Los
legisladores, tan vulnerables como corruptibles/JESUSA CERVANTES
Revista
Proceso
No. 1978, 27 de septiembre de 2014
El
asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel evidenció la debilidad del Poder
Legislativo: es fácil atentar contra sus integrantes –representantes de miles
de mexicanos y garantes de la institucionalidad– y es fácil corromperlos. Las
historias se multiplican. Hay legisladores secuestrados, prófugos, denunciados,
con familiares que han sufrido ataques o que están vinculados con el crimen
organizado…
Los
diputados tienen miedo. El secuestro y asesinato del diputado federal Gabriel
Gómez Michel (PRI) exhibe “lo vulnerable” de uno de los tres poderes del Estado
mexicano, el Legislativo. Existe otro temor: que sus integrantes se corrompan
con mayor facilidad cada vez.
Esta
es la opinión de Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, para quien el caso obliga a que los órganos de
inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional investiguen a todos
aquellos que aspiren a puestos de elección popular. De lo contrario, dice el
perredista, “no vamos a quitarles la tentación” a las bandas delincuenciales de
“penetrar en los poderes del Estado”. Y revela: “Esa es la magnitud del poder
alcanzado por los grupos delincuenciales”.
Originario
de Michoacán, uno de los estados con mayor presencia y evidencia de
infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental, Aureoles
revela que, después del asesinato de Gómez Michel, otros legisladores federales
han sido amenazados de muerte. De hecho, Proceso pudo confirmar el levantón y liberación
de otro diputado federal días antes del ataque perpetrado en Jalisco.
A
lo anterior se suman secuestros y atentados contra legisladores que representan
los distritos de mayor virulencia en Guerrero, Michoacán, Estado de México y
Jalisco.
Aureoles,
representante legal del Congreso de la Unión, acepta que en el pasado ha habido
casos en que diputados federales o sus familiares han tenido vínculos con el
crimen organizado –se refiere al del perredista Julio César Godoy Toscano,
desaforado y prófugo de la justicia federal. Sin embargo, asienta, en la actual
LXII Legislatura federal “no hay indicios de ello”.
En
una revisión periodística, Proceso detectó que por lo menos cinco legisladores
cuentan con familiares cercanos que han estado en contacto con mensajeros u
operadores de algunos cárteles de la droga. Este conteo no incluye el grupo de
panistas que, en enero de 2014, asistió a una fiesta que presuntamente auspició
un hombre detenido, acusado y posteriormente puesto en libertad por sus vínculos
con la mafia en 2004.
El
tamaño exacto
En
los años ochenta, Colombia padeció el asesinato de candidatos presidenciales,
ministros de justicia, jueces y diputados federales, así como la entrada en el
Poder Legislativo del narcotraficante, secuestrador y homicida Pablo Escobar
Gaviria.
Aureoles
Conejo se niega a hacer un símil con ese país sudamericano. Revela, eso sí, que
el jueves 25 un diputado federal, del que omite el nombre por razones de
seguridad, recibió amenazas de muerte; recuerda también el secuestro en febrero
pasado del diputado guerrerense Marino Miranda Salgado (PRD) y la decapitación
de Joel Miranda Salgado (hermano del anterior) el miércoles 3 –tres semanas
antes del asesinato de Gómez Michel–, además del atentado que sufrió Ramón Montalvo
Hernández, diputado federal por el Estado de México, el 8 de mayo.
“Espero
que no lleguemos al nivel que hubo en Colombia. Paralelamente, quienes han
sufrido estos atentados o privación de su libertad no son legisladores que
anden promoviendo iniciativas para atacar el crimen organizado o que busquen
endurecer las penas.
“Llevamos
15 años en una dinámica de inseguridad y violencia. Esto es muy preocupante y
grave. Afortunadamente no es un asunto de todo el país, pero en la inmensa
mayoría hay indicios de descomposición grave”, sostiene Aureoles.
Del
secuestro y asesinato del diputado priista Gómez Michel, el presidente de la
Mesa Directiva de Cámara de Diputados considera: “Enluta al Poder Legislativo.
Mi más enérgica protesta como el encargado de velar por la integridad y
seguridad de todos los legisladores. Es un golpe al Poder Legislativo. Expresa
la magnitud del poderío que han alcanzado los grupos delincuenciales y que no
les importa a quién le hacen daño. El comentario que hoy escucho es ‘si ello le
ocurre a un miembro de uno de los poderes del Estado mexicano, ¿qué puede
esperar un ciudadano común que no tiene ningún nivel de protección?’”.
El
Congreso de la Unión, abunda, ha mostrado su vulnerabilidad ante el crimen
organizado. “Corren riesgos los legisladores, sobre todo quienes somos de
regiones altamente conflictivas, en donde la violencia e inseguridad siguen,
por momentos, fuera de control. Viajamos en condiciones de altísimo riesgo y
solos por carretera”.
Insiste
en que el Estado debe “tomar las medidas pertinentes: no te voy a dar nombres,
pero ayer me amenazaron a otro diputado de muerte”. Sobre este amago, dice, ya
habló con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para
proteger la vida de su colega.
Se
le comenta que la semana pasada un comando levantó a un diputado federal por
unas horas. Lo admite.
Proceso
habló con el legislador que fue privado de su libertad. Su nombre se omite por
el riesgo que eso le representaría. Cuenta que un comando lo trasladó de un estado
a otro, con el que colinda. Al final estuvo en un punto vigilado por no menos
de 15 hombres que portaban armas largas.
Los
pistoleros le hicieron varias acusaciones, pero el legislador las negó. Le
dijeron que sabían cuánto ganaba, dónde vivía y quién es su familia. Luego de
un par de horas se convencieron de que el político no había participado en lo
que mencionaban. Decidieron liberarlo, pero le advirtieron que tenía un mes
para reunir 1.5 millones de pesos y entregárselos.
“Esto
es preocupante”, comenta el presidente del Congreso al referirse a la amenaza
de muerte, para luego recordar el caso de Marino Miranda, en Guerrero, y Ramón
Montalvo, en el Estado de México. “Así hay muchos ejemplos, pero también es el
grado de riesgo que corren los ciudadanos en general y del cual no está exento
quien tiene un cargo público”.
Un
ejemplo más lo encarnan los hermanos Monreal Ávila (Ricardo, diputado, y David,
senador), a quienes un grupo de sicarios pretendía ejecutar, según reveló la
PGR el 4 de abril de 2013. La intentona fue descubierta y desactivada.
–¿Las
amenazas, secuestros y asesinato son para presionar al Congreso? –se le
pregunta a Aureoles Conejo.
–Es
parte de la propia inseguridad. No quiero pensar que haya alguna motivación
para atacar el Congreso. Nosotros sólo hemos cumplido con nuestro trabajo.
Acepta
que en otras legislaturas ha habido integrantes que han tenido vínculos
directos o indirectos con el crimen organizado –“Es correcto, así fue” –, pero
en la actual “yo no tengo indicios. No conozco ningún caso. Ha habido algunos
muy sonados y están bajo investigación”.
–¿Qué
se debe hacer para evitar que el crimen organizado se filtre? –se le inquiere.
–En
el marco de los hechos de Michoacán planteé que los partidos postulantes asuman
el primer filtro. Que ante la autoridad competente solicitaran información. Hoy
digo que debiera haber una opinión expresa de los órganos de inteligencia del
Estado, la PGR, el Cisen y la Defensa Nacional, para que no andemos con
sorpresas.
Si
no ocurre esto, añade, “no vamos a quitarles la tentación a las bandas
delincuenciales de querer penetrar en los poderes del Estado. Ya lo han logrado
de manera visible en los ámbitos locales; en los municipios ya no cabe duda:
controlan un número importante de ellos en distintos estados. Se han atrevido,
y creo que lo han logrado, a llegar a nivel de gobernadores, y sin duda con
legisladores locales y, en algunos casos, federales.
“Si
no cuidamos eso, el riesgo de contaminación es muy alto, porque si prevalecen
algunos o muchos grupos delincuenciales es porque han contado con la protección
e impunidad. Sin duda la madre de todo esto ha sido la impunidad y protección
de la que gozan delincuentes en muchas regiones. Tiene que haber limpia total,
si no, vamos a seguir autoengañándonos.”
Y
como ejemplo, insiste, está Michoacán. “Desde el inicio se dijo de los riesgos,
se habló de evidencias, y todo mundo se comportó de manera complaciente, omisa…
y ahí está el resultado”.
–¿Es
posible que el crimen ya esté en algunos poderes federales?
–No
lo sé, pero yo quisiera evitar el riesgo. Se ha avanzado. Diría que veía las
cosas más vulnerables hace algunos años… Y es importante que las
investigaciones sean sólidas, creíbles.
Se
le recuerda a Aureoles que el anterior propietario de la camioneta donde
viajaba Gómez Michel es el diputado federal del PRI Marco Antonio Barba
Mariscal. También se le hace notar que el hermano de éste, Alfredo Barba, es
alcalde de Tlaquepaque. Éste incorporó a su gobierno –como parte del Consejo
Ciudadano de Transparencia e Información Pública de Tlaquepaque– a Janette
Iliana González Linares, una abogada que el jueves 11 fue considerada por el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante del equipo de
abogados del narcotraficante José Esparragoza, El Azul.
El
presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro responde: “Ninguna línea se tiene
que descartar; por eso la exigencia de que se investigue a fondo. Pero tampoco
será aceptable adelantar juicios en donde digan que ‘algo’ hacía o ‘tenía
ciertas amistades’”.
Las
muestras
En
una situación similar a la del diputado Barba Mariscal –cuyo hermano
supuestamente está vinculado con delincuentes– se encuentra el legislador
federal del PVEM por Michoacán Ernesto Núñez Aguilar. Afiliado al PRI pero representante
del PVEM en la Cámara, está casado con una hija del notario público 97 de aquel
estado, Emilio Solórzano Solís, quien dejó el cargo en meses recientes. Su
notaría fue traspasada a su hija en mayo último por el entonces gobernador
Fausto Vallejo.
Esa
notaría estuvo presuntamente involucrada en un secuestro: hace algunos años,
Los Caballeros Templarios plagiaron a un michoacano. Proceso habló con el
hombre, quien detalló cómo, cuándo y dónde fue retenido, en qué casa de
seguridad lo mantuvieron y cómo le exigieron, para liberarlo, poner su casa a
nombre de la persona que le indicaría “un notario”.
Un
familiar llevó a la Notaría 97 las escrituras y las dejó ahí. El interior del
lugar era custodiado por tres miembros del cártel; cuatro más vigilaban la
entrada y otros seis esperaban afuera. Todos estaban armados, según narró.
“Por
órdenes de La Tuta le tuve que firmar una cesión de derechos por 99 años sobre
mi casa, con una cláusula especial de dominio; es decir, en ese tiempo la
pueden vender, regalar, rentar o lo que quisieran. El nombre de a quien se la
cedí fue de un joven. El notario Emilio Solórzano no estaba: dejó el documento
firmado y la secretaria lo llenó conforme se lo dictaban los miembros de Los
Caballeros Templarios. Además de la casa, se tuvo que dar una fuerte suma en
efectivo”, detalla.
“Nunca
olvidaré la notaría. Ahí quedó mi casa de toda mi vida, pero no me quedaba de
otra. Los sicarios me dijeron dónde había trabajado, todo sobre mi familia, y
ese notario fue quien dio fe, sin estar, de la cesión de mi casa, no sé si por
acuerdo o forzado, pero fue en su notaría”, recapitula.
Paralelamente,
el miércoles 17, Isaac Solórzano Patiño –otro hijo de dicho notario y por lo
tanto cuñado del diputado Núñez Aguilar– apareció calcinado dentro de un auto
BMW. Hasta el momento se desconoce el móvil de su asesinato.
Un
caso más: el diputado poblano priista Javier López Zavala fue acusado de
vínculos con el narcotráfico por el excomandante de la Policía Judicial de
Puebla Manuel Antele Velasco. En sus declaraciones ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el policía
dijo que López Zavala recibía una cuota mensual de 200 mil dólares por permitir
el libre tránsito de droga por el estado, según da cuenta el portal en internet
de SDP noticias.
A
su vez, el diputado local de Coahuila Indalecio Rodríguez López acusó al
diputado federal del PAN Guillermo Anaya de haber colaborado con el capo
Sergio Villarreal El Grande. “Guillermo Anaya no sólo mantuvo relaciones
familiares con este sujeto, sino que también lo protegió en sus actividades de
tráfico de drogas en La Laguna”, declaró el viernes 19 al diario El Sol de
Zamora.
Finalmente
está el también panista Fernando Larrazábal Bretón. Él es hermano de Jonás
Larrazábal, quien fue captado en un video mientras recibía dinero presuntamente
por permitir el manejo de casinos en Monterrey, Nuevo León. Cada uno de estos
diputados tiene familiares señalados por sus supuestos nexos con el narco.
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