La “indisciplina” militar que mató a 22 personas

La “indisciplina” militar que mató a 22 personas/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso No. 1978, 27 de septiembre de 2014

Sólo bajo presión las autoridades mexicanas debieron reconocer que lo ocurrido el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya es demasiado turbio, por lo que debe ser aclarado. Testimonios y fotografías desmienten la versión original, la de un supuesto enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido. Sedena ya consignó ante un juez militar a ocho de los participantes en esa acción, acusándolos de “desobediencia” e “indisciplina”. Consultado por Proceso, un experto en derecho penal advierte: el caso podría significar “la presencia de facto de escuadrones de la muerte o de fusilamiento”.

Contra su voluntad, el gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir cualquier responsabilidad política.

 Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.

La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de soldados rasos más un teniente habían sido consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.

La Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar –sin explicar en qué consistió ésta–, desobediencia e infracción de deberes. Precisó que el último de los cargos sólo aplica para el oficial. Los acusados están recluidos en un sector conocido como “las negras”, por lo reducido y oscuro del espacio.

 El reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y pronto fue reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del Ejército. La Sedena se vio obligada a informar, tal y como había ocurrido una semana antes, luego de que la administración de Barack Obama hiciera una declaración pública en la que le pidió al gobierno de Peña Nieto una investigación verídica de lo ocurrido en el Tlatlaya, Estado de México (Proceso 1977).

 Sedena, que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los presuntos delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un patrullaje militar, indicó que la intervención de la justicia castrense era independiente de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la Sedena amplió las dudas.

 Debió haber una orden

 Según el abogado Félix Garza, litigante ante la justicia militar, la Sedena debe demostrar el motivo de la presencia de los soldados en el lugar de los hechos y especificar si se trató de un patrullaje rutinario u obedeció a una orden específica.

La diferencia es importante porque en el primer caso, un pelotón –integrado por 11 elementos y un mando– sería suficiente. Pero si se trató de un operativo, entonces fue necesaria la participación de más de un pelotón y ante todo debió existir la orden de un mando, dice Garza en entrevista telefónica.

 Asegura que ante su insistencia de que se trató de un enfrentamiento, el Ejército tendrá que demostrar cómo y quién inició la agresión para acreditar que en realidad repelió; respecto a la desobediencia, tiene que demostrar cuáles fueron las órdenes y de quién.

 “En una orden, por muy orden que sea de un superior, si mi sentido común me dice que me estoy pasando, no estoy obligado a respetarla, a menos que demuestre que mi superior por vía de hechos me amenazó con lastimarme o privarme de la vida. En estos casos, los insultos a los subordinados son muy comunes”, dice.

 A la tropa se le ha estado capacitando respecto a los mínimos exigidos en materia de derechos humanos a fin de que evite problemas. “No es que se pongan en contra de su superior, sino de que se protejan, que no pasen de determinada línea”.

 La situación es peor si los presuntos delincuentes ya se habían rendido. Según una testigo de los hechos, quien dio su versión a la revista Esquire, los militares habrían ejecutado a 21 de las 22 personas después de que habían depuesto las armas tras un tiroteo con los militares. La agencia estadunidense de noticias AP, diez días después de los hechos, reportó la existencia de indicios de lo que describió como un fusilamiento.

 “Si el teniente que está presentado ante la justicia militar dictó esa orden, se trata de abuso de autoridad con el agravante de homicidio en cualquiera de los grados. Pero como esto es muy difícil de demostrar, el Ejército tiene que abrir a la Procuraduría General de la República (PGR) los reportes elaborados el mismo día de los hechos, empezando por el que hizo el teniente”, explica Félix Garza.

 Sobre la posible identificación de responsabilidades, dice que además de ése, debe haber otros reportes elaborados por mandos de la 22 Zona Militar, a la que pertenecen el oficial y los soldados detenidos.

 Como comandante del grupo involucrado, el teniente debió informar a sus superiores. La prueba de que eso ocurrió es que la propia Zona Militar fue la que elaboró el comunicado de prensa difundido el 30 de junio, el mismo día de los hechos.

