México, en escenario de convulsión social

• Llegaron a la Subsecretaría, en el segundo piso de la Sedena. En cuanto entraron a la oficina del general Ángeles, Punaro dijo a éste: “Aquí están los compañeros del EPR que van a platicar contigo”.
• El divisionario se levantó y, vigoroso, les expresó:
• –¡Bienvenidos, compañeros del EPR!
• –Le aclaro que no somos eperristas ni somos intermediarios del EPR. Si alguien le dio esa información, está equivocado –recuerda Canseco haber respondido.

Revista Proceso...No..1984, 7 de noviembre de 2014.

México, en escenario de convulsión socia&JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Cuatro exguerrilleros advierten que la no presentación con vida de los normalistas desparecidos activará en México “un escenario crítico del movimiento social”. Más aún, refieren, es posible que ante el hartazgo de la población y la represión que sobrevendría, la actividad guerrillera escale en el país. Recuerdan al respecto que el Estado mexicano suele aliarse con delincuentes para hacer el trabajo sucio, como lo han demostrado las matanzas de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Un día antes de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, diera a conocer que, según declaraciones de tres detenidos, los cuerpos de los normalistas desaparecidos fueron calcinados en Cocula, Guerrero, cuatro exguerrilleros advirtieron que, si los estudiantes no eran presentados vivos, México ingresaría a “un escenario crítico del movimiento social”, que el hartazgo de la población incide en las actividades guerrilleras y que ante una escalada de represión también es posible que escale la guerrilla.

Entrevistados por Proceso el pasado jueves 6 en la Ciudad de México, los exguerrilleros, que operaron en el estado de Guerrero, señalaron que, en caso de que los normalistas fueran encontrados muertos, podría sobrevenir una represión de los miembros de la Asamblea Nacional Popular (APN), organización que aglutina a los movimientos sociales de Guerrero que exigen la aparición con vida de los estudiantes de primer año de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

 Niegan que organizaciones armadas estén detrás de la APN, como han registrado informes de inteligencia de la administración de Enrique Peña Nieto, y que en algún momento ellos hayan sido intermediarios con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), como los presentó el gobierno de Felipe Calderón (Proceso 1983).

 mbas acusaciones preludian que, después de la movilización social en el país y la presión internacional por la detención y desaparición de los estudiantes, “pueden venir por nosotros”, dicen cuatro exintegrantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp): Felipe Edgardo Canseco Ruiz, Ítalo Díaz Díaz, Hermenegildo Torres Cruz y David Cabañas Barrientos.

 Cuando baje la intensidad del movimiento, se pueden venir contra las organizaciones sociales que participamos en la exigencia de la presentación con vida de los normalistas”, manifiesta Cabañas Barrientos, hermano de Lucio Cabañas, maestro rural de Ayotzinapa que en los años setenta encabezó el movimiento guerrillero del Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero, y que fue abatido por el Ejército hace casi 40 años, el 2 de diciembre de 1974.

 Los informes de inteligencia que relacionan al movimiento de Ayotzinapa con insurgentes buscan crear condiciones para inhibir la participación de las organizaciones sociales, apunta Canseco Ruiz, a quien el sexenio pasado la Sedena pretendió identificar como “el brazo político del EPR”. A Ítalo Díaz y a Hermenegildo Torres los ubicó como comandantes del grupo guerrillero surgido en 1994, con la participación, entre otros movimientos, del PROCUP-Pdlp.

 Después de siete años de prisión, entre 1990 y 1997, en distintos reclusorios y penales federales, por sus actividades guerrilleras, integraron la Izquierda Democrática Popular (IDP), una organización con presencia en el oriente del Valle de México y Oaxaca, cuyas oficinas se localizan en el centro de la Ciudad de México.

 “De ninguna manera somos o hemos sido parte del EPR. La intención de vincularnos con movimientos insurgentes es inhibir a las organizaciones sociales que exigen la aparición con vida de los normalistas”, declara Canseco Ruiz.

 “En medio del clamor por los desaparecidos, estos señalamientos apuntan hacia un incremento de la guerra sucia contra las luchas sociales –que incluyen las protestas por lo ocurrido en Tlatlaya– y hacia la generación de condiciones para la represión”, plantea Ítalo Díaz, y añade que tales propósitos han sido recurrentes.

 “Lo ocurrido a los normalistas de Ayot­zinapa es del tamaño de la campaña de odio que hubo contra los maestros que se opusieron a la reforma educativa”, dice.

 Ante las versiones oficiosas de que los normalistas pudieron quedar en medio de una alegada disputa entre los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, Díaz replica que el problema de fondo es la relación del Estado con el narcotráfico. En el caso de Guerrero, asevera, es larga la lista de militares y agentes del Estado vinculados al narco desde los años sesenta. “Desde entonces se han valido de mafiosos para reprimir a los movimientos sociales”.

 La política del Estado ha sido combatir a la insurgencia con delincuentes; como en el caso de Ayotzinapa, la delincuencia ha sido utilizada para hacer el trabajo sucio, tercia Canseco Ruiz en referencia a la versión de la PGR en el sentido de que los policías de Iguala y de Cocula entregaron a los estudiantes a miembros de Guerreros Unidos, agrupación a la que han pertenecido los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del expresidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez.

 “El problema no son sólo los grupos represores oficiales, sino que surgen engendros que adquieren vida propia”, afirma.

 “Hay hartazgo social”

 Sobre la posibilidad real de que se desencadenen acciones guerrilleras en Guerrero, Hermenegildo Torres Cruz plantea: “No sé si la guerrilla es fuerte o débil, pero es un hecho que el hartazgo social incide en su actividad. Hechos como los de Ayotzinapa y Tlatlaya van cerrando los espacios de participación política legal. Aunque en Tlatlaya se pudo tratar de un hecho relacionado con la delincuencia, el caso es que en sectores sociales hay un hartazgo por la presencia de los militares en las calles, por la decisión de Peña Nieto de seguir con la política de Felipe Calderón”.

 David Cabañas expone: “Por muchos años la insurgencia armada ha existido en la entidad. Nosotros nos integramos a una porque no había otra forma de lucha. Como resultado, los Cabañas tuvimos 150 familiares desaparecidos de 1969 a 1979, más los dos normalistas de Ayotzinapa que están entre los desaparecidos”.

 Hasta ahora “la guerrilla ha tenido un papel más de contención, de baja intensidad, pero ante una escalada de represión es posible que sus acciones también escalen”, añade Irineo Díaz, y recuerda que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), surgido tras una escisión del EPR, anunció la creación de una “brigada de ajusticiamiento” contra el grupo delictivo que participó en la desaparición de los normalistas.

 “El reto de la sociedad organizada es cerrarle el paso a la guerra, de un lado o de otro, en todas sus expresiones. Ahorrémonos 50 años de guerrilla y millones de muertos como los tuvo Colombia”, recomienda Canseco Ruiz.

La desaparición de los 43 normalistas y la muerte de otros seis en Iguala son “el último capítulo, más autoritario y terrible, de los que han generado 130 mil muertos y 30 mil desaparecidos en México desde que Calderón inició su ‘guerra contra las drogas’. Es un escenario inédito en el país. Por eso creemos que estamos en la última oportunidad para que la sociedad organizada detenga esa ‘guerra sorda’ y coordine esfuerzos en una mesa nacional para la refundación de la república de forma pacífica. Pero hasta ahora la respuesta ha sido la de un Estado desconcertado”.

 Para Irineo Díaz, el planteamiento de Peña Nieto de hacer suyo el dolor de los padres de los normalistas desaparecidos es sólo “una simulación que responde a la radicalización del movimiento social”.

 Sostiene que las razones que lo obligaron a hacer ese pronunciamiento fueron una presión internacional contra México a niveles no experimentados, como lo demuestran el hecho de que fue sentado en el banquillo de los acusados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las masivas manifestaciones de descontento popular.

 “En la medida en que los desaparecidos no sean presentados con vida, pese a la detención de Abarca y su esposa, entraremos en un escenario crítico del movimiento social, y cuando el Estado sienta que perdió toda posibilidad de contener la inconformidad social puede venir una respuesta represiva de parte del mismo Estado, como se ha empezado a ver en Oaxaca, Guerrero y el Valle de México”, declara Canseco Ruiz.

 “Sería entrar en un tobogán con un Estado dislocado que no garantiza el control de sus grupos”, sentencia por su parte Irineo Díaz.

 En ese escenario “se pueden venir contra las organizaciones sociales que participamos en la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa”, indica Cabañas Barrientos en sintonía con lo expresado por uno de los estudiantes de la normal rural durante la manifestación del martes 4 en el Zócalo de la Ciudad de México.

 Plantea: La guerra sucia no ha desaparecido. La política de aniquilamiento y agresión ha sido continua, como lo demuestran las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, en 1996; Acteal, Chiapas, en 1997; El Charco, Guerrero, en 1998, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.

 A pesar de ello, “vamos a seguir participando en el marco legal, pase lo que pase y bajo los riesgos que implica, porque los organismos de seguridad saben en dónde estamos. Sabemos de ofertas del Estado para que particulares nos vigilen”, afirma Hermenegildo Torres.

 El acoso militar

 En cuanto a la versión alimentada por la Sedena de que ellos tienen vínculos con el EPR, aseguran que fue una pretensión que en 2007 partió del gobierno de Felipe Calderón y su entonces subsecretario de la Defensa Nacional, el ahora general retirado Tomás Ángeles Dauahare.

 Cuentan que pocos meses después de la desaparición de los dos integrantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, un oficial del Ejército se presentó en las oficinas de Izquierda Democrática Popular, que entonces estaba en la calle de Nezahualcóyotl, en el centro del Distrito Federal.

