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impugnaciones contra la designación de Perla Gómez/Gloria Leticia Díaz.
Revista Proceso # 1933, 16 de noviembre de 2013
Bajo
sospecha de ser producto de una imposición del gobierno de Miguel Ángel
Mancera, el reciente nombramiento de Perla Gómez Gallardo como presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por parte de la
Asamblea Legislativa (ALDF) ya está siendo sometido a procesos judiciales y
administrativos.
El
baluarte con el que Gómez Gallardo asumió la presidencia del organismo público
–la transparencia– fue puesto en duda por los anteriores aspirantes al cargo y
organizaciones civiles que los respaldaron.
Hasta
el cierre de esta edición los tribunales federales analizaban dos solicitudes
de amparo, y la oficina de transparencia de la ALDF había recibido al menos
tres solicitudes de información de excandidatos que exigían conocer los
criterios de selección, además de la evaluación de cada uno de los 29
participantes en el proceso para relevar a Luis González Placencia.
El
anterior defensor renunció a que su ratificación –dictaminada dos meses antes
por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF– fuera sometida a votación en el
pleno, sabedor de que no contaba con los 44 sufragios mínimos para permanecer
otros cuatro años al frente del organismo, pese a contar con el respaldo de unas
400 firmas de organizaciones civiles y de académicos.
En
su primera semana como ombudsperson –como se le ha bautizado–, Gómez Gallardo
ha sido cuestionada tanto por el procedimiento mediante el que llegó como por
el primer nombramiento que hizo: designó a Sergio Jesús González Muñoz como
tercer visitador; él es compadre del secretario de Gobierno capitalino, Héctor
Serrano (Proceso 1932).
Sobre
este caso, Gómez ha reiterado que la tercera visitaduría estaba acéfala con
“casi 800 quejas de rezago”, y que fue seleccionado por contar con un perfil
acorde con “la conciliación y en el acercamiento con autoridades”, según
explicó en conferencia de prensa el miércoles 13.
Experta
en litigios sobre libertad de expresión, la presidenta de la CDHDF ha defendido
la legitimidad de su nombramiento al señalar que fue producto de una
“convocatoria abierta”, que su postulación obtuvo 57 votos de los legisladores
locales y que contó con el respaldo de organizaciones civiles que validaron su
perfil y el de siete aspirantes más.
Además
reconoció el derecho de excandidatos y ciudadanos de acudir a las instancias
judiciales y administrativas, y descartó sumarse a la solicitud de abrir los 29
expedientes y evaluaciones de los participantes. “Yo sería muy respetuosa de
cómo maneja el proceso la propia asamblea en cuanto a su propio lineamiento que
tiene en materia de transparencia”.
La
judicialización del proceso se inició con la renuncia de González Placencia;
este hecho motivó que organizaciones civiles representadas por la Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) interpusieran amparos. De estas
solicitudes, dos se encuentran en revisión por parte de tribunales colegiados,
informó la representante legal de la organización, Margarita Griesbach Guízar.
En
ambos procedimientos el ente público cuestionado es la ALDF y, en particular,
su Comisión de Derechos Humanos. La denuncia central es el desdén de diputados
hacia las opiniones de la sociedad civil, primero al no ratificar a González
Placencia y después a la hora de definir la convocatoria.
En
el amparo contra la renuncia del exdefensor, la ODI solicitaba que el juez
ordenara la “reinstalación de Luis González Placencia y la interrupción de
cualquier proceso presente o futuro respecto de la selección de un nuevo
ómbudsman hasta en tanto la ALDF no tome una decisión fundada y motivada en
donde justifique cuál fue la valoración de la voz de la sociedad civil”.
Presentado
el 4 de octubre, el amparo se encuentra en revisión, “y lo interesante es que
el colegiado no concede la suspensión del acto reclamado, porque considera que
en caso de que se determine que la ALDF violó los derechos de las
organizaciones, el proceso de selección del ómbudsman se puede retrotraer, es
decir, se tendría que reponer”, explica la abogada.
El
segundo recurso admitido fue interpuesto por un académico representado por la
ODI. “El amparo fue en contra de la convocatoria, primero porque no excluyó a
los académicos de la consulta, sólo se limitó a organizaciones, y porque no
cumplió con los estándares internacionales fijados por organizaciones de
derechos humanos, como la Corte Interamericana, que definen que un proceso de
participación ciudadana debe ser informado, acordado y efectivo. La
convocatoria para elegir al ómbudsman del DF careció de esos lineamientos, que
son casi de sentido común. Cómo voy a participar si no sé qué valor o
consideración se le va a dar a mi opinión”.
Una
vez designada Perla Gómez, la exaspirante Alejandra Nuño Ruiz Velasco hizo una
solicitud de información a la ALDF: pidió todos los currículos de los
candidatos, cartas de postulación, programas de trabajo, cartas de apoyo o veto
y versión estenográfica de las 29 entrevistas, “aclarando los diputados que
estuvieron presentes en cada una de ellas”.
Nuño
Ruiz Velasco, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), fue directora del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y fungió como cuarta visitadora de
la CDHDF durante el segundo periodo de gestión de Emilio Álvarez Icaza.
Ruiz
exigió a la ALDF todos los “documentos, actas y videos relacionados con la
discusión de la metodología para calificar la puntuación de cada candidato”,
así como conocer por qué “la metodología y el puntaje establecido el sábado 2
de noviembre de 2013 por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa no fueron incluidos en la convocatoria difundida el mes de octubre
del año en curso”.
Con
copia para el titular de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, y la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos legislativa, Dinorah Pizano, la
defensora solicitó asimismo las 29 calificaciones de los aspirantes
clasificadas por rubros.
En
entrevista, Alejandra Nuño refiere que dicha solicitud tiene que ver con una “exigencia
de congruencia. Si bien llegamos a un proceso muy complicado por la
preocupación que causó la renuncia de Luis González Placencia, lo cierto es que
los candidatos nos ajustamos a los plazos que fijaron los diputados, y también
es un asunto de congruencia: En las entrevistas los diputados insistieron en el
tema de la transparencia y rendición de cuentas, y eso es lo que exigimos”.
Otros
candidatos que han solicitado información a la ALDF son José Antonio Guevara y
José Luis Caballero.
El
viernes 8, otro de los contendientes, Manuel Fuentes Muñiz, promovió un amparo
en el Juzgado Décimo Administrativo contra la ALDF, y en particular contra la
Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo.
Fuentes
Muñiz, quien es consejero de la CDHDF, responsabilizó a los legisladores de
incurrir en diversas omisiones: no preservaron su autonomía; no garantizaron la
“transparencia en el proceso para determinar con qué criterios se evaluó”, como
lo dispone el artículo 102 constitucional, y no estableció los mecanismos que
observen “los derechos de audiencia, seguridad y certidumbre jurídica”, ni “de
un recurso sencillo, rápido y efectivo” que garantice los derechos de quienes
aspiren al cargo de ómbudsman local.
Una
de las quejas de Fuentes Muñiz es que se enteró del nombramiento del titular de
la CDHDF por los medios de comunicación, “sin que se me haya notificado
legalmente el dictamen correspondiente ni el procedimiento que fue seguido ni
se me informó qué criterios se tomaron en cuenta para la elección de presidente,
o de qué manera se evaluó la participación de la ciudadanía”, según se lee en
el amparo de 24 fojas registrado bajo el número 019729/2013.
En
entrevista, Fuentes Muñiz aclara que con su recurso no pretende desbancar a
Perla Gómez. “El origen del amparo está en la preocupación de intervención del
gobierno, y lo que planteo a la ALDF es que explique cómo resguardó la
autonomía del proceso”.
Según
el consejero de la CDHDF, entre la segunda y la tercera semana de octubre
diputados locales le confiaron que estaban siendo presionados para apoyar a
Perla Gómez por contar con la simpatía del jefe de Gobierno, e incluso “a los
priistas se les dijo que como el PRD había apoyado la reforma hacendaria de
(Enrique) Peña Nieto, tenían que responder votando a favor de ella. También se
les dijo que había una carta del rector de la UNAM, José Narro, a su favor,
pero no se dio a conocer”.
El
jueves 14, el bufete jurídico Tierra y Libertad solicitó un amparo en el que
amplió la lista de autoridades presuntamente transgresoras: además de la ALDF y
a su Comisión de Derechos Humanos se incluye al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, y al secretario de Gobierno, Héctor Serrano.
La
organización, constituida en 1990, asentó que no se ha dado a conocer “la
experiencia en el trabajo en la defensa de los derechos humanos de la
mencionada Perla Gómez. Todo ha sido oscuro y manipulado”, afirmó Bárbara
Zamora, representante de la agrupación.
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