Sí son tres las fosas en Tetelcingo... al menos

Revista Proceso 2087, 30 de octubre de 2016…

Sí son tres las fosas en Tetelcingo... al menos/

JAIME LUIS BRITO

Declaraciones ministeriales, testimonios de vecinos y evidencias sobre el terreno indican que en Tetelcingo, Morelos, hay al menos tres fosas clandestinas operadas por el gobierno, y no sólo dos, como admite la administración de Graco Ramírez. Ante la sistemática negación del gobernador y la inoperancia de las autoridades que coordina, han sido los ciudadanos –sólo ellos– los que han hecho avanzar las indagatorias…

CUAUTLA, Mor.- La tercera fosa en Tetelcingo no es un mito. Existe. Se encuentra ubicada a 500 metros de donde fueron localizadas las primeras dos. No tiene más que una cruz de hierro negro sin ninguna leyenda, pero vecinos de la zona confirman que se ubica en el panteón de la colonia Cuauhtémoc.

El predio El Maguey, de 30 mil metros –donde se halla el panteón sin licencias de Tetelcingo– alberga además, separados por bardas de bloc de granito o ladrillos, los cementerios (también irregulares) de las colonias Cuauhtémoc y 19 de Febrero. Esta tercera fosa clandestina, excavada y usada por la Fiscalía General de Morelos, está en una finca de 3 mil metros cuadrados rodeada por una barda de bloc de granito.

Vecinos del lugar aseguran a este reportero que la fosa fue donada por la propia colonia Cuauhtémoc a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal (PAN), en torno a 2003 o 2004. Sin embargo, la primera vez que se usó fue en el gobierno del también panista Marco Antonio Adame Castillo, después de 2009, justo después de la muerte en Cuernavaca de Arturo Beltrán Leyva El Barbas, quien codirigió con sus hermanos el cártel que lleva sus apellidos.

Pero existen otros indicios. Por ejemplo la declaración del dueño del predio, Socorro Tlapala Becerro, que forma parte de la carpeta de investigación SC01/10193/2015, referente al caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, joven secuestrado y asesinado en 2013 y luego inhumado clandestinamente en 2014 en las fosas de Tetelcingo.

En el documento se le pregunta a Tlapala Becerro cómo se hizo la donación de las fosas a la PGJ: “No es la primera vez que apoyo a esta institución. Es la tercera vez, porque en 2003 doné al Dr. José de Jesús Mendoza Moreno, en ese entonces coordinador general de Servicios Periciales, una fosa para inhumar cadáveres”.

Ya en el gobierno de Adame Castillo (y después de 2009) supuestamente se realizó la inhumación de entre 20 y 30 cuerpos, según testimonios recogidos entre los vecinos. “Esa vez vinieron en la noche. Se armó una revolución. Vinieron en la noche y la gente de la (colonia) Cuauhtémoc se enteró y vino, con antorchas y todo, a ver qué estaba pasando en el panteón. Al principio se puso fea la cosa, pero ya después se supo que era la policía judicial que venía a enterrar unos cuerpos en la fosa”, dice un poblador de la zona que recuerda el hecho y pide guardar el anonimato.

En el extremo oriente de este panteón, pegado a la barda, se encuentra un terreno lleno de vegetación donde se levanta una cruz de hierro negra, con una placa para epitafio, vacía. Uno de los habitantes confirma que en ese lugar se encuentra la tercera fosa de Tetelcingo. Nadie sabe cuántas veces ha sido utilizada por la Fiscalía, nadie sabe cuántos cuerpos oculta, pero todos saben que ahí está.

En junio pasado, colectivos de familiares de víctimas lograron que durante 15 días la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Fiscalía del estado abrieran las otras dos fosas. Con la participación de peritos forenses de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los familiares atestiguaron la exhumación de 199 cuerpos y 12 restos humanos más.

El cúmulo de irregularidades en torno a estas sepulturas implicó, primero, en 2015, una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que no ha sido atendida. No obstante, la acción de los familiares de víctimas hizo que el pasado jueves 6, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hiciera lo propio. Solicitó al gobernador Graco Ramírez, al fiscal Javier Pérez Durón y a los miembros del cabildo de Cuautla reparar el daño en la medida de lo posible, regularizar los panteones y hacer un censo de fosas en el estado.

