Washington
revisa con lupa la guerra de Calderón/ANABEL HERNÁNDEZ
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Proceso
# 1959, a 17 de mayo de 2014
A
poco más de un año del fin del sexenio de Felipe Calderón –el mandatario que
inició una guerra interminable y costosa (en vidas) contra los cárteles del
narcotráfico–, Washington muestra signos de desconfianza y desesperación. El
gobierno estadunidense transfirió muchos millones de dólares al gobierno
mexicano, vía la Iniciativa Mérida, y no encuentra resultados satisfactorios.
Al contrario. En consecuencia, el Departamento de Estado, a través de su
embajada en México, tiene bajo revisión rigurosa las acciones de la guerra
calderonista y cada centavo invertido en ella.
En
diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón inició su “guerra
contra el narcotráfico” con el envío a Michoacán –su tierra natal– de 4 mil 200
soldados, mil 54 marinos, mil 400 policías federales, 50 agentes del Ministerio
Público y decenas de vehículos y aeronaves.
La
administración del panista concluyó hace 18 meses y el país sigue incendiado por
la violencia desatada con su guerra. Especialmente en Michoacán, donde la paz,
la seguridad y el combate al crimen organizado siguen siendo una deuda del
gobierno hacia la población.
Y
en Estados Unidos han surgido dudas sobre los verdaderos resultados de la
guerra de Calderón –que le costó la vida a más de 80 mil personas– y la
eficacia en el uso de mil 100 millones de dólares gastados el sexenio pasado,
de los mil 900 aprobados para la Iniciativa Mérida.
A
principios de este año Washington, por medio de la Sección de Asuntos
Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) de su embajada de México y según
los acuerdos de la Iniciativa Mérida, logró que el gobierno de Enrique Peña
Nieto iniciara una revisión de resultados de la “guerra” del sexenio pasado y
de la autenticidad de esos mismos resultados.
La
NAS es el área de la embajada encargada de coordinar todos los proyectos
comprendidos en el presupuesto de la Iniciativa Mérida. “Proporciona (…)
equipo, asistencia técnica y creación de capacidades al personal de procuración
de justicia y judicial mexicano”, según información oficial.
De
acuerdo con información confirmada por Proceso con fuentes del gobierno
mexicano relacionadas con la investigación, la revisión es exhaustiva y se
lleva a cabo en coordinación con la Procuraduría General de la República.
La
Iniciativa Mérida fue acordada en marzo de 2007 por Felipe Calderón con el
entonces presidente estadunidense George Bush para apoyar económicamente al
gobierno de México en la supuesta cruzada contra los cárteles de la droga.
Según
información oficial del gobierno estadunidense, de los mil 120 millones de
dólares destinados a la Iniciativa Mérida en el gobierno calderonista, 400
millones fueron entregados a México en 2008, 300 en 2009 y 420 más mediante la
Ley de Aportaciones Suplementarias firmada por Barack Obama en 2009.
Hoy
la utilidad de esos recursos está sujeta a revisión.
Investigación
Antes
de la visita oficial de Obama a México el pasado 19 de febrero, funcionarios
estadunidenses hablaron con representantes del gobierno mexicano de las nuevas
condiciones de la cooperación bilateral para el combate al narcotráfico y
solicitaron información clara sobre los avances en la materia, específicamente
en el sexenio anterior.
Las
dudas sobre la estrategia de Calderón comenzaron, señalan, cuando la NAS
recibió del gobierno reportes imprecisos y que no correspondían con el impacto
que se esperaba tuviera la Iniciativa Mérida. “El impacto no fue proporcional
al dinero gastado (…) fue poco claro”, señala una de las fuentes consultadas.
La
NAS ahora solicita que se revisen datos sobre las toneladas de droga incautada
y las pruebas de que fue destruida; armas aseguradas, registro de dónde se
encuentran y bajo custodia de cuál autoridad, y todas las cifras de personas
vinculadas con el narcotráfico capturadas, si siguen detenidas y si ya fueron
sentenciadas.
