México,
D.F., a 15 de mayo de 2014 Comunicado No. 27
PRESENTA
CJF DENUNCIA DE HECHOS CONTRA UN JUEZ Y SU SECRETARIO POR PROBABLE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Como
resultado de sus propias investigaciones administrativas y actuando de manera
transparente y contundente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa
de la presentación de otra denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio
Público de la Federación, en este caso contra Luis Armando Jerezano Treviño y
Gerardo Tiscareño Mercado, en su desempeño como Juez y Secretario del juzgado
Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, respectivamente, por probables
conductas tipificadas como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
El
procedimiento disciplinario fue ordenado por el Pleno del CJF debido a que se
detectaron presuntas irregularidades, particularmente en lo relacionado con la
actuación del juzgador en los permisos de empresas permisionarias de juegos y
sorteos; actuaciones firmadas en forma conjunta con el secretario Gerardo
Tiscareño Mercado y que avalaron la operación de las permisionarias, dentro del
juicio de amparo 99/2008 del índice de dicho juzgado y promovido por “Atracciones
y Emociones Vallarta”.
Asimismo,
se advirtieron irregularidades en los diversos juicios de amparo
correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009 en los que estuvieron
involucrados tanto el titular como el secretario de dicho órgano
jurisdiccional.
La
Contraloría del Poder Judicial de la Federación, por su parte, detectó que
Jerezano Treviño probablemente no justificó ingresos adicionales a los
percibidos con motivo de sus encargos por la cantidad
de 3 millones 518 mil 959. 48 pesos, además de que efectuó operaciones
aparentemente ilegales por la cantidad de 3 millones 650 mil pesos en créditos
que fueron liquidados de manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus
familiares por un monto total de 4 millones 150 mil pesos.
Uno
de sus familiares recibió depósitos de origen desconocido por la cantidad total
de 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que dicha persona hubiera reportado tener
ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de
Administración Tributaria y durante el periodo sujeto a investigación.
Dicho
familiar adquirió inmuebles por un valor que asciende a 13 millones de pesos,
sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos
aplicados en dichas compraventas.
Lo
anterior, podría constituir alguna de las causas de responsabilidad
administrativa previstas en el artículo 131 de la Ley Orgánica del PJF.
El
CJF refrenda su disposición a seguir coadyuvando con el MPF en la integración
de la averiguación previa y hará llegar todos los elementos resultantes de las
indagatorias administrativas.
Este
órgano colegiado da muestra de su actuación firme y transparente contra
aquellos funcionarios públicos que actúan con deslealtad a la Constitución y a
la sociedad.
Y
dado que ésta reclama y merece jueces honestos, los más de mil 200 juzgadores
federales reafirman su compromiso social y repudian la deslealtad de unos pocos
que puedan manchar la alta responsabilidad de la inmensa mayoría de los
juzgadores.
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