 Lo recibió Felipe Canseco. Aquel vestía su uniforme y mostró una credencial que lo acreditaba como elemento en activo. “Quiero decirles algo que sentí necesidad de darles a conocer. Los dos eperristas están detenidos en el Campo Militar Número 1, cerca de la puerta uno de la Sedena. Están vivos, pero muy maltratados. Eso es lo que está pasando y sentí la necesidad de decírselo a alguien”, refiere Canseco que le confió el militar durante su breve encuentro.

 “En el sitio que nos dijo está Inteligencia Militar, y debajo hay una prisión soterrada”, detalla.

 Días después, Alejandro Punaro, entonces agente de la Policía Judicial Federal, se presentó en el mismo lugar acompañado de dos personas de tipo militar. Les dijo: “Vengo de parte del general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa Nacional, que quiere hablar con ustedes”.

 –No tenemos nada de qué hablar con nadie de la Sedena –respondieron los exguerrilleros.

–El subsecretario quiere que ustedes sean intermediarios entre el EPR y la Sedena dado que ustedes son eperristas –insistió el judicial federal.

La respuesta fue la misma:

–No lo somos. Esa información es falsa. No tenemos ninguna posibilidad de mediación entre el EPR y el Ejército Mexicano.

Otro día, Punaro llegó de nuevo a las oficinas de la organización, acompañado por dos militares vestidos de civil. En tono imperativo, que dejó sentir que la reunión con el general sería por las buenas o por las malas, les dijo: “Nos espera el subsecretario”. Felipe Canseco, Ítalo Díaz y Hermenegildo Torres decidieron entonces reunirse con el general de División, pero bajo la advertencia de que no eran eperristas ni tenían la posibilidad ni el interés de mediar con el EPR.

Llegaron a la Subsecretaría, en el segundo piso de la Sedena. En cuanto entraron a la oficina del general Ángeles, Punaro dijo a éste: “Aquí están los compañeros del EPR que van a platicar contigo”.

El divisionario se levantó y, vigoroso, les expresó:

–¡Bienvenidos, compañeros del EPR!

–Le aclaro que no somos eperristas ni somos intermediarios del EPR. Si alguien le dio esa información, está equivocado –recuerda Canseco haber respondido.

Le comunicaron que un militar se había presentado en sus oficinas para decirles que los eperristas desaparecidos estaban detenidos en el CM1. “Es el área de Inteligencia, que no depende de mí, sino del general secretario Galván”, contestó el general Ángeles a botepronto, puntualiza Canseco.

Le insistieron en que no tenían medios de comunicarse con el EPR ni con alguna otra expresión de insurgencia en el país.

En el encuentro les quedó claro que el general Ángeles y el entonces presidente de la República buscaban que no hubiera más atentados terroristas como los ocurridos contra los ductos de Pemex por parte del EPR, en represalia por la desaparición de sus dos compañeros.

Después de ese diálogo, Punaro llegó otra vez a la oficina de la IDP, enviado por el divisionario. “Los están esperando el subsecretario de la Defensa y el director del Cisen” (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), entonces Guillermo Valdés Castellanos.

El encuentro no fue en la Sedena, sino en un hotel de avenida Reforma. En el salón rentado también estaba un funcionario de la PGR. Guillermo Valdés les participó que el presidente Calderón le había encargado hacer lo necesario para que ellos contribuyeran a la búsqueda de los dos eperristas desaparecidos.

Su respuesta fue la misma: “No somos eperristas; no tenemos medios de comunicarnos con el EPR y sólo sabemos de ellos por el militar que fue a nuestras oficinas”.

El mensaje que les dieron en esa reunión fue: “Díganle al EPR que le baje a sus acciones terroristas porque la orden presidencial es no dejar títere con cabeza en caso de que mantuvieran los atentados contra instalaciones estratégicas. Es una instrucción presidencial”.

Fue “un acoso permanente a efecto de que hubiera una ‘relación formal’ con el general Ángeles; así lo hicimos público en su momento, y la CNDH difundió un desplegado en el que pidió medidas cautelares para garantizar nuestra integridad física y moral”, relata Ítalo Díaz.

El viernes posterior a la entrevista con el general Ángeles y Guillermo Valdés, Hermenegildo Torres fue detenido sin orden de aprehensión por agentes de la PGR cuando salía de una reunión de la IDP.

Se lo llevaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO). Le aseguraron que no estaba detenido, sino que era “invitado”.

Cerca de la media noche, lo interrogó un agente del Ministerio Público. Le preguntó si era del EPR. Luego, que si él había ordenado en sus asambleas poner bombas en embajadas y dependencias del gobierno. “Hay una información anónima de que tú diste la orden”, lo acusó.

No lo dejaron irse de la SIEDO hasta las ocho de la mañana del sábado. En cuanto supieron de su detención, sus compañeros de IDP buscaron al general Ángeles, quien se comprometió a ver el caso. Ya no volvieron a saber de él.

 “Lo peor es que el EPR ni siquiera hizo un posicionamiento –subraya Canseco–. Sólo cuando vino la Comisión de Mediación se pidió formalmente al EPR que cesara su hostigamiento. Nosotros no tuvimos nada que ver, pese a todos los intentos de vincularnos con la guerrilla”, enfatiza.