Intervenciones durante la Promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Intervenciones durante la Promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

 Miércoles 3 de diciembre de 2014

-MODERADORA: Queda en uso de la palabra el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, licenciado Felipe Solís Acero.

-LIC. FELIPE SOLÍS ACERO: Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; señora Angélica Rivera de Peña; señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Diputado Silvano Aureoles; muy distinguidos integrantes del presídium.

Señoras y señores:

Nos convoca hoy, este evento que sirve de marco para la Promulgación del Decreto que contiene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que reforma la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que fue aprobado por el Congreso de la Unión, el pasado 6 de noviembre.

La promulgación de este Decreto, significa la culminación de un proceso legislativo que tuvo su origen en una Iniciativa Preferente, presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el 1º de septiembre. Iniciativa Presidencial, que al ser calificada de preferente, la única que ha recibido este trato en el curso de su Gobierno, refleja la importancia que tiene en la agenda presidencial el tema de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de México.

Se trata de una reforma cuyo proceso legislativo fue intenso y complejo, pero que gracias al ánimo constructivo que ha distinguido el trabajo de las y los Diputados y Senadores de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, el proceso se completó en tan sólo dos meses, con pleno respeto a la previsión constitucional de tiempo establecida para este tipo de iniciativas.

El proceso legislativo de la Iniciativa Preferente, fue de una gran profundidad en ambas cámaras. Las contribuciones de sus legisladores fueron fundamentales para enriquecer este proyecto legislativo y, la enorme disposición de Senadores y Diputados concitó una nutrida participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, que con sus observaciones y aportaciones contribuyeron a un producto legislativo robusto, con amplitud de derechos en favor de las niñas, los niños y los adolescentes de México.

Participaron activamente además, instituciones como UNICEF México, que con su expertise en el tema y el reconocimiento de las mejores prácticas internacionales, hicieron posible la aprobación de una ley de vanguardia.

Por todo lo anterior, nos es muy grato ofrecer a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a este evento, en el que el ciudadano Presidente de la República, realizará la promulgación de esta nueva ley, que hará realidad el principio universal del interés superior de la niñez, que debe tenerse presente en toda acción de Gobierno que involucre a las niñas y niños de México.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Interviene enseguida, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Senadores.

-SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Estimado ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; señora Angélica Rivera de Peña; Diputado Silvano Aureoles, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; licenciada Laura Vargas.

Estimados integrantes del presídium; integrantes del Gabinete Federal.

Estimada audiencia:

En 1989, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, México pugnó ante el mundo la necesidad de contar con un instrumento que promoviera el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia.

Impulsó así, en la agenda internacional, la Convención de los Derechos del Niño.

Veinticinco años después, en el Congreso de la Unión comenzó a saldarse uno de los más grandes pendientes que teníamos como Estado mexicano: una ley garantista de derechos humanos a favor de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior, señor Presidente, gracias a una iniciativa que usted presentó, demostrando con ello no sólo una gran sensibilidad, sino congruencia con su dinámica transformadora.

Y si alguien tenía duda de su voluntad y compromiso, la iniciativa que presentó tuvo el carácter de preferente. Por lo que el mensaje era claro: necesitamos que las niñas, niños y adolescentes de México tengan una ley que respete y fomente íntegramente sus derechos.

En el Senado de la República tuvimos el privilegio de ser Cámara de origen, y desde el momento en que llegó la iniciativa, comenzamos los trabajos para socializar la propuesta y fortalecer sus alcances.

Permítanme comentarles que tal fue la importancia y trascendencia de la propuesta de ley, que se turnó a seis Comisiones de manera colegiada; por cierto, número histórico de Comisiones Dictaminadoras, que avalan la seriedad con la que se llevó a cabo su proceso legislativo.

Aprovecho para reconocer ampliamente la capacidad y empeño de sus presidentes y presidentas. Hoy aquí se encuentran algunos de ellos entre nosotros, la Senadora Diva Gastélum, la Senadora Angélica de la Peña y el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Fue así que bajo un mecanismo abierto, incluyente y plural todas las voces fueron escuchadas, sociedad civil, organismos internacionales, académicos y especialistas, a quienes reconocemos su interés, respaldo y valiosas aportaciones.

Mención especial merecen la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes estuvieron cerca de nosotros, y nosotros, también, cerca de ellos.

Y quiero decirles aquí que esta cercanía demostró la apertura y la voluntad política del Ejecutivo Federal, para que fuera enriquecida ésta tan anhelada ley.

En el mismo sentido, destacamos el trabajo de la Cámara de Diputados, que como cámara revisora tuvo un papel fundamental en la materialización de este ordenamiento jurídico. Nuestro muy apreciable reconocimiento, también, a la colegisladora.

Hoy es un gran día, al promulgar esta Ley: niñas, niños y adolescentes tienen garantizados sus derechos más fundamentales. A partir de hoy ninguna niña o niño sin nombre y apellido; ninguna niña o niño violentado, ni víctima de acoso escolar; ninguna niña o niño sin acceso a la educación; ninguna niña o niño discriminado por discapacidad, origen o raza; ninguna niña o niño con problemas de sobrepeso y obesidad sin atención adecuada.

Con esta ley, comienza un cambio de fondo que les permitirá desarrollar su potencialidad y grandeza. Quedan garantizados sus derechos como el de vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; así como el derecho a la participación y a ser atendidos de manera prioritaria

Señor Presidente, distinguidos miembros del presídium, estimada audiencia:

Llegar a este momento no ha sido tarea fácil, por lo que debemos valorar y analizar el significado de todo esto que estamos viviendo, que va más allá de la creación de una nueva ley. Es el fundamento de una política de Estado en favor de la tercera parte de la población, en favor de quienes serán los hombres y mujeres de bien que nuestro país necesita.

Como Senadora de la República, pero principalmente como mujer y como madre de familia, me siento orgullosa de mi Patria y de nuestro Presidente; un hombre visionario que ha sabido enfrentar con valentía y con gran inteligencia los problemas históricos de la Nación, resolviendo pendientes de muchos años que no podían postergarse más en diferentes materias, como la económica, la educativa, la energética, pero también, y en este momento lo estamos viendo, en lo más preciado que tenemos como sociedad: las niñas, los niños y los adolescentes.

Hoy, damos un paso más como Nación; una Nación que, con voluntad y dedicación, nada la frena; que apuesta en el presente para garantizar un mejor futuro.

Enhorabuena.

Y muchísimas gracias.

-MODERADORA: Hará uso de la palabra, la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados.

-DIPUTADA VERÓNICA JUÁREZ PIÑA: Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; señora Angélica Rivera de Peña; señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo.

Distinguidos integrantes del presídium; Legisladoras y Legisladores que se encuentran aquí, presentes; las senadoras, presidentas de distintas comisiones, tanto como Diva Gastélum; es un honor también saludar a mi compañera Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña.

De igual forma, saludo a las Legisladoras, a las Diputadas, a la Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Adriana Hernández; y a las Diputadas de esta Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, así como a las Diputadas que también nos acompañan el día de hoy, que integran la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados.

De igual forma, saludo a los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil; servidoras y servidores públicos.

Señoras y señores:

Como Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, es un honor ser testigo de la promulgación de la ley, que por primera vez crea un sistema de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia en México.

El día de hoy, nos encontramos ante un proceso que se activó a partir de las reformas constitucionales de 2011 en torno a los derechos humanos, la integración del interés superior del niño y la concurrencia en materia de infancia.

Como sabemos, señor Presidente, el 1º de septiembre envió usted como Iniciativa Preferente al Congreso de la Unión esta ley. Y es de reconocerse, en un país en donde se menciona a la infancia y adolescencia como prioridad, pero cuando se trata generar los marcos normativos y políticas públicas que reflejen el interés superior de la niñez, quienes trabajamos en la agenda pública de las niñas, niños y adolescentes mexicanos, nos encontramos en lo cotidiano, que las prioridades siempre sean otras.

Sin lugar a dudas, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cumple con los objetivos que le han dado motivo de aprobación y que a continuación menciono en términos generales.

Recoge los derechos de la infancia y la adolescencia, con el enfoque de derechos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras las reformas de junio de 2011 al Artículo 1º en materia de derechos humanos, reconociendo como sujetos plenos de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a niñas, niños y adolescentes el goce pleno de sus derechos.

Contiene esta ley un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Crea el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y se establece que los responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros, serán las Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia.

Se crea a nivel Federal y local, las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes, adscritas a los sistemas DIF para realizar un objetivo: resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El DIF tendrá ahora nuevas facultades y nuevas atribuciones. Sin lugar a dudas, tendremos que apoyarlo de manera inmediata.

Aprovecho para hacer un reconocimiento a quien lo dirige acertadamente, por toda la coadyuvancia en la aprobación también de esta ley.

Además, esta ley dispone la creación, integración, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, presidido al más alto nivel por el Poder Ejecutivo Federal.

Contempla un Programa Nacional, así como Programas Estatales, que contendrán las políticas, objetivos, estrategias y las líneas de acción prioritarias, en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, transversales y con perspectivas de derechos humanos, estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social; determina la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral, que recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva; así también como la creación de un sistema de información que tanto hace falta.

Esta misma ley contiene importantes avances que sientan las bases para que en ninguna entidad federativa pueda haber, en ellas, retroceso alguno en el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y adolescencia, como el establecimiento de la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, la gratuidad del registro, la presunción de paternidad o maternidad cuando hay rechazo a hacerse la prueba, las opciones de acogimiento familiar con preferencia residencial, las competencias y plazos para adopción de medidas de protección especial, entre otras.

Como sabemos, muchas de estas cuestiones aún estaban reguladas de manera desigual en el territorio mexicano, produciendo violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y desigualdades intolerables.

Teniendo en cuenta la diversidad de temas que incluye esta Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, algunos de ellos de gran controversia, por la pluralidad de opiniones y por un cambio cultural que enfrenta resistencias, estamos, sin duda, ante un gran resultado, ya que hemos logrado un consenso que durante muchos años ha venido intentando abrirse paso, un consenso que no pudo lograrse en la Legislatura anterior, pero que afortunadamente hoy se materializa en esta ley.

Sin embargo, como toda ley, podrá perfeccionarse. Por ejemplo, es necesario avanzar en la regulación de los problemas que afectan a la niñez y adolescencia migrante; en erradicar en la práctica las interpretaciones que derivan de una concepción dominante y persistente de que las niñas, niños y adolescentes son propiedad privada y que sus derechos no son materia de la agenda pública en donde el Estado debe de ser el garante de sus derechos.

Además y, sin lugar a dudas, los retos de la infancia no se limitan a la agenda legislativa y, ahora el Ejecutivo tiene una obligación mayor de destinar los recursos suficientes para su implementación.

Tendrá que derivarse en una verdadera inversión, la que merece la tercera parte de la población mexicana, y se tendrá que ejecutar las políticas públicas pertinentes y suficientes para cumplir una agenda que se complejiza cada vez más por la pobreza y marginación infantil, el trabajo infantil, la desnutrición, la exclusión, el embarazo adolescente, el incremento en adicciones, las víctimas de trata, el maltrato infantil. En fin.

La violencia en sus diversas manifestaciones y la falta de oportunidades, son ejemplos de los grandes pendientes que el Estado y la sociedad mexicana tienen para lograr la garantía de los derechos de los 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos, que representan el 37 por ciento de la población total en nuestro país.

Señor Presidente.

Señoras y señores:

Nos complace presenciar la publicación de una ley, como ya mencioné; una ley que incluye las voces y la lucha, y los sueños de muchas y muchos servidores y servidoras públicas, de académicos, de Legisladoras y Legisladores, de integrantes de la sociedad civil y de organismos internacionales, quienes esperamos que esté a la altura de las niñas, niños y adolescentes.

Son importantes los retos que enfrentamos, pero lo hacemos con la responsabilidad y el compromiso para lograr el funcionamiento correcto del Sistema de Protección Integral.

Ello depende, en mucho, de materializar proyectos y programas, así como de asignar recursos suficientes para su ejecución. Pero, sobre todo, el seguir impulsando en el marco de este joven movimiento por la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el cambio cultural en donde reconozcamos en la vida diaria y en cualquiera de nuestras acciones, que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos.

Sin embargo, no podemos dejar pasar el entorno al que ahora nos encontramos. Esta ley es el llamado a garantizar los derechos y a proteger de manera integral y efectiva a la población infantil y adolescente de México.

No podemos permitir que el crimen organizado y que las debilidades institucionales estén consumiendo la vida de miles de ellas y ellos, a través de las desapariciones, de la muerte, de la cooptación, y hasta de estos mensajes cotidianos que promueven violencia desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde las familias.

Esta ley tiene que ser simbólicamente, pero más aún en la práctica, el desafío por la construcción de un país que apuesta por su presente para garantizar también su futuro. Esa apuesta es por las niñas, niños y adolescentes de hoy y de mañana.

En el proceso para alcanzar la cristalización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no hay vencedores ni vencidos, ni propiedad exclusiva, ni paternalistas, ni maternalistas de la ley, todas y todos hemos contribuido para contar con una Ley General en la que ganan las niñas, los niños y adolescentes, y si ganan las niñas, los niños y adolescentes, ganamos todas y todos. Gana México.

Por su atención, gracias.

-MODERADOR: Corresponde la siguiente intervención, al licenciado Mario Luis Fuentes Alcalá, Director General del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

-LIC. MARIO LUIS FUENTES ALCALÁ: Muy buenos días.

Licenciado Enrique Peña, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señora Angélica Rivera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF; Diputado Silvano Aureoles, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Distinguidos y distinguidas miembros del presídium; señoras y señores Legisladores.

Señoras y señores que nos acompañan:

En México, la pobreza, la discriminación, la vulnerabilidad, pero sobre todo, la desigualdad tienen rostro de niñez. A pesar de los avances documentados, las estadísticas oficiales nos muestran que las brechas en todos los ámbitos relativos a la infancia lejos de reducirse se están profundizando.

Por ejemplo, una niña o niño que nace en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca tiene hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que aquellos que nacen en Nuevo León o el Distrito Federal.

Y de acuerdo con las estadísticas del INEGI, cada año se registran alrededor de siete mil defunciones evitables de niñas y niños durante su primer año de vida; es decir, muertes que nunca debieron ocurrir.

Las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes, en su gran mayoría tienen una dimensión dramática. De acuerdo al CONEVAL, mientras que entre la población mayor de 18 años, el porcentaje de personas en pobreza es del 41 por ciento, entre las niñas y los niños el porcentaje es de 54 por ciento.

Por todo ello, debe reconocerse que la primera iniciativa con carácter de Iniciativa Preferente, enviada por el Ejecutivo al Congreso, haya sido dirigida a la ampliación del marco que protege los derechos de la niñez.

Iniciativa que permitió mostrar, recoger e incluir demandas históricas de las organizaciones de la sociedad civil, tales como RIRIKI, la Alianza por la Niñez, la Red por los Derechos de la Infancia; organismos internacionales como UNICEF, así como de expertas y expertos de distintas instituciones de la academia mexicana.

Hay que subrayar, por otra parte, que la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños obliga al Estado a recuperar la centralidad de la agenda de los derechos de las niñas y los niños, así como a dimensionar los retos que tenemos todos, sociedad y Gobierno, en su adecuada y urgente implementación.

Por otro lado, es de hacerse notar el hecho de que esta ley se promulga justo en el momento en que las proyecciones económicas nos anuncian que el crecimiento del país está aún lejos de todo su potencial.

Desde esta perspectiva, su promulgación es sustantiva, porque es precisamente cuando los recursos son limitados y cuando la incertidumbre crece que el Estado debe volcarse a favor de los más vulnerables, que no son otros, sino las niñas, niños y adolescentes.

No debemos olvidar que este año se cumple el 25 aniversario de la vigencia de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, sobre todo porque el Estado mexicano fue uno de sus promoventes ante la Organización de las Naciones Unidas.

Hoy, el Estado mexicano actúa en congruencia al emitir esta ley, la cual muestra que sólo a través del diálogo amplio, plural y mesurado, que da tiempo para que todas y todos se expresen, puedan construirse los acuerdos que el país requiere.

Debemos subrayar el hecho de que el Congreso de la Unión haya desarrollado un método adecuado para procesar las múltiples y diversas visiones que existen en esta materia, y que se haya logrado cumplir con el objetivo de tener un nuevo ordenamiento para la garantía de los derechos de la infancia antes de concluir el año.

Una vez promulgada esta ley, continúa un reto múltiple:

En primer lugar. Construir el nuevo diseño institucional que se necesita para su concreción en políticas públicas. Hay que construir los sistemas y subsistemas que están considerados. Hay que dotar de recursos a las instancias responsables de su aplicación y, sobre todo, debe generarse un gran impulso político a fin de que todos los niveles y órdenes del Gobierno se sumen a este instrumento jurídico central para el diseño de sus propias políticas públicas y programas sociales.

En segundo lugar. Hay que fortalecer los mecanismos de diálogo a fin de articular la República en torno al objetivo común, de lograr que ninguna niña o niño se quede atrás y en esta lógica el trabajo de articulación, coordinación y cooperación con los estados y los municipios es central.

Y en ese tenor, es esencial potenciar las capacidades de fomento y promoción del trabajo que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, no sólo en la atención directa de niñas y niños, vulnerados en sus derechos, sino también en el diseño, acompañamiento y evaluación de las políticas públicas que deben generarse en todo el país.

En tercer lugar. Deberán fortalecerse todos los mecanismos de protección de la infancia a fin de garantizar el oportuno y expedito acceso a la justicia a todas las niñas, niños y adolescentes, a fin de salvaguardar y proteger integralmente todos sus derechos.

Desde esta perspectiva, la plena y universal garantía de los derechos de las niñas y los niños representa uno de nuestros mayores imperativos categóricos, un mandato ineludible que tenemos como mexicanos, porque el no hacerlo profundiza el dolor y la angustia, que todos los días enfrentan millones de familias en nuestro país.

Y, también, porque postergar las acciones en este ámbito compromete nuestro futuro y perpetúa las injustas condiciones en que hoy se debaten las familias mexicanas en la sobrevivencia del día a día.

Por todo esto, este acto debería ser leído por todos y todas como un momento relevante para reflexionar; para hacer un alto y preguntarnos otra vez, con honestidad y prudencia: qué clase de país queremos para nuestras hijas e hijos, para nuestros nietos y para las generaciones futuras.

Lo anterior nos exige potenciar y encauzar el malestar, el cual debe aprovecharse para transformarnos en un país apropiado para la infancia.

Hacia este propósito se requiere la audacia en el pensar y la decisión en el actuar, para destinar como lo manda nuestra Constitución hasta el máximo de los recursos de que disponemos para lograr ser el México indeclinablemente comprometido con la niñez que podemos, pero que sobre todo, debemos ser.

Señor Presidente:

En medio del complejo y difícil momento por el que atraviesa nuestro país, la creación de una ley como ésta, abre rutas para recuperar la esperanza en que México puede plantearse grandes objetivos que puedan acercarnos y reconciliarnos.

Debemos considerar, todas y todos, que si hay una agenda que puede cohesionarnos y darnos un motivo compartido de vocación común, ésta gira en torno a los derechos humanos de todos nuestros niños y niñas y, adolescentes.

Su liderazgo en esta materia resulta fundamental, para enviar a la Nación un mensaje renovado de que con base en el esfuerzo colectivo pueden lograrse los consensos para transformar a México, en torno a lo más sensible y relevante que tenemos y que no se encuentra en otra parte, sino la plena garantía de los derechos de la niñez.

Que así sea.

Muchas gracias.