¿Qué dicen las columnas hoy, 9 de noviembre de 2014?

¿Qué dicen las columnas hoy, 9 de noviembre  de 2014?

 TRASCENDIÓ /Milenio

Que a pesar del informe presentado a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el viernes por el procurador Jesús Murillo Karam, los padres de los jóvenes aún pidieron una nueva cita para una reunión informativa a la que también solicitan la asistencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el próximo miércoles, en cumplimiento a los acuerdos con el presidente Enrique Peña Nieto.

Que en la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, comandada por René Bejarano, están de manteles largos por el reconocimiento a una de sus integrantes.

Y es que el próximo lunes, Aleida Alavez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibirá una medalla por su trayectoria política a favor de la mujer. El galardón le será entregado por el Instituto de Mujeres de la Ciudad de México.

:Que a pesar de que ya está recuperado el jefe de Gobierno, la batuta y representación del GDF la lleva el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, quien informa todo lo que se realiza en la administración local.

Hoy será el mismo Serrano quien viaje a Tabasco en representación de Mancera al informe del gobernador Arturo Núñez.

:Que el jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, declaró previo al juego entre Pumas y Cruz Azul que en el caso de la muerte de Hugo Sánchez Portugal se seguirían varias líneas de investigación; sin embargo, el mando policiaco no contaba con la astucia de los peritos de la procuraduría local, que en menos de seis horas determinaron que la causa de la muerte del hijo del ex futbolista fue intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

:Que en el Senado todo indica que el ombudsmanRaúl Plascencia no será ratificado como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues la mayoría de PRI y PRD no lo apoyará, además de que en el PAN ha perdido simpatizantes.

Los nombres más fuertes siguen siendo el abogado general de la UNAM, Luis González Pérez; Mauricio Farah, ex administrador de la Cámara de Diputados, y Óscar Pérez, ex asesor en la SCJN.

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BAJO RESERVA/ EL UNIVERSAL

Nunca más otro Ayotzinapa

Durante la semana hubo una fuerte discusión entre dirigentes de partidos y coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión sobre la inviabilidad de un pacto por la seguridad, porque el firmado en el sexenio calderonista no sirvió de mucho. Algunos líderes parlamentarios enviaron mensajes a Los Pinos para solicitarle al presidente Enrique Peña Nieto que no dejara crecer esa idea apoyada por los liderazgos del PRI, PAN y PRD. En el intercambio de propuestas con personajes muy cercanos al jefe del Ejecutivo, pusieron en la mesa la creación de una “Comisión de Estado” encargada de elaborar leyes para evitar otro caso como el ocurrido en Ayotzinapa. La propuesta, si nada cambia, transitará con la participación de legisladores y representantes de la sociedad civil, nos dicen. Bajo ese esquema, el pacto por la seguridad estaría muerto antes de nacer.

¿Ahora sí, justicia para Guerrero desde el Congreso?

En forma paralela, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, prepara tareas específicas para que las instituciones hagan, ahora sí, justicia para Guerrero. Don Miguel coordina a la Mesa Directiva y las comisiones de Derechos Humanos, encabezada por la perredista Angélica de la Peña; la de Justicia, a cargo del panista Roberto Gil, y la de Gobernación, presidida por la priísta Cristina Díaz, para dar seguimiento a los hechos en tierras guerrerenses, nos comentan. Con ganas de aportar, la senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, impulsa una Comisión de la Verdad para Guerrero, como órgano autónomo, nombrada por el pleno y, sobre todo con poder de acción. ¿Ahora sí harán algo los señores legisladores?

Cerca, la final de la elección del nuevo ómbudsman

Viene una semana crucial en el Senado para el proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diversos grupos de la sociedad civil han estado empujando a los dos personajes que hasta el momento siguen al frente: Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, y Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados. Algunas personas que se han presentado como defensores de los derechos humanos, entre ellos Óscar Valdez, Felipe Hidalgo y hasta Ramiro de la Rosa, han estado empujando a don Luis Raúl entre los senadores panistas. Lo cierto, nos comentan, es que González Pérez y don Mauricio van a llegar hasta la final.

La tranquilidad de Yáñez Osuna

Muy tranquilo, sin mostrar emociones, Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía, se encuentra preso en el Reclusorio Sur del DF, bajo los cargos de delitos financieros. El empresario, ligado a un mega fraude a Banamex, sigue en la zona cuatro de ingreso de la prisión, porque no se le han podido practicar los estudios en el Centro de Observación y Clasificación, nos hacen notar. Yáñez Osuna se encuentra solo y no muestra ningún tipo de angustia o depresión. Hasta el momento, ha recibido a su esposa, a una cuñada y a su abogado, nos comentan. Asustado, pues, no está.

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TEMPLO MAYOR/Reforma

FINALMENTE, Enrique Peña Nieto inicia hoy su gira por China, y todo indica que tendrá que hacer gala de diplomacia.

ES DE ESPERARSE que los asiáticos pregunten por qué se echó para atrás la adjudicación del tren rápido México-Querétaro, negocio multimillonario que había ganado China Railway.

LO CIERTO es que, para atemperar la posible tensión diplomática por ese asunto, el gobierno federal le hizo un ajuste a su discurso.

PRIMERO se anunció la “revocación de la adjudicación” para hacer más transparente el proceso tan criticado por otros concursantes.

PERO, acto seguido, se explicó que la ferroviaria china podrá participar en la segunda licitación.

Y CON ESA rama de olivo en la mano, seguramente el Presidente tendrá un mayor margen de maniobra para responder a los cuestionamientos que pudieran surgir.

PUES BONITO se iba a ver el mexiquense llevando de regalo a sus anfitriones… ¡un batazo mexicano!

DENTRO y fuera del GDF, más de uno está haciendo votos por la pronta recuperación de Miguel Ángel Mancera.

LO HACEN por esa solidaridad que se tiene con aquel que, de pronto, afronta un problema de salud… pero también porque la conducción que ha hecho el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, de la administración capitalina ha levantado muchas cejas.

Y ES QUE, si nadie creyó los boletines que daban por una mera operación programada la intervención que sufrió Mancera cuando su vida estuvo en peligro, menos se creyó que gobernaba la ciudad desde la cama y celebraba reuniones de gabinete en su cuarto.

LO MÁS GRAVE es que tanto en el gobierno federal como en el capitalino llamó muchísimo la atención una reunión en la que el propio Serrano les recordó a los integrantes del gabinete local que el jefe de Gobierno se llama Miguel Ángel Mancera.

¿A POCO alguien quería tomar unas riendas que no le correspondían antes de tiempo? Es pregunta que no come ansias.

SI ALGUIEN conoce recetas de platillos energizantes, que se las pase al procurador Jesús Murillo Karam.

AHORA QUE los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa pasaron de la incertidumbre a la incredulidad, para más de uno fue inevitable hallar paralelismos con el secuestro de jóvenes en el Bar Heaven.

EN ESE CASO, la mayoría de los familiares tardó nueve meses en admitir que los 11 cadáveres hallados en una fosa en el Edomex eran de sus hijos o hermanos.

LA DUDA es ¿cuánto tiempo y protestas pasarán antes de que se den por buenas las pruebas de identificación en Guerrero? Si es que eso ocurre.

COMO que no es momento para andar cansado.

EN LA VISITA de Andrés Manuel López Obrador a Iztapalapa no todo fue indignación por los 43 de Iguala.

POR MÁS esfuerzos que hacía, Clara Brugada no podía disimular la emoción de estar al lado del tabasqueño.

LA EX DELEGADA traía una sonrisa “destapada”, como si ya le hubieran confirmado que será la candidata de Morena en el 2015. ¿Será?

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FRENTES POLÍTICOs/Excelsior

Compromisos. El presidente Enrique Peña Nieto informó al Senado que se ausentará del país a partir de hoy y hasta el próximo sábado con el objetivo de participar en la reunión Asia-Pacífico. Estará, además, en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, en Brisbane, Australia, atendiendo la invitación de los gobiernos de ambas naciones. Su participación en los dos foros de concertación política-económica es de la mayor importancia, ya que atiende compromisos asumidos por el gobierno de México y corresponde al objetivo de consolidar al país como un actor con responsabilidad global, señaló la cancillería en un comunicado. México no merece la inmovilidad.

