Evidenciada, la PGR se lanza contra los forenses argentinos (EAAF)

Evidenciada, la PGR se lanza contra los forenses argentinos/MARCELA TURATI

Revista Proceso No 1998, 14 de febrero de 2015

Si no lo hace con las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, o con las familias de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, o con la indignada opinión pública extranjera y mexicana, o con organismos mundiales como la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto arremete entonces contra los expertos que invitó para que auxiliaran en el esclarecimiento de los hechos de Iguala; es el caso del Equipo Argentino de Antropología Forense. Un especialista de la ONU afirma que en sus 20 años de trabajo en derechos humanos nunca escuchó cuestionamientos de gobiernos hacia la integridad científica y profesional del EAAF como ahora los hace México.

Durante más de una década de trabajo en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se ha convertido en un testigo incómodo para las autoridades mexicanas. Desde que participó en las investigaciones de los llamados feminicidios en Ciudad Juárez, pasando por las masacres de migrantes en Tamaulipas o en el caso Ayotzinapa, ha señalado el desaseo de la justicia mexicana en la búsqueda, exhumación e identificación de restos.

Su crítica sobre los procedimientos forenses ha sido llevada a cortes internacionales o quedó plasmada en informes finales de las misiones a las que ha sido invitado. La última exhibida públicamente fue el informe final que presentó a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, del que se desprende que “la verdad histórica” planteada el 27 de enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para cerrar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, es insostenible pues le falta rigor científico.

El informe deja entrever que, con tal de hacer cuadrar la versión oficial de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, además de cometer errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos recogidos en el Río San Juan y enviados a Austria para su análisis.

El informe de la EAAF insistió también en que no le consta de dónde salió el hueso del estudiante Alexander Mora Venancio, el único identificado con pruebas genéticas, ya que el equipo no estuvo presente al momento en que unos buzos de la Marina supuestamente lo rescató del Río San Juan. Refirió que tampoco le ha sido mostrada la cadena de custodia de esa diligencia con el reporte exacto de los hechos.

“Simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios) en vez de usarlos para contrastar”, declaró ese día un integrante del equipo consultado por la reportera.

“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, indicaba su explosivo informe dado a conocer el sábado 7.

 Ese día el equipo hizo público que la PGR erró en 20 de 134 perfiles genéticos de los familiares enviados a Austria; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes (por lo que las evidencias presentadas por la dependencia pueden corresponder a otros eventos o personas); recolectó evidencias balísticas y tierra a espaldas del EAAF, y dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación, “entre otras serias dificultades”.

En el comentario que ese miembro del equipo hizo a la reportera (el EAAF no acostumbra dar entrevistas) señaló: “No íbamos a hacer esto público. Lo normal hubiera sido que los dos equipos hubiéramos presentado nuestras conclusiones al mismo tiempo, al final de la investigación, pero con lo dicho en la conferencia no nos dejaron otra opción”. Se refería a las declaraciones de Murillo señalando que el equipo sí estuvo presente durante todo el proceso y que más de 100 peritos mexicanos avalan su dicho.

La respuesta de la PGR fue a través de un comunicado difundido el lunes 9; en éste criticó al prestigiado equipo forense, al que, en pocas palabras, le contestó que no debía entrometerse, que carecía de expertos como los de PGR y que extralimitaba sus facultades al querer estar en todo el proceso.

“Ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el Basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad”, indica el comunicado, el cual añade que la PGR “no acepta duda alguna” sobre la actuación de las autoridades y las evidencias recogidas.

Sin embargo, el boletín contradice las declaraciones de los más altos funcionarios de la PGR y su propio contenido.

Mientras en una parte expresa que “el EAAF no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético, por lo que no tiene razón de firmar la cadena de custodia”, en la conferencia del viernes 27 Tomás Zerón, el encargado de la investigación, señaló: “En todos los eventos en el río están los peritos argentinos, esto aunado a que también en el embalaje que hacemos en el lugar de los hechos viene firmado por ellos. Entonces tenemos los elementos para también poder acreditar de que estuvieron en cada uno de los eventos”.

 O sea que sí firman documentos. A contracorriente de Murillo y Zerón, los argentinos sostienen que no fueron convocados al río donde eran buscados los restos.

 Ante la crítica del equipo argentino porque el basurero quedó sin custodia del 7 al 27 de noviembre, a pesar de ser el sitio clave para la investigación, la PGR explica que “no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación”.

 Sin embargo, en otra parte del comunicado la dependencia menciona que el 15 de noviembre sus peritos encontraron “elementos balísticos” (40 piezas); esto significa que debían haberse mantenido bajo custodia porque el sitio aún tenía evidencias.

 Ante el señalamiento del EAAF de que peritos de la PGR entraron a escondidas del equipo argentino ese día para recolectar elementos balísticos y muestras de tierra, el Ministerio Público Federal reviró con esta explicación: “No se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”.

