La
ONU, despreciada por el gobierno de Peña Nieto/ Marcos Appel y Mathieu Tourliere
Revista Proceso No 1998, 14 de febrero de 2015
Las
recomendaciones de Naciones Unidas al gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto
a desapariciones forzadas se basan en las obligaciones que asumió México al
haber ratificado en 2008 la convención internacional sobre el tema. La
aseveración corresponde al relator de la ONU en la materia para el caso de este
país, Luciano Hazan, quien en el contexto de las descalificaciones y la pobreza
argumentativa del gobierno y la cúpula militar peñanietistas a dichas
recomendaciones aclara: “Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir
en recomendación tales compromisos”.
BRUSELAS.-
En vez de aceptar las recomendaciones que emitió el viernes 13 el Comité contra
las Desapariciones Forzadas de la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó
por descalificar la actuación de esa instancia, pues, sostuvo, “no reflejan
adecuadamente la información presentada por México”.
Si
bien el relator para el caso de México de ese comité, Luciano Hazan, conviene
en que el Estado mexicano tiene el derecho de evaluar las recomendaciones
emitidas por dicha instancia de Naciones Unidas, advierte lo siguiente:
“Lo
que debe quedar claro es que nuestras recomendaciones están basadas en las
obligaciones que asumió México al haber ratificado (en 2008) la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas (CID). Lo que el comité está haciendo es simplemente
traducir en recomendación tales compromisos.”
El
martes 3 el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade,
declaró que “el país está en libertad de ponderar (las recomendaciones)
conforme a sus propias circunstancias, y de ponderar cuál de ellas
efectivamente contribuirá a generar un mejor entorno”, de acuerdo con una nota
del diario El Universal.
“México
cumplió, reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes. Lo
hizo por espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”, abundó
Meade refiriéndose al examen al que se sometió el gobierno mexicano –el 2 y el
3 de febrero en la sede del CDF-ONU, en Ginebra, Suiza– en torno al
cumplimiento de la CID.
En
entrevista con Proceso, Hazan expone que el CDF-ONU espera que el gobierno del
presidente Peña Nieto acepte las sugerencias y “continúe su diálogo” con esa
instancia de Naciones Unidas.
“Si
el Estado tiene alguna dificultad para instaurarlas, el comité también puede
escuchar cuál podría ser la dificultad y ejercer una recomendación posterior”,
explica el relator argentino; enfatiza que el CDF-ONU “no es un tribunal
jurisdiccional” y trabaja “de manera constructiva con los Estados”, pues “está
orientado a proteger a las víctimas”.
“Lo
que esperamos es que México analice con el mayor cuidado posible las
recomendaciones y las comience a instaurar lo antes posible.”
El
documento del CDF-ONU –de 11 páginas y presentado durante una rueda de prensa
en Ginebra– se inicia con una aseveración categórica: “El marco normativo en
vigor (en México), así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades
competentes, no se conforman plenamente con las obligaciones de la convención”.
Las
recomendaciones están organizadas en cuatro rubros. El primero es la definición
y tipificación del delito de desaparición forzada. En ese apartado se insta a
las autoridades mexicanas a crear un registro único nacional de personas
sometidas a desaparición forzada, que se tipifique como delito autónomo a nivel
federal y estatal, que se aplique la responsabilidad penal de los superiores
jerárquicos y que se haga lo necesario para prevenir e investigar la
desaparición de migrantes.
El
segundo asunto se refiere a la responsabilidad penal y a la cooperación
judicial. Ahí se plantea que la desaparición forzada cometida por militares se
juzgue en tribunales civiles y no en castrenses, que las investigaciones sean
exhaustivas y se realicen sin demora –aun sin denuncia formal–, que en la
Procuraduría General de la República se establezca una unidad fiscal especializada
y que se tomen medidas para proteger a las personas que denuncian o participan
en la investigación de una desaparición forzada, además de esclarecer las
desapariciones del periodo de la “guerra sucia” y ofrecer una reparación a las
víctimas.
El
tercer punto es tomar medidas para prevenir las desapariciones forzadas.
Implica, entre otras cosas, capacitar sobre el contenido de la CID a todo el
personal encargado de atender a víctimas o implicado en las investigaciones.
El
último apartado alude a la reparación y protección de niños contra las
desapariciones forzadas. Se recomienda al Estado redoblar esfuerzos tanto “en
la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas” como en
la “búsqueda, respeto y restitución de restos”, en caso de que los afectados
hayan sido asesinados.
La
ruta
Luciano
Hazan comenta a Proceso que el mayor obstáculo al que de momento se enfrenta el
CDF-ONU consiste en que “no conocemos el tamaño de la problemática. (…) Ni
nosotros ni el mismo Estado mexicano. Por eso decimos que la información que
recibió el comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran
parte del territorio, muchas de las cuales pueden inclusive considerarse
desapariciones forzadas”.
Una
preocupación adicional, agrega, es que muchas ocurrieron después de que la CID
entrara en vigor, el 23 de diciembre de 2010.
–¿Cuáles
son las recomendaciones que el gobierno debe atender con mayor urgencia? –se le
pregunta.
–Hay
tres prioritarias y deben ser respondidas por el Estado mexicano en el plazo de
un año. La primera se refiere a la necesidad de un registro que cuantifique el
número de casos y que, al mismo tiempo, diferencie entre desapariciones
forzadas –es decir, en las que existe implicación del Estado– de otras
desapariciones, por ejemplo las simples ausencias. Esto no existe en la
información que recibió el comité por parte del gobierno mexicano. Los datos
están todos mezclados.
Continúa:
“Hay que entender que, para desarrollar políticas públicas efectivas, es
imprescindible conocer el universo de sucesos, saber cuál es el escenario. Esa
condición es básica para efectuar el resto de nuestras recomendaciones”.
Las
otras dos sugerencias prioritarias son prevenir e investigar la desaparición de
migrantes y enfrentar las “serias dificultades” existentes en los mecanismos de
búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos.
–En
cuanto al resto de sus recomendaciones, ¿cuál es la hoja de ruta del comité en
México?
–El
comité solicitó al Estado mexicano que presentara información concreta y
actualizada sobre la aplicación de todas las recomendaciones a más tardar en
tres años, el 13 de febrero de 2018. A diferencia de otras instancias
internacionales, el CDF-ONU no efectúa exámenes periódicos formales
establecidos. Hay comunicaciones por escrito. A partir de las respuestas del
Estado a nuestras recomendaciones se abre la posibilidad de sostener un
encuentro. Lo que otros comités suelen llamar “ciclos periódicos”, para
nosotros es un proceso más informal. Trabajamos con base en prioridades y
necesidades.
“Somos
un comité nuevo y estamos apenas terminando con los primeros informes que
presentaron los Estados miembros de la Convención. El comité solicitó a México
una visita al país. En su momento, el gobierno consideró que lo mejor era,
primero, realizar el diálogo constructivo (llevado a cabo el 2 y el 3 de
febrero) y después evaluar la pertinencia de esa visita. En el documento de
recomendaciones, el CDF-ONU señala que continúa pensando que esa visita sería
importante para profundizar la cooperación.”
Confrontación
El
pasado lunes 2 en Ginebra, al presentar el informe sobre México ante el Comité
contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario de Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo,
pareció anticipar que las conclusiones de la instancia no saldrían a favor de
México.
El
diplomático exhortó entonces a los integrantes del comité a “ir más allá de la
crítica” y “evitar incurrir sólo en la descalificación”. Recordó que México
suscribió la convención de manera voluntaria, lo que obligaba al organismo de
las Naciones Unidas a “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y
cooperación”.
Gómez
Robledo se mantuvo a la defensiva a lo largo de la sesión, que se extendió
hasta el martes 3. En ella se dedicó a justificar la negativa del gobierno
mexicano desde hace cuatro años a reconocer la competencia del comité para
conocer de casos particulares, lo cual otorgaría a la instancia el derecho de
abrir investigaciones en México.
En
su anterior edición (1997), Proceso describió la sesión de Ginebra, en la cual
Gómez Robledo sostuvo un “diálogo constructivo” con el presidente francés del
comité, Emmanuel Decaux. Aquel planteó a éste que México aceptó someterse a un
examen público, el cual no implicaba el reconocimiento de la competencia del
comité, organismo que describió como “una institución reciente” a la que se han
adherido “apenas 44 Estados”.
Pero
este viernes 13, al conocer las demoledoras conclusiones del comité, el
gobierno federal abandonó su postura defensiva y contraatacó: a través de un
comunicado conjunto emitido por la cancillería y la Secretaría de Gobernación
(Segob), descalificó las recomendaciones de la instancia.
Aseveró
que las observaciones “no reflejan adecuadamente la información presentada por
México” ni “aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y
compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”.
Y
añadió que “tal como lo acreditó ante el comité, México tiene el firme
compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se
conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención,
investigación y búsqueda de personas desaparecidas”.
Irritación
de la Sedena
En
una entrevista que concedió al periódico Reforma el mismo viernes 13, el
director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), José Carlos Beltrán Benítez, criticó tanto la falta de rigor como las
intenciones del comité en sus conclusiones, las cuales hacen mención en
distintas ocasiones a la institución castrense.
Beltrán,
cuyo grado es general brigadier, estimó que los integrantes del comité “tienen
una falsa apreciación, desgraciadamente no documentada, no hay un caso en concreto
que me pudieran haber demostrado, pero sí descalifican a nuestros tribunales
diciendo que son parciales y que no son independientes”.
Dijo
que si bien el organismo señaló que “por principio los tribunales militares no
ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la convención”, su
recomendación al gobierno se limitó al exhorto a “asegurar que las
desapariciones forzadas cometidas por un militar en contra de otro militar
queden explícitamente excluidas de la jurisdicción militar”.
Y
Beltrán añadió: “Percibí que ellos quieren inducir a una recomendación para las
Fuerzas Armadas, más con acción mediática y con agresión, porque eso vende; no
debieran generar aspectos como esos para demostrar que están trabajando. Es
momento de ser objetivos y tangibles”.
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