Mejoría. Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del DF, recibió su alta hospitalaria, pero se quedará un par de días más en la clínica, donde fue internado hace una semana para ser intervenido quirúrgicamente por una afección cardiaca que se complicó. En sus cinco segundos de fama, el doctor Carlos Riera Kinkel dijo que la salud del funcionario evoluciona satisfactoriamente dada su fortaleza física y emocional. Que Mancera está bien, muy bien. Si casi lo matan. El cardiólogo debe sentirse favorecido por la buena condición física de su paciente. Una mala cirugía estuvo a punto de costarle la vida. El DF lo necesita en plenitud.

III. Movilidad. Para limpiar las entrañas de la política guerrerense será necesario utilizar las mejores estrategias. Rogelio Ortega Martínez, designado gobernador de Guerrero a la salida obligada de Ángel Aguirre, ha hecho seis cambios al interior del gabinete estatal, heredado por el exmandatario. De las seis modificaciones realizadas por Ortega, cuatro han sido en secretarías de despacho y dos más en áreas de dirección dentro de la administración estatal. Va bien, la encomienda es difícil, pero lo que urge es una purga completa que acabe con la red de complicidades tejidas durante el gobierno de Ángel Aguirre. Ya no puede esperar más.

 Cambiar la historia. Los vicios en Guerrero son demasiados. Al abuso policiaco y a los excesos de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, se suman las cotidianas protestas magisteriales y estudiantiles. El viernes, maestros de la CETEG y normalistas tomaron la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol y bloquearon las dos entradas a Tixtla, dejando sin accesos el paso hacia la zona de la montaña. Es verdad, el dolor y la indignación son extremos, pero ese no es el camino. El gobernador Rogelio Ortega debe impedir que se sigan cometiendo tropelías en nombre de los normalistas. Arrasan con todo a su paso y nadie les pone freno. Guerrero no saldrá de la crisis mientras no se respete la ley.

Examen de conciencia. Las palabras de uno de los testigos de la maldad de José Luis Abarca son para tomarse en cuenta. “Jamás regresaría a Iguala, es el infierno”, aseguró Nicolás Mendoza, quien presenció en 2013 cuando Abarca mató de un disparo en la cabeza a Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular. “Ya que tanto me estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte”, habría dicho el exalcalde, según versión del testigo protegido. Las historias de ambición de Abarca se sabían. Se denunciaron. Si todos hubieran hecho su parte, en especial el gobierno de Guerrero y el PRD, hoy no se lloraría la muerte de 49 personas. ¿Por qué la omisión?

Decisiones impostergables. Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que el Senado de la República elegirá al mejor perfil para estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Raúl Plascencia, presidente actual de la CNDH, adelantó que aceptará la decisión del Senado, aunque no lo reelija. Diez aspirantes a la CNDH se reunieron con los senadores panistas, quienes valoran los proyectos que tienen para hacer de la comisión una instancia que genere más confianza entre los ciudadanos. El cargo requiere de ciudadanos probos, no sólo de protagonismos. Esta semana se definirá la terna que buscará encabezar el organismo.

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El  Cristalazo

REFLEXIONES SOBRE EL “VIERNES NEGRO”/Rafael Cardona

Llamaremos al 7 de noviembre, una semana después del Día de los Muertos, el “Viernes negro”. Viernes negro por muchas razones, verdaderamente graves la mayoría de ellas, porque lo conocido de ese día fue el peor de los escenarios, la confirmación de la más grave de las suposiciones.

Los jóvenes de Ayotzinapa al parecer fueron impíamente asesinados, con la colaboración de la policía, por órdenes, por instrucciones de los alcaldes de Cocula, donde fueron incinerados, y de Iguala, de donde partió la orden.

