Tamaulipas,
propiedad criminal/
LA REDACCIÓN
Proceso # 1943, 25 de enero de 2014;
En Tamaulipas el
imperio de los cárteles cumplió una década. Controlan desde la tortilla y el
pollo que uno se come hasta el tianguis, la universidad pública y el estadio que
frecuenta. Ese territorio está más lejos de las leyes mexicanas que de las
estadunidenses: la Unión Americana ha investigado a tres exgobernadores por
proteger a Los Zetas o al Cártel del Golfo. Por esas razones ya surgió el
primer grupo de autodefensa tamaulipeco.
TAMPICO, TAMPS.-
Más de una década de complicidad entre el crimen organizado y gobernadores,
funcionarios municipales y jefes policiacos permitió a los cárteles controlar
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), hoteles, casinos y empresas de
espectáculos. A últimas fechas y gracias a que incursionaron en el robo de
ganado, ahora operan carnicerías, dirigen la distribución del pollo y dominan
las tortillerías, entre otros muchos negocios.
Los delincuentes
también controlan el sistema de transporte de varias ciudades tamaulipecas
gracias a su amasiato con líderes sindicales; la venta ilegal de gasolina,
mercados rodantes y la distribución de cerveza en los estadios de futbol, así
como su venta en bares y depósitos de su propiedad. Además cobran piso a una
infinidad de comercios y empresas, denunciaron ciudadanos, empresarios y
funcionarios que hablaron con Proceso a condición de que no se revelaran sus
nombres, pues sus vidas correrían riesgo.
Las dos mafias
predominantes en Tamaulipas –Los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG)– se metieron
como el agua en cualquier empresa donde reinaran la corrupción y la ilegalidad.
Del tráfico de drogas y el narcomenudeo saltaron a ser propietarios de todo
tipo de giros negros. Incursionaron en la piratería e hicieron del secuestro
una industria.
En diversas
ciudades del noreste compiten con Pemex en la distribución de combustibles. No
sólo cuentan con decenas de “gasolineras” clandestinas –disfrazadas de
vulcanizadoras– en barrios y carreteras federales; ahora también obligan a los
propietarios de establecimientos a comprarles la gasolina robada de los ductos
de la paraestatal. “En las ciudades fronterizas ese negocio les proporciona
ganancias por alrededor de 10 millones de pesos diarios”, denunció uno de los
empresarios que hablaron con Proceso.
En Tampico, el
CDG controla la distribución de la cerveza Tecate y todas las marcas de la
Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, ahora propiedad de la holandesa Heineken, por
lo que impiden la distribución de las marcas del Grupo Modelo, propiedad de la
firma belga Anheuser-Busch InBev.
“A través de su
empresa Viento Rodeo han organizado decenas de macroeventos, desde espectáculos
de motocicletas y monster trucks a un sinfín de conciertos. De igual manera se
les ha relacionado con el control del estadio Tamaulipas (para la venta de
cerveza), donde juega el equipo Tampico-Madero y donde generalmente hacen los
conciertos”, comenta a este semanario otro de los entrevistados.
En la página de
Facebook de Viento Rodeo, empresa ubicada en Ciudad Madero, únicamente se
promueve la cerveza Tecate.
En la zona
metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, el CDG controla la distribución de
pollo y varias tortillerías. Además, rutas de trasporte y taxis están bajo su
poder. Tienen flotillas de camiones y tráileres robados. Extorsionan y hurtan a
las empresas navieras e hicieron de Tampico la ciudad que ocupa el tercer lugar
nacional en secuestros.
“Se han adueñado
de hoteles que han quitado de forma violenta a sus dueños”, denunció otro de
los empresarios entrevistados.
En Ciudad
Victoria Los Zetas le siguen los pasos a sus rivales y recientemente crearon
una empresa que organiza bailes. La promueven por todos los medios de la
capital del estado.
El pasado
diciembre la empresa de espectáculos propiedad de Los Zetas organizó una
posada-baile donde se presentó el Grupo Indio. El acto fue anunciado
masivamente en la capital de Tamaulipas por radio, cartelones, pintas en
bardas, etcétera.
Días después el
grupo criminal realizó un operativo en diversas colonias de Ciudad Victoria
para repartir Roscas de Reyes dentro de una bolsa blanca marcada con una Z
negra. Las roscas fueron entregadas por hombres embozados que se desplazaban en
camionetas, en las colonias La Moderna y Ampliación Lindavista, entre otras. El
reparto fue vigilado por hombres armados, discretamente y a la distancia.
