21 ago 2016

La OEA “hizo propios” los informes del GIEI

 Revista Proceso, #, 2077, 21 de agosto de 2016
La OEA “hizo propios” los informes del GIEI/EMILIO GODOY
México muestra apertura al escrutinio internacional a pesar de que es el país de la región que recibe más alertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones en este ámbito, declaró el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Lemes.
 El miércoles 17, en su conferencia magistral “El sistema internacional anticorrupción”, que impartió en el foro sobre el tema organizado por la Coparmex en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México, el excanciller uruguayo comentó que los países tienen “derecho de respuesta” a las observaciones de la CIDH, pues la investigación de las denuncias está en función de tales observaciones.
 Añadió que “la relación entre México y la OEA es de mucha intensidad, que está marcada por las contribuciones que hace México, fundamentales a la organización, y por los problemas (de derechos humanos) que tiene México y que obligan a la organización a actuar. Eso ha sido una constante en todo este tiempo”.
 Pese a la “apertura” aludida por Almagro, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha reaccionado con virulencia a las observaciones de organismos internacionales como la CIDH y otros de la ONU.

 El gobierno mexicano y la CIDH se confrontaron en estos años, especialmente por la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes analizaron desde enero de 2015 la investigación oficial sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y que entregaron su informe final el pasado abril.
 Desde entonces México ha tratado de debilitar la influencia de la CIDH al cabildear ante otros gobiernos de la región el freno a la entrega de recursos financieros al organismo (Proceso 2071).
 En el 46 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se realizó en junio último en Santo Domingo, República Dominicana, el gobierno mexicano planteó que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se coordinen con la Secretaría General del ente a fin de elaborar una propuesta de financiamiento para la comisión, que estaría lista en octubre de este año. Además, propuso que la CIDH mudara su sede a San José, Costa Rica, donde se asienta la Corte Interamericana, que también depende de la OEA.
 La inconformidad del régimen de Peña Nieto se debe que el GIEI desarmó la “verdad histórica” de la PGR: que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido secuestrados por error, entregados al crimen organizado e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, en septiembre de 2014. Además, la CIDH ha emitido un grueso volumen de comunicados sobre violaciones a derechos humanos en el país.
 Almagro Lemes reconoció que los informes del GIEI han sido “muy duros” pero aseguró que la OEA los “ha hecho propios”.
 En mayo, la CIDH, con sede en Wa­shington, anunció que el 31 de julio de 2016 vencían los contratos de 40% de su personal y que no contaba con fondos para renovarlos.
 Hasta julio pasado, el organismo interamericano había paliado la situación con aportes de Antigua y Barbuda, Panamá y Chile por un total de 171 mil 800 dólares. Además, espera recibir 410 mil dólares de Argentina, Colombia, Estados Unidos y Perú.
 México no forma parte de ese plan de rescate financiero; en 2014 aportó 1 millón de dólares a la CIDH y en 2015 una cifra similar, pero ésta se canalizó al financiamiento del GIEI.
 Almagro indicó que la comisión ya aseguró su funcionamiento al menos hasta enero de 2017 y que hacia marzo de ese año se podría galvanizar su operación. En ese sentido, criticó que los Estados integrantes aporten más dinero a la Corte Penal Internacional, con sede en Roma, que a la CIDH, donde tienen muchos más casos de su interés.

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