Todo cuanto venga después, no hace sino confirmar algo muy grave para México. Se trató –en el lenguaje internacional de los Derechos Humanos— de un crimen de Estado.

 Yo quiero insistir mucho. ¿Por qué se habla del Estado, cuando el asunto tuvo que ver con una instancia municipal?

 Y es que la encarnación de la autoridad, para fines de respeto de los derechos humanos, es indivisible. Los derechos humanos también son indivisibles; no se pueden respetar en un porcentaje y conculcar en otro porcentaje, entonces, en un ataque como éste, en el cual las policías municipal de dos jurisdicciones del estado de Guerrero participan como cómplices, promotores, facilitadores, encubridores, de actos de delincuencia, ellos en ese momento representan el Estado, en tanto son (al menos en teoría) una fuerza legítima, organizada de manera jurídicamente legal.

 La policía municipal de Iguala es tan legal en su conformación institucional como la Policía Federal Preventiva o el Ejército Mexicano.

 Son fuerzas cuyo deber es procurar, precisamente el cumplimiento de la garantía fundamental del Estado, o sea, la seguridad de la población y la seguridad de los bienes y el patrimonio de esa población. La Seguridad Pública.

 Cuando la autoridad conculca o vulnera, o lastima, o viola la seguridad, y además esa violación se prolonga hasta la pérdida del derecho humano a la vida y aún, si no hubieran sido asesinados, con solamente haberlos privado de la libertad, mediante el procedimiento de lesa humanidad, de la desaparición forzada, entonces el Estado nacional debe responder por esos hechos.

 Ésa es la fundamentación jurídica, y si se me permite decirlo así, jurídico-humanista de la concepción de los derechos humanos, no en este país, en el mundo contemporáneo.

 Y todos esos elementos jurídico-humanistas están consagrados en los documentos internacionales, con validez equivalente a la constitucional, firmados por México.

 Entonces, esto convierte al Estado Mexicano en cómplice de esos crímenes, y el Estado deberá, en su naturaleza de Estado, castigar a quienes se apartaron de la conducta estatal y actuaron como delincuentes, castigarlos de una manera sin posibilidades de duda hasta probar la ausencia del Estado en la promoción, autoría, ocultamiento o disimulo de los hechos cometidos así no haya sido el autor directo. Precisamente por eso.

 Hoy todos lo sabemos, no fue el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el autor de estos hechos horribles, pero sí es su gobierno quien debe actuar para castigarlos en el nombre del Estado.

 Hoy los padres tienen un discurso distinto, los padres incrédulos, no creen en definitiva, las afirmaciones de los detenidos confesos, quizá lo hagan por una especie de rechazo casi-casi cosa de tanatología; de rechazo ante una evidencia.

 La negación es la primera etapa, reconocen los tanatólogos, en el proceso del duelo, de la pérdida, de una persona sin un ser querido, o despojado de alguna cosa.

 Entonces, ellos dicen “hasta en tanto no tengamos la confirmación científica del origen de los restos encontrados y si son sin duda alguna los de nuestros hijos, no aceptaremos la explicación del gobierno”, y el gobierno les informa cómo va a utilizar el laboratorio más preciso y más importante, y mejor calificado del mundo, para no dudar de los restos, cuya identificación  puede lograrse  después de la comparación con los rastros del ADN, y el ADN de sus familiares, de los padres, o de alguno de los muchachos, si se encuentran cabellos o algún otro tejido para comparar los rastros.

 Pero esto es algo terrible para México porque, independientemente de la responsabilidad del Estado o no, el hecho real, es ver cómo en este país esas cosas pasan.

 Y eso no debería de pasar en el mundo contemporáneo, estos grados de barbarie, en los cuáles pueda una hoguera con varias decenas de cadáveres estar encendida durante 18 o 17 horas continuas, en un basurero de un municipio del tamaño de media colonia Roma, y nadie hable, nadie se dio cuenta, nadie lo denuncie, nadie dé aviso. ¿A quién?

 A la misma policía cuya pudrición ayudó a encender esa hoguera, esa hoguera macabra.

 Tenía razón el rector de la Universidad, José Narro, al decir cómo esto nos avergüenza ( o nos debería avergonzar) a todos.

 ¿Qué clase de imagen tiene hoy México?

 Un país prácticamente en donde un caníbal sería una persona educada, un refinado gastrónomo, junto a estos grados de atrocidad criminal, en donde a la gente se le levanta en pleno día, delante de fuerzas policíacas indiferentes cuando no promotores de los hechos, sin nadie para ayudar, sin auxilio ni compasión. Así pasan 42 días sin confirmación de lo ocurrido, de cómo ocurrió y por qué ocurrió sin posibilidad de imaginar en cuál circunstancia se puede justificar una orden para semejante acto de barbarie.

 Hemos regresado a la matanza de Cholula (por la crueldad), hemos vuelto a los peores momentos de la violencia endémica de este país, y esas cosas ya deberían estar superadas, ya no deberíamos vivir en un país donde la vida no tiene valor.

 Esta es una enseñanza muy triste, no solamente para nosotros quienes ya pasamos el medio siglo, y que ya nos estamos acercando al segundo medio siglo, no. Esto, debe ser una llamada de atención para los jóvenes de este país. Si se dan cuenta, todos aquellos con 20 años de edad, aproximadamente, quienes estén yendo a la Universidad a tratar de educarse, deben meditar sobre la condición del país donde viven. Y no se vale venir con aquello  cuántos más somos los buenos o lo aislado de los hechos. No, no es un hecho aislado.

 Hay 20 y tantos mil desaparecidos en este país, y no sabemos si hubo otras hogueras, otros Coculas, otros Abarcas, otros Igualas, no sabemos.

 Venimos de los horrores, de los ataques a los migrantes, venimos de San Fernando, venimos de Tlatlaya, y ¿cuál es el común denominador de todo cuanto ocurre en esta negrura del paisaje mexicano donde si no es negro es rojo? ¿Cuál es la constante?

 La falta de respeto por la vida humana, el desprecio por la vida y el desprecio por la dignidad de las personas.

 Esa es la constante hoy de la crisis política, pero sobre todo de la crisis moral de México.

 Nada supera en inmoralidad al hombre, siendo el lobo del hombre, pero si el lobo le presta un lanzallamas a su hermano, el otro lobo, entonces ya nadie, ni Hobbes ni nadie tendría la respuesta para los hechos de este fúnebre tiempo mexicano.

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 ¡Alto al intento golpista!/Ricardo Alemán

resulta comprensible que los padres de los 43 normalistas no sólo se resistan a aceptar la hipótesis oficial sobre el destino de sus hijos

 Para una madre o un padre, la ausencia o la muerte de un hijo nunca tendrá sentido, nunca estará suficientemente explicada y muy pocos –si no es que nadie–, logra aceptarlo.

 Más aún, para los padres de un hijo desaparecido –al que las evidencias legales dan por muerto–, siempre existirá una última esperanza de vida, a pesar del peso o la certeza científica de las evidencias.

 Por eso, resulta comprensible –y en muchos sentidos admirable–, que los padres de los 43 normalistas no sólo se resistan a aceptar la hipótesis oficial sobre el destino de sus hijos, sino que con severidad cuestionen las evidencias presentadas por la PGR; las que a partir de testimonios judiciales e investigaciones científicas, concluyen que los estudiantes fueron asesinados por matarifes de los Guerreros Unidos, sus cuerpos quemados por sicarios y las cenizas tiradas a un rio.

 También merece todo el respeto social y oficial una estremecedora ola de solidaridad ciudadana con los desaparecidos y sus familias; movilización que mantiene viva la saludable exigencia a los tres órdenes de gobiernos para que no solo asuman su culpa por las fallas y omisiones en la tragedia de Iguala –sino que se comprometan a corregir lo necesario–; lo mismo que los Tres Poderes de la Unión, que no hicieron lo suficiente, en tanto los partidos políticos no pueden permanecer ajenos a la responsabilidad.

 Y de igual manera son explicables las dudas y el enojo sociales por la tardanza del gobierno federal en intervenir en Iguala; por la terquedad de las izquierdas en no deslindarse a tiempo y con claridad del gobierno de Ángel Aguirre; el enojo y las dudas por los pobres resultados de la PGR, el Cisen, Gobernación y otras dependencias, en los casi 40 días que siguieron a la tragedia.

 Y es que, en efecto, nada justifica las omisiones del gobierno municipal, del estatal de Guerrero y del Federal, en el nacimiento y desarrollo de bandas criminales vinculadas al alcalde de Iguala. Y también es imperdonable y nada justifica que el PRD, PT, MC y Morena, se hayan hecho de la vista gorda en el caso de un alcalde criminal y asesino como Abarca y de un gobernador irresponsable e inepto como Ángel Aguirre.

 INGOBERNABILIDAD; LA APUESTA.

En efecto, la crisis de Guerrero y la tragedia de Iguala ya son un antes y un después en la joven y tambaleante vida democrática mexicana. En efecto, todas las instituciones del Estado mexicano tienen una grave responsabilidad en esa crisis y en esa tragedia. Y no hay duda que también fallaron instituciones como la sociedad y la opinión pública.

 Pero a pesar de todas las responsabilidades anteriores –del dolor de los padres de los normalistas, del enojo social y de la culpa imperdonable de gobernantes, políticos y partidos–, nada justifica que manos criminales, políticos embozados, medios rencorosos y grupos radicales que se esconden en la clandestinidad, apuesten a favor de la ingobernabilidad y el caos general.

 Y es que una tragedia como la de Iguala y una crisis como la que alcanzó a todo el Estado en Guerrero –y que golpea otras entidades que han sido igual o más descuidadas, como es el caso de Tamaulipas–, no puede convertir en rehenes de la violencia, la ingobernabilidad y el caos a la sociedad y la democracia mexicanas.

 Y en este caso tampoco nadie puede seguir volteando para otro lado. ¿Por qué? Porque es evidente y están a la vista de todos los signos de que manos interesadas estimulan el caos, el vandalismo, el saqueo y la ingobernabilidad.

 Es claro que ante el “río revuelto” de la tragedia y de las omisiones y fallas del Estado, han aparecido los oportunistas de siempre; los radicales que roban, asaltan, vandalizan y causan severos daños no al gobierno y menos a los gobernantes, sino a los ciudadanos que menos tienen; a los de a pie, a los que sobreviven de su trabajo.

 Es criminal que en nombre de los normalistas desaparecidos y en repudio a la tragedia de Iguala, prolifera el robo descarado, el saqueo sin freno, el incendio de vehículos e instalaciones públicas, la extorsión y el otro crimen organizado; ese que se construye a partir del regenteo político y electoral de mártires sociales que son convertidos en grosera moneda de cambio y/o chantajear a gobiernos municipales, estatales y al federal.

 Al “río revuelto” del enojo social, de la tragedia y el dolor, sectores radicales estimulan la especie de que llegó el momento de agudizar las contradicciones políticas, sociales y económicas y que el siguiente paso es el caos y la destrucción de las instituciones, empezando por la institución presidencial, y por el presidente Peña Nieto

 INTENTO GOLPISTA.

Y resulta curioso –y sería de risa, si no es porque se trata de una tragedia social–, que buena parte de quienes le apuestan al caos, a la ingobernabilidad y a la destrucción institucional, son los mismos que se empeñan en culpar a Enrique Peña Nieto de una tragedia que nació, creció y estalló en gobiernos de las izquierdas, del PRD, del PT, de MC y de Morena.

 Y es más curioso que todos los que culpan de la tragedia a Peña Nieto, son los mismos que con hipótesis descabelladas, conjeturas descocadas e inventos delirantes niegan la investigación y los hallazgos de la PGR en torno a la desaparición de los normalistas.

 En efecto, se pueden cuestionar muchos aspectos de la investigación de la PGR; se puede censurar que hasta hoy no tenga las pruebas científicas para demostrar que los jóvenes secuestrados fueron asesinados e incinerados.

