La
estrategia: eliminar a un cártel para poner a otro/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 1966, 5 de julio de 2014
Dos
investigadores que han estado trabajando en Michoacán coinciden en que la
apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto en el estado, en vez de una solución
de fondo, ha sido negociar con algunos grupos armados sin afectar las
estructuras de la delincuencia organizada. Es más, advierte uno de ellos, se
está reconfigurando el cártel de Los Templarios, de modo que la estrategia del
gobierno federal servirá “para eliminar una estructura criminal e instalar
otra”.
Ante
las dificultades para echar a andar la Gendarmería Nacional, el gobierno de
Enrique Peña Nieto apostó por las autodefensas bajo la lógica de dividir a los
grupos de civiles armados, pero con el riesgo de generar “unidades de
ciudadanos soldados” que difícilmente se sujetarán al control gubernamental.
Michoacán
no deja de ser “un experimento” del gobierno federal, observan analistas
internacionales que, por separado, advierten también que las decisiones de Peña
Nieto apuntan a la creación de una fuerza armada permanente autónoma e
independiente, con la sustitución del Cártel de Los Caballeros Templarios por
otra estructura delictiva.
Escéptico
sobre las acciones del gobierno de Peña Nieto en Michoacán, Gary J. Hale, quien
fue jefe de inteligencia de la DEA en México y en Houston, Texas, asegura que
será difícil controlar a los grupos armados que han sido fortalecidos por la
administración actual, sobre todo por el tiempo que pasará antes de que la
Gendarmería Nacional llegue a tener control en las zonas michoacanas donde no
han podido asentarse el Ejército ni la Marina ni la Policía Federal.
Más
crítico aún es Romain Le Cour Grandmaison, investigador francés en seguridad
internacional, quien asegura que, más que una estrategia, la táctica de Peña
Nieto fue negociar con los grupos armados para reducir la tensión social, pero
bajo el principio de dividir y vencer, “seleccionando con criterios variables
cuáles autodefensas podían existir, cuándo, cómo y con qué formas de acciones,
y fragmentando a algunos grupos a través de la detención de sus líderes”.
Dice
que a partir de una visión de “seguridad armada” para Michoacán, Peña Nieto dio
lugar a una oposición legal y a una ilegal, estableció una relación de aliados
y enemigos, y ha arremetido contra estos últimos.
Fue
el caso, primero, de Hipólito Mora, líder de las autodefensas en La Ruana,
localidad del municipio de Buenavista, acusado de homicidio, aunque
posteriormente fue liberado. Luego tocó el turno a José Manuel Mireles, quien
fue el principal vocero y dirigente de los civiles armados. Mireles fue
detenido el viernes 27 de junio, acusado de portación ilegal de armas y de
posesión de droga, por lo que se encuentra detenido en el penal federal de
Hermosillo, Sonora.
Mireles
Valverde, fundador de las autodefensas de Tepalcatepec, e Hipólito Mora habían
anunciado en mayo pasado, durante un acto realizado en el Polyforum Siqueiros,
en la Ciudad de México, la creación de una red nacional de “autodefensas sin
armas”.
Crítico
de la política federal para Michoacán, Mireles fue detenido en la tenencia de
La Mira, del municipio de Lázaro Cárdenas, luego de convocar a la toma de esa
ciudad portuaria y de Morelia, la capital del estado.
De
visita en Michoacán, el pasado jueves, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, expresó que en el caso del exvocero de las autodefensas “se
aplicará la ley”. En declaraciones a la prensa, agregó: “Sería criminal mezclar
un tema de seguridad con un asunto político”.
Después
de investigar directamente en Michoacán, Gary J. Hale y Romain Le Cour
Grandmaison coinciden: A falta de una solución de fondo, Peña Nieto optó por la
apuesta riesgosa de negociar con algunos grupos armados sin afectar las
estructuras de la delincuencia organizada, aun cuando Los Caballeros Templarios
desaparezcan sólo de nombre.
Le
Cour Grandmaison es el autor de Michoacán, por una estrategia de Estado, un
estudio que elaboró para la organización no gubernamental México Evalúa,
fechado en mayo pasado.
Maestro
en relaciones internacionales y seguridad internacional del Instituto de
Estudios Políticos de París (Sciences Po), y candidato a doctor en ciencia
política en La Sorbona, es igualmente codirector de Noria Research, un centro
de investigación internacional que también avaló el documento.
Con
recorridos y entrevistas en la entidad entre enero de 2013 y marzo de este año,
el estudioso asevera que Peña Nieto sólo está “administrando y gestionando el
conflicto” con miras a las elecciones para gobernador del próximo año.
Afirma
que en la práctica hubo desaparición de poderes en el estado y “la imposición
de una figura externa, el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, quien
está encargado del orden y la procuración de justicia sin tener ninguna
legitimidad política”, y quien “oficia por el único motivo de ser el hombre de
confianza del presidente de la República”.
