– debió consultársele y pedir su aprobación antes de expedir el decreto. Aclara que él sólo representa a los habitantes de San Juan de las Huertas, quienes interpusieron el amparo.

 Aunque no descarta que hagan lo mismo las demás comunidades: “Ignoro si están siguiendo los mismos pasos que nosotros; es muy probable, pues el decreto presidencial ha generado mucha inconformidad entre la población local, que se siente despojada de sus tierras”.

 –¿El amparo podría proteger a los restantes 16 ejidos?

 –Puede ser. Nuestro amparo podría absorber la suplencia de queja de los demás, aunque eso ya le toca determinarlo al juzgado federal, que también puede ampararnos sólo a nosotros, pues la ley protege al que solicita el amparo. No sabemos qué pasará. Pero este asunto es de tal gravedad que incluso puede atraerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 La advertencia del CAUEM

 Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México (CAUEM), alertó desde un principio que el decreto de Peña Nieto intenta favorecer a los empresarios y políticos del Grupo Atlacomulco, quienes llevan años intentando apoderarse de las zonas boscosas del volcán Xinantécatl –como también se le conoce al Nevado de Toluca– para levantar ahí un centro turístico internacional con pistas de esquí en la nieve, campo de golf, hoteles, restaurantes y centros comerciales.

 Chavarría dijo que este proyecto tuvo un fuerte impulso cuando Arturo Montiel –tío de Peña Nieto– fue gobernador del Estado de México, quien no pudo concretar su plan privatizador porque se lo impedía principalmente el decreto de Lázaro Cárdenas.

 Sin embargo, Peña Nieto ya modificó la norma para abrir las puertas a las inversiones del Grupo Atlacomulco, cuyo principal operador para el Nevado de Toluca es el exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza, quien preside una comisión ecologista dedicada a convencer a la opinión pública sobre las bondades del decreto de Peña Nieto (Proceso 1931).

 Los ejidatarios conocen muy bien estas viejas maniobras del Grupo Atlacomulco para apoderarse de sus tierras. Cuenta don Fernando Monroy:

 “Llevamos años padeciendo las presiones del Grupo Atlacomulco para que le permitamos construir pistas de esquí en el volcán. En 1996, la alcaldía de Zinacantepec, municipio al que pertenece nuestro ejido, nos llamaba a juntas para decirnos que aceptáramos las propuestas de poner esas pistas en nuestros terrenos. Nosotros nos negamos. Algunos años después volvieron a intentar convencernos. Nos volvimos a negar.

“Después llegó Peña Nieto al gobierno del estado. Sus intenciones iban en el mismo sentido, pero más simuladas. Impulsó el proyecto de una carretera que atravesaría una zona del Nevado; iría de un punto llamado el Parque de los Venados hasta Coatepec Harinas. Iban a ser unos 15 kilómetros que destruirían árboles, bloquearían los cauces de los arroyos y afectarían a la fauna. Nos opusimos al proyecto y solicitamos la intervención del gobierno federal porque la zona era parque nacional. Impedimos que Peña Nieto hiciera su carretera.

“Ahora que llegó a la Presidencia de la República empezaron a darse movimientos muy raros. Por ejemplo, en febrero pasado nos llamaron a los representantes de los 17 ejidos a una junta en el Museo Virreinal de Zinacantepec.

“Ahí nos estaban esperando funcionarios estatales de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, de Probosque y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.

“Los funcionarios empezaron a decirnos que recibiríamos apoyos y que trabajaríamos juntos para impedir la tala de los bosques. Todo era muy raro, porque siempre habíamos denunciando la tala ante estas mismas autoridades y nunca nos hicieron caso.

 “Yo les dije en su cara que eran unos corruptos. Se molestaron. Luego sacaron unas hojas donde venían escritos los nombres de los ejidatarios; nos pidieron firmar donde aparecía el nuestro; muchos no lo hicimos. Nos dimos cuenta de que había una trampa… Peña Nieto después sacó el decreto del 1 de octubre donde dice que la iniciativa privada puede hacer uso de nuestras tierras.”

 –¿Y con Pichardo Pagaza nunca se reunieron?

 –Sí, pero hasta el 21 de octubre, en la presidencia de Zinacantepec. Ahí nos juntó para decirnos que el objetivo del decreto es proteger el Nevado de Toluca. Le dijimos que no había necesidad de eso, ni dejar entrar a la iniciativa privada ni quitarle el rango de Parque Nacional al Nevado…

 “Pichardo nos dijo que enviaría a algunos de sus técnicos para que nos explicaran bien cómo está el asunto… Y aunque todavía los estamos esperando, decidimos  amparamos.

Contraversiones

Ignacio Pichardo Pagaza, quien preside la llamada Comisión Estatal para el Rescate del Nevado de Toluca, ha venido declarando que el Xinantécatl está “gravemente enfermo”, principalmente por la tala, la erosión y el agrietamiento de grandes extensiones de terreno. Con el decreto –asegura– se pondrá fin al deterioro.

A su vez, Luis Fueyo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en una conferencia de prensa realizada el martes 12, también afirmó que el decreto es para recuperar la “vocación forestal” del Nevado de Toluca. Y prometió que no se construirá en la zona ningún desarrollo turístico, ni pistas de esquí ni campos de golf ni ninguna otra obra.

Sobre estas promesas, dice el abogado Toledo Ramírez:

“Son puro engaño, declaraciones hechas para despistar, pues los hechos están demostrando otra cosa muy distinta: el nevado ya se abrió a la inversión privada, el siguiente paso será otorgarlo en concesión a los inversionistas, valiéndose del artículo 16 de la Ley de Bienes Nacionales, que contempla la figura de la concesión.”

 Lo secunda don Octavio de Jesús Palma, presidente del comisariado ejidal de San Juan de las Huertas:

 “Simplemente no creemos en esas falsas promesas. Por ejemplo, Probosque acaba de enviarnos un tabulador donde se dice que en 2014 vamos a recibir 14 mil pesos por cada hectárea; en 2015 y 2016 recibiremos 8 mil 500 por hectárea por año. En fin, piensan que con esas cifras nos van a engatusar.”

 Asegura don Octavio que por lo menos 10 de los 17 ejidos del Nevado de Toluca se oponen drásticamente al decreto de Peña Nieto: San Juan de las Huertas, Raíces, Ojo de Agua, Loma Alta, Contadero, Buenavista, San Pedro Tejalpa, San Cristóbal Tecolit, La Puerta del Monte y San Antonio Acahualco.

 Son ejidos que poseen vastas extensiones de las 53 mil hectáreas del volcán Xinantécatl. El de San Juan de las Huertas –dice don Octavio– tiene 2 mil hectáreas de puro bosque que les entregó el presidente Cárdenas.

 Don Fernando Monroy concluye con un gesto decidido y frunciendo el entrecejo: “El Grupo Atlacomulco quiere apoderarse de nuestras tierras por puro capricho. Hacer aquí un centro turístico para sacar dinero con gente extraña que vendrá sólo a divertirse por un rato. Para nosotros estas son nuestras tierras donde siempre hemos vivido. Es lo único que tenemos. No vamos a dejar que nos las quiten”.