 La 22 Zona Militar tiene sede en Toluca, Estado de México, y está al mando del general de brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) José Luis Sánchez León. Está adscrita a la I Región Militar, con sede en el Distrito Federal, bajo la comandancia del general de división DEM Jaime Godínez Ruiz. La región abarca además del Distrito Federal, al Estado de México, Morelos e Hidalgo.

 Garza explica que los delitos por los cuales están presentados los militares tienen penas de hasta ocho años. Pero como consecuencia de lo que para la Sedena fue una infracción, en el caso del teniente el delito se agrava y alcanza una máxima de 60 años, por tratarse de un servidor público.

 En el caso de la tropa, en el Código de Justicia Militar la máxima es de 20 años, que es la sustitutiva de la pena de muerte, pero la justicia civil puede aumentar la condena. Por lo pronto, a todos se les suspende la mitad de sus haberes.

 Señala que la Procuraduría General de Justicia Militar puede actuar independientemente de las indagatorias de la PGR. “Si como procuraduría militar tiene conocimiento de que hombres del Ejército pueden estar involucrados en hechos delictivos, su obligación es comenzar la indagatoria. Posteriormente, por competencia se entrega el caso a la autoridad del fuero común o federal. Por lo pronto, detiene a los implicados. Siempre ha sido así, sobre todo en casos de derechos humanos y delincuencia organizada”.

 Aunque no hay reportes de que los familiares de las víctimas se presentaran a reclamar los cuerpos, el abogado dice que se pueden presentar en el juicio como víctimas secundarias.

 Descrédito

 El caso Tlatlaya acompañó al presidente Enrique Peña Nieto a su reciente viaje a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde el lunes 22 aseguró que la PGR “responderá” a lo ocurrido. Habían pasado apenas 72 horas desde que el gobierno estadunidense le había pedido públicamente al de México que aclarara el caso luego de casi tres meses de silencio.

 Con un gobierno que a fuerza de revelaciones periodísticas ha tenido que reaccionar en un caso que pretendía superado, Peña Nieto anunció en las Naciones Unidas que los militares mexicanos estaban dispuestos a participar en operaciones de mantenimiento de la paz, con labores humanitarias donde los Estados miembros de la ONU afectados lo soliciten.

 La paradoja es la crisis de imagen en la que se encuentra el Ejército mexicano por los señalamientos de Tlatlaya. El caso dio un giro el jueves por la noche con la detención de los militares de rango inferior. A las pocas horas surgieron nuevos elementos de una posible masacre. En su edición del viernes 26, el diario La Jornada publicó que 14 de las 22 personas muertas a manos del Ejército habrían sido colocadas a menos de un metro de una de las paredes de la bodega donde la Sedena asegura que se dio el enfrentamiento. Después de esa formación, los militares les habrían disparado a corta distancia.

 A partir del análisis forense de las fotografías entregadas por la agencia MVT, que a su vez dice haberlas recibido de forma anónima, el diario señaló que para que las balas de un fusil M-1 dejen perforaciones como las que se ven en las fotografías, debieron haber sido disparadas a menos de 30 centímetros del blanco. Aseguró que todos los cuerpos presentan disparos a la altura del pecho y el abdomen.

 El profesor de la Universidad Iberoamericana Gilberto Santa Rita Tamés, doctor en derecho por la Universidad de Sevilla, especializado en derecho penal del enemigo, considera que ante “la contundencia” de la información periodística estaríamos “en la presencia de facto de escuadrones de la muerte o de fusilamiento, en un Estado que ya enfrenta al avasallamiento del fenómeno delictivo y cuyos agentes hacen a un lado el principio de la legalidad y se limitan a la ejecución de los delincuentes.

 “En ese caso, el Estado se estaría convirtiendo en delincuente, en un Estado criminal por acción, utilizando su brazo más violento, el Ejército, y no el derecho penal, que es violencia institucionalizada”, dice a Proceso en entrevista telefónica.

 Desde el punto de vista penal, lo que pasó en Tlatlaya tiene tintes de ejecución por parte de un Ejército que ya tiene antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos, como lo demuestra el caso de Rosendo Radilla, asegura.