Castillo
pudo haber sido una figura útil e importante en unas negociaciones claras e
integradoras “con las autodefensas, el poder de facto del estado, las pocas
autoridades municipales que quedan en pie y las del estado. Sin embargo, el
comisionado se ha transformado en un vínculo opaco y personal entre los
interlocutores elegidos; es decir, ciertos líderes de las autodefensas y el
Poder Ejecutivo federal”.
Una
postura firme frente a la clase política michoacana, “que forma parte del
sistema criminal regional”, tendría que haber sido la primera etapa de la
estrategia del gobierno de Peña Nieto, pero lo que hizo fue reaccionar a
presiones populares o mediáticas, o a maniobras locales, y, peor aún, emprendió
“una purga política a medias” apoyado en pruebas proporcionadas por las propias
autodefensas e incluso en videos grabados por líderes de Los Caballeros
Templarios.
Un
ejemplo son los videos de la reunión del exgobernador interino y exsecretario
de Gobierno Jesús Reyna García con el líder de Los Caballeros Templarios,
Servando Gómez Martínez, La Tuta. La filtración dio lugar al proceso penal en
contra del exfuncionario priista por delincuencia organizada. Otro fue un video
del mismo jefe del narcotráfico con el exalcalde de Lázaro Cárdenas, el perredista
Arquímides Oseguera, quien está procesado penalmente por secuestro y extorsión.
La
purga alcanzó al mismo gobernador con licencia, Fausto Vallejo, cuyo hijo,
Rodrigo Vallejo Mora, también fue captado en una reunión con La Tuta. Sobre la
parcialidad del gobierno federal en Michoacán, Osorio Chong dijo que en el caso
del hijo de Vallejo “las autoridades federales sólo cuentan con una fotografía
en la que no se ha determinado oficialmente si tiene validez”.
El
propio Castillo fue evidenciado en febrero pasado, a las pocas semanas de haber
llegado a Michoacán, en una reunión en Tepalcatepec con Juan José Farías, El
Abuelo, presunto lugarteniente del cártel de Los Valencia.
El
supuesto desarme anunciado por Castillo y que acabó en un mero registro de armas
es para el investigador otra de las simulaciones del gobierno federal: muchos
miembros de autodefensas registraron sus armas, incluso de grueso calibre, y
regresaron a casa con ellas. Aunada al rechazo de otros grupos de someterse a
dicho registro, esta es para Le Cour Grandmaison una demostración de que no
parece haber la intención gubernamental de detener la violencia en el estado y
de que, por el contrario, “está jugando con fuego”.
Sin
tomar en cuenta a la gente no armada, las autoridades se enfocaron en las
demostraciones de fuerza, pero sin atender “las estructuras del sistema
templario, que siguen en pie”. Asevera: “Sin duda, ya está en marcha el proceso
de reconfiguración del cártel de Los Templarios y ya se pueden percibir algunas
señales de que pronto aparecerá otro, asentado en la estructura del anterior”.
Así, “la estrategia del gobierno federal habrá servido para eliminar una
estructura criminal e instalar otra”.
Observa
que la creación de una policía rural con ciertas autodefensas “sigue la misma
lógica de ilusión de control”, a través de la cooptación de un bando, “para
difundir una imagen de poder gubernamental” capaz de desaparecer las
autodefensas, darles una etiqueta pública y declarar solucionado el problema.
Soldados
ciudadanos armados
Aunque
menos enfático, el exjefe de inteligencia de la DEA en la embajada de Estados
Unidos en México Gary J. Hale también pone en duda la eficacia de Peña Nieto en
Michoacán y manifiesta que si el gobierno federal fracasa dará paso al control
pleno de la delincuencia no sólo en el estado, sino a nivel regional.
En
el texto titulado Autodefensas, vigilantes y autoprotección policial en México:
¿Dominio civil sobre las políticas de seguridad pública?, el exagente de la
DEA, quien trabajó asimismo para el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC,
por sus siglas en inglés), en el que convergen varias agencias de seguridad
estadunidenses, destaca que Michoacán es un experimento para el gobierno de
Peña Nieto.
“Michoacán
está sirviendo como un campo de prueba de ese experimento de autoprotección
policial que va un paso más allá de la policía comunitaria, que opera
desarmada, y se encamina más hacia el desarrollo de una fuerza de soldados
ciudadanos armados”, asegura el exagente en el texto publicado en el sitio de
The Small Wars Journal el pasado 23 de junio.
Hale
escribió su análisis a partir de la proliferación de autodefensas en Michoacán
y de la decisión de incorporar a algunas autodefensas como policías rurales,
estatales o incluso al Ejército, en febrero pasado. Para su elaboración, se
entrevistó en mayo pasado con funcionarios de seguridad pública en Guerrero,
Michoacán y el Distrito Federal.
