Corrupción multimillonaria en la Fundación Jenkins

Corrupción multimillonaria en la Fundación Jenkins/ÁLVARO DELGADO

Revista Proceso # 1965, 28 de junio de 2014

El ente caritativo que cuenta con más fondos en México, la Fundación Mary Street Jenkins, se halla en el centro de un escándalo de corrupción y presunto lavado de dinero con implicaciones en las instituciones que patrocina, entre ellas la Universidad de las Américas en el estado de Puebla. El motivo es un conflicto entre los miembros del patronato de la fundación, la propia familia Jenkins, que se encuentra enfrentada con el primogénito, quien a su vez acusa a su madre, su padre y sus hermanos de enriquecerse ilegalmente a costa del organismo de beneficencia.

Una trama de corrupción, tráfico de influencias, compra de justicia y otras ilegalidades sacude a la Fundación Mary Street Jenkins, la institución de caridad más rica de México con casi 10 mil millones de pesos de patrimonio y patrocinadora de una de las principales escuelas privadas del país: la Universidad de las Américas.

Se trata de una disputa de poder y de dinero entre los integrantes del patronato de la fundación, la propia familia Jenkins: padre, madre y hermanos enfrentados con el primogénito, quien los acusa de enriquecerse ilegalmente a costa de la institución de beneficencia.

“Éste ya no es sólo un asunto familiar, es un tema público”, advierte Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, quien revela que un personaje clave en el conflicto es el rector de la Universidad de las Américas (Udla), el panista Luis Ernesto Derbez, canciller en el gobierno de Vicente Fox.

“Es una persona que tiene mucha influencia sobre mi familia, los manipula completamente”, afirma y asegura que Derbez ha cometido o solapado delitos que la Procuraduría de Justicia de Puebla no investiga, porque –según él– ha “comprado” a ésta mediante becas de la Udla a agentes policiacos.

 Eso mismo hizo la familia Jenkins –acusa– con el presidente de la Junta de Instituciones de Beneficencia Privada de Puebla, Amado Llaguno Mayaudón, quien avaló la reforma a los estatutos de la fundación: le obsequiaron una beca de la Udla para su nieto.

 Precisamente ante la junta, que depende del gobernador panista Rafael Moreno Valle, Guillermo Jenkins de Landa presentó, en diciembre, una denuncia para ser restituido como patrono de la Fundación Jenkins y que sus padres, Guillermo Jenkins Anstead y Elodia Sofía de Landa Irízar, sean removidos por actuar de manera ilegal para beneficiarse de la fundación.

 Y pone un ejemplo: Sus padres crearon una empresa que recibió un préstamo de la Fundación Jenkins para comprar un edificio en Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México, que luego se lo vendieron a otra empresa de la propia institución de beneficencia, con cuya operación ganaron ambos más de 8 millones de dólares.

 Esta triangulación implicó el desvío de más de 14 millones 200 mil dólares del patrimonio de la fundación, una conducta que Jenkins de Landa califica de ilegal, igual que la multimillonaria “inversión” que sus padres y hermanos tienen en un desarrollo inmobiliario en Los Cabos, Baja California Sur, en el que están involucrados –además– otros parientes.

 Afirma que los socios del desarrollo en Los Cabos, Mariano Mariscal Barroso y Mariano Mariscal Asúnsolo, son familiares de Jacqueline Asúnsolo, esposa de su hermano Roberto Jenkins de Landa, “por lo que innecesariamente se sometería a la fundación a potenciales conflictos de interés derivados de esa relación personal”.

 Roberto Jenkins de Landa, quien junto con sus padres tramó la destitución del primogénito, recibió también un préstamo de la fundación por 600 mil dólares, en 2007, pero hasta la fecha no ha pagado nada.

 No sólo eso: La familia Jenkins usa los recursos de la fundación como si fueran suyos y los despilfarra en la compra de obras de arte que acostumbra la madre, en el uso del helicópteros y renta de lujosas oficinas en Santa Fe, pese a que la sede está en Puebla.

 Y más aún: Los Jenkins “lavaron” dos millones de dólares de la Fundación Jenkins para contratar a un despacho de abogados, con el fin de armar una estrategia de expulsión de Guillermo Jenkins de Landa como patrono de esa institución, de la Udla y de otras dos fundaciones.

 Guillermo Jenkins afirma en su demanda: “La única razón que existe para que, a través de la violación de los derechos del suscrito se haya buscado su remoción como patrono propietario de las fundaciones en las que tiene ese cargo, es la de quitarlo como obstáculo para que puedan continuar con su agenda personal en las operaciones de la fundación”.

 Cosas de familia

 El escándalo en la Fundación Jenkins se inició luego de que, en junio de 2013, el patronato anunció que Guillermo Jenkins de Landa había sido expulsado, lo que llamó la atención porque él era, desde 2002, secretario y llegó a ser tesorero, pero también integraba las fundaciones de la Udla, del Colegio Americano y del Club Deportivo Alpha, todas de Puebla.

