(Anabel debe referirse a la Comisión no a la Corte, ésta se encuentra en Costa Rica y la primera en Washington DC).
Revista
Proceso 2087, 30 de octubre de
2016...
El
grito desesperado de “El Chapo”/
ANABEL
HERNÁNDEZ
Cercana
la probabilidad de ser extraditado a Estados Unidos, El Chapo Guzmán, junto con
sus defensores y allegados, insiste en denunciar la presunta violación de sus
derechos humanos por parte de las autoridades carcelarias. Por primera vez un
capo del narcotráfico presentó una queja ante la Corte (Sic) Interamericana de
Derechos Humanos –con copia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, en
la que arguye que su salud física y mental corre peligro, exige que se cumpla
un amparo resuelto a su favor para evitar la tortura y que se prioricen sus
garantías individuales.
Joaquín
Guzmán Loera alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, acusado por el
gobierno de Estados Unidos de ser el narcotraficante más poderoso de todos los
tiempos y de presuntamente haber ordenado la muerte de cientos de personas,
marcó un nuevo precedente en la historia del tráfico de drogas en el mundo:
acudió a una corte internacional para defender sus derechos humanos.
Hace
unos días, el preso 3712 del Cefereso No. 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien
está en la antesala de la extradición a ese país, donde es reclamado por una
corte federal en California y otra en Texas, escribió un “mensaje angustioso”
en el que afirmó que temía morir antes de diciembre próximo.
Proceso
obtuvo copia de la queja interpuesta por Emma Coronel Aispuro ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en Washington en junio pasado. De
manera discreta, fuera de reflectores, la pareja sentimental de Guzmán Loera
presentó la querella de 54 fojas por presuntos malos tratos contra éste,
fechada el 29 de mayo de 2016. La queja quedó registrada ante la Corte como la
petición No. 1008-2016.
(Anabel debe referirse a la Comisión no a la Corte, ésta se encuentra en Costa Rica y la primera en Washington DC).
El
jueves 27 Coronel Aispuro acudió de nueva cuenta a la Corte para presentar como
prueba el Protocolo de Estambul practicado a Guzmán Loera por un médico legista
privado y en el que se certificó que el narcotraficante presenta “signos
físicos y síntomas que demuestran que fue y está siendo sometido a malos tratos
durante su estancia carcelaria y se denotan por la presencia de un trastorno de
ansiedad generalizada y un trastorno neurocognitivo leve” (Proceso 27 de
octubre de 2016).
En
una nueva queja presentada simultáneamente en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Coronel Aispuro afirma que los malos tratos al capo “están
ocasionando un riesgo inminente e irreparable que pone en riesgo su vida como
consecuencia de afectaciones físicas, psíquicas y morales que le están
ocasionando daños irreparables”.
Según
el escrito interpuesto por Emma Coronel, el capo habría externado “que si el
tratamiento que le dan sigue así, no va a lograr terminar con vida el mes de
diciembre y tal vez se vuelva loco antes de esa fecha”.
El
expediente de la CoIDH
En
la queja ante la Corte Interamericana presentada en junio se afirma que desde
su último arresto, ocurrido el 8 de enero último tras fugarse del penal de
máxima seguridad Cefereso No. 1 El Altiplano, y tras ser recluido en el mismo
lugar, Joaquín Guzmán Loera ha sido víctima de segregación, discriminación y
malos tratos, y se le obstaculiza su derecho de defensa.
“Nuestro
representado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera se encuentra privado de su
libertad desde el 8 ocho de enero de 2016 dos mil dieciséis, sometido a tratos
crueles e inhumanos equivalentes a tortura física y psicológica en virtud a los
pases de lista desigual frente a los demás internos que no le permite dormir y
que lo puso en peligro de muerte”, se afirma en el escrito firmado por sus
abogados defensores José Refugio Rodríguez, Carlos Castillo Castillo y Cinthya
Castillo Castillo.
A
nombre de Guzmán Loera se afirmó a la CoIDH que no se le permitía dormir
“porque estaba en una celda iluminada con luz eléctrica las veinticuatro horas,
video grabado durante ese tiempo y sometido a vigilancia física por al menos
tres elementos de seguridad las veinticuatro horas del día, sin permitirle
dormir porque se le pasaba lista durante el día cada hora y a partir de las
nueve de la noche cada dos horas hasta las seis de la mañana, lo que motivó que
estuviera sufriendo recaídas graves al subírsele la presión, sin recibir
atención del personal médico, quejándose el interno de que las autoridades del
centro lo estaban matando lentamente al no dejarlo dormir para provocar su
muerte mediante el trato cruel que recibe en aplicación de un protocolo
especial que se le está aplicando”.
Según
la queja presentada fue hasta el 7 de mayo pasado, una vez transferido al
Centro Federal de Readaptación Social No. 9 “Norte” de Ciudad Juárez,
Chihuahua, cuando se le dieron más horas de sueño y su salud se ha ido
recuperando poco a poco, aunque “sigue en riesgo su integridad física, porque
se le mantiene segregado y aislado de los demás internos, que equivale a una
tortura psicológica, tan sólo se le permiten una hora tres veces a la semana de
patio, muy por debajo de la hora al día por lo menos de ejercicio físico
adecuado al aire libre que se le debe autorizar y la visita con sus defensores
se encuentra restringida a dos o una vez por semana, sin que se le permita
comunicarse libre y privadamente con su defensor porque siempre están guardias
de seguridad video grabando y anotando lo que hablan defensor e inculpado…”.
