Michoacán lo
que necesita es seguridad, no impactos en medios ni simulaciones
El
estado de derecho en Michoacán se deteriora desde 2006 pero desapareció con el
ascenso al poder de Fausto Vallejo;
La escalada de Los Templarios y su accionar
impune es lo que provocó la aparición de las autodefensas.
Al
clamor de seguridad de los michoacanos el gobierno de Enrique Peña ha
respondido con medidas mediáticas que son percibidos como simulación: el
expolio de la población continua en las narices de varios policías federales y
militares.
Lo
que el gobierno de Enrique Peña debe hacer es restaurar el orden y el estado de
derecho con apoyo de la fuerza pública.
Ante
la caída de Michoacán en la condición de Estado fallido, en la cual hay un
gobierno formal pero el poder efectivo lo tienen los grupos criminales y en
particular Los Templarios, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene
la obligación de restablecer el estado de derecho de forma inmediata y debe
para ello hacer uso de todos los recursos y potestades que las leyes le
confieren.
Desde
cuando menos 2006 Michoacán ha venido sufriendo un acelerado proceso de
deterioro del estado de derecho, pero este terminó por ser destruido partir de
la toma de posesión de Fausto Vallejo Figueroa el 15 de febrero de 2012. A
partir de entonces Los Templarios iniciaron una escalada de agresiones contra
la población, pues creyeron llegado el momento de cobrar el apoyo que mediante
el uso de la violencia y la intimidación dieron para que el actual mandatario
estatal se impusiera en las elecciones del 13 de noviembre de 2011.
Precisamente
porque Los Templarios generalizaron la extorsión y elevaron los montos del pago
de “derecho de piso” y porque no contentos con ello además pretendieron
disponer de las hijas, madres, hermanas y esposas de los habitantes, sobre todo
de Tierra Caliente y porque todo esto ocurrió
con la complacencia de no pocas autoridades de los tres niveles de
gobierno, fue que surgieron las autodefensas.
O
como lo dijo monseñor Miguel Patiño
Velázquez, obispo de Apatzingán, en su valiente carta pastoral del 15 de
octubre de 2013: El obispo, como líder social, como voz de los que no tienen
voz, hablo con la verdad y exige justicia
“Los
gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales,
y cada vez más crece el rumor que el Gobierno Estatal también está al servicio
del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad.
“Son ya seis municipios que, al ver sus
gobiernos municipales vendidos con el crimen organizado y la incapacidad del
Gobierno Federal para restablecer el Estado de Derecho, han tomado la
determinación de organizarse para autodefenderse. En estos municipios se
expulsaron a los miembros del crimen organizado, con lo que se acabaron las
cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones. Pero
ahora son agredidos constantemente por los Caballeros Templarios, que intentan
recuperar las plazas perdidas y ahogarlos, dificultándoles la comercialización
de sus productos o impidiendo que las pipas de gasolina surtan las gasolineras
que se encuentran en esos municipios.”
Felipe Calderón
Hinojosa
fue incapaz y no tuvo la voluntad para solucionar la situación de Michoacán.
Prueba de ello es que se negó a hacer cumplir la orden de aprehensión contra
Julio César Godoy Toscano, quien era parte de la dirección La Familia
Michoacana y se negó también a investigar a su hermano, el ex gobernador,
Leonel Godoy Rangel por su relación con ese grupo criminal, del cual se
escindieron Los Templarios.
Por
sus omisiones el expresidente Calderón puede y debe ser llamado a cuentas. Pero
él ya no es el Presidente de la República, lo es Enrique Peña. Y ante el
agravamiento de la situación en Michoacán ¿cuál ha sido su desempeño? Para
responder volvemos a citar la valiente y clarificadora carta pastoral de
monseñor Miguel Patiño Velázquez, obispo
de Apatzingán:
“Desde mayo tenemos la presencia de las
fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina) con una estrategia para
devolver la paz a Michoacán. Su presencia se constata por todas partes, pero
hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia, porque no se ha
capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun
sabiendo dónde se encuentran; prácticamente en su presencia se extorsiona, se
cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas. Nos llama la atención cómo
no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado,
y hasta la fecha no hayan liberado a nadie cuando se cuentan por decenas las personas
levantadas.”
Es
decir ante el clamor de seguridad de los michoacanos, el gobierno de Enrique
Peña les ha respondido con… baratijas, con simulaciones. Porque los retenes y
patrullajes que no ponen fin a las extorsiones, secuestros, despojos, robos y asesinatos
son eso, baratijas, simular que se pretende restablecer el orden cuando se
carece de la más mínima voluntad de hacerlo.
