Tamaulipas, propiedad criminal. ¿Y el Gober?

Tamaulipas, propiedad criminal/

LA REDACCIÓN

Proceso # 1943, 25 de enero de 2014;

En Tamaulipas el imperio de los cárteles cumplió una década. Controlan desde la tortilla y el pollo que uno se come hasta el tianguis, la universidad pública y el estadio que frecuenta. Ese territorio está más lejos de las leyes mexicanas que de las estadunidenses: la Unión Americana ha investigado a tres exgobernadores por proteger a Los Zetas o al Cártel del Golfo. Por esas razones ya surgió el primer grupo de autodefensa tamaulipeco.

TAMPICO, TAMPS.- Más de una década de complicidad entre el crimen organizado y gobernadores, funcionarios municipales y jefes policiacos permitió a los cárteles controlar la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), hoteles, casinos y empresas de espectáculos. A últimas fechas y gracias a que incursionaron en el robo de ganado, ahora operan carnicerías, dirigen la distribución del pollo y dominan las tortillerías, entre otros muchos negocios.

Los delincuentes también controlan el sistema de transporte de varias ciudades tamaulipecas gracias a su amasiato con líderes sindicales; la venta ilegal de gasolina, mercados rodantes y la distribución de cerveza en los estadios de futbol, así como su venta en bares y depósitos de su propiedad. Además cobran piso a una infinidad de comercios y empresas, denunciaron ciudadanos, empresarios y funcionarios que hablaron con Proceso a condición de que no se revelaran sus nombres, pues sus vidas correrían riesgo.

Las dos mafias predominantes en Tamaulipas –Los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG)– se metieron como el agua en cualquier empresa donde reinaran la corrupción y la ilegalidad. Del tráfico de drogas y el narcomenudeo saltaron a ser propietarios de todo tipo de giros negros. Incursionaron en la piratería e hicieron del secuestro una industria.

En diversas ciudades del noreste compiten con Pemex en la distribución de combustibles. No sólo cuentan con decenas de “gasolineras” clandestinas –disfrazadas de vulcanizadoras– en barrios y carreteras federales; ahora también obligan a los propietarios de establecimientos a comprarles la gasolina robada de los ductos de la paraestatal. “En las ciudades fronterizas ese negocio les proporciona ganancias por alrededor de 10 millones de pesos diarios”, denunció uno de los empresarios que hablaron con Proceso.

 En Tampico, el CDG controla la distribución de la cerveza Tecate y todas las marcas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, ahora propiedad de la holandesa Heineken, por lo que impiden la distribución de las marcas del Grupo Modelo, propiedad de la firma belga Anheuser-Busch InBev.

“A través de su empresa Viento Rodeo han organizado decenas de macroeventos, desde espectáculos de motocicletas y monster trucks a un sinfín de conciertos. De igual manera se les ha relacionado con el control del estadio Tamaulipas (para la venta de cerveza), donde juega el equipo Tampico-Madero y donde generalmente hacen los conciertos”, comenta a este semanario otro de los entrevistados.

En la página de Facebook de Viento Rodeo, empresa ubicada en Ciudad Madero, únicamente se promueve la cerveza Tecate.

En la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, el CDG controla la distribución de pollo y varias tortillerías. Además, rutas de trasporte y taxis están bajo su poder. Tienen flotillas de camiones y tráileres robados. Extorsionan y hurtan a las empresas navieras e hicieron de Tampico la ciudad que ocupa el tercer lugar nacional en secuestros.

“Se han adueñado de hoteles que han quitado de forma violenta a sus dueños”, denunció otro de los empresarios ­entrevistados.

En Ciudad Victoria Los Zetas le siguen los pasos a sus rivales y recientemente crearon una empresa que organiza bailes. La promueven por todos los medios de la capital del estado.

El pasado diciembre la empresa de espectáculos propiedad de Los Zetas organizó una posada-baile donde se presentó el Grupo Indio. El acto fue anunciado masivamente en la capital de Tamaulipas por radio, cartelones, pintas en bardas, etcétera.