 Radilla fue detenido y desaparecido por militares en 1974, y por esa causa, 35 años después el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese caso, sin embargo, es apenas una muestra de lo ocurrido en los años de la llamada guerra sucia de los años setenta y principios de los ochenta.

 “La responsabilidad de los militares en esos casos ha estado más que acreditada, pero también en las violaciones que cometieron en el sexenio pasado, del gobierno de Felipe Calderón”, puntualiza Santa Rita.

 Señala que a pesar de la manipulación, el Estado mexicano, empezando por la Sedena, “cuenta de sobra con elementos científicos y humanos para reconstruir la escena del crimen. No es complicado, porque en teoría fue un intercambio, por lo cual hay información sobre casquillos, posiciones de los cuerpos, armas en el suelo y otros elementos”.

 Sobre el establecimiento de responsabilidades, refiere a las cadenas de mando: “Es muy difícil que un jefe de un pequeño grupo de militares se tome una libertad que le va costar décadas de prisión”.

 Santa Rita asegura que para evitar el costo para Sedena y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, se busca limitar las responsabilidades a elementos con un rango menor. “Están tratando de aminorar el costo de lo que esto representa. Por eso el Ministerio Público militar buscará establecer que los detenidos desobedecieron una orden superior”.

 Precisa que de acuerdo con el artículo 119 del Código de Justicia Militar, un soldado no puede ser castigado cuando desobedezca una orden que constituya un delito. “Aquí es evidente que la orden antijurídica existió. Era un delito y la tropa debió haberse excusado de cumplirla. Al no hacerlo, cometieron el delito de homicidio en contra de civiles”, agrega. Por eso, lo importante es ver en qué consistió la orden y quién la dio.

 Considera sin embargo que será muy difícil llegar a la “verdad histórica” de lo ocurrido, debido a la opacidad con que se conducen las autoridades. “Desde el punto de vista democrático, el Estado mexicano podría demostrarlo sin problema, pero por el déficit democrático que tenemos nunca vamos s a ver realmente lo que se sucedió” el 30 de junio “porque el caso se va empañar” y reducir a la detención de elementos del grado más bajo.

 Retoma la crítica de la organización no gubernamental con sede en Nueva York Human Rights Watch respecto a la ausencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Ante el silencio que guardó el Ejército durante tres meses, la CNDH fue “absolutamente omisa”.

 Como garante de los derechos humanos, “desde un primer momento debió dar la cara y, en un segundo momento no muy distante, la Sedena tenía que hacer un pronunciamiento contundente de cara a que habría un procesamiento de investigación correcta”.

 Pero observa que la contradicción de la CNDH es que de manera anticipada concluye que no hubo ejecución, como declaró el miércoles 24 el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia: “Se va por la tesis del enfrentamiento legítimo, aunque dice que los resultados los va a tener en mes y medio. Tampoco explicó cómo llegó a esa conclusión que es tan difícil de demostrar”.

 Su actitud en el caso se sumó a las críticas de un grupo de activistas sociales, entre quienes se encuentra Eduardo Gallo, que la semana anterior le pidieron al Senado impedir la reelección de Plascencia Villanueva en la CNDH. Luego de participar en un seminario en la Universidad Anáhuac, Plascencia declaró: “tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de dos horas… entre las tres y la cuatro de la mañana”.

 Ni siquiera la PGR ha dicho públicamente que lo que pasó fue un enfrentamiento. El miércoles 24, al comparecer ante la Cámara de Diputados, el procurador Jesús Murillo Karam aseguró que el caso es “bastante complejo” y que “no importa el tiempo que se necesite” para “buscar la verdad”.

 No obstante, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya se anticipó a exculpar al Ejército. En su comparecencia también en la Cámara de Diputados, el viernes 26, dijo que de confirmarse que hubo una ejecución se trataría sólo de un caso excepcional.

 “Si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército Nacional, quiero decir que será la excepción… sólo una acción aislada y no un comportamiento de nuestro gran Ejército y de la Marina Armada de México”.