 Además era presidente del consejo de administración de Reforma Bicentenario, la empresa que compró con fondos de la fundación el edificio de Reforma e Insurgentes, y de Proyecto Nuevo Siglo, compañía que tiene en Puebla un edificio de oficinas, un hotel y un estacionamiento en Las Ánimas.

 Dedicado a los seguros, Jenkins de Landa prestaba inclusive sus oficinas de Las Lomas de Chapultepec para que sesionara el patronato de la Fundación Jenkins, que duplicó su patrimonio de 350 millones de dólares, en 2002, a 750 millones de dólares hasta el año pasado.

 Fundada en 1953, es la institución de caridad más rica de México y lleva el nombre de la viuda de William Jenkins, un controvertido estadunidense que hizo fortuna en Puebla gracias a su trabajo, pero también a sus relaciones políticas y aun criminales (Proceso 197).

 Lo que detonó el conflicto, que derivó en la remoción de Guillermo Jenkins de Landa como patrono propietario y secretario de la fundación, ocurrió a principios de 2012: El patriarca de la familia planteó reformar los estatutos de la institución, por él presidida, para que sus cinco hijos fueran incluidos como “herencia” en él.

 El primogénito se opuso argumentando que no podía ser “herencia”, porque la fundación no era propiedad de ellos ni de nadie, pero también porque sus cuatro hermanos no cumplían con los requisitos de solvencia y carácter intachable.

 “No creo que varios de mis hermanos cumplan con eso”, le dijo a su padre, revela Jenkins de Landa, en entrevista con el reportero, el lunes 9, en sus oficinas de Las Lomas.

 Jenkins de Landa fue parte del equipo que, en 2000, venció en tribunales a Manuel Espinosa Yglesias, quien pretendía también dejar a sus hijas en el patronato de la fundación. “Con mi padre resultó peor”, afirma.

 Pese a la oposición de él y de las observaciones que también hizo Manuel Mestre Martínez, el único miembro del patronato que no es de la familia, y luego también de que su hermano Roberto sustrajo indebidamente el libro de actas, él decidió finalmente avalar las reformas a los estatutos.

 “Lo que yo no quería era causar un problema familiar”, dice y confió en que la Junta de Beneficencia Privada de Puebla no avalaría la reforma a los estatutos, porque, por ejemplo, se decía que no podían ser patronos personas mayores de 80 años y su padre y Mestre rebasaban esa edad, y que no podía haber cónyuges, pero sus padres lo eran.

 “Yo pensé que la junta iba a tener más seriedad, pero no la tuvo y avaló. Luego me enteré que fue a cambio de una beca para el nieto del presidente”, asegura.

 El nuevo patronato se integró con Guillermo Jenkins Anstead, su esposa y sus hijos Roberto, Juan Carlos, Margarita y María Elodia Jenkins de Landa, así como su sobrino Juan Eustace Jenkins. Mestre fue ratificado.

 Fue su hermano Roberto quien le pidió la renuncia a todas las fundaciones y empresas: “De acuerdo, sólo quiero que me releven de toda responsabilidad. Me dijo que no. Y yo le dije: ‘Entonces impútenme una responsabilidad, si hay algo que hice mal’. No tenemos nada que imputarte. ‘Entonces me relevan o me imputan algo. Si ustedes cometen errores, el responsable voy a ser yo’”.

 Luego fue a ver a su padre para preguntarle por qué quería que saliera de los consejos de las fundaciones y de las empresas, pero se encontró que también le exigía salir de los consejeros consultivos de la Udla, del Colegio Americano y de los clubes Alfa:

 “–¿Y por qué?

“–No sé.

“–Oye, tú eres el presidente, cómo que no sabes.

“–No sé, pero me tengo que ir con la mayoría.

“–¿Y quién es la mayoría, caray?

“–Tú mamá y tus hermanos.”

Dice Jenkins de Landa: “En ese momento honestamente me di cuenta de que mi papá ya no estaba en sus facultades. Yo todavía no sabía lo que se pretendía hacer después”.

Lavado de dinero

En junio de 2012 su padre le suspendió a Jenkins de Landa sus honorarios de 110 mil pesos al mes, pero el embate se intensificó: Se enteró, fortuitamente, de que sus padres contrataron por 2 millones de dólares un despacho de abogados para expulsarlo de la empresa Reforma Bicentenario con cargo a la Fundación Jenkins.

El 29 de mayo de 2013 recibió un correo electrónico, “seguramente por algún error del remitente”, Roberto Illanes, de un contrato de prestación de servicios profesionales del despacho Rincón, Mayorga, Román, Illanes, Soto, con un calendario de pagos.

