Revista
Proceso # 2079, 4 de septiembre de
2016...
Regalo de despedida: la PGJDF exonera a López Dóriga/JENARO VILLAMIL
Joaquín López Dóriga tuvo suerte: el mismo día que se despidió de su
espacio en la pantalla televisiva, la procuraduría capitalina decidió no
ejercer acción penal contra su esposa, Adriana Pérez Romo, acusada de tentativa
de extorsión por una empresa inmobiliaria propiedad de María Asunción
Aramburuzabala. El litigio que enfrenta la heredera del Grupo Modelo tiene que
ver con la construcción de un inmueble al lado del que habitan el periodista y
su cónyuge, cuyo abogado, según la empresaria, pidió 5 millones de dólares para
permitir que continuaran las obras. El pleito, dicen los abogados de la
empresaria, ha estado lleno de irregularidades que sólo benefician al
expresentador estelar de Televisa.
El mismo día de la última de sus 4 mil 200 emisiones de El Noticiero de
Televisa, el pasado viernes 19, Joaquín López Dóriga recibió un regalo especial
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF): el
Ministerio Público capitalino consideró procedente el no ejercicio de la acción
penal por el delito de “tentativa de extorsión” en contra de su esposa, Teresa
Adriana Pérez Romo, y otros involucrados en la demanda interpuesta por la
inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
La resolución de la PGJDF, cuya copia obtuvo Proceso, consideró que no
hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia
“aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicado en
la calle Rubén Darío número 223, de la Colonia Polanco (a pesar de que dicha
inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción) por
lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas
pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.
La PGJDF también desestimó la prueba de la videograbación en la que se
escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle a los funcionarios de
Abilia 5 millones de dólares a cambio de frenar otros litigios, porque “la
inmobiliaria, siempre participó por su voluntad y, si bien, como lo manifiesta
el denunciante que fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, es
decir, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto
ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.
La procuraduría consideró “infundados e inoperantes” los agravios
argumentados por el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado
por Aramburuzabala, afirmando que “son evidentemente ambiguos y superficiales”,
que ya fueron estudiados y resueltos por la vía del amparo y “no controvierte
eficaz y suficientemente los argumentos vertidos en el acuerdo ministerial por
el que se inconforma, únicamente pretendió rebatir en forma aislada y genérica
algunas de las consideraciones señaladas”.
La resolución de la procuraduría se produjo un año después de iniciado el
litigio, en medio de diversas irregularidades, que incluyó el no desahogo de
las pruebas presentadas por Aramburuzabala, como la solicitud de obtener la
declaración de todos los vecinos, la ausencia de interrogatorios o diligencias
con el administrador del predio Rubén Darío 223 y desechar las preguntas
presentadas por el abogado de Abilia, entre otras.
Para el abogado Javier Coello Zuarth la procuraduría capitalina actuó más
como “abogado defensor” de la esposa de Joaquín López Dóriga y de otros
implicados que como instancia investigadora.
“No hubo un contrapeso jurídico por parte de los López Dóriga Pérez Romo.
El contrapeso lo hizo la procuraduría capitalina”, afirmó Coello.
–¿Es común que suceda esto en la justicia de la Ciudad de México?
–No, no es común. Lo normal es que en este tipo de asuntos haya un
conflicto entre abogados de una y otra parte.
En resumen, consideró Coello Zuarth, el Ministerio Público capitalino
“sólo se dedicó a obstaculizar la investigación respecto a los hechos narrados
en la denuncia inicial”; el subprocurador de Averiguaciones Previas, Óscar
Montes de Oca Rosales, “ordenó el cambio del nuevo sistema penal de justicia en
México al sistema tradicional, con el objeto de que la procuraduría capitalina
tuviera el control de las actuaciones, sin darle participación a un juez de
control para realizar una investigación judicializada donde se observaran la
legalidad y los derechos humanos de las partes”.
Después de 11 meses la procuraduría capitalina “se ha negado y se resiste
a desahogar las testimoniales de los vecinos de Rubén Darío 223 para que sean
cuestionados si éstos dieron la instrucción al abogado Mario Alberto Becerra
Pocoroba de solicitar la cantidad de 5 millones de dólares para que diversas
autoridades del gobierno del Distrito Federal dejaran sin efectos los
procedimientos que se habían instaurado previamente”, incluyendo el juicio de
lesividad.
Se dice “víctima de una canallada”
Con la notificación favorable de la procuraduría capitalina, López Dóriga
se sintió más confiado para hablar de este caso, que nunca mencionó en la
pantalla televisiva. El mismo día de su despedida, López Dóriga afirmó
–entrevistado por Adela Micha– que él fue víctima de “una canallada”, de “la
injuria, la infamación, la mentira y la ofensa”.
Sin especificar que hablaba de la denuncia por tentativa de extorsión en
contra de su esposa, López Dóriga advirtió que “no tienen derecho a meterse con
mi familia” y se jactó así con Micha: “¡Mira! Que iban a acabar conmigo y
¡mira!”.
Tres días después, con el conductor Carlos Marín, de Milenio TV, López
Dóriga volvió a hacer alusión al caso sin entrar en detalles ni contar la
historia que publicaron el periódico Reforma y Proceso y que se evitó mencionar
en Televisa.
“Ni me retiré ni me retiraron”, sentenció López Dóriga. “Fue una decisión
que veníamos hablando en los últimos cuatro años y me voy en el momento justo
para iniciar otra época”, argumentó.
Marín le preguntó si su retiro estaba pensado antes o después del
escándalo con Aramburuzabala, exaccionista de Grupo Televisa y propietaria de
Grupo Abilia.
“Desde antes. No tiene nada que ver ese capítulo, porque ocurrió hace más
de un año. Entonces, si ese hubiese sido el factor, para qué dejar pasar un
año; además, no le puedes dar el peso que no lo tiene y menos dentro de
Televisa”, se defendió López Dóriga.
En la edición 2030 de Proceso, del 27 de septiembre de 2015, se publicó
que en Televisa se discutió que el 30 de septiembre de ese año se relevara al
conductor de El Noticiero, “pero la posibilidad se frenó para no vincular el
hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería
Modelo”.
Los rumores sobre la salida de López Dóriga se incrementaron en Televisa
a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la
construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225.
El origen del conflicto está justamente en torno a este desarrollo.
Abilia construye al lado del edificio de Rubén Darío 223, donde la familia
López Dóriga es propietaria de un departamento de 552 metros cuadrados.
Becerra Pocoroba, contratado con el supuesto aval de 17 condóminos, le
exigió a los representantes de Abilia el pago de 5 millones de dólares para permitir
que se desarrollara el proyecto denominado “Rubén Darío 22”. De lo contrario,
usarían la fuerza periodística de López Dóriga y la estrecha relación con
funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México para frenar la obra.
Sin embargo, existe el antecedente jurídico del juez federal segundo de
Distrito de Amparo en Materia Penal que antes le dio la razón a Abilia para que
la procuraduría capitalina investigara y desahogara las pruebas presentadas por
los abogados de Aramburuzabala en su denuncia por tentativa de extorsión. El
caso aún está vivo y puede ir a la instancia federal, según Coello Zuarth.
Pérez Romo y Pocoroba
De acuerdo con el expediente de la investigación, la esposa de López
Dóriga, Adriana Pérez Romo, sólo declaró durante 10 minutos el 29 de octubre de
2015 y el Ministerio Público no le hizo más preguntas.
Según su testimonio, ella fue “enterada de la calumniosa e infundada
acusación en mi contra. Desde este momento la rechazo categóricamente por ser
falsa y tergiversar dolosamente la realidad de los hechos, toda vez que no he
cometido ni se ha cometido delito alguno con motivo de las reuniones y pláticas
conciliatorias, vecinales que han tenido lugar al respecto”.
Pérez Romo niega el contenido de “las supuestas testimoniales de los representantes
y empleados de la constructora e inmobiliaria Abilia por ser claramente
aleccionadas, parciales y tergiversar los hechos para su injusta conveniencia
ante las legítimas inconformidades vecinales”.
La esposa del conductor de Televisa alegó su derecho a la presunción de
inocencia para reservarse más declaraciones y afirmó que no era su deseo
responder a ninguna pregunta por parte del Ministerio Público. Y, en efecto, no
le hicieron ninguna pregunta.
En contraste, Becerra Pocoroba, exdiputado federal del PAN, admitió que
desde noviembre de 2014 fue contratado por los vecinos Rafael Ojeda Cárdenas,
Adriana Pérez Romo y Manuel Andrés Carrera Baños para representarlos
jurídicamente.
Becerra Pocoroba relató que entre el 15 de diciembre de 2014 y el 21 de
enero de 2015 se presentaron diversas quejas de los vecinos por presuntas
irregularidades en la construcción del edificio de Abilia.
El abogado admite que hubo un encuentro el 11 de mayo de 2015 entre los
representantes de Guillermo Buitano, director general de Abilia, y Carlos
Padilla, director de nuevos proyectos de la inmobiliaria, con vecinos del
edificio Rubén Darío 223 para conciliar diferencias y llegar a un arreglo.
Los representantes de Abilia ofrecieron cambiar los cristales y dos
fachadas de los edificios de los vecinos afectados, mitigar la afectación de la
luz, “una campaña contra el muérdago en Polanco”, agregar dos salidas de
estacionamiento de la construcción de Abilia, poner retorno vehicular en la
calle de Rubén Darío para mitigar la afectación vial por la obra y acondicionar
un jardín de niños que quedaría afectado por la construcción, según Becerra
Pocoroba.
El abogado relata otras negociaciones con Abilia que incluían la
modificación del proyecto a 25 niveles de altura en lugar de 30 y la
compensación de daños vecinales.
Becerra admite que el 16 de junio de 2015 acudió a las oficinas de Abilia
y que ahí fue videograbado sin su autorización. Según el abogado, “explicando
que había vecinos que consideraban que las obras de mitigación ascendían a la
cantidad de 5 millones de dólares” fue que se manejó esa cifra.
Para Becerra la difusión de esa videograbación “resulta estar fuera de
todo contexto y con ánimo de tergiversar dolosamente los hechos por parte de
Abilia”. También acusó a quienes lo demandaban de actuar de manera “absurda,
inmoral y poco profesional”.
Afirmó que la serie de correos electrónicos entre su asistente, Érika
Mendoza, y Carlos Padilla tuvo como objeto “acreditar la intención de ambas
partes para llegar a conciliar el conflicto derivado de la construcción del
proyecto de desarrolladora Abilia, los cuales en todo momento manejaron la
comunicación con base en un ánimo de conciliación y compensación por lo que
nunca existió extorsión, como falsamente lo pretenden hacer valer los
denunciantes”.
La procuraduría capitalina avaló la interpretación que el mismo Becerra
Pocoroba hizo de su reunión con los directivos de la inmobiliaria de
Aramburuzabala: “Nótese que fueron los representantes de Abilia quienes
unilateralmente manifestaron que consideraban que lo expresado por los vecinos
era una extorsión; sin embargo, en la misma reunión se les reiteró la
posibilidad de seguir con el litigio y en consecuencia retirar las pláticas
conciliatorias ofrecidas en primer término por dicho grupo inmobiliario”.
Varias veces Coello Zuarth solicitó ante la procuraduría capitalina que
se citara a declarar a los vecinos de Rubén Darío 223. Sólo el 9 de septiembre
y el 8 de octubre de 2015 comparecieron voluntariamente dos testigos, vecinos y
condóminos, que se deslindaron de toda responsabilidad y negaron que hubieran
sabido de la intención de pedir dinero a cambio.
El 2 de febrero de este año no se presentaron a declarar los condóminos
citados por Abilia. En marzo se volvió a citarlos a declarar y tampoco
acudieron.
El 3 de junio de este año, el juez segundo de Distrito de Amparo en
Materia Penal en la Ciudad de México resolvió que sí existió violación a la
suspensión definitiva decretada el 17 de noviembre de 2015 y que a la procuraduría
capitalina no le importó violar las resoluciones dictadas por un juez federal
dentro del juicio de amparo.
Para Coello Zuarth todo esto “denota la incesante postura de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por no resolver conforme
a derecho y obedeciendo a los intereses de terceros, en virtud de estar
relacionados con el periodista Joaquín López Dóriga”.
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