Días después el grupo criminal realizó un operativo en diversas colonias de Ciudad Victoria para repartir Roscas de Reyes dentro de una bolsa blanca marcada con una Z negra. Las roscas fueron entregadas por hombres embozados que se desplazaban en camionetas, en las colonias La Moderna y Ampliación Lindavista, entre otras. El reparto fue vigilado por hombres armados, discretamente y a la distancia.

En alianza con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Los Zetas controlan parte del transporte público. Sus taxis utilizan los logos de esa central. Uno de los líderes de esa organización sindical es el responsable de cobrar las cuotas a las rutas de camiones extorsionados.

En Monterrey, de hecho, uno de los familiares de Agustín Serna Servín, líder de la CROC, es señalado como distribuidor de droga en la populosa colonia Moderna.

“En Ciudad Victoria tienen una empresa llamada Correcaminos, la cual usa taxis sin placas”, especificó uno de los empresarios entrevistados. “Sobre las carnicerías, el año pasado mataron a muchos dueños porque se negaban a comprar el ganado robado. Y también hubo asesinatos de dueños de ferreterías”.

Los negocios de ambas mafias se extienden a todas las ciudades del estado. En Matamoros el CDG opera su propio mercado rodante, donde vende mercancía robada. También extrae la gasolina del ducto que va a Brownsville. Mientras que Los Zetas en Nuevo Laredo operan al menos un casino, El Amazonas, y controlan todo el contrabando que pasa por esa ciudad fronteriza rumbo a la Ciudad de México.

 “La Universidad Autónoma de Tamaulipas es otra institución local que ha tenido problemas con los narcos. Se adueñaron de las instalaciones hace dos años y ahí llegaron a albergar a los maras que vinieron a apoyar a Los Zetas. Era centro de operaciones y los halcones siguen ahí, lo mismo que vendedores de droga. Hace poco se adueñaron de negocios dentro de la universidad y cobraban cuota por dejar trabajar a los maestros, además de que había muchos aviadores del crimen organizado que fueron colocados con apoyo del gobierno”, dijo una de las personas entrevistadas a condición del anonimato.

 En la UAT Los Zetas venden droga y obligan al personal docente y a alumnos a comprar boletos cuyos “premios” nadie gana.

 “Gracias a los funcionarios públicos que mantienen en su nómina tienen un control férreo en la mayor parte de los municipios. Las dependencias del gobierno estatal bajo su control, parcial o absoluto, son Tránsito, Seguridad Pública, Ministeriales, Protección Civil, Comapa, Alcoholes y los penales”, aseguró uno de los funcionarios entrevistados.

Mantienen “narconegocios” dentro de las cárceles. El mayor centro de entrenamiento y base de operaciones del CDG en el sur del estado es el penal de Altamira. “Ahí sí hay de todo y eso que el Ejército cuida las entradas”, agregó la fuente.

Tres gobernadores

El CDG comenzó a controlar el estado al amparo del gobernador Manuel Cavazos Lerma. Se consolidó durante las administraciones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Los tres gobernadores están siendo investigados por autoridades estadunidenses por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

La indagatoria más avanzada es contra Yarrington, quien ya enfrenta acusaciones penales por lavado de dinero y por relacionarse con un cártel del narcotráfico. Demandas en su contra se presentaron en mayo de 2012 en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi. El exmandatario ya perdió los primeros juicios civiles, en los que le quitaron cuentas bancarias, aviones y varias propiedades por más de siete millones de dólares.

Una de las primeras demandas la enfrentó en la corte de Brownsville, Texas. Fue de carácter civil y sólo era para quitarle un lujoso departamento en la Isla del Padre y otras propiedades. En este juicio salió a relucir que el exmandatario adquirió, a través del empresario constructor Fernando Cano Martínez, las propiedades en la Isla del Padre y San Antonio. Cano también fue señalado por lavado de dinero.

El gobierno estadunidense acusó a ­Yarrington de comprar propiedades a través de prestanombres con recursos que fueron pagados al exgobernador por proteger al CDG, primero cuando fue alcalde de Matamoros y luego como mandatario de Tamaulipas.

El pasado 16 de agosto, el Departamento del Tesoro subastó un apartamento en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que fue confiscado al empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza. Él confesó ser prestanombres de Yarrington.