En alianza con
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Los Zetas
controlan parte del transporte público. Sus taxis utilizan los logos de esa
central. Uno de los líderes de esa organización sindical es el responsable de
cobrar las cuotas a las rutas de camiones extorsionados.
En Monterrey, de
hecho, uno de los familiares de Agustín Serna Servín, líder de la CROC, es
señalado como distribuidor de droga en la populosa colonia Moderna.
“En Ciudad
Victoria tienen una empresa llamada Correcaminos, la cual usa taxis sin
placas”, especificó uno de los empresarios entrevistados. “Sobre las
carnicerías, el año pasado mataron a muchos dueños porque se negaban a comprar
el ganado robado. Y también hubo asesinatos de dueños de ferreterías”.
Los negocios de
ambas mafias se extienden a todas las ciudades del estado. En Matamoros el CDG
opera su propio mercado rodante, donde vende mercancía robada. También extrae
la gasolina del ducto que va a Brownsville. Mientras que Los Zetas en Nuevo
Laredo operan al menos un casino, El Amazonas, y controlan todo el contrabando
que pasa por esa ciudad fronteriza rumbo a la Ciudad de México.
“La Universidad
Autónoma de Tamaulipas es otra institución local que ha tenido problemas con
los narcos. Se adueñaron de las instalaciones hace dos años y ahí llegaron a
albergar a los maras que vinieron a apoyar a Los Zetas. Era centro de
operaciones y los halcones siguen ahí, lo mismo que vendedores de droga. Hace
poco se adueñaron de negocios dentro de la universidad y cobraban cuota por
dejar trabajar a los maestros, además de que había muchos aviadores del crimen
organizado que fueron colocados con apoyo del gobierno”, dijo una de las
personas entrevistadas a condición del anonimato.
En la UAT Los
Zetas venden droga y obligan al personal docente y a alumnos a comprar boletos
cuyos “premios” nadie gana.
“Gracias a los
funcionarios públicos que mantienen en su nómina tienen un control férreo en la
mayor parte de los municipios. Las dependencias del gobierno estatal bajo su
control, parcial o absoluto, son Tránsito, Seguridad Pública, Ministeriales,
Protección Civil, Comapa, Alcoholes y los penales”, aseguró uno de los funcionarios
entrevistados.
Mantienen
“narconegocios” dentro de las cárceles. El mayor centro de entrenamiento y base
de operaciones del CDG en el sur del estado es el penal de Altamira. “Ahí sí
hay de todo y eso que el Ejército cuida las entradas”, agregó la fuente.
Tres
gobernadores
El CDG comenzó a
controlar el estado al amparo del gobernador Manuel Cavazos Lerma. Se consolidó
durante las administraciones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Los tres
gobernadores están siendo investigados por autoridades estadunidenses por sus
presuntos vínculos con el narcotráfico.
La indagatoria
más avanzada es contra Yarrington, quien ya enfrenta acusaciones penales por
lavado de dinero y por relacionarse con un cártel del narcotráfico. Demandas en
su contra se presentaron en mayo de 2012 en cortes federales de San Antonio y
Corpus Christi. El exmandatario ya perdió los primeros juicios civiles, en los
que le quitaron cuentas bancarias, aviones y varias propiedades por más de
siete millones de dólares.
Una de las primeras
demandas la enfrentó en la corte de Brownsville, Texas. Fue de carácter civil y
sólo era para quitarle un lujoso departamento en la Isla del Padre y otras
propiedades. En este juicio salió a relucir que el exmandatario adquirió, a
través del empresario constructor Fernando Cano Martínez, las propiedades en la
Isla del Padre y San Antonio. Cano también fue señalado por lavado de dinero.
El gobierno
estadunidense acusó a Yarrington de comprar propiedades a través de
prestanombres con recursos que fueron pagados al exgobernador por proteger al
CDG, primero cuando fue alcalde de Matamoros y luego como mandatario de
Tamaulipas.
El pasado 16 de
agosto, el Departamento del Tesoro subastó un apartamento en la torre de
condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que fue confiscado al empresario
ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza. Él confesó ser prestanombres de
Yarrington.
También le
decomisaron (y luego se subastó) una residencia de dos niveles, cinco recámaras
y seis y medio baños ubicada en el número 9001 de Ware Road, un exclusivo
sector de la ciudad fronteriza de McAllen.
