El Estado sepulta la red libre

El Estado sepulta la red libre/JACOBO NÁJERA, Programador y miembro de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Revista Proceso # 1966, 5 de julio de 2014

Al ser las corporaciones las que dominan a la sociedad y escriben las leyes, cada avance o cambio tecnológico les brinda una nueva oportunidad para restringir o maltratar aún más a los usuarios. Richard Stallman

La propuesta federal de Ley de Telecomunicaciones pretende que los proveedores de acceso a internet retengan datos, bloqueen señales y vigilen y geolocalicen a los usuarios sin contar con una disposición judicial. Así se afecta el desarrollo de la red al romper su neutralidad.

Si bien se cambiaron en el último dictamen los artículos 145 y 146, en el votado en la Cámara de Senadores encontramos que se agregaron líneas –en la justificación– que vuelven a poner en riesgo esa neutralidad.

En principio la neutralidad de la red es la capacidad de participación universal, sin discriminación; cuando se vulnera este pilar, lo que está en juego es la capacidad de todos para usar y desarrollar internet.

 La neutralidad es el fundamento con el cual el tráfico en internet es tratado equitativamente, sin discriminación, limitación ni interferencia, independientemente del remitente, destinatario, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación.

 Pese a tener una web centralizada por servicios como Google o Facebook, la posibilidad de que se desarrolle realmente como una red de redes se rompe al dar prioridad al flujo de bits por parte de los proveedores de acceso, como lo establece el dictamen en la página 241, donde dice que se “permitirá a distintos proveedores contratar capacidad adicional para mejorar su servicio”.

 Esto abre la puerta para que los proveedores puedan dar a los usuarios acceso más rápido a determinados sitios y no igual a todos ellos, lo que implica discriminación de tráfico.

 Asimismo las garantías y la metodología necesarias para garantizar el principio de neutralidad de la red son inexistentes en el dictamen, el cual va exclusivamente en beneficio de los intereses de los proveedores de servicios y no se preocupa por respetar y defender la diversidad en el desarrollo de internet ni la libertad de expresión en línea.

 Incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) ha dicho que la neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión.

 En consecuencia la Ley de Telecomunicaciones pone en peligro nuestras libertades para usar y desarrollar internet y bloquea a quienes nunca han tenido acceso a él, al establecer un esquema en el cual quien más infraestructura tiene es el que más puede desarrollar, y quien puede pagar más es quien más puede usarlo.

 Por otra parte el efecto de la centralización de los servicios de la red la desprotege para enfrentar la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

 Y la centralización que propone el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones en la fracción II del artículo 190 también le resta capacidad para que resista como espacio social, pues los procesos de desarrollo quedan en no más de seis empresas.

 Sin garantías para la neutralidad de la red, con vigilancia sin controles y con facultades para censurar, se crean condiciones para que el medio más grande que ha tenido la humanidad sea convertido por el gobierno en turno en un instrumento de control.