Encargado
en la década de los noventa de la persecución de Amado Carrillo, El Señor de
los Cielos, jefe del Cártel de Juárez, sostiene que más allá de la detención de
Joaquín El Chapo Guzmán y de otras cabezas del narcotráfico, “Peña Nieto ha
alcanzado un progreso poco medible o significativo en reducir la violencia y la
delincuencia” en su año y medio de gestión. “Esa falta de éxito para aumentar
la seguridad ciudadana ha dado lugar al surgimiento de los grupos de
autodefensa o vigilantes que han comenzado a tomar la seguridad pública en sus
manos”.
Considera
que en el corto plazo el gobierno federal ha permitido que algunas autodefensas
continúen operando ante la fragilidad gubernamental, y en algunos casos incluso
se les ha permitido llevar sus actividades de manera independiente o
acompañadas de fuerzas oficiales.
A
largo plazo, si se establecen más como una fuerza permanente de soldados
ciudadanos, su disolución será más difícil en tanto que éstos estarían
enraizados en la sociedad rural, especialmente en las áreas continuamente
amenazadas por las organizaciones de tráfico de drogas.
Estima
que el mejor escenario para el gobierno consistiría en que las autodefensas
dejen de operar y se diluyan, especialmente si la Policía Federal y las fuerzas
militares consiguen una presencia más numerosa y permanente, no sólo en
Michoacán, sino también en Guerrero.
A su juicio, la eventual creación de la
planeada Gendarmería, a la cual define como una fuerza paramilitar, “puede
algún día” sustituir a las tropas del Ejército y de la Armada, “pero la
evolución de esa nueva fuerza parece estancada y no estar lista en un futuro cercano
como se anunció inicialmente”. Según el gobierno federal, el cuerpo policial
deberá estar operando a mediados de este mes, aunque como una división más de
la Policía Federal y no como una nueva corporación.
Recuerda
que Peña Nieto propuso una fuerza policial paramilitar que sería más grande que
la Policía Federal, lo que incrementaría ostensiblemente la obtención de
inteligencia y patrullajes en zonas de conflicto. Además, se compondría de
soldados que participaron en el sexenio pasado en el combate al narcotráfico.
Pero
calcula que pasarían muchos años antes de que la Gendarmería fuera lo
suficientemente efectiva para entrar en un ambiente de combate como el que
ahora existe en México: “Reclutar, entrenar y equipar esas unidades sería muy
costoso, y las estructuras de cadenas de mando tendrían que ser desarrolladas,
especialmente considerando que la Constitución establece que esas unidades
estén subordinadas a los gobernadores de los estados”.
Sobre
la falta de viabilidad de la propuesta de Peña Nieto, expone que dados los
niveles de corrupción que existen en los estados y municipios, era improbable
que el gobierno renunciara al comando y control de esas nuevas unidades, y
probablemente requeriría que los mandos de la Gendarmería estuvieran directamente
subordinados al secretario de la Defensa.
Añade
que también tendrían que propiciarse nuevas leyes, considerando que la Guardia
Nacional, o unidades paramilitares, no tendrían autoridad policial para
investigar, cumplir con arrestos u operar de una manera no militar.
Además,
pugnas en el interior del gabinete han impedido la operación de la Gendarmería,
explica en alusión al conflicto suscitado por el interés que tenía la
Secretaría de la Defensa de controlar a la Gendarmería, contrario al deseo de la
Secretaría de Gobernación, que finalmente logró que se quedara bajo su dominio,
aunque como una división de la Policía Federal integrada sólo por 5 mil
elementos y no por los 40 mil que llegó a proponer Peña Nieto.
Hale
considera que la falla de la Policía Federal para controlar “el polvorín” en
que se ha convertido Michoacán puede estar entre las razones de la salida, el
18 de marzo pasado, de Manuel Mondragón como titular de la Comisión Nacional de
Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación y que está al mando de
la Policía Federal.
El exagente de la DEA que también estuvo
destacado en labores de inteligencia en Colombia, Bolivia, Nueva Orleans,
Boston y Nueva York, comenta que si las autodefensas están operando en
coordinación con metas y objetivos bien definidos, y si se están incorporando
exitosamente en la burocracia de seguridad pública, “podríamos ver en México la
emergencia de una nueva forma de prácticas de autoprotección policial”.
De
lo contrario, la perpetuación de las autodefensas sin ese comando, control y
coordinación “podría devenir en una sociedad sin ley en ciertos estados, o
incluso quizás en algunas regiones de México”, lo que elevaría las violaciones
a los derechos humanos y, por asociación, implicaría al gobierno federal como
copatrocinador de tales delitos.
El
gobierno de México tiene el imperativo moral de proteger a sus ciudadanos aun
si las autodefensas llegan a tener autoridad en la protección y defensa de las
comunidades. Pero ante la incertidumbre de los resultados de las acciones de
Peña Nieto, concluye Hale, “sería difícil señalar si serán los delincuentes o
el gobierno los que tengan mano en determinar el alcance de las libertades en
México”.
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