En
la queja se explica que la justificación de tales medidas por parte del Órgano
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social son los
antecedentes de las dos fugas ejecutadas por el capo, la primera del Cefereso
No. 2 en Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, y en julio de 2015 del
Cefereso No.1.
Sin
garantías
El
principal argumento de la defensa de Guzmán Loera para acudir a la CoIDH es que
el gobierno de México no ha cumplido con el amparo 298/2016 tramitado ante el
Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales que se
otorgó el 5 de marzo de 2016 a favor del capo con “la suspensión de plano
contra actos de tortura, segregación e incomunicación por las restricciones a
su visita de defensores por locutorios, sin embargo esos beneficios conseguidos
en resoluciones judiciales, no se han garantizado en la práctica, porque las
autoridades penitenciarias no han acatado los lineamientos de la suspensión,
han evadido su cumplimiento”.
“(…)
tomando en consideración que de las manifestaciones realizadas por el
peticionario de amparo se aprecia que está en riesgo su salud y su integridad
física, pues aduce que casi no duerme por lo que está propenso a que le dé un
infarto… se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los
referidos actos que dice el quejoso, así como cualquier otro acto que atente
contra su vida, integridad o derechos humanos”, ordenó el juzgado.
Los
representantes del capo afirman: “No basta que en la legislación interna exista
un recurso eficaz contra la violación de derechos humanos, si el Estado
mexicano no garantiza su cumplimiento, desatendiendo a su obligación de
respetar, garantizar y reparar cualquier violación de derechos humanos y de esa
manera, hasta la fecha, si bien en resoluciones se obtuvo la suspensión de los
actos de tortura, segregación e incomunicación, esas resoluciones no han sido
cumplidas por el Estado mexicano que ha demostrado no poder hacer cumplir sus
propias determinaciones…”
En
el expediente de la CoIDH la defensa de Guzmán Loera acusó de ser los autores
de los presuntos abusos a Renato Sales Heredia en cuanto titular de la Comisión
Nacional de Seguridad; Eduardo Guerrero Guzmán, entonces Comisionado del Órgano
Desconcentrado Readaptación Social; Salvador Almonte Solís, director general
del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, y Victorino
Hernández Infante, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el
Estado de México.
Cuando
se interpuso la queja se presentaron por escrito copia certificada de todo lo
actuado dentro del juicio de amparo número 298/2016-II ventilado ante el
Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales
en el Estado de México; los testimonios de los mismos abogados y de Emma
Coronel Aispuro, Bernarda y Armida Guzmán Loera e incluso de abogados
defensores de otros internos, “para que relaten las condiciones en que se les
permite el acceso a locutorio a los defensores de los demás internos, incluidos
los ubicados en el área de Tratamientos Especiales”.
Asimismo
se citaron quejas directas a diversos jueces escritas “por puño y letra del
Chapo”: “Manifiesto que sí me están dando una pastilla para la presión, aclaro
que el medicamento es para que no me suba la presión, pero casi no duermo, y
eso hace que la presión la traiga siempre alta por la razón que me están
pasando lista 13 veces, y aquí en este lugar son cuatro las listas oficiales…
ya mañana cumplo dos meses en estas condiciones, me siento mal de salud y día a
día más, ya traigo el estómago suelto hace tres días, yo no estoy enfermo lo
que ocupo es que me dejen dormir y me alivio de todo lo que siento, ando
sonámbulo así me den medicamento diario, no me sirve lo que ocupo, que ya me
dejen dormir, no he tomado sol, no he llamado por teléfono con mi familia”,
manifestó el 2 de marzo de 2016.
Quince
días después, aún recluido en El Altiplano, Guzmán Loera reiteró a su abogado
que pese a la orden del juez no lo dejaban dormir “y que no le han
proporcionado ningún tratamiento médico relacionado al trastorno de sueño que
padece debido a que ya tiene más de dos meses sin poder dormir, cuestión que
además de tener día a día más debilitada su salud, le está haciendo perder
lucidez mental”.
De
acuerdo con la queja ante la CoIDH, los derechos humanos del capo que están
siendo violados son el relativo a la dignidad humana, a la integridad personal,
a la garantía judicial de comunicarse libre y privadamente con su defensor y el
derecho humano de igualdad al darle un trato diferenciado respecto de otros
reos en el mismo reclusorio y en condiciones semejantes. Todas estas garantías
son protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El
señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, recibe un trato desigual y
discriminatorio, porque no es tratado de manera igual al resto de los internos
del Centro Federal de Readaptación Social en que ha estado recluido, pues sólo
nuestro representado sufre restricciones en la visita familiar y de sus
defensores y sólo a él se le mantiene segregado sin poder interactuar con el
resto de los internos, recluido en su celda privada sin salir, excepto una hora
tres veces al día y en las escasas visitas de familia y locutorios que se le
permiten.”
Confirmados,
los malos tratos
El
jueves 27 Coronel Aispