- “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!…JMK
- “El Ejército no recoge cadáveres”, respondió un soldado.
Revista
Proceso...No..1984,
7 de noviembre de 2014.
Inacción
militar que olió a complicidad/MARCELA TURATI
Diversos
hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería,
con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes
castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y
con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar
sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda
médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe
de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a
delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a
seis jóvenes igualtecos en 2010.
La
inacción del Ejército ante los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de
septiembre pasados ha generado sospechas entre diversos sectores; el ataque de
más de tres horas a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –donde
tres fueron asesinados y 25 heridos por policías municipales de Iguala y Cocula
y 43 más entregados al cártel Guerreros Unidos– ocurrió a menos de tres
kilómetros de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
El
19 de octubre la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso citó al secretario
de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos para que explique lo que sabe del
caso de los normalistas y la situación de violencia en Guerrero.
Además
Human Rights Watch señaló que es responsabilidad del gobierno responder a los
cuestionamientos en torno al comportamiento de los militares durante los
ataques de la policía de Iguala contra los estudiantes. El Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió investigar al Ejército por su falta de
prevención de los hechos y la ausencia de información de inteligencia acerca
del modus operandi de los grupos criminales en la zona.
Al
ser cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes,
durante su conferencia de prensa del viernes 7 el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, justificó: “El Ejército se mueve sólo con
órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado?
Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”
El
comportamiento del Ejército aún no ha sido aclarado. Pero una serie de datos
salta a la vista.
En
Iguala están las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El personal de
ese agrupamiento no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus
instalaciones ese 26 de septiembre sino que negó atención a los heridos.
También se le acusa de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
Hay
evidencias de que no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia, en
las cuales se señalaba por comportamiento criminal a las policías de Iguala y
Cocula y se sabe además que los militares de esa demarcación tenían muy buena
relación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Personal
de ese batallón está señalado como culpable de la desaparición forzada de seis
jóvenes en 2010.
El
informe de Pineda
La
tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de la entonces
presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca,
estaba el coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor de la 27 Zona
Militar, con sede en Atoyac, Juvenal Mariano García.
El
informe de Pineda concluyó a las 20:30 horas; entonces empezó el baile. A esa
hora los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ya estaban por entrar en la
ciudad y los policías municipales recibieron la orden de sacarlos, por el temor
de que interrumpieran el festejo. Hacia las 21:00 horas tuvo lugar el primer
ataque con armas de fuego. A las 24:00 ocurrieron el segundo y la detención de
los 43 estudiantes por parte de policías del municipio vecino de Cocula,
quienes llegaron a apoyar a los de Iguala.
Un
grupo 26 normalistas y un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero –sobrevivientes del ataque– cuentan que encontraron a
dos batallones cuando llevaban herido al estudiante Édgar Andrés Vargas e
ingresaron al hospital privado Cristina para solicitar que lo atendieran.
El
médico de guardia se negó a recibirlo y llamó a la policía municipal para que
detuvieran a los jóvenes; en su lugar llegó una veintena de soldados. El
Ejército no salió cuando se escucharon los disparos pero sí acudió cuando el
doctor llamó al 066 para denunciar que unas personas habían ingresado a su
clínica.
Cuando
los soldados del 27 Batallón llegaron al hospital, apuntando con sus armas
sacaron a los 26 estudiantes, los pusieron contra la pared, los fotografiaron
para ficharlos y anotaron sus nombres; después los regañaron por “dedicarse a
la delincuencia” y amagaron con detenerlos.
“Se
metieron a un hospital privado, es allanamiento, es un delito, vamos a llamar a
los municipales para que se los lleve”, advirtió quien iba al mando de los
soldados, según recuerda el profesor entrevistado por Proceso y quien pidió el
anonimato.
“Si
llaman a los municipales nos van a entregar para asesinarnos, porque ellos son
los que balacearon a todos”, respondió el profesor.
Le
pidieron que se identificara y cuando dijo que era profesor le reclamaron: “¿Y
esto es lo que les enseña?”
Antes
de retirarse, los militares sermonearon a los jóvenes por no aprovechar la
oportunidad que les dan sus padres para estudiar. Aseguraron que pronto pasaría
una ambulancia por el herido. Pero ésta no llegó.
