Retrospectiva
Reportaje
de Juan Veledíaz -premio Nacional de Periodismo- sobre El EPR y demás grupos
armados; firmado desde Oaxaca, Oaxaca.
Publicado
en El Universal, 18/07/2007;
El
EPR robó $75 millones dirigidos a pobres: Sedena
Para
el Ejército mexicano en Oaxaca se vive una “guerra de baja intensidad”.
Para
el Ejército mexicano en Oaxaca se vive una “guerra de baja intensidad”.
Según
el informe Estudio General de Oaxaca, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL,
realizado por la sección segunda del Estado Mayor de la Secretaría de la
Defensa —inteligencia militar—, Oaxaca atraviesa por una etapa de “guerra de
baja intensidad” que podría agravarse, pues ya fue fijada una posible fecha.
Los grupos de inteligencia han detectado pintas en comunidades de los valles
centrales de Oaxaca: “Calderón, nos vemos en 2010”, cuando se cumplen 100 del
inicio de la Revolución y 200 de la Independencia.
El
extenso análisis sobre el EPR en el estado y actualizado hasta principios de
este año registra la “genealogía” de la guerrilla, fuentes de financiamiento,
líderes principales, su red de apoyo social con organizaciones “de fachada”, en
algunas de las cuales hay militantes que aparecen bajo un membrete u otro, y la
identidad de activistas de cuyo seguimiento en los últimos años se ha
documentado su vinculación con el grupo armado.
En
mayo pasado el Ejército comenzó a custodiar unidades de Bansefi, encargadas de
entregar dinero para programas sociales, entre ellos Oportunidades, porque
había confirmado que los asaltos perpetrados contra este banco en los últimos
años en la entidad habían sido realizados por integrantes del EPR.
De
ese modo, la guerrilla en Oaxaca obtuvo hasta abril de 2007 al menos 75
millones de pesos en recursos destinados a programas sociales. Bansefi,
institución de ahorro y crédito popular, tiene 30 sucursales distribuidas en
los municipios más pobres de la entidad, donde el Ejército ha detectado a
activistas ligados a organizaciones cuyo discurso político es cercano al
enarbolado por el EPR.
Cinco
familias
Se
hace llamar Pancho Riatas o El Profe; es especialista en explosivos con más de
cuatro décadas en la militancia armada clandestina, lo que lo ha llevado a ser
instructor de guerrillas en Nicaragua y El Salvador en los años de conflicto.
Para el Ejército, su nombre real es Paulino Cruz Sánchez o Tiburcio Cruz
Sánchez, aunque usa el nombre de Francisco Cerezo, y es el jefe de uno de los
cinco clanes familiares registrados como “el esqueleto del EPR”. Es hijo de
Antonio Cruz Palma (Antonio Cerezo Palma), y de María del Carmen Sánchez
Ramírez, ya fallecida, y a quien se le conoció como La Incendiaria.
Sus
hermanos: Nieves Conchita Cruz Sánchez, casada con Alfonso Compeán; Javier Cruz
Sánchez El Luchador; Eugenio Cruz Sánchez (Cristóbal Domínguez Román) y Gabriel
Eugenio Cruz Sánchez o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quien se denunció su
desaparición el 25 de mayo pasado en Oaxaca, motivo por el que el EPR detonó
explosivos en Pemex, y tiene como seudónimos Antonio Montaño Torres, Raymundo
Rivera Bravo y Tío Genaro.
La
segunda familia sería la Canseco Cruz; va por su segunda generación encabezada
por Constantino Canseco Cora, quien se presenta como Constantino Canseco Ruiz y
José Arturo y se unió a Gudelia Ruiz Rojas, Gudelia Rodríguez Rojas.
Aparecen
en este clan Florencia Canseco Ruiz (Emilia Contreras Rodríguez); Enrique
Canseco Ruiz o Felipe Canseco Ruiz (Camilo Escoba), amnistiado hace varios años
y hoy militante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien sería
enlace con la tercera familia, los Martínez Soriano, vinculado en los años 80
al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, organización que
nutrió después al EPR.
El
cuarto clan, Canseco Vera, viene de la unión de Felipe Canseco y Ana María Vera
Smith; el Ejército ha identificado a Ana María y Marco Antonio Vera como
activistas. La quinta familia sería la que surgió de la unión de Constantino
Canseco Ruiz con Blanca Estela Círigo Vázquez, La Twinky Wonder.
Los
analistas militares concluyen que, en el EPR, quienes integran los principales
cuadros se han casado entre ellos y han copado la dirigencia.
Activistas,
ligados a la guerrilla
Entre
las 23 organizaciones sociales que se presentan como representantes de
diferentes causas, y que aglutinan a alrededor de 19 mil 500 personas en todo
el estado de Oaxaca, el Ejército tiene detectado a un grupo de activistas con
ligas directas con la guerrilla.
El
documento muestra fotos de uno de ellos que, dentro de la APPO (Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca), se presenta como dirigente de comunidades
indígenas. En la imagen fue captado con pañoleta cubriendo la mitad de su
rostro y portando armas, durante un acto de propaganda armada bajo el membrete
de TDR (Tendencia Democrática Revolucionaria), ocurrida en agosto de 2006 en la
carretera Oaxaca a Tuxtepec. En otra foto tiene el rostro descubierto y camina
al lado del subcomandante Marcos en un evento durante la llamada “otra
campaña”. En ambas imágenes se hacen acercamientos desde distintos ángulos y es
cuando las facciones, los ojos, el mentón, el cabello, la patilla, las pulseras
y la estatura son similares en el personaje que se dejó ver en las mesas de
negociación el año pasado durante la parte álgida del conflicto con las
captadas al individuo de la pañoleta en el rostro vestido de verde repartiendo
volantes mientras porta un arma larga.
Los
voceros de la APPO han señalado que involucrar a sus activistas en supuestas
organizaciones guerrilleras forma parte de una estrategia de guerra sucia del
gobierno estatal y federal para desacreditar el movimiento por medio de un
“montaje para justificar la persecución de los luchadores sociales”.
Tomado
de Reforma, 18/07/2007;
Sólo
hasta que el Ejército Popular Revolucionario reivindicó el 10 de julio ataques
a instalaciones de Pemex, y las explicó (y amenazó con continuarlas) en función
de la captura y desaparición de dos de sus miembros, los gobiernos federal y de
Oaxaca emitieron una respuesta al reclamo de que aparezcan Gabriel Alberto Cruz
Sánchez (también llamado Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya: ambas
instancias negaron haber detenido y mantener en esa condición a esas personas.
Y apartaron los ojos del problema, como si no fuera deber de las autoridades
investigar la desaparición de personas, máxime cuando de su suerte depende la
del país, pues el EPR amagó con nuevos ataques si no se ubica el paradero de
sus compañeros. Importa mucho a la sociedad hallar a los responsables de los
atentados que directa o indirectamente provocaron enormes daños materiales.
Pero igualmente importa resolver el problema que, real o aparentemente, está en
el origen de la campaña militar de hostigamiento del EPR.
Ese
grupo guerrillero denunció el 2 de junio la captura y desaparición de sus
compañeros. Dos días después el reclamo había salido de los confines del grupo
directamente afectado y lo hicieron suyo una liga defensora de los derechos
humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura. Habrá quien diga, desde la
perspectiva de la rutina burocrática, que no es preciso atender en todos los
casos las denuncias de ese género, porque las formulan organizaciones que
sirven de voceros a grupos alzados en armas para efectos meramente
propagandísticos. Es inadmisible ese desdén, pero lo es más la indiferencia a
un llamado en el mismo sentido firmado por dos senadoras de la república,
Rosario Ibarra y María Rojo; la primera, desde hace más de 30 años eminente
luchadora por la presentación de desaparecidos. Firmaron también ese mensaje un
gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, un ex rector de la Universidad Nacional,
Pablo González Casanova, varios intelectuales dotados de voz pública, etcétera.
Nadie acusó siquiera recibo de su denuncia. De no ser porque el EPR, de atender
el comunicado del 10 de julio, decidió dar a la suya la fuerza de un ataque
violento y una amenaza, la desaparición forzada de estas personas pasaría a
estas horas inadvertida para la sociedad, como hasta este momento mismo parece
ocurrir para las autoridades.
Según
el EPR, sus compañeros fueron detenidos la noche del viernes 25 de mayo entre
las 20 y las 22 horas "en una acción fortuita de la policía", es
decir que no se sabía quiénes eran o no se había planeado su captura. Sin
embargo, el grupo guerrillero se contradijo, pues informó que se les torturaba
en la delegación oaxaqueña de la PGR, con la participación de militares,
miembros de la Agencia Federal de Investigación y "agentes norteamericanos
que fungen como asesores de la policía y el Ejército". Nada de ello habría
ocurrido de haberse tratado de una detención por casualidad.
El
perfil de los detenidos es muy diferente. Reyes Amaya, según testimonio de su
hija Nadín, que lo busca desesperada en Oaxaca, es un comerciante en el
Distrito Federal. Viajaba regularmente a Oaxaca pero ella y su madre entendían
que era para visitar a su familia, pues ignoraban que fuera miembro del EPR tal
como ahora lo ha definido el propio grupo. Cruz Sánchez o Rivera Bravo, en
cambio, es un combatiente inserto en la clandestinidad hace mucho tiempo. Es
hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, que con su identidad de Francisco Cerezo
Quiroz es el padre de Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras,
protagonistas de uno de los más escandalosos abusos de la procuración y
administración de justicia. Los tres fueron detenidos, cada vez más se aprecia
que en calidad de rehenes en pos de la captura de su padre, en agosto de 2001.
Las acusaciones en su contra, que incluían terrorismo y otros delitos de menor
penalidad, fueron cayendo una a una al punto de que Alejandro fue ya exonerado,
no obstante que se le enjuició por los mismos hechos que a sus hermanos. Ellos
siguen presos, purgando sus sentencias en penales de alta seguridad como si
fueran reos muy peligrosos y no, de haberse comprobado ese extremo, colocadores
de petardos que no provocaron sino mínimos daños materiales en sucursales
bancarias.
Ante
la negativa de las autoridades sobre la detención de Cruz Sánchez y Reyes Amaya
caben dos conjeturas. O no es verdad que han desaparecido y se trata de un
montaje del EPR para contar con un motivo para su campaña militar, o las
agencias policiacas o militares que los detuvieron no pueden reconocer que los
tienen consigo porque han mentido o, peor aún, porque ya no estén vivos si es
que acaso no soportaron la tortura que se dice sufrieron. También podría
ocurrir que los guerrilleros hubieran entrado en conflicto con sus compañeros y
se les hubiera reducido a prisión o ultimado y se pretendiera cargar esa cuenta
al gobierno federal, pues son agentes de ese ámbito de competencia los
señalados por la PGR.
Se
ha desplegado una gran operación en busca de los responsables de los atentados
a Pemex, y para resguardar sus instalaciones. Entre los objetivos de ese
despliegue debe contar también establecer el paradero y la suerte de los
alzados cuya desaparición se denuncia. Si el EPR mostró capacidades para generar
daños en instalaciones estratégicas no es sensato desestimar su amenaza de
hacerlo de nuevo y por eso debería ser urgente privarlo del móvil con que
inició esta fase de su guerra al Estado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario