Sedena proveyó de fusiles prohibidos a la policía de Iguala

Revista Proceso 2011, 16 de mayo de 2015

Sedena proveyó de fusiles prohibidos a la policía de Iguala/ANABEL HERNÁNDEZ

Tres kilos 630 gramos de muerte. Eso pesa el rifle de asalto G36V fabricado por la empresa alemana Heckler & Koch (HK), capaz de disparar 750 tiros por minuto. Fue usado en las guerras de Kosovo, Afganistán, Irak y Libia.

 La Policía Municipal de Iguala tenía 37 de esos fusiles, aunque el gobierno alemán había prohibido a HK que los vendiera si se iban a distribuir en Guerrero. En total –y para toda esa entidad federativa– la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionó 56 rifles de dicha marca. Su uso estaba avalado por la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 101, proporcionada por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena, expedida el 8 de noviembre de 2013.

 Según documentos cuya copia tiene Proceso, la revalidación estuvo vigente del 21 de junio de 2013 al 20 de junio de 2015, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el entonces subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Manuel Mondragón y Kalb, supieron de la posesión de ese armamento y del permiso para usarlo.

 La semana pasada HK fue acusada por la Oficina Criminal de Aduanas de la ciudad de Colonia, Alemania, de haber exportado ilegalmente más de 4 mil 767 fusiles G36V que llegaron a Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua. La razón es que desde 2005 el gobierno alemán prohibió el suministro de armas germanas a esas zonas por los niveles de violencia y el constante quebrantamiento a los derechos humanos.

 De acuerdo con reportes publicados por el periódico Suddeutsche Zeitung, entre 2003 y 2011 HK exportó a México 9 mil 472 fusiles G36V, pero más de la mitad fueron distruibuidos en las cuatro entidades federativas vetadas.

 La investigación hecha por las autoridades de ese país señala a cinco exdirectivos y empleados de HK como presuntos responsables, y propone una sanción económica de 3 millones de euros.

 Los documentos muestran que, con el pretexto de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, a partir de 2008 y amparada en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la Sedena dotó a las policías estatales de todo el país de armas automáticas y de alto calibre, incluyendo Guerrero. Posteriormente, la permanencia del arsenal en ese estado fue permitida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 Cada G36V registrado en la lista del armamento en poder de la Policía Municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014 –cuando se perpetró el ataque contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 43 de los cuales desaparecieron– está grabado con la leyenda “S.N.D. México DF”, según el dictamen practicado por la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), del que también se tiene copia.

 De acuerdo con la información obtenida de fuentes del Ejército mexicano, la Sedena, por ley, es la única institución autorizada para importar armas y cartuchos a México. Es, además, el único puente legal para abastecer de armamento a las policías estatales y municipales del país y aprobar sus licencias colectivas.

 Los pretextos

 Este semanario posee una copia de la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 110, proporcionada a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero (SSP-G). Está fechada el 8 de noviembre de 2013 en el Campo Militar No. 1-J, en la Ciudad de México.

 El documento fue emitido por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, Subsección “Licencias (Procuradurías)”, y está firmado por el general Saúl Luna Jaimes.

 Información oficial de la Secretaría de la Función Pública refiere que Luna Jaimes asumió ese cargo el 1 de marzo de 2013 y lo dejó el 1 de noviembre de 2014, después de los hechos en Iguala, sin que haya registro de qué puesto ocupa actualmente.

 La licencia revalidada abarca 12 mil 99 armas de fuego (4 mil 550 cortas y 7 mil 549 largas) para un “efectivo” de “7 mil 682 individuos autorizados”. Es decir, para policías estatales y municipales.

 Según el texto de la autorización, en agosto de 2008 y en el marco de la guerra contra las drogas, el gobierno federal –a través del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad– autorizó equipar a las corporaciones locales de seguridad pública con armas automáticas y de gran calibre, que hasta ese momento eran catalogadas como “de uso exclusivo del Ejército” por su poder destructivo.

 Eso significa que la licencia fue emitida después de que el gobierno alemán prohibiera que sus armas llegaran a Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

 “Hoy más que nunca se debe consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos –autoridades y sociedad– y los vincule en un frente común contra la violencia y la criminalidad. (…) Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la nación por recuperar las condiciones de seguridad”, se señala en uno de los párrafos del acuerdo citado, impreso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de agosto de 2008.

 En el punto XI de dicho acuerdo quedó especificado que, a partir de agosto de 2008, “en un tiempo de ejecución de tres meses”, la Sedena “se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromi­sos establecidos en este acuerdo”.

 El pacto fue firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Marina, Mariano Francisco Saynez; de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora-Icaza, y de la Sedena, Guillermo Galván Galván, entre otros funcionarios federales.

 Se adhirieron también los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de senadores, Ruth Zavaleta y Santiago Creel, respectivamente, así como los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Entre los mandatarios estaban Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo, y Enrique Peña Nieto, del Estado de México.

 También firmaron dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y Carlos Romero Deschamps (de los trabajadores petroleros), empresarios, directivos de medios de comunicación como El Universal y Grupo Multimedios, y presidentes de organizaciones civiles. El “testigo de honor” fue Felipe Calderón.

 Aunque también se acordó crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza, la corrupción y el abuso de poder siguieron siendo una constante no sólo en las corporaciones municipales y estatales, sino también en la Policía Federal, el Ejército y la Marina –como lo prueban los eventos de los últimos meses en Tlatlaya, Iguala y Apatzingán.

 En 2010 el crítico del armamentismo Jürgen Grässlin demandó a HK por vender ilegalmente fusiles a México. Su denuncia fue el origen de la investigación dada a conocer la semana pasada, que confirma la exportación ilegal de arsenales a instancias vetadas.

Grässlin declaró que un funcionario dentro de la compañía le filtró la información de que, presuntamente, se pagaron sobornos a integrantes de la Sedena para que se hiciera la compra (Proceso 1884).

“Estas armas fueron enviadas a la Sedena, que a su vez las distribuyó en esos cuatro estados, donde se había prohibido su repartición. Este empleado me detalló lo ocurrido, estuvo varias veces en México y fue el encargado de entregar los suministros”, explicó Grässlin la semana pasada a la radiodifusora internacional Deutsche Welle.

Los fusiles

De todas las armas proveídas a Guerrero merced a la Licencia 101, la SSP-G mandó 551 a Iguala, según los documentos entregados a la Procuraduría guerrerense el 27 de septiembre de 2014 por Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala. Estos papeles hoy forman parte de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014.

En ese listado, cada arma aparece con su modelo y matrícula. Ahí se ve que no sólo se registraron 54 fusiles HK calibre 5.56 y 45 mm en Iguala, sino que también hay 74 fusiles de asalto de la marca italiana Beretta, 29 escopetas Winchester, 19 fusiles automáticos Colt de fabricación estadunidense, 14 revólveres Smith & Wesson y 351 pistolas Beretta, entre otros.

Para entregar las armas se firmó un convenio entre la SSP-G y el entonces presidente municipal José Luis Abarca, donde se especificó que el arsenal estaba amparado por la Licencia 110. Esto implicó que, si había cambio de alcalde, la responsabilidad del resguardo y uso de las armas recaería en el sucesor.

En los documentos presentados por Flores Vázquez se señala que dos fusiles Beretta estaban asegurados en la 35 Zona Militar, ubicada en Chilpancingo, y que dos rifles G36V se encontraban en el Cuartel Regional de la SSP-G, al igual que todas las escopetas Winchester, ocho pistolas Beretta y todos los revólveres Smith & Wesson.

De acuerdo con fotos y videos, las armas alemanas fueron usadas en un ataque de la Policía Federal y la Policía Estatal de Guerrero contra una manifestación de normalistas de Ayotzinapa ocurrida en diciembre de 2011, en la autopista México-Acapulco. Ese día fueron asesinados a tiros dos estudiantes.

El 27 de septiembre de 2014, cuando los primeros 22 policías municipales de Iguala fueron arrestados por su presunta participación en los hechos del 26 de septiembre, también fueron asegurados 97 fusiles, de los cuales 37 eran de HK. Tenían culata plegable, empuñadura y caja de baquelita negra y mira con aumento. También fueron requisadas 131 pistolas Beretta.

El 29 de septiembre de 2014, el armamento confiscado se entregó al 56 Batallón de Infantería, ubicado en Acapulco, para su custodia. Se desconoce el paradero de las 323 armas restantes que tenía dicha agrupación.

Desde el 27 de septiembre, la Policía de Iguala está prácticamente disuelta. Las instituciones que asumieron las tareas de tránsito y seguridad pública fueron la Policía Federal y la Gendarmería.

Se preguntó al ayuntamiento de Iguala dónde se encontraban estas armas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.