La toma de Apatzingán/Juan Veledíaz

La toma de Apatzingán/Juan Veledíaz

La Silla Rota, 30 de octubre de 2013

¿Cómo explicar la ingobernabilidad que vive Michoacán?

Aquel mensaje llegó a la redacción del diario El Universal en los últimos días de noviembre del 2007. Era de una fuente confiable que se comunicó vía telefónica a la redacción desde Apatzingán, donde días antes, dos enviados del periódico habían realizado una serie de reportajes sobre un par de candidatos a presidentes municipales vinculados al narcotráfico. El rotativo había dado también relevancia en su portada de aquellos días sobre cómo empeoraba la situación de seguridad en los municipios de la Tierra Caliente.

Hubo una advertencia de que aquellos dos reporteros no regresaran a Apatzingán, sus vidas corrían peligro, ya que lo que habían publicado tenía muy molestos a los familiares de los candidatos, es decir, los capos que no les gustó nada lo que se publicó. En los primeros días, el mensaje fue tomado con reserva, pero semanas después, una de las personas, un reportero local, que ayudó a que no hubiera “imprevistos” en el desplazamiento por carretera entre Apatzingán y  Tepalcatepec y en comunidades aledañas, “desapareció” sin que a la fecha se sepa nada de él. El suceso preocupó demasiado a los enviados y quedó registrado como uno de los actos que se multiplicarían a partir de esas fechas contra trabajadores de medios locales, no solo en Michoacán, sino en Tamaulipas y otros estados del país.

Al paso de los años, la situación no mejoró. Al contrario, el control de la delincuencia organizada de los municipios de la Tierra Caliente michoacana, convirtió la labor de investigación periodística en esta región del país en algo imposible. Hubo necesidad de crear mecanismos de entrevistas y verificación de datos apoyados en personas de confianza que ahí residían, quienes con cautela y más sigilo, hacían llegar información fuera de sus comunidades. También la rotación de fuentes de información, como los mandos militares, permitió tener el pulso a la región durante el sexenio de Felipe Calderón.

La estructura de protección social a las mafias de la delincuencia organizada está fincada en la ausencia de la autoridad constituida y todo lo que ello implica, es decir, una noción básica de gobierno con programas de salud, mejora en la economía regional, desarrollo de las comunidades, y un largo etcétera que pasa por cuerpos de seguridad profesionales vinculados más a la sociedad que a las mafias. Suena a utopía, pero desde principios de los años 60, un comandante militar que estuvo al frente del batallón 49 en Apatzingán, el general de división Salvador Rangel Medina, lo dejó escrito en sus análisis y reportes de estado mayor hechos llegar al presidente de la república y al secretario de la Defensa de ese entonces (El general sin Memoria, Una crónica de los silencios del ejército mexicano. Ed. Debate. 2010).

Los estudios de antropología social, los libros de crónicas y reportajes, los análisis sociológicos y los estudios macro y microeconómicos sobre Michoacán, por citar diversas disciplinas que han abordado la realidad de lo que pasa en los 17 municipios de la Tierra Caliente del estado, coinciden en algo fundamental: la base social del narcotráfico es algo más que una estructura de protección, es una manera de vida, de interacción y de generar economía. Algo ocurrió en los últimos años que la situación se volvió incontrolable.

Y uno de los factores que influyó fue la pérdida de “control institucional” sobre las mafias, la desarticulación del tejido de interacción entre los capos y los poderes establecidos, y la ausencia de un ‘plan b’ del gobierno en turno ante este situación. Cuando inició la gestión del panista Vicente Fox, se puso en marcha la desarticulación del servicio civil de inteligencia conocido como Cisen. Existía el antecedente que el último gobierno del PRI, que encabezó Ernesto Zedillo, había asestado varios golpes importantes a la mafia de los hermanos Amezcua Contreras, los personajes más visibles en Michoacán que controlaban el llamado cartel del Milenio. Sus antiguos socios, alguno de ellos hasta ese momento subordinados, se independizaron y formaron la Familia, una palabra que daba idea de lo que implicaba la naturaleza de quienes vivían y dependían del negocio del cultivo y tráfico de drogas.

Hubo un hecho fue fundamental entre el año 2001 y el 2006. La ausencia de un contrapeso a las decisiones del presidente de la república, como había ocurrido en otros gobiernos, donde el secretario de la Defensa Nacional era algo más que un funcionario al frente de una dependencia, era en la práctica el principal consejero sobre temas de seguridad interior y quien le hacía ver “otras” realidades al presidente. Este contrapeso nunca cuajó en la figura del general Gerardo Clemente Vega García. Hay militares de alto rango, hoy retirados, que aseguran que su ascendencia duró poco, y dentro del ejército, quedó rebasado por la circunstancia de no tener la suficiente experiencia en el ejercicio del mando de tropas, una actividad clave para ocupar la responsabilidad de encabezar la Defensa Nacional. Del general Vega, sólo queda en estos días las versiones corroboradas de sus problemas emocionales,  que cuando fue secretario traspasaron las puertas de sus oficinas, y que hoy día lo tienen postrado —sin contacto con su entorno— en Chihuahua.

Esta situación abonó el caos que se avecinaba en Michoacán. La llegada de Felipe Calderón, con un equipo de seguridad sin información de inteligencia sobre cómo operaba y las mutaciones que había tenido la mafia en la Tierra Caliente michoacana, terminó por descomponer más la situación. En diciembre del 2006, cuando al iniciar su sexenio lanzó la operación militar en esa región, viajamos durante varios días por esos caminos, y los mandos militares y policiales, se quejaron off the record de lo que después vendría a ser una constante y rasgo fundamental del sexenio: demasiado ruido, muchos avisos en los medios electrónicos, y cero resultados sobre las cabezas financieras y de logística de la organización que se fragmentó y en el colmo de su “misticismo” una facción se autodenominó Caballeros Templarios.

Estos individuos que consideran un “agravio” que el gobierno intente actuar en su territorio, le sobran recursos y “sistema de inteligencia” para saber cómo y cuándo golpear en su terreno. No por algo su base social se fragmentó a raíz de la estrategia de extorsión y secuestro como instrumento de financiación “paralela”. El hartazgo de la población creció paralelo al vacío de poder institucional tanto en los municipios como en el gobierno del estado, gangrenado de raíz, lo que agudizó la desconfianza de actores clave como el ejército con funcionarios civiles, la mayoría de ellos coludidos de alguna forma con la delincuencia organizada. El surgimiento de los grupos de autodefensa no se explicaría sin este contexto.

Y fueron estos actores quienes al medio día del sábado, entraron a Apatzingán para manifestarse frente a la presidencia del municipio más importante de la Tierra Caliente michoacana. Las escenas de esa tarde, cuando intentaban realizar un mitin y fueron atacados a tiros desde lo alto de un par de inmuebles, hablan de la reacción de los Templarios ante la incursión más importante en su territorio desde que así se autodenominan. Tuvo que intervenir el ejército, cuyo mando territorial pidió a las autodefensas no entrar armados al poblado, para garantizar que aquello no se convirtiera en un baño de sangre.

Por diversas fuentes militares y civiles, se corroboró que horas después, un grupo de los Templarios realizó una serie de ataques coordinados, durante en la madrugada del sábado, contra seis gasolineras y 18 estaciones de energía eléctrica a manera de mensaje al gobierno federal por “la protección” que el ejército dio a los autodefensas, quienes con su entrada a Apatzingán, anunciaban el inicio de las operaciones de un grupo de personas del mismo municipio que se unía como policía comunitaria para patrullar las calles de ésta ciudad.

Era la toma de Apatzingán por las autodefensas, el mayor reto quizá que los Templarios podrían recibir en su territorio.

Fosa Común

La avalancha de sucesos enciende otra alerta roja, ésta en Quintana Roo, donde el gobierno del priísta Roberto Borge, se descompone a paso acelerado ante su intransigencia y frivolidad para abordar el problema de los recortes presupuestales y las protestas de los maestros, quienes se atrincheran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Bombas incendiarias contra estaciones de radio que dan voz al magisterio, incendios premeditados de negocios en este poblado, donde los propietarios han dado apoyo abierto al movimiento. Algo puede estallar en esa esquina del país. 

Twitter: @velediaz424