Uno de éstos era por 450 mil dólares “a la exclusión de Guillermo Jenkins de Landa” de Reforma Bicentenario, la empresa que él formó, en 2010, para comprar el edificio de Reforma y del que es socio con sólo dos acciones.

“Soy el único accionista persona física. Claro, soy mini-mini, pero soy”, explica y afirma que la transferencia de los 2 millones de dólares de la Fundación Jenkins a Reforma Bicentenario es lavado de dinero.

“Lavan dinero como si fuera capital para comprar fierros y ladrillos. También los tengo denunciados por la vía penal”, afirma Jenkins de Landa, quien en su queja ante la Junta de Beneficencia detalla cómo es que sus padres ganaron más de 8 millones de dólares a costa de la fundación.

Y es que el matrimonio Jenkins-De Landa y su hijo Roberto, en el desarrollo del que los dos primeros son accionistas y el segundo administrador único, obtuvieron una ganancia multimillonaria con la compra del edificio de Reforma e Insurgentes, en el Distrito Federal.

Con base en la documentación que Jenkins de Landa anexó a su denuncia, Desarrollo FAM adquirió, el 26 de noviembre de 2010, el inmueble por un precio total de 20 millones 500 mil dólares más los impuestos aplicables y, el 15 de diciembre, se lo vendió a Reforma Bicentenario en 34 millones 726 mil dólares.

“Esto quiere decir que en sólo 20 días Desarrollo FAM obtuvo una ganancia por 14 millones 226 mil dólares a partir de una operación de compraventa de inmuebles que presumiblemente adquirió con dinero que, en carácter de préstamo, recibió de la Fundación Jenkins y como resultado de una venta a una empresa subsidiaria de la propia fundación de la que originalmente obtuvo los recursos.”

Añade: “Si a todo lo anterior sumamos que, por contratos por separado, Desarrollo FAM le vendió el inmueble a Reforma Bicentenario los permisos y las licencias relacionadas con el inmueble y construcciones arriba mencionados, podría resultar que la utilidad injustificadamente obtenida por esta transacción fuera aún mayor”.

En la denuncia se acredita que, en 2011, los accionistas de Desarrollo FAM, el matrimonio Jenkins-De Landa, obtuvieron un gran dividendo y recibieron, cada uno, un cheque por 4 millones 217 mil 509 dólares, para un total de 8 millones 435 mil 18 dólares.

 Cuando Guillermo Jenkins pidió a su padre y madre que rindieran cuentas sobre esta operación en perjuicio de la fundación, ellos se negaron.

“Me contestaron que su única obligación para con la fundación Mary Street Jenkins era la de pagar el préstamo que su empresa había obtenido de 28 millones 500 mil dólares y que el suscrito carecía por completo de facultades para cuestionarlos respecto de las operaciones de una sociedad mercantil (es decir Desarrollo FAM) con la que no tenía participación accionaria alguna.”

Insistió en que se asegurara el pago del préstamo por los 28 millones 500 mil dólares y que hubiera rendición de cuentas, pero sus padres lo rechazaron: “No solamente no presentaron ninguna rendición de cuentas, sino que iniciaron su campaña para sacarme a como diera lugar del patronato de la fundación y, así, poder disponer a su antojo de su patrimonio”.

Inversiones dudosas

En su demanda, Jenkins de Landa pide a la junta que inicie procedimiento de remoción inmediata de sus cargos de patronos de sus padres y su hermano Roberto, pero además que ordene que le sean restituidos a la Fundación Jenkins los 14 millones de dólares, más los intereses, de los que se dispusieron de manera indebida.

En caso de que se nieguen a devolver el dinero, exige, que se inicien las acciones civiles y legales que correspondan. También pide que se declare ilegal la inversión que hizo la fundación Jenkins en el proyecto Cabo Riviera Marina y Resorts, en Los Cabos.

A mediados de 2012, su hermano Roberto Jenkins de Landa propuso al patronato invertir en Los Cabos a través de las empresas Desarrolladora La Ribera y Grumar, pero él se opuso por la experiencia con Desarrollo FAM y por las diferencias con otros proyectos de la fundación, como Proyectos Nuevo Siglo y Reforma Bicentenario.

Por ejemplo, la fundación no tendría el control absoluto de la sociedad y convertiría la inversión en un auténtico capital especulativo contrario a los fines de la fundación y a las leyes que la regulan. Más aún, estaba sujeto a litigios de carácter agrario.

También cuestionó la sociedad con Mariano Mariscal Barroso y Mariano Mariscal Asúnsolo, parientes de su cuñada Jacqueline Asúnsolo de Jenkins.

Puntualiza: “Por esa razón, el suscrito exigió que la fundación hiciera un análisis legal y financiero profundo respecto de estos temas antes de embarcar a la fundación en una aventura que parece ser totalmente descabellada, con el agravante de ser totalmente innecesaria para el adecuado funcionamiento de la fundación”.