Enfrentan
al narco y el gobierno los reprime/EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS
Revista Proceso No 1998, 14 de febrero de 2015
Guerrero
está considerado como el estado más violento del país, y los recientes
enfrentamientos de guardias comunitarios contra bandas criminales parecen
confirmarlo. Sin embargo, los habitantes de las poblaciones acosadas por el
narco denuncian que las autoridades federales y estatales, lejos de apoyarlos
en el combate a la delincuencia organizada, se dedican a reprimir sus actos de
autodefensa y la protesta social.
Cuando
los militares detuvieron a dos guardias comunitarios, habitantes de Petaquillas
y del Valle del Ocotito bloquearon la carretera México-Acapulco. Soldados con
equipo antimotines golpearon a mujeres y hombres que participaban en la
protesta, por lo que el conflicto escaló al grado de que los inconformes
retuvieron a un centenar de policías federales.
Después
de ocho horas, tras una negociación, el subsecretario de Gobernación, Luis
Miranda Nava, ordenó a la PGR que dejara en libertad a los guardias
comunitarios. Los pobladores retiraron el bloqueo de la vía federal y liberaron
a los policías retenidos.
Y en
la Región de la Montaña Baja, policías comunitarios de los municipios de José
Joaquín de Herrera y Chilapa se enfrentaron a balazos con habitantes de la
comunidad indígena de San Jerónimo Palantla. Cinco personas murieron y 25
fueron detenidas por la guardia ciudadana.
Los
comunitarios denunciaron que la zona se ha convertido en productora de
mariguana y amapola, disputada por los grupos criminales Los Rojos y Los
Ardillos. A estos últimos, acusan, los dirige la familia del presidente del
Congreso de Guerrero, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.
A
sangre y fuego
Desde
el sábado 7, pobladores y policías comunitarios mantienen cerrada la minera
Media Luna, en el poblado Nuevo Balsas, municipio de Cocula. La resguardan 70 policías estatales, en
funciones de seguridad privada.
Durante
un recorrido, habitantes del lugar narraron que el viernes 6 una célula
criminal al servicio de La Familia privó de su libertad al menos a 18 personas,
entre ellos trabajadores de la trasnacional. A pesar de que pobladores
denunciaron el secuestro, el gobierno federal y los directivos de Media Luna
intentaron negar el hecho y lo minimizaron.
Fue
entonces que la guardia comunitaria, conformada desde el año pasado, tomaron
pistolas y escopetas para recorrer veredas y cerros, hasta que el domingo 8
localizaron y rescataron a sangre y fuego a 12 de los plagiados.
Más
de 300 hombres de Nuevo Balsas, La Fundición, Real del Limón y La Escalera
siguen buscando a Uriel Wences Delgado, La Burra, a quien señalan como
responsable de la acción criminal.
Los
líderes del grupo de autodefensa reprocharon que el gobierno federal relajó la
vigilancia militar y de la Policía Federal después de que la PGR le dio
carpetazo al caso Ayotzinapa y concluyó que los 43 normalistas fueron
asesinados y calcinados en el basurero de Cocula por sicarios de la banda
Guerreros Unidos.
Afirman
que la indiferencia de los directivos de la minera canadiense se explica porque
“son cómplices” de La Familia, ya que –denuncian públicamente– entregan 1
millón de pesos mensuales a esa banda criminal asentada en los municipios de
Arcelia y Teloloapan.
Añaden
que el jefe de ese grupo delictivo (y de La Burra), Johnny Hurtado Olascoaga,
El Mojarro o El Pez, es propietario de la empresa Capitsa, que presta sus
servicios a Media Luna y es administrada por su sobrino.
El
gobierno federal, que al principio negó el secuestro, reaccionó de inmediato al
cierre de la minera y envió a soldados del 27 Batallón de Infantería y policías
federales de la División de Gendarmería a coordinarse con los comunitarios.
No
obstante, los líderes de éstos cuestionaron el poco apoyo de militares y
agentes federales, así como la indiferencia de los directivos de la minera, que
sólo reconocieron a un contratista como su trabajador, pero no al resto de los
secuestrados, quienes laboran en áreas de limpieza y traslado de material.
La
mañana del domingo 8, al verse cercados por policías comunitarios, con respaldo
aéreo y terrestre de militares y agentes federales, los delincuentes
abandonaron en un cerro a seis de los plagiados, entre ellos un contratista y
una afanadora de Media Luna.
Otros
cuatro rehenes escaparon después de que uno de ellos, Mario Bahena Aguilar
–empleado de la minera, originario de Apipilulco– forcejeó con un delincuente.
Las víctimas narraron que Bahena Aguilar recibió un disparo en la pierna,
mientras que al criminal lo mataron a golpes.