También le decomisaron (y luego se subastó) una residencia de dos niveles, cinco recámaras y seis y medio baños ubicada en el número 9001 de Ware Road, un exclusivo sector de la ciudad fronteriza de McAllen.

La propiedad fue asegurada en julio del año pasado y mide 12 mil 770 metros cuadrados, con mil 491 metros de construcción. Tiene un valor superior a los 600 mil dólares, según el Departamento del Tesoro.

El inmueble fue construido en 2001 y se puso a nombre de la profesora Cindy Chapa, secretaria de Yarrington durante su gestión como alcalde de Matamoros.

Además de la residencia en McAllen y el departamento de lujo en la Isla del Padre, el gobierno de Estados Unidos decomisó a Yarrington un avión privado, una cuenta de banco en Las Bermudas y otra residencia en Kyle, Texas, también a nombre de Cindy Chapa.

Ahora es buscado por las autoridades estadunidenses para encarcelarlo. Algunas pruebas de su relación con los cárteles ya fueron presentadas en el caso 5:12-MJ-00120, que se desahoga en la Corte del Distrito Oeste de Texas y que fue entablado contra Antonio Peña Argüelles.

Este personaje fue presentado en ese el juicio como “enlace” del CDG y Los Zetas con altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, entre los que destaca Yarrington.

Autodefensas en Tamaulipas

Los ciudadanos entrevistados aseguran que la corrupción de los funcionarios ha permitido a los cárteles actuar con impunidad en Tamaulipas. Su poder llega al extremo de imponer la censura en los medios. Ninguno habla de la continua inseguridad y violencia en el estado. Las muertes de inocentes y los desaparecidos en los últimos años se cuentan por miles, aseguran.

Todo lo anterior ha llevado a formar el primer grupo de autodefensa, que ya opera en la región rural del municipio de Hidalgo. Este grupo, llamado Columna Armada Pedro J. Méndez, ya ejecutó y colgó a varios presuntos miembros de Los Zetas, aunque algunos los relacionan con el CDG.

Recientemente estableció un toque de queda mediante volantes que fueron repartidos en el municipio. “El gobierno del estado ha fallado. Sólo el Ejército y la Marina han enfrentado a los secuestradores llamados Zetas. No nos engañemos, nadie está a salvo de un secuestro o asesinato… Combatir el secuestro con las armas en la mano y a sangre y fuego es una obligación”, rezaba el papel que se repartió.

Los entrevistados aseguran que Tamaulipas seguirá los pasos de Michoacán si la administración de Enrique Peña Nieto sigue permitiendo que las bandas del crimen organizado continúen gobernando al estado.

Acto en el DF

“En un acto desesperado” para contener el derramamiento de sangre que se vive en Tamaulipas, un par de tamaulipecos desplazados por la violencia, acompañados de otros paisanos, se manifestaron el pasado jueves 23 en la Ciudad de México para exigir al gobierno estatal que cese la corrupción, contenga al crimen organizado y atienda a las víctimas.

Con mantas en las que se leía “Salvemos Tamaulipas: no más corrupción, impunidad, secuestros, decapitados, fosas clandestinas, extorsiones, delincuencia organizada y desapariciones”, los tamaulipecos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta las oficinas de la representación del gobierno de dicha entidad.

“Nuestra lucha por el rescate de Tamaulipas implica que se frene la corrupción y la impunidad, para que prevalezcan la legalidad, la justicia, y entonces poder recobrar la paz social”, señalaron los organizadores en el comunicado que entregaron al gobierno de Tamaulipas.

La convocatoria surgió del periodista Mario Segura, quien vive fuera de Tamaulipas tras haber sufrido un secuestro, y del psicólogo Néstor Troncoso González, quien dice haber sido encarcelado injustamente y torturado, y por esa razón huyó con su familia al centro del país. La organización internacional Artículo 19 –dedicada a la protección de periodistas– envió a un representante para monitorear la seguridad de Mario Segura, cuyo caso fue aceptado en los Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Los organizadores destacaron que la violencia no sólo es cometida por grupos criminales como Los Zetas y el Cártel del Golfo (“llamado ‘el cártel de casa’ y sus socios ‘empresarios del crimen’”), sino también por las mentiras del gobierno que niega lo que ocurre en el estado.