Reporta atropellos laborales y personales en la Segob L

 Reporta atropellos laborales y personales en la Segob

LA REDACCIÓN

Revista Proceso # 1959, a 17 de mayo de 2014

PALABRA DE LECTOR

Señor director:

A principios de 2013 fui invitada a colaborar en el diseño y acompañamiento metodológico del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, a cargo de Roberto Campa Cifrián; me fue ofrecida una plaza como directora de área dentro de la Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, a cargo de Lucila Guerra Delgado.

 Acepté el reto profesional entusiasmada por contar con la oportunidad de aportar algo a mi país, pero dicho entusiasmo pronto se desvaneció y hoy puedo afirmar que mi paso por la subsecretaría ha sido la peor experiencia laboral en mi trayectoria profesional.

 Mi primer día de trabajo fue el 1 de abril de 2013; no obstante, la plaza me fue asignada cinco meses después (en septiembre). Con engaños y falsas promesas me hicieron creer que al darse tal asignación me pagarían retroactivamente el monto que se me adeudara, pero esto no ocurrió, y aunque en mayo de 2013 recibí una remuneración (por honorarios asimilados) con carácter extraordinario, equivalente a tres quincenas de mi salario, la subsecretaría me despojó alevosamente de las siete quincenas restantes que legalmente me correspondía cobrar, así como de las prestaciones que no recibí durante esos cinco meses, la antigüedad laboral que no me fue reconocida por el mismo periodo, los viáticos de comisiones laborales que tuve que cubrir con mi dinero y la parte proporcional de aguinaldo correspondiente al pago por honorarios asimilados.

 Frente a estos atropellos, me pregunto: ¿quién o quiénes son los responsables, quién o quiénes malversan los fondos destinados al pago de trabajadores al servicio del Estado? ¿Dónde está ese dinero: el de los salarios y prestaciones que nunca llegaron a mí, como ocurre a muchos otros servidores públicos?

 En octubre de 2013 ingresó a la subsecretaría Ibeth Rodríguez Guerrero, como directora general adjunta de Formación e Innovación, y, por lo tanto, sería mi jefa directa. Pronto, Ibeth Rodríguez, avalada por Lucila Guerra, comenzó a tener una actitud despótica y persecutoria para conmigo, de absoluta insensibilidad respecto de la situación de vida que enfrentaba, producto de los incumplimientos de la subsecretaría y, sobre todo, de mi situación como madre trabajadora.

 Paradójicamente, la tarea de quienes laboran en la subsecretaría es dar seguimiento a un programa nacional diseñado desde la perspectiva de género que, entre sus líneas de acción para la prevención de la violencia contra las mujeres, incluye el desarrollo de mecanismos que apunten a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Me pregunto: ¿Entienden las y los funcionarios como la licenciada Rodríguez lo que esto significa? ¿O más bien se trata de una estrategia que no pasa por la falta de entendimiento, sino por el ejercicio de un poder abusivo que se aprovecha de la vulnerabilidad de las madres trabajadoras para que renuncien y en su lugar puedan colocar a gente que sirva a sus intereses personales? ¿Cómo visualizar avances en la prevención social de la violencia, problema medular en nuestro país, si quienes diseñan y ejecutan parte importante de la política pública en la materia son los primeros en ejercerla?

 En virtud de la violencia laboral y del atropello personal de los que fui víctima, a finales de 2013 presenté mi renuncia, y el 31 de diciembre fue mi último día de trabajo, convencida de que a los altos funcionarios no les interesa servir, sino servirse del poder y de los recursos del Estado. (Carta resumida.)

 Atentamente

 Paola Hernández Salazar

 Doctora en Ciencias Sociales,

investigadora y docente