“El
Ejército ya tomó la zona, ya están seguros”. Fue lo último que dijo el oficial
al mando. Esto ocurrió a medianoche.
A
la una y media de la mañana varios reporteros venidos de Chilpancingo (a una
hora en auto) vieron que militares llegaban al periférico de Iguala, donde
yacían los cadáveres de dos estudiantes. “¿No los van a recoger?”, preguntó uno
de los periodistas a un uniformado. “El Ejército no recoge cadáveres”,
respondió.
En
medios locales se consignó que el coronel José Rodríguez Pérez, al mando del 27
Batallón de Infantería, justificó la no intervención del Ejército alegando:
“Nos enteramos al último”. En otro momento los soldados les explicaron a
algunos ciudadanos que como el operativo estaba a cargo de la Policía
Municipal, ellos no intervinieron.
Ni
siquiera porque a los policías se les sumaron hombres vestidos de negro con
armas de grueso calibre que atacaron a los estudiantes.
En
las semanas posteriores a la desaparición de los 43 normalistas, cuando se
formaron brigadas de búsqueda –algunas encabezadas por policías comunitarios de
la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)–, éstas se
quejaron de que el Ejército les bloqueó el paso a los parajes en Cocula e
Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes.
El
28 de octubre el chofer del camión recolector de basura del municipio de
Cocula, Rosí Millán Peñaloza, dijo a Proceso que cuatro días antes unos
militares le salieron al paso cuando iban al tiradero El Papayo y le
advirtieron que no volviera por ese sitio porque podía ser peligroso.
“Dijeron:
‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’. Y no
vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo el hombre en entrevista. Ese
mismo 28 de octubre supo que en ese basurero al que le prohibieron pasar los
militares fue donde supuestamente se encontraron los restos calcinados que
podrían ser de los estudiantes desaparecidos.
El
único señalamiento directo contra el Ejército como cómplice de las
desapariciones de los estudiantes lo hizo el guerrillero Ejército Popular
Revolucionario (EPR) el cual en un comunicado señaló que los normalistas estaban
retenidos en cuarteles militares.
“Los
43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados
en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina,
como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en
Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las
instalaciones de la Academia de Policía, donde fueron también brutalmente
torturados”, indicó el EPR sin ofrecer más datos.
En
otro comunicado señaló: “(Los) misteriosos civiles a los que supuestamente les
fueron entregados los normalistas son militares en misión contrainsurgente de
paramilitarismo para fabricar el crimen perfecto endosado a los delincuentes,
el cual a estas alturas se les desdibuja y aflora tal cual es: Un crimen de
Estado con motivaciones políticas”.
Señaló
también la cercanía geográfica del 27 Batallón de Infantería con las primeras
fosas encontradas, de las cuales se recuperaron 30 cuerpos que presuntamente no
corresponden a los normalistas desaparecidos.
Abarca
y su esposa –mujer emparentada con uno de los líderes de Guerreros Unidos–
tenían una excelente relación con el 27 Batallón de Infantería.
El
diario La Jornada publicó el pasado 22 de octubre que la plaza comercial
Galerías Tamarindos, donde Abarca invirtió 300 millones de pesos, está frente a
una de las entradas del 27 Batallón de Infantería el cual además cedió los
terrenos para estacionamiento y accesos.
Oídos
sordos
En
Iguala la Policía Municipal acumulaba quejas por violaciones a los derechos
humanos. Los uniformados habían instalado “filtros” en las carreteras
federales; detenían a todos los vehículos que cruzaban por las tres entradas a
la ciudad, interrogaban a los conductores y ahí decidían su suerte. Esa
actividad ilegal era tolerada por el Ejército.
Entre
los afectados, según un recuento del semanario Trinchera publicado el pasado
marzo, estuvieron el responsable de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo
(detenido y golpeado en agosto de 2013); el integrante de la dirección
colectiva de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Alfonso Sánchez
Celis (detenido, atado, golpeado al regresar de una marcha en apoyo de mineros
en huelga, en julio de 2013 y víctima de un intento de levantón junto con tres
comisarios ejidales el siguiente septiembre); el abogado de la UPOEG, Manuel
Vázquez Quintero y dos acompañantes (detenidos, golpeados y amenazados en
agosto de ese año).
También
fueron desaparecidos cinco integrantes de una familia que trasladaban a un
herido de bala a Chilpancingo.
Este
año las primeras víctimas conocidas fueron cinco policías municipales de
Pungarabato y otros cinco de Altamirano (levantados y torturados en enero).
El
Ejército también estaba enterado de que la policía de Cocula estaba infiltrada
por criminales.
El
1 de diciembre de 2013 el diario Reforma publicó que el director de la Policía
Municipal de Cocula, Salvador Bravo Bárcenas, avisó en agosto de ese año al 27
Batallón de Infantería de comportamientos criminales del subjefe de esa
corporación, César Nava, al que acusaba de haber instituido un sistema de
nómina paralela entre los uniformados, a quienes les entregaba quincenalmente
fajos de tres mil a cuatro mil pesos, además, según Bravo, lo tenía amenazado.
El
comandante del 27 Batallón de Infantería prometió intervenir y una semana
después llegó a la comandancia de policía acompañado de un grupo de militares,
separó a Nava y a su personal de confianza y se los llevó. “En ese momento
pensé que por fin ya se habían llevado a César Nava y a su gente, pero no fue
así. Al poco rato los militares llegaron con César Nava y los demás, sin
decirme palabra alguna”, narró Bravo.
Reforma
señaló: “Las andanzas del subjefe policial no fueron atajadas por el Ejército
cuando tuvo conocimiento de ellas; un año más tarde, Nava se convertiría en uno
de los operadores clave de las desapariciones de los 43 normalistas, pues
colaboró en sus capturas y los entregó a los Guerreros Unidos el pasado 26 de
septiembre”.
Un
caso viejo
El
mismo batallón, omiso ante las denuncias, es señalado como culpable de la
desaparición de seis jóvenes igualtecos en marzo de 2010: Francis Alejandro
García Orozco, de 32 años, dueño del bar Cherries y sus empleados Sergio Menes
Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de
21; Zózimo Chacón Jiménez, de 22 y el adolescente que ayudaba ese día, Lenin
Vladimir Pita Barrera, de 17.
En
su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, Human
Rights Watch menciona este caso y afirma: “Existen pruebas contundentes que
señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de
cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en
el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la
presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército
en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche.
“Si
bien el agente del Ministerio Público estatal inició una investigación del
caso, luego lo remitió a la jurisdicción militar, y los agentes del Ministerio
Público militar aparentemente no habrían conseguido avances en los 18 meses
posteriores al incidente. Hasta octubre de 2011 ningún soldado había sido acusado
por ningún delito en relación con el caso. Por su parte, los familiares que han
exigido que estas presuntas desapariciones forzadas se investiguen de manera
exhaustiva e imparcial han recibido amenazas y, en un caso, han sido objeto de
agresiones físicas directas”.
La
familia García Orozco aseguró que antes del secuestro, el Ejército había
llevado a cabo tres redadas en el bar (Proceso 1983).
Cuando
comenzaron a buscar a los jóvenes encontraron la camioneta de Francis Alejandro
en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, luego la vieron en la XXXV
Zona Militar, en Chilpancingo. Pero entre más denunciaban las familias, más
eran amenazadas.
“En
cuanto poníamos en las calles carteles sobre su desaparición, los soldados iban
y los quitaban o los tapaban con sprays. Amenazaron a quienes nos ayudaban de
que si le seguían, les iba a pasar lo mismo. Luego comenzaron a desfilar por el
negocio, los teníamos estacionados al frente, en la esquina, a un lado y nos
tomaban fotos y videos. Nuestro teléfono estuvo como dos años intervenido. En
una ocasión trataron de sacar a mi hijo de la carretera”, dijo a este semanario
la hermana de Francis Alejandro.
El
24 de octubre de 2012 el diario El Sur consignó que un militar reconoció ante
las familias la presencia del Ejército en el bar:
“Luego
de dos años y siete meses de insistir en la participación del Ejército en la
desaparición de seis jóvenes, ayer el general de brigada Juan Manuel Rico Gámez
comandante de la XXV Zona Militar reconoció que el Ejército sí revisó a los
seis jóvenes de Iguala desaparecidos desde marzo de 2010, pero luego el agente
del Ministerio Público Militar Francisco Rubio Castro leyó un reporte en el que
precisó que no los detuvo el Ejército sino que fueron detenidos por personas
encapuchadas”. l
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