Desprecio sistemático de México a la ONU

Revista Proceso...No..1984, 7 de noviembre de 2014.

 Desprecio sistemático de México a la ONU/MATHIEU TOURLIERE

Dos semanas después de la publicación de un comunicado en el que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, por sus siglas en inglés) expresó su alarma por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ofreció su asistencia al gobierno federal, no ha obtenido respuesta.

En su planteamiento del 24 de octubre último, esa instancia proponía varias acciones: asesoría técnica a los tres poderes del Estado mexicano y a la sociedad civil por medio de su oficina en México y dar seguimiento “de manera imparcial” a los casos de violaciones a los derechos humanos.

Con respecto a las desapariciones forzadas en Iguala, la OACNUDH dejó entrever a los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos la posibilidad de entregar sus quejas al Comité contra la Desaparición Forzada, perteneciente al sistema de Naciones Unidas.

En teoría, ello implica que el comité puede abrir una investigación al término de la cual emitiría una serie de recomendaciones al gobierno mexicano “que se convertirían en herramientas para el cumplimiento de los derechos y las reparaciones correspondientes”.

En su escrito, la OACNUDH expuso que el gobierno federal se niega desde hace tres años a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias por parte de las víctimas, según lo establece el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De acuerdo con la convención –ratificada por México en marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011–, en el Estado firmante “nadie será sometido a una desaparición forzada”.

Para la ONU, el concepto de desaparición forzada abarca “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

 La convención también alude a la formación de un comité de 10 expertos de gran integridad moral cuyos miembros “podrán examinar de manera urgente toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida”.

 Y en su artículo 26, la convención establece que el Estado firmante –en este caso México– “se compromete en cooperar con el Comité y a asistir a sus miembros en el ejercicio de su mandato”.

 Al recibir una denuncia, el comité activa el mecanismo de investigación, que puede incluir una visita al país y exigir al Estado una respuesta sobre la presunta violación a los derechos humanos. Asimismo, sus integrantes pueden solicitar al Estado que adopte medidas cautelares para “evitar daños irreparables a la víctima”.

 Posteriormente, emiten una decisión de “carácter definitiva e inapelable” en torno a las investigaciones realizadas, según detalla un informe de la oficina de la OACNUDH en México publicado en 2012.

 El comité también está facultado para abrir investigaciones por iniciativa propia cuando conozca algún caso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pues éstas son de su competencia. Incluso, si lo estima pertinente, puede entregarlo al secretario general de la ONU para que éste lo presente ante la Asamblea General.

 “El comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado parte mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido esclarecida”, según el artículo 30 de la convención.

 Sin embargo, a pesar de que ratificó e incluyó los postulados de la convención en su cuerpo legislativo, México no reconoce el comité, amparado en los márgenes de discrecionalidad del texto internacional.

 Así, el artículo 31 reserva a los Estados firmantes un plazo indefinido para permitir que el comité realice entrevistas con víctimas de desaparición forzada u organizaciones de la sociedad civil.

 Estado reticente

 Una revisión de las recomendaciones de la ONU a México muestra que durante los tres años trascurridos desde la entrada en vigor de la convención las autoridades federales se negaron en dos ocasiones a reconocer la competencia del comité, y en otras tres ignoraron las solicitudes de los integrantes de esa instancia a visitar el país.

 En diciembre de 2011, la oficina de la OACNUDH en México entregó al Consejo de Derechos Humanos un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas acerca de la situación del país en esta materia. En ese documento observó que “no existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desaparición”.

 La investigación incluyó las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra sucia de la década de los setenta, así como las cometidas en la guerra contra los cárteles que lanzó Felipe Calderón al principio de su sexenio. En ambos casos Naciones Unidas lamentó la impunidad de la que gozan los perpetradores del delito.

 En su recomendación número 82, el grupo de trabajo de la ONU planteó la necesidad de que el gobierno reconozca la competencia del comité. El documento fue reeditado en septiembre de 2013 y en él los expertos reiteraron sus observaciones. Y la oficina de la OACNUDH en México se encargó de difundir las recomendaciones.

 El 23 de octubre de 2013 México fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  En esa ocasión la delegación suiza “expresó su preocupación por la participación de agentes del Estado en las desapariciones forzadas”, según consigna el informe que el Grupo de Trabajo del EPU presentó a la Asamblea General del organismo el 11 de diciembre de ese mismo año.

 A su vez, Francia, España y Uruguay urgieron al gobierno a reconocer la competencia del comité, lo cual fue plasmado en la recomendación 148.5, que también se entregó a la Asamblea General.

 En marzo de 2014, el gobierno mexicano respondió de manera formal a las observaciones del EPU: “Sobre el artículo 31 de la convención, México toma nota y se encuentra evaluando la posibilidad de aceptar la competencia (del comité)”

 Y añadió: “La gran mayoría de las peticiones individuales relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos son presentadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

 No sólo eso. A raíz de investigaciones sobre casos de desapariciones forzadas recopiladas por cuatro organizaciones civiles entre diciembre de 2012 y abril de 2013, el comité envió una carta al gobierno mexicano el 14 de mayo siguiente.

 De acuerdo con el informe anual, el comité informó al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la posibilidad de que los integrantes de esa instancia visitaran el país a partir de la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil y en concordancia con el artículo 33 de la convención.

 Asimismo, en su quinta sesión de noviembre de 2013, el comité envió otra carta al gobierno mexicano en la que solicitó oficialmente la autorización para realizar una visita en el país. Nunca obtuvo respuesta.

 “Preocupado” ante el silencio del gobierno de Peña Nieto, el comité envió otra carta el 6 de enero último en la cual “decidió solicitar una visita de varios de sus integrantes en el país en noviembre de 2014” y dio como plazo para recibir la respuesta el 28 de febrero, asevera el informe anual. Tampoco hubo respuesta.

 En su sexta sesión, que se llevó a cabo del 17 al 28 de marzo pasado, el comité decidió enviar una nueva carta reiterando su solicitud de visitar el país en 2014. El año está por terminarse y los integrantes del Comité no han pisado el territorio mexicano.

 Tres meses después de esa reunión, el 30 de junio, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, un grupo de militares ejecutó a 22 civiles. Y el 26 de septiembre, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala volvió a enlutar al país.

 En su comunicado del 24 de octubre último, la OACNUDH lamentó que los mecanismos adoptados por el gobierno para encontrar a los normalistas “no hayan sido exitosos” y urgió al gobierno a multiplicar sus esfuerzos para localizarlos.

 “Exhortamos a las autoridades mexicanas a conducir investigaciones efectivas, prontas e imparciales para identificar a las personas cuyos cuerpos estaban en las fosas colectivas y llevar a la justicia a los responsables”, sentenció.