Pero
el Departamento de Estado de Estados Unidos –del cual depende la NAS– no sólo
espera cifras, sino pruebas de que éstas son reales, señalan las fuentes.
También se está revisando el uso del equipo tecnológico, de combate y de
inspección entregado por Washington.
Por
ejemplo: el 30 de septiembre de 2010 se anunció que el Servicio de
Administración Tributaria recibió dos equipos de rayos gamma para fortalecer
las inspecciones de actividades de comercio en las aduanas de los puertos de
Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y Coatzacoalcos, en Veracruz.
La
nueva tecnología no impidió que Los Caballeros Templarios siguieran usando,
incluso durante este año, Lázaro Cárdenas como base de operaciones de tráfico
de pseudoefedrina o la exportación ilegal de minerales.
Otras
áreas también sujetas a revisión son las unidades de inteligencia de las
distintas dependencias del gobierno federal. Se verifica el método con el que
elaboraron los informes sobre la composición y operación de los cárteles, para
medir su confiabilidad y tener precisión en los blancos.
Hasta
ahora los avances de la investigación arrojan que el gobierno de Calderón
trabajó mal para evaluar los resultados de la “guerra contra el narcotráfico”.
La información de las distintas dependencias involucradas en el combate a las
drogas, agencias de inteligencia y bases de datos del gobierno es “caótica”,
carece de “método”, llega a ser contradictoria y todo eso pudo propiciar la
manipulación de cifras y resultados.
Una
vez que se tenga un resultado de la investigación y un diagnóstico, se señala,
el gobierno estadunidense pretende ayudar al de Peña Nieto a aplicar un método
para obtener información correcta y confiable y procesos de análisis adecuados
para definir políticas públicas más acertadas.
Los
resultados de la revisión a la “guerra” de Calderón van a ser plasmados en un
reporte al Congreso de Estados Unidos que desde el año pasado exige pruebas de
la efectividad de la Iniciativa Mérida. “De ahí se evaluará qué sigue”, dice la
fuente consultada.
“Una
vergüenza”
Para
2013 el Congreso de Estados Unidos le autorizó 229 millones de dólares a la
Iniciativa Mérida. En abril de ese año se liberaron 134 millones, pero el
Congreso esperaba más información sobre el uso del dinero.
En
agosto del año pasado el senador Patrick Leahy, presidente del subcomité de
Asignaciones de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, bloqueó
la liberación de 95 millones de dólares de los fondos con el argumento de que
no hay una estrategia clara del Departamento de Estado ni del gobierno
mexicano.
“Parece
como lanzar dinero sin rendición de cuentas”, habría dicho Leahy según
distintos medios.
Michael
Collins, director de la organización federal Alianza sobre Política de Drogas,
explica en entrevista con Proceso la visión que tiene Washington sobre la
“guerra del narco” de Calderón.
Respecto
a la Iniciativa Mérida y la guerra de Calderón, señala: “El Congreso quería ver
una reducción en el flujo de drogas a Estados Unidos y esto no ocurrió.
También, tal vez hubiera sido un éxito si hubiera una clara reducción de la
violencia, pero lo que ocurrió fue un gran aumento. De esa manera, a pesar de
que para muchos congresistas Calderón es su gran amigo porque abrió la puerta a
tanta cooperación entre los países, su sexenio y, por lo tanto, el Plan Mérida
eran un fracaso y una vergüenza para el Congreso”, afirma Collins.
Los
principales cuestionamientos a los resultados de la Iniciativa Mérida durante
el sexenio de Calderón, dijo, son “demasiada violencia, el flujo de drogas no
fue afectado por el Plan Mérida o por la guerra de Calderón, las violaciones de
derechos por parte de militares, la corrupción del gobierno. La lista de
problemas es larga”.