 Sin embargo, son incuestionables los testimonios de los matarifes responsables de sacrificar, incinerar los cuerpos y tirar los restos al río. Esas confesiones no sólo confirman que los normalistas fueron sacrificados por sicarios del crimen organizado pertenecientes a los Guerreros Unidos, sino que desmienten que una institución del Estado mató a los jóvenes.

 Y esa prueba es contundente para echar abajo la especie golpista –sí, que intenta un golpe de estado–, para tratar de deponer por la vía de la mentira, la impostura y el engaño, el caos, el vandalismo y la ingobernabilidad estimulada por manos criminales, a un gobierno legal y constituido de manera legítima, como el de Enrique Peña Nieto.

 EL TIEMPO DE LAS INSTITUCIONES.

Y es que si bien la corrupción y la impunidad en todos los niveles del Estado mexicano provocaron la tragedia de Iguala y la crisis de Guerrero y de otras entidades, es momento de que las instituciones pongan alto al vandalismo, el saqueo, el robo, y al caos que pretende ser presentado como resultado del fracaso del gobierno de Peña Nieto.

 Es momento de parar la barbarie criminal, pero también la impunidad por el vandalismo, el caos, el odio y la venganza política, que es otra forma de crimen organizado. Al tiempo.

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Ayotzinapa: expediente abierto/La Jornada

Un día después del anuncio formulado por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala habrían sido ejecutados, calcinados y arrojados a un río y un basurero en Cocula, de acuerdo con testimonios de presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, persistieron las muestras de incredulidad y el escepticismo de los familiares de las víctimas, su entorno social de apoyo y organismos humanitarios internacionales, respecto de la voluntad del gobierno federal por esclarecer los hechos.

Como lo afirmaron la víspera los representantes de las familias de los normalistas, las acciones de comunicación social de autoridades federales en torno al tema estuvieron marcadas por el desaseo y la indolencia; dieron a conocer los videos que forman parte de los avances de la investigación a pesar de que las familias de las víctimas les pidieron no hacerlo, no presentaron evidencia irrefutable alguna sobre las versiones de los detenidos –porque carecen de ellas, a decir de las propias autoridades– ni esperaron a los dictámenes del equipo forense que acompaña a los familiares de las víctimas, todo lo cual ha alimentado la percepción de que lo que pretende el grupo gobernante es dar carpetazo al asunto. Un ejemplo de esa predisposición tuvo lugar ayer en un encuentro encabezado por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, quien calificó los hechos como una lección dolorosa y llamó a la sociedad a salir adelante.

Lo cierto es que la aparente premura del gobierno federal por dejar atrás el expediente de Ayotzinapa pasa por alto un elemento fundamental: los 43 desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre seguirán en esa condición en tanto no se aporten pruebas inequívocas sobre su paradero. En esa lógica, cualquier expresión del gobierno o de sus personeros políticos que intente predisponer un cierre de las investigaciones es totalmente improcedente, y ofensiva para las víctimas y sus familias, además de que constituye un agravio para la sociedad.

Por lo pronto, a juzgar por las reacciones de la ciudadanía –desde despliegues pacíficos y espontáneos hasta expresiones de crispación y violencia–, resulta claro que para grandes sectores de la población son insatisfactorios los avances registrados por la PGR y anunciados el viernes en un formato de cierre de investigación; que las pesquisas distan mucho de haber concluido y que ni siquiera lo habrán hecho cuando se tenga certeza inequívoca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos: se requiere, por el contrario, esclarecer plenamente el móvil del episodio, deslindar las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno involucrados y capturar a todos los responsables.

En suma, quedan aún muchos puntos oscuros por esclarecer como para que las autoridades políticas del país pretendan dar por cerrado uno de los episodios más dolorosos y exasperantes de la historia reciente. Semejante actitud, por otra parte, es indicativa de un desgaste de las instituciones del país frente a las demostraciones de su propia incapacidad, que pareciera quedar simbólicamente resumido en el ya me cansé que el propio Murillo Karam expresó anteayer a la opinión pública.