La propiedad fue
asegurada en julio del año pasado y mide 12 mil 770 metros cuadrados, con mil
491 metros de construcción. Tiene un valor superior a los 600 mil dólares, según
el Departamento del Tesoro.
El inmueble fue
construido en 2001 y se puso a nombre de la profesora Cindy Chapa, secretaria
de Yarrington durante su gestión como alcalde de Matamoros.
Además de la
residencia en McAllen y el departamento de lujo en la Isla del Padre, el
gobierno de Estados Unidos decomisó a Yarrington un avión privado, una cuenta
de banco en Las Bermudas y otra residencia en Kyle, Texas, también a nombre de
Cindy Chapa.
Ahora es buscado
por las autoridades estadunidenses para encarcelarlo. Algunas pruebas de su
relación con los cárteles ya fueron presentadas en el caso 5:12-MJ-00120, que
se desahoga en la Corte del Distrito Oeste de Texas y que fue entablado contra
Antonio Peña Argüelles.
Este personaje
fue presentado en ese el juicio como “enlace” del CDG y Los Zetas con altos
funcionarios del gobierno de Tamaulipas, entre los que destaca Yarrington.
Autodefensas en
Tamaulipas
Los ciudadanos
entrevistados aseguran que la corrupción de los funcionarios ha permitido a los
cárteles actuar con impunidad en Tamaulipas. Su poder llega al extremo de
imponer la censura en los medios. Ninguno habla de la continua inseguridad y
violencia en el estado. Las muertes de inocentes y los desaparecidos en los
últimos años se cuentan por miles, aseguran.
Todo lo anterior
ha llevado a formar el primer grupo de autodefensa, que ya opera en la región
rural del municipio de Hidalgo. Este grupo, llamado Columna Armada Pedro J.
Méndez, ya ejecutó y colgó a varios presuntos miembros de Los Zetas, aunque algunos
los relacionan con el CDG.
Recientemente
estableció un toque de queda mediante volantes que fueron repartidos en el
municipio. “El gobierno del estado ha fallado. Sólo el Ejército y la Marina han
enfrentado a los secuestradores llamados Zetas. No nos engañemos, nadie está a
salvo de un secuestro o asesinato… Combatir el secuestro con las armas en la
mano y a sangre y fuego es una obligación”, rezaba el papel que se repartió.
Los
entrevistados aseguran que Tamaulipas seguirá los pasos de Michoacán si la
administración de Enrique Peña Nieto sigue permitiendo que las bandas del
crimen organizado continúen gobernando al estado.
Acto en el DF
“En un acto
desesperado” para contener el derramamiento de sangre que se vive en
Tamaulipas, un par de tamaulipecos desplazados por la violencia, acompañados de
otros paisanos, se manifestaron el pasado jueves 23 en la Ciudad de México para
exigir al gobierno estatal que cese la corrupción, contenga al crimen
organizado y atienda a las víctimas.
Con mantas en
las que se leía “Salvemos Tamaulipas: no más corrupción, impunidad, secuestros,
decapitados, fosas clandestinas, extorsiones, delincuencia organizada y
desapariciones”, los tamaulipecos marcharon desde el Ángel de la Independencia
hasta las oficinas de la representación del gobierno de dicha entidad.
“Nuestra lucha
por el rescate de Tamaulipas implica que se frene la corrupción y la impunidad,
para que prevalezcan la legalidad, la justicia, y entonces poder recobrar la
paz social”, señalaron los organizadores en el comunicado que entregaron al
gobierno de Tamaulipas.
La convocatoria
surgió del periodista Mario Segura, quien vive fuera de Tamaulipas tras haber
sufrido un secuestro, y del psicólogo Néstor Troncoso González, quien dice
haber sido encarcelado injustamente y torturado, y por esa razón huyó con su
familia al centro del país. La organización internacional Artículo 19 –dedicada
a la protección de periodistas– envió a un representante para monitorear la
seguridad de Mario Segura, cuyo caso fue aceptado en los Mecanismos de
Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Los
organizadores destacaron que la violencia no sólo es cometida por grupos
criminales como Los Zetas y el Cártel del Golfo (“llamado ‘el cártel de casa’ y
sus socios ‘empresarios del crimen’”), sino también por las mentiras del
gobierno que niega lo que ocurre en el estado.
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