Entre las ilegalidades más alarmantes está el hecho de que 21 cadáveres estaban identificados plenamente y no se entregaron a sus familias ni se hizo nada para localizarlas. También fueron inhumadas dos niñas, a varios cuerpos no se les practicó la necropsia y más de 80 fallecidos tenían huellas de tortura. Y sin embargo, un año después de que se hiciera público el caso, sólo hay una persona sometida a proceso y una más indiciada. La recomendación de la CNDH habla de la necesidad de deslindar responsabilidades de 42 funcionarios y exfuncionarios.

Como parte de los acuerdos que se tomaron en el grupo interinstitucional que ha trabajado desde principios de este año para abrir las fosas en Tetelcingo, se estableció que el pasado 30 de septiembre serían realizados sondeos para verificar que no existieran más fosas en el panteón de esa localidad. Sin embargo, esto no ocurrió. Los familiares de víctimas exigen que se haga a la brevedad. Ahora, las organizaciones deberán pugnar para que estas excavaciones no sólo se realicen a unos metros de los dos enterramientos ya intervenidos en junio, sino que el sondeo alcance los 500 metros y se realice un pozo en el panteón de la colonia Cuauhtémoc, para localizar la tercera fosa.

Violencia creciente

La historia de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos tiene relación con la creciente violencia que padece la entidad. Durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea (1994-1998), los altos índices de secuestros y el involucramiento de los cuerpos policiacos con las bandas de plagiarios provocaron que el mandatario abandonara el cargo dos años antes de lo previsto.

Con la llegada del PAN al poder, en el gobierno de Estrada Cajigal (2000-2006) aumentó la presencia de varios cárteles en la entidad. De hecho, el jefe de la Policía Judicial de aquel entonces, Agustín Montiel López, fue apresado en abril de 2004 acusado de brindar protección al líder del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza El Azul. Esto provocó un juicio político al gobernador panista, del que se libró gracias al cobijo del gobierno federal de su correligionario, Vicente Fox.

Con la llegada de Marco Adame al gobierno morelense (2006-2012), la violencia se agudizó por una pugna entre narcos. Sin embargo, lo que disparó los homicidios y la saña para perpetrarlos fue la ejecución de Arturo Beltrán Leyva. El 16 de diciembre de 2009, en el residencial Altitude de Cuernavaca, marinos cercaron y abatieron al llamado Jefe de Jefes.

A partir de ahí, la pugna por controlar dicha entidad superó cualquier violencia conocida por los morelenses. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2006 a 2008, cada año se cometieron 132 asesinatos en promedio; a partir de 2009 el número se elevó a 317, luego a 559 en 2010, a 583 en 2011 y hasta los 862 en 2012.

Fueron los tiempos en que aparecieron descabezados y colgados. El 9 de abril de 2010, los cadáveres de dos personas fueron dejados en un puente a la altura del centro comercial Galerías, en Cuernavaca; en julio de ese mismo año, fueron otros tres.

La situación empeoró el 16 de abril de 2010, luego de la divulgación de un correo electrónico en el que se advertía que esa noche las bandas del crimen organizado dirimirían sus diferencias a balazos.

La psicosis social, sumada a la inoperancia del gobierno, provocó que la ciudad se autoimpusiera un “toque de queda”. A las 7:30 de la noche y ante la amenaza de guerra en las calles, las plazas comerciales, la UAEM y las oficinas de gobierno enviaron a todo mundo a sus casas. Al final no hubo tiroteos, pero el miedo se instaló en el estado.

Como sea, el incremento de homicidios dolosos hizo que los frigoríficos de los Servicios Médicos Forenses se vieran rebasados. Por lo tanto, comenzaron a abrirse fosas en las que, sin respetar el mínimo protocolo forense –o incluso la ley– se inhumaron de forma clandestina los cuerpos de decenas y decenas de personas. Algunas habían sido reportadas desaparecidas por sus parientes.

Entregarán cuerpo de Tetelcingo

Israel Hernández Torres, joven comerciante de materiales de construcción, fue secuestrado el 24 de julio de 2012, y aunque su familia negoció con sus captores, nunca apareció. Sus parientes lo buscaron incansablemente en hospitales, morgues, montes, barrancas y en todo lugar donde se enteraban que los grupos del crimen “tiraban cuerpos”.

Cuando supieron de las fosas clandestinas de Tetelcingo se acercaron a la UAEM. Junto con otras víctimas impulsaron la exigencia de que las autoridades abrieran las fosas y dieron muestras genéticas.