También
son baratijas los ofrecimientos de “programas sociales” a los habitantes de las
zonas donde hay autodefensas. ¿De veras creen los gobiernos federal y estatal
que porque les regalen gafas para los niños o impartan cursos de gastronomía o
macramé los habitantes se van a olvidar de que no pueden salir de sus
comunidades porque pueden ser secuestrados o asesinados por Los Templarios?,
¿de veras creen que los habitantes de Michoacán, de lugares donde no hay
autodefensas, se van a olvidar de que tienen que pagar derecho de piso o que si
no lo hacen pueden ser asesinados o sufrir el despojo de sus propiedades y que
todo esto ocurre en las narices de policías federales y militares?
Lo
que el gobierno de Enrique Peña tiene que hacer y ya lo sabe, pero se lo
recordamos:
1) Erradicar por completo las prácticas de
extorsión y en particular el cobro de “derecho de piso”, los secuestros,
despojos y asesinatos por parte de los grupos criminales y en particular de Los
Templarios.
2) Desarticular por completo a esas
organizaciones criminales para lo cual todos sus líderes y todos los
integrantes de sus células deben ser detenidos.
3) Realizar una investigación sistemática y
exhaustiva de los gobernantes de los tres niveles de gobierno, los ex
gobernantes que han brindado protección a los grupos criminales y sus
personeros, incluyendo a los familiares del actual gobernador Fausto Vallejo y
el ex gobernador interino Jesús Reyna García, así como del ex gobernador Leonel
Godoy, entre muchos otros, para -en su caso- acusarlos penalmente y hacer que
paguen por sus crímenes.
4) Proceder a la aprehensión de los
responsables materiales e intelectuales del asesinato del Presidente Municipal
de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011 y
respecto a los cuales la Procuraduría General de la República dispone de la
información suficiente pero se ha negado a actuar, favoreciendo así la
impunidad.
5) Hacer efectiva la orden de aprehensión
por el asesinato de 14 agentes federales y delincuencia organizada contra Julio
César Godoy Toscano.
6) Se den plenas garantías a la seguridad
del obispo Miguel Patiño Velázquez y demás religiosos de la diócesis de
Apatzingán que de manera tan ejemplar y valiente han denunciado el estado de
cosas que prevalece en Michoacán. A ellos expresamos nuestra más completa e
incondicional solidaridad.
7) Que en lugar de desentenderse de manera
irresponsable de la protección de los gobernantes locales, el gobierno federal
asuma su obligación de protegerlos. Cuando un gobierno admite que no puede ni
siquiera proteger a los gobernantes ¿qué pueden esperar los ciudadanos de a pie?
8) Promover y facilitar la denuncia
ciudadana y aprovecharla.
Si
el Presidente Enrique Peña considera que no puede cumplir con su obligación, si
cree que las fuerzas de seguridad bajo su mando no pueden cumplir con su misión
de restaurar el orden y el estado de derecho en Michoacán, pues que lo admita y
actué en consecuencia. Aun admitiendo semejante desastre le quedan opciones,
como la de contratar a una empresa militar privada extranjera para que hagan la
tarea que las fuerzas nacionales de seguridad pública, al parecer, son
incapaces de cumplir.
Cuando
en 2004 la ciudad de Nueva Orleans fue azotada por el huracán Katrina y la
atención de los damnificados era imposibilitada por el caos y la acción de
bandas criminales y cuando la policía local y la Guardia Nacional eran
incapaces de garantizar seguridad, para restablecer el orden el gobierno
estadounidense no dudó en recurrir a una empresa militar privada (Blackwater).
Si
para para cumplir la más primordial de su obligaciones, que es proteger a los gobernados,
el gobierno del país más poderoso del mundo no dudó en contratar a una empresa
militar privada ¿por qué no puede hacerlo el gobierno de Enrique Peña Nieto?
Organizaciones
de la Sociedad Civil
Lic.
José Antonio Ortega Sánchez
Presidente
Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC
Lic.
Ernesto Benítez Valle
Representante
Fondo
Unido Rotario de México AC
Mtro.
Francisco J. Landero Gutiérrez
Presidente
Suma
por la Educación
Lic.
Ricardo Espinoza López
Secretario
General CEN de la
Confederación
Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana
Bernardo
de Legarreta Lores
Unión
de Padres de Familia Michoacán
Ing.
Humberto Arellano Carrasco
Movimiento
Blanco Capítulo Michoacán
Lic.
Aurelio Valdespino
Red
Social por un México Libre de Adicciones
Ing.
Humberto Arellano Carrasco
Movimiento
Blanco Capítulo DURANGO
Lic.
Silvia Lupián Durán
Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Baja California Sur
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