Revista Proceso # 2079, 4 de
septiembre de 2016...
78 mil 109
ejecutados en el sexenio de Peña Nieto/ISAÍ T. LARA BERMÚDEZ /ZETA
Al Cuarto Informe de Enrique Peña Nieto le faltó brindar cierta
información, especialmente la que haría quedar muy mal a su gobierno. Es el
caso, por ejemplo, del alarmante crecimiento en el número de asesinatos que ha
habido en este sexenio. Una investigación de la revista Zeta –que consultó
cifras del Inegi, de la Secretaría de Gobernación y de las procuradurías o
fiscalías estatales– arroja cifras escalofriantes: En los mil 300 días
transcurridos entre el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2016
ocurrieron 78 mil 109 homicidios dolosos. El semanario tijuanense comparte con
Proceso este trabajo periodístico.
El número de asesinatos cometidos en lo que va del sexenio de Enrique
Peña Nieto es incalculable. Hay un intento débil –y refutable– del gobierno
federal por contabilizar la cantidad de víctimas de lo que se convierte en una
de las principales causas de muerte en el país.
Por sí solas las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) son
escandalosas: hay 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes
violentas en lo que va del gobierno priista. Desde luego esto no fue tema de
relevancia en el Cuarto Informe presidencial.
Y México está lejos de conocer con precisión cuántas vidas se pierden a
causa de la violencia y la inseguridad.
El gobierno maquilla lo evidente: la violencia y la ausencia de un plan
para combatir a la delincuencia, proporcionar seguridad o procurar justicia.
Sumando los tres años concluidos (2013, 2014 y 2015) que Peña Nieto lleva en el
poder, en promedio cada año se contabilizan 21 mil 199 homicidios dolosos.
Sin embargo, el país de muerte no fue plasmado en el Cuarto Informe de
Gobierno de Peña. Ocultar y disimular el ambiente de guerra y la pérdida del
estado de derecho no evita la realidad que sacude con sangre al país.
Los muertos son más que números
La investigación realizada durante semanas por Zeta arroja la cifra: 78
mil 109 homicidios dolosos en el gobierno priista.
La cantidad es resultado del número de víctimas registradas por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informes homologados de
las entidades, consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas
referencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de la Segob.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La incertidumbre de la cantidad
exacta nace principalmente por el número de personas desaparecidas, homicidios
que son dolosamente clasificados como suicidios en varios Estados, y la falta
de autoridad en algunas zonas dominadas por grupos armados, donde se cometen
ejecuciones sin que las fuerzas policiacas o de justicia acudan.
Los más de 78 mil homicidios dolosos documentados son quizá sólo una
parte de la cara de muerte y crimen que el gobierno pretende no reconocer.
En esta nota se proporciona la tabla de las personas ejecutadas con arma
de fuego o con arma blanca durante el mandato peñista. Como se aprecia, los
estados más violentos, con base en el mayor número de ejecutados, son: Estado
de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán,
Veracruz y Tamaulipas.
Si se considera únicamente lo que va de 2016, de enero a julio (al cierre
de este trabajo aún no había concluido agosto), las 10 entidades con más
ejecutados quedan así:
1. Estado de México, 1 mil 326
2. Guerrero, 1 mil 267
3. Chihuahua, 771
4. Jalisco, 723
5. Sinaloa, 698
6. Baja California, 660 (de los cuales 490 se cometieron en Tijuana)
7. Ciudad de México, 654
8. Michoacán, 643
9. Veracruz, 606
10. Tamaulipas, 605.
Haciendo el mismo ejercicio, pero proporcional a su población, es decir,
la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, los cinco estados
con más violencia son:
1. Colima, 45.94 por cada cien mil habitantes
2. Guerrero, 35.31
3. Sinaloa, 20.10
4. Baja California, 17.17
5. Morelos, 16.98
Cifras maquilladas
Respecto a Morelos, Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de
Seguridad Pública, asegura en entrevista que las cifras que tiene el Mando Único
son “las mismas prácticamente” que las registradas por el Secretariado
Ejecutivo Nacional, pues “ya existe un sistema estadístico que se alimenta mes
con mes. Nosotros somos transparentes y manejamos lo que es”.