Mientras eran exhumados los 117 cuerpos, María Félix Torres Peralta y Edith Hernández Torres, madre y hermana de Israel, respectivamente, acudieron todos los días a Tetelcingo. Uno de los cuerpos resultó ser el de Israel. El 30 de septiembre pasado les informaron. Apenas este jueves 20 se llevó a cabo la audiencia judicial en la que la juez María Luisa Cadena ordenó que les sea entregado el cuerpo. Y el lunes 24 Israel regresaría a casa.

“Pero ¿te imaginas cuántos casos más debe haber en estas condiciones?”, se pregunta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y uno de los principales impulsores de la apertura de las fosas. “Por eso tenemos que abrir todas las fosas que este gobierno y el crimen organizado tienen en Morelos. Ya se habla de que fue localizada otra fosa en Tetelcingo, están las de Jojutla y otras más”, sostiene. “¿Quién sabe qué destapamos en Tetelcingo?”, se pregunta, y mueve la cabeza.

Los otros enterramientos

A unos 10 kilómetros del predio El Maguey, en Tetelcingo, se encuentra la colonia Año de Juárez. Justo a la orilla de la autopista que conduce de Oaxtepec a Cuautla están dos terrenos utilizados como panteones. Según la información del ayuntamiento tampoco se encuentran regularizados. Sin embargo, se observan más de dos centenares de tumbas organizadas en conjuntos más o menos equilibrados.

Al fondo del segundo cementerio, el conocido como 3 de Mayo, hay dos fosas señaladas con cruces de hierro negro en las que se lee: “Propiedad de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 30 de agosto de 2007” y “Propiedad de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Oriente. 22 de Sep. del 2002”.

Estas dos sepulturas existen desde hace nueve y 14 años, respectivamente. Sin embargo, la Fiscalía General de Morelos ni siquiera tiene registrada su existencia. Al menos así lo manifestó el titular de la dependencia, Javier Pérez Durón, quien ha señalado que no tiene completa la información del número y ubicación de las fosas en la entidad.

Eso ocurre en la zona oriente del estado. Pero en el sur también existen fosas de estas características. Proceso dio a conocer en junio pasado que en el panteón municipal de Jojutla, ubicado en la colonia Pedro Amaro, se encuentran dos fosas, al menos, donde según los vecinos se han inhumado cuerpos desde “hace más de 10 años”.

Copias de documentos oficiales en poder de este semanario revelan que en julio de 2014, apenas cuatro meses después de realizada una inhumación en Tetelcingo el 28 de marzo de ese año, los restos de 39 personas fueron enterrados en Jojutla. Según los documentos, el cabildo autorizó este hecho, en el que incluso participó personal de la Jurisdicción Sanitaria Regional.

Los testimonios de exfuncionarios del ayuntamiento dejan constancia de las inhumaciones, ahí, de 45 y 75 cuerpos, realizadas en la administración de Adame Castillo. Todos coinciden en que no se tiene registro de esos entierros ni en el ayuntamiento ni en el gobierno del estado, pero vecinos, exautoridades municipales y periodistas certifican que ocurrieron.

“Seguido vienen a echar cuerpos ahí. Desde la administración de Nelson (Torres Mondragón, 2003-2006). Llegan con la máquina y luego ahí nomás los tiran. Aunque nos hemos quejado del mal olor que despiden las fosas, no nos hacen caso. En el ayuntamiento no hacen nada. Y en la Procuraduría nadie quiere meterse con los judiciales. Y luego, pues están los malos, con esos nadie se mete”, asientan testimonios recogidos en junio de este año por el reportero.

La semana pasada, el fiscal Pérez Durón, al asegurar que aceptan la recomendación de la CNDH por las fosas de Tetelcingo, informó que el 7 u 8 de noviembre próximos se “podrían iniciar las diligencias para abrir la fosa de Jojutla y comenzar con el trabajo de identificación de los cuerpos”.

Pero abrirlas e identificar los cuerpos no es todo. Es un punto de partida para buscar a los deudos y hacer justicia. Sin embargo, el mandatario Graco Ramírez ya parece conforme con lo ocurrido en Tetelcingo, tanto que continúa diciendo que el actuar gubernamental “es un ejemplo”.

“Es un ejemplo, pero de cinismo y de desvergüenza”, revira, molesta, Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao y motor fundamental en las acciones para abrir las fosas de Tetelcingo. “¿Cuántos muertos más se necesitan para que entienda? ¿Cuántos cuerpos son necesarios para parar a este desgraciado? ¿Qué se necesita hacer para que tenga tantita sensibilidad y deje de burlarse de nosotras?”, dice conteniendo la rabia.