 El miembro del equipo argentino consultado sobre ese punto mencionó que entre los 30 forenses provenientes de ocho países que investigan de su parte el Caso Ayotzinapa está un experto muy experimentado, quien durante una década fue jefe de balística de la morgue de uno de los países más violentos y tuvo reuniones con sus colegas de la PGR en sus laboratorios.

 “(El experto) participó en la recolección de evidencias durante toda la primera etapa del trabajo en el basurero de Cocula, hasta que decidieron actuar por su cuenta. Otra duda que salta es ¿cómo sabía la PGR que iba a encontrar balas en esa inspección y que era innecesario invitarnos? En esa diligencia no sólo levantaron balas; también muestras de tierra que corresponden al área de criminalística”, planteó.

 El único error que la PGR reconoce, y eso a medias, es el de la mala transcripción de 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, al que califica como “error administrativo”, aunque, a decir de los argentinos, puso en riesgo la identificación de 16 de los 43 estudiantes.

 Soberbia preocupante

 Los señalamientos de la PGR preocupan a Ariel Dulitzky, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU: dice que en sus 20 años de trabajo en derechos humanos nunca escuchó cuestionamientos de gobiernos “hacia la integridad científica y profesional” del EAAF. “Por lo menos no tengo conocimiento de un solo caso.

 “Si (el gobierno mexicano) invita a un grupo externo de expertos, lo mínimo que debería de hacer es escuchar observaciones y tomarlas seriamente, y parece que no está haciéndolo. Es un signo preocupante esta misma actitud si la pretendiera tener con el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana”, dice sobre el grupo de expertos enviados por la CIDH que en marzo comenzará a investigar el caso.

 En entrevista telefónica, Dulitzky cuestiona la verdadera voluntad del gobierno mexicano de transparentar su trabajo: “Por un lado se abren a la supervisión y a la asistencia internacional; por otro se cierran las puertas justo antes de que se empiece a efectivizar parte de esta cooperación”. Parte de su preocupación es que los comunicados sacan a relucir que a los argentinos no se les dieron todas las facilidades ni se les notificaron todas las acciones que se llevarían a cabo; como si eso no tuviera “suficiente importancia”.

 A este abogado, también argentino y académico e investigador en la Universidad de Texas, en Austin, le llaman la atención los tiempos en los que Murillo Karam presentó su “verdad histórica” con la que concluía las investigaciones. “Lo hace en un momento que para mí es llamativo: justo unos días antes de que México tenía su examen ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y justo unas semanas antes de que el grupo interdisciplinario de expertos de Comisión Interamericana llegue a México. Esto muestra ciertas ambivalencias y contradicciones del gobierno federal”.

 De la PGR “nada nos sorprende”

 La historia del EAAF en México no se circunscribe a Ayotzinapa. Desde 2001 el equipo integrado en Argentina tras la dictadura militar para ubicar los restos de los miles de desaparecidos, y que ganó tanto prestigio que desde entonces ha trabajado en más de 30 países, fue consultor invitado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México para la creación de un protocolo justamente para identificaciones y exhumaciones en casos de asesinatos.

 Hasta el año pasado la PGR creó un protocolo para responder a estas mismas inquietudes que entonces tenía la ONU, el cual sigue en papel; no se ha aplicado a nivel nacional.

 En 2004 el equipo fue invitado por organizaciones de víctimas y de derechos humanos, en acuerdo con el gobierno, a investigar los llamados feminicidios de Ciudad Juárez y de Chihuahua, porque las madres de las desaparecidas estaban inconformes con el trabajo de la procuraduría estatal, que entregaba cuerpos equivocados o mantenía restos sin identificar.

 En ese entonces –cuenta la abogada Ana Lorena Delgadillo, quien era consultora del EAAF– la búsqueda del equipo no se limitó al número de restos en la morgue (recuperaron restos de otras morgues, de fosas comunes y de escuelas de medicina), y tampoco se ciñeron a la lista de denuncias que tenía la procuraduría sino que recorrieron casa por casa, “en un trabajo hormiga”, para buscar donde fuera a familias que tuvieran alguna hija desaparecida.

 Cuando el escándalo de los feminicidios se concretó en el Caso del Campo Algodonero (como se llamó al lugar donde fueron encontradas tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas) y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el equipo rindió un peritaje que sirvió de base para la sentencia de 2009 contra el Estado mexicano.

 “En la sentencia del Campo Algodonero estaban prediciendo lo que iba a venir, pues recoge los principales problemas que arrastramos: el Estado no tiene bases de datos de personas desaparecidas y de cuerpos sin identificar, no hay metodología clara para el control de los restos que quedan sin identificar, hay problemas técnicos y científicos alrededor de las investigaciones y sufrimiento de las familias al enfrentarse a estados e instituciones sin capacidad para dar una respuesta acorde a la realidad.”, dice.

 “Desde esa sentencia la corte estaba ya ordenando al Estado mexicano que tomara medidas al respecto”.

 La abogada que preside la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho comenzó a trabajar con el grupo argentino desde Ciudad Juárez  (“me fasciné de su visión de derechos humanos y estándares científicos muy altos y su grado de humanidad en el contacto con las familias y hasta en la revisión de cuerpos”), y actualmente acompaña en el caso Ayotzinapa.

 Desde 2013, el EAAF y su fundación van de la mano con la PGR y tres organizaciones mexicanas y centroamericanas en la llamada Comisión Forense, creada con Murillo Karam –por instancias del subprocurador Ricardo García Cervantes y Eliana García– para identificar restos de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, enviados a la fosa común por la PGR o procuradurías locales.

 Como parte de la labor conjunta ya entregaron 12 a sus familiares, y según el compromiso del procurador el trabajo se extenderá a toda la Ruta del Migrante.

 Si en el Campo Algodonero el equipo exhibió las deficiencias del Estado mexicano en materia forense, esa es una constante que se repite en cada caso al que es invitado, incluida la identificación de los restos de los 13 jóvenes tepiteños asesinados al salir del Bar Heaven, en la que también detectaron errores.

 En 2012, Delgadillo y otras organizaciones aliadas, junto con Mercedes Doretti, quien lidera el equipo argentino en México, participaron en una audiencia de la CIDH donde denunciaron la desidia del gobierno mexicano y las deficiencias en la identificación de restos de migrantes.

 “Si bien el equipo argentino reconoce mejoras dentro del sistema forense mexicano –dijo en la audiencia Doretti–, también continúa observando serios problemas de metodología y de diagnóstico en el proceso de recolección y análisis de restos, incluyendo la identificación de los mismos  y el uso de genética forense. También ha observado problemas en custodia, pérdida de restos y, en casos extremos, sustitución de restos”.

 No por nada el GTDFI, en el que participa Dulitzky, después de su última visita a México señaló en sus conclusiones que  dicho sistema “carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, incluyendo la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres”.

 O como explica el propio Dulitzky: “No se hacen búsquedas y cuando se hacen tenemos información de que hay problemas en cómo se hacen las exhumaciones, cómo se trata la cadena de custodia y cómo se hacen las identificaciones y tomas de muestras”.

 Por eso, al referirse a la disputa entre el EAAF y la PGR, comenta que no le sorprenden los errores que cometió la PGR. En tanto, no duda del profesionalismo del EAAF, que también ha ayudado a crear otros equipos forenses con altos estándares de calidad como el guatemalteco o el peruano.

 “Si en temas como Campo Algodonero o ahora Ayotzinapa, que son emblemáticos y que tienen tanta atención internacional, ponen al descubierto las falencias que hay, ¿qué es lo que queda para los miles de casos que no llegan a la primera plana de los medios? Como dijo en sus conclusiones el Comité contra la Desaparición Forzada: Ayotzinapa representa todas las falencias y debilidades institucionales que tiene la PGR.”

 Guadalupe Morfín, quien en 2004 fue la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez, dice a Proceso: “Todo el trabajo realizado por el EAAF en el estado de Chihuahua, que señalaba el  camino correcto, como lo hizo en El Salvador, Guatemala, República  Dominicana y otros tantos países, además de Argentina, debió haber servido  desde esos años al Estado mexicano como ejemplo probado de lo que debe hacerse para la identificación de restos de personas desaparecidas”.

 Agrega: “Algo que hay que admirar del EAAF es que trabaja sirviendo a la verdad, no a ego alguno. Mucho perderíamos como Estado mexicano si se le cierran las puertas por la incomodidad de sus preguntas y precisiones”. 

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EAAF: un historial de rigor científico/LA REDACCIÓN

Cuando Argentina recuperó su democracia tras una dictadura militar que tuvo como sello la desaparición forzada, comenzó la localización de tumbas clandestinas y la exhumación de cadáveres.

Clyde Snow, un antropólogo forense de Estados Unidos, fue invitado por las Abuelas de la Plaza de Mayo a participar en la búsqueda y comenzó a formar a jóvenes expertos en la materia, con quienes fundó en 1986 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El equipo fue pionero en el desarrollo de técnicas científicas para investigar crímenes de lesa humanidad. Según Snow, su creación “produjo una verdadera revolución en el modo en que se investigan las violaciones a los derechos humanos. La idea de usar la ciencia en el área de derechos humanos comenzó aquí en la Argentina y ahora se usa en todo el mundo”.