La explicación del Mando Único no es en vano, pues la desconfianza en las
versiones oficiales es más que normal. Por ejemplo, las cifras que el
Secretariado ha documentado desde 1997 se refieren a la “incidencia delictiva”,
esto es, las averiguaciones iniciadas por homicidio y no al número de víctimas,
aunque últimamente ha comenzado a generar ese trabajo.
Para poner de muestra lo arriba citado están las cifras –ambas oficiales–
entre la incidencia delictiva que maneja la Segob y los datos de las
defunciones por homicidio del Inegi.
En 2013 el Secretariado registró una incidencia de 18 mil 332, mientras
que el Inegi dio cuenta de 23 mil 63 víctimas. Lo mismo en 2014, cuando el
primero documentó 15 mil 653 y el segundo 20 mil 10; 2015 no fue la excepción:
17 mil 28 casos por parte de la Segob y 20 mil 525 por parte del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
El doctor Hiram Beltrán Sánchez es un investigador de la Universidad de
California en Los Ángeles que publicó un artículo en enero de 2016 sobre el
impacto de los homicidios en la esperanza de vida de los mexicanos.
El académico considera que “el problema que tenemos en México con los
homicidios es que hay una lucha constante para poder saber si la información
(oficial) es la apropiada y si están codificando bien, o están enmascarando la
información”.
Sin embargo, dice, la realidad actual es que en el país “el impacto en la
esperanza de vida es mucho menor de lo que debe existir, porque sabemos que hay
muertes que se clasifican de otra manera, a pesar de que efectivamente fueron
homicidios”.
Al comparar las conclusiones del estudio con la situación actual del
país, Beltrán Sánchez observa cómo la violencia pasó de estar focalizada en
algunos estados –la mayoría en el norte– a una distribución geográfica más
generalizada.
“Cuando hablamos de los homicidios como una epidemia nos referimos a la
forma en que cambia este patrón. Si vemos la información más reciente, los
datos muestran que la violencia se extendió en todo el país prácticamente”.
Por ejemplo, en 2010, entidades como Colima y Zacatecas tenían cifras tan
bajas de homicidios que ni siquiera figuraban entre los principales estados;
“ahora Colima tiene una tasa más alta que Guerrero”, apunta.
De ahí, el experto refiere la importancia de obtener información más
precisa para saber “cómo se está transmitiendo” el fenómeno y detenerlo.
Ismael Urzúa Camelo, exsubprocurador de Justicia en Aguascalientes y
exfuncionario de la Segob, también sabe que las cifras exactas son difíciles de
conocer. Pero indica que las “deducciones” son más fáciles, sobre todo a partir
del elemento de “averiguaciones que tenga la PGR por delincuencia organizada en
una entidad o región, cómo se reflejan en cuanto al homicidio. Si hay muchas
averiguaciones, unas 15 o 20 por delincuencia organizada, se supone que debería
haber un incremento en homicidios”.
El ahora asesor del Senado de la República formula la interrogante: “¿Por
qué los homicidios se mantienen estáticos, en su mismo nivel, si hay mucha
delincuencia organizada? Porque sucede que la delincuencia los mata y los
familiares, muertos de miedo, ya no denuncian; no quieren saber nada”.
Además de que “cuando alguien que sufrió lesiones, muere, la autoridad no
actualiza la información, la averiguación sí, pero en la estadística ya no lo
dan de alta”, concluye.
Peña, equivocado y necio
Para Santiago Roel, director de la organización ciudadana Semáforo
Delictivo, el incremento de 17% en los homicidios dolosos en el primer semestre
de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015 es consecuencia de las disputas
entre los cárteles.
Sin embargo, el consultor, quien creó el mecanismo de medición de
incidencia delictiva, el cual califica con verde, amarillo o rojo, según la
situación de seguridad del país y en cada entidad, ve en el uso de las fuerzas
policiales para el combate a las drogas el trasfondo del problema.
“La administración actual no quiere adoptar un cambio en las políticas de
drogas por temor a pagar el precio en 2018, y por ese costo político seguiremos
sufriendo la inseguridad en todo México”, consideró.
En entrevista con este semanario, el especialista señala que mientras en
2015 la información de Semáforo Delictivo –alimentada a su vez de Lantia
Consultores– indicaba una media de 677 ejecuciones del crimen organizado al
mes, para julio de 2016 se contabilizaron mil 80 homicidios relacionados con
delincuencia organizada.
“En el primer semestre del año, 56% de los homicidios en México son
ejecuciones del crimen organizado, pero hay estados donde esta cifra está
arriba de 80%, como Guerrero, Colima y Tamaulipas”, indica.
Roel relaciona los constantes incrementos de índices delictivos en
aquellos estados con la presencia de dos a cuatro grupos delictivos en
competencia por la plaza.
Un informe de la firma especializada en seguridad Stratfor, titulado Los
cárteles en México se seguirán erosionando en 2016, proyecta que continuará la
tendencia de fragmentación de cárteles, la cual se ha mantenido desde hace más
de 20 años.
Tales divisiones ocurrirán dentro de las mismas organizaciones
criminales, principalmente el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel de
Jalisco Nueva Generación. “Ningún grupo criminal se mantendrá inmune a la
descentralización y la reducción”, sentencia el reporte.
Es precisamente en la estrategia de combate al narcotráfico donde
Santiago Roel ve el principal problema del gobierno mexicano, ya que la
política antidrogas “le da el poder del mercado a las mafias; esto nos genera
no sólo violencia de alto impacto, sino corrupción de alto impacto donde puede
colapsarse la autoridad por plata o por plomo”, opina.
“Después de más de nueve años con esta estrategia de incremento de
violencia en la guerra contra las drogas, cuando todos los indicadores son
patéticamente negativos, ¿por qué tanta terquedad en una estrategia que no
funciona? Ni nos protege de consumos (de droga), ni logra la paz”, exclama
desde el auricular de su teléfono.
Los muertos que jamás se contarán
En diferentes entidades federativas los asesinados nunca pasan siquiera
por el escritorio de una autoridad. Chiapas es uno de los estados que ha sido
calificado como de los más seguros por el Consejo Nacional de Seguridad; sin
embargo, está lejos de serlo.
José Ramón Gallegos, jefe de Información de El Heraldo de Chiapas,
explica que durante los últimos años “el narcotráfico y la trata de personas
siguen invadiendo las páginas de las notas rojas de los principales diarios,
que de forma discreta han tratado de minimizar el hecho, más que por censura
por temor a represalias de los diferentes cárteles”, amén de la ausencia de la
autoridad.
El periodista cita algunos casos, como el de Ocozocoautla de Espinoza,
“donde tiene presencia un grupo armado llamado el Cártel de los Sapos; han
aparecido cadáveres en lugares de extravío, algunos de ellos ni siquiera
recogidos por el gobierno”.
Uno más. En Chamula se habló de un enfrentamiento en el que hubo al menos
siete muertos en una balacera, pero los mismos habitantes indígenas no dejaron
ingresar a las corporaciones policiacas o de justicia.
“El ejemplo más claro –prosigue– fue el de una mujer que supuestamente se
suicidó poniendo en su cabeza una bolsa de nailon y un lazo para luego
aventarse a una cisterna, lugar donde fue encontrada; ese mismo día fue
localizado el cuerpo de otra persona con signos de tortura, mutilada de los
brazos y quemada, en un lugar turístico.”
Algo similar ocurrió en la capital del estado hace un par de semanas. Un
empresario de bares y cantinas, además de tener un taller mecánico, fue
encontrado muerto en su automóvil, pero según la procuraduría estatal se trató
de otro suicidio. Un comunicado de la PGJE de Chiapas confirmó que el hombre se
causó la muerte haciéndose un torniquete para estrangularse en el cuello con
una cuerda y un desarmador.
El narcotráfico y sus consecuencias, la omisión de un gobierno sin
estrategia y las cifras irreales dejan indefenso a un país hundido en el
narcotráfico, la violencia y la corrupción.
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