“Mario
nos salvó la vida”, le dijo uno de los rescatados a un grupo de policías
comunitarios, quienes subieron por él al cerro de La Campana. Las 10 víctimas
quedaron bajo la protección de los comunitarios y delataron a un sicario, quien
intentó hacerse pasar como secuestrado.
“Decían
que nos iban a matar y golpeaban al que pedía agua”, narró una de las víctimas
antes de que las trasladaran a la clínica de salud de Petaquillas, donde los
atendieron. Presentaban golpes y agotamiento por deshidratación.
Más
tarde fueron rescatadas otras dos personas que también lograron escapar cuando
sus captores fueron rodeados.
La
liberación se realizó en el paraje conocido como “el 80”, en las inmediaciones
del cerro de La Campana, en el poblado de La Fundición, donde se encuentran
vías de ferrocarril que datan de la época porfiriana y que permanecieron
inconclusas en la ribera del río Balsas.
Los
pobladores se desplegaron a lo largo del río y en los cerros para localizar al
resto de los secuestrados, cuya número no se ha precisado porque fueron
levantados en distintos lugares de la zona minera y separados en varios grupos,
como indican los rehenes consultados por Proceso.
El
resto de la semana fue tenso en la zona. Los habitantes permanecen alertas y
los comunitarios siguen desplegados en los cerros y la ribera del Balsas, pues
los rescatados dijeron que los sicarios, que portan uniformes de tipo militar y
son dirigidos por La Burra, siguen en el cerro y mantienen retenidas a más
personas.
Cuando
el Ejército hizo la lista de los rescatados por la policía comunitaria, al
menos cinco se identificaron como trabajadores de la minera Media Luna.
Autoridad
contra ciudadanos
Los
habitantes y autoridades de Petaquillas son hostigados por militares y policías
federales desde el 31 de enero, cuando guardias comunitarios de los pueblos del
Valle del Ocotito asumieron la seguridad de ese poblado, cercano a la capital
del estado.
Los
pobladores, encabezados por el comisario municipal Arquímides Vargas Encarnación
y autoridades ejidales, respaldaron la acción de los guardias comunitarios del
Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG),
escisión de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (Upoeg),
que dirige el activista indígena Bruno Plácido Valerio.
Los
petaquillenses señalaron que Los Ardillos y Los Rojos se disputan brutalmente
el control del corredor de droga que conecta el municipio de Quechultenango con
Chilpancingo, lo que provoca la ola de secuestros, asesinatos y extorsiones en
el circuito turístico Río Azul, tolerados por el gobierno y el Ejército.
Por
lo pronto, la guardia comunitaria desmanteló una célula de la banda Gente del
Sur, que dirige El Talibán y tenía el control de Petaquillas.
Desde
esa fecha, el Ejército y la Policía Federal sitiaron la población ubicada sobre
la carretera federal México-Acapulco, a 10 kilómetros al sur de Chilpancingo, y
tratan de expulsar a la policía
comunitaria.
Por
ello, los ciudadanos acusan al Ejército y las policías de los tres niveles de
gobierno de actuar como cómplices de los sicarios, que mantenían asfixiada a la
población de los cuatro barrios y 30 colonias de Petaquillas.
Específicamente
acusan a soldados de la 35 Zona Militar de brindar protección a Los Ardillos,
banda afincada en el municipio de Quechultenango y dirigida, según los
entrevistados, por los hermanos del presidente del Congreso estatal, el
diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, integrante de la corriente
de Los Chuchos y aspirante a la diputación federal por el Distrito 7.
Algunos
ciudadanos sostienen que a pesar de los retenes militares y de la Policía
Federal en el tramo Petaquillas-Chilpancingo, Los Ardillos pasan cargamentos de
droga (heroína, mariguana) y armas por esta ruta ,que conecta a la capital de
la entidad con Quechultenango.
Agregan
que los comerciantes de Petaquillas tienen que pagar mil pesos semanales a ese
grupo criminal, que consideran protegida por el Ejército, ya que secuestran y
asesinan impunemente en la zona.
El
coordinador del grupo de autodefensa, Salvador Alanís Trujillo, afirma que
ellos se hicieron cargo de Petaquillas porque dos días antes un grupo armado
levantó a dos comandantes comunitarios en Chilpancingo.
Advierte
que, así como llegaron a la antesala de la capital estatal, si el gobierno no
restablece el orden, la guardia comunitaria está dispuesta a entrar a
Chilpancingo, donde operan seis bandas que se pelean las rutas del narcotráfico
que atraviesan las regiones Montaña y Norte, así como la Sierra de Guerrero.
Por
ello, dice, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían combatir
la narcoviolencia en Chilpancingo, en lugar de enfocarse a reprimir las
protestas sociales.
En
estos días, Petaquillas no teme a la delincuencia organizada, sino al
permanente acoso militar y de los policías federales.
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