Collins
señala que hasta ahora el Congreso de Estados Unidos no tiene información
confiable sobre los resultados de la Iniciativa Mérida. “A muchos no les
interesa la política exterior. Quienes están interesados reciben la mayoría de
la información del Departamento de Estado, que obviamente va a pintar una
imagen positiva. Aunque dar una imagen positiva sobre lo que ha pasado con el
Plan Mérida llegó a ser un reto enorme con tantas noticias negativas sobre la
fracasada guerra contras las drogas.
“Hay
ciertos buenos miembros que cuestionan la pérdida de dinero y están preocupados
por el nivel de violencia y violaciones de los derechos humanos. Ese pequeño
grupo sabe que el modelo de una guerra contra las drogas no va a ser un éxito
nunca”, sentenció.
Respecto
a la visión que se tiene de la actuación de Peña Nieto respecto al combate a
los cárteles y la droga, el especialista señala que “había una falta de
confianza del Congreso al principio hacia el gobierno de Peña Nieto por una
percibida falta de cooperación, pero tras la cooperación con la captura del
Chapo y otros, es claro que las afirmaciones de Peña Nieto sobre soberanía e
independencia de los Estados Unidos han sido afirmaciones vacías. Al final,
muchos congresistas que controlan el flujo de dinero están más contentos con
Peña Nieto porque no ven mucha diferencia entre él y Calderón”.
Comisión
especial
La
intención de Washington de supervisar mejor los recursos usados por el gobierno
de México en el combate a las drogas va más allá de la investigación que
actualmente se lleva a cabo sobre el sexenio de Calderón.
El
viernes 9 Eliot L. Engel, líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Representantes, y Matt Salmon, presidente del Subcomité de Relaciones
Exteriores para el Hemisferio Occidental, presentaron una iniciativa para
impactar en la reducción del tráfico de drogas.
La
ley propuesta crearía una comisión independiente para evaluar las políticas y
programas de drogas del gobierno de Estados Unidos, determinar qué esfuerzos
están teniendo éxito, si el dinero se usa eficientemente y hacer
recomendaciones sobre la futura política antinarcóticos.
“Desde
1980 hemos gastado cerca de 16 mil millones de dólares en programas de lucha
contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe. Tenemos que asegurarnos
de que estamos consiguiendo el mejor provecho de cada dólar. Mi legislación
vería lo que está funcionando y lo que no, para ayudar a trazar el curso de
nuestras futuras políticas de drogas”, señaló Engel en un boletín.
“En
una audiencia del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental que convoqué
recientemente hemos escuchado cómo las organizaciones criminales trasnacionales
del narcotráfico son cada vez más sofisticadas para evadir la aplicación de la
ley y cada vez más violentas. Esa violencia a lo largo de nuestra frontera y
cerca de nuestras costas supone una amenaza directa a nuestra seguridad
nacional y desestabiliza nuestra región”, dijo Salmon.
Afirmó
que miles de millones de dólares han sido gastados en los esfuerzos para
disuadir y desarticular el tráfico de drogas en América Latina y el Caribe “con
éxito desigual. Es hora de volver a evaluar nuestras políticas y programas…
asegurarnos de que tenemos la mejor estrategia y estamos utilizando los
recursos de los contribuyentes con prudencia y de manera eficiente para
combatir el flagelo del tráfico de drogas en nuestro hemisferio”.
“Casi
toda la cocaína consumida en Estados Unidos se origina en América del Sur,
mientras que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos se
origina en Colombia y México. Además, Centroamérica y el Caribe son las
regiones de tránsito clave para las drogas que entran a Estados Unidos. En 2012
había un estimado de 23.9 millones de usuarios de drogas ilícitas en Estados
Unidos. Mientras miles de millones de dólares de los contribuyentes
estadunidenses se han gastado en los últimos años para combatir el tráfico de
drogas en América Latina y el Caribe, el consumo de drogas ilegales en Estados
Unidos sigue siendo alto”, se afirma en la justificación de la presentación de
dicha iniciativa.
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