Desde entonces –según la página de internet del EAAF– ha trabajado en 30 países de Latinoamérica, así como en Bosnia, Angola, Timor Oriental, la Polinesia francesa, Croacia, el Kurdistán iraquí, Kosovo y Sudáfrica. Uno de sus mayores logros fue haber identificado el cuerpo del Che Guevara en Bolivia.

Sus integrantes visitaron México en 2005 para proporcionar asistencia forense a 75 familias que buscaban a hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, a petición expresa de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Justicia para Nuestras Hijas.

En 2008 Sic), por invitación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), iniciaron excavaciones junto con personal de la PGR en el lugar donde se presumía habían sido enterrados los cuerpos de desaparecidos durante la guerra sucia, especialmente Rosendo Radilla, un dirigente campesino de Guerrero desaparecido en 1974. (La Femospp no podía haberlos invitado en 2008 ya que ésta desapareció en 2006).

Cavaron en dos hectáreas del antiguo cuartel del Ejército en Atoyac de Álvarez, aunque no se ubicó ahí el paradero de ninguno de los 600 desaparecidos.

Su labor en México

En 2008 el equipo fundó el Proyecto Frontera, cuyo propósito es generar mecanismos que recaben toda la información forense de las familias que viven en los países expulsores de migrantes para contrastarla con los restos encontrados en México y Estados Unidos. Es así como se crearon los bancos de información forense en Centroamérica, manejados por familiares y los gobiernos de la región; hasta 2013, el de México se rehusó a participar.

 En 2009, las familias de Modesto Patolzin y Víctor Pineda, dos maestros desaparecidos, y organizaciones de derechos humanos solicitaron al EAAF revisar los reportes oficiales del caso y examinar los restos que, se creía, pertenecían a los mentores. Tras varios viajes a Oaxaca los forenses dictaminaron que los expedientes estaban incompletos y que los restos no eran de Patolzin y Pineda.

 A finales de 2010, a petición del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, analizaron osamentas que según el Ministerio Público de Chiapas correspondían al Caso Viejo Velasco, un enfrentamiento entre indígenas ocurrido en 2006 en el que cuatro personas fueron asesinadas y otras cuatro desaparecieron.

 Tras sus revisiones, el equipo concluyó que los restos no correspondían a las víctimas. En su informe dejó asentado que existieron graves deficiencias en el levantamiento de las osamentas y negligencia del Ministerio Público, y pidió que los análisis genéticos se realizaran en laboratorios experimentados.

En 2012 el EAAF recibió la petición de exhumar e identificar los restos de 96 personas que se encontraban en fosas comunes del cementerio Jardín, en la ciudad fronteriza de Tapachula. Los perfiles de los restos fueron comparados con los de los bancos de datos forenses de familiares de Guatemala, El Salvador, Honduras y Chiapas. Lograron identificar 15 cadáveres, en su mayoría de centroamericanos.

Cuando Jesús Murillo Karam llegó a la PGR, a instancias de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, donde estaban Ricardo García Cervantes y Eliana García, se aceptó la creación de una comisión forense para identificar los restos de las masacres de San Fernando y de Cadereyta.

En octubre de 2014, al ver los resultados obtenidos –12 cuerpos que la PGR o la procuraduría de Tamaulipas habían enviado a fosas comunes y ya fueron entregados a sus familias–, Murillo Karam prometió ampliar el convenio más tiempo y a otros estados de la peligrosa ruta del migrante.

En 2013, la participación de los forenses argentinos fue decisiva para el esclarecimiento de la desaparición de los 13 jóvenes tepiteños sacados del bar Heaven de la Zona Rosa, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México.

 Tras atender la solicitud de las familias, el equipo hizo un peritaje del caso y concluyó que la PGR no tenía elementos suficientes para determinar que los cuerpos fueron enterrados en un solo momento o que los mataron en el lugar donde estaban enterrados.

 Luego de realizar pruebas genéticas y revisar dictámenes del hallazgo efectuado por las procuradurías capitalina y federal, el EAAF entregó un dictamen a cada familia donde dejaba al descubierto las deficiencias cometidas por las autoridades en el proceso de identificación.

 Descubrió por ejemplo que la PGR pretendía entregar a una de las familias un cuerpo con dos fémures izquierdos; también casos individuales, como el de las madres con hijos desaparecidos que a inicios del sexenio emprendieron una huelga de hambre afuera de la PGR.

 Ese mismo 2013 comenzó a trabajar la Comisión Forense para recuperar restos no identificados de las masacres de San Fernando y Cadereyta. Las fuentes de financiamiento para sus viajes y gastos locales varían según cada misión: pueden ser financiados parcial o enteramente por el propio EAAF, por la organización local que pide la asistencia o por una organización internacional o fundación.

 En su página institucional, el grupo de forenses argentinos señala que reciben donativos institucionales, gubernamentales y personales. En México no son financiados por el gobierno mexicano (MT/ Con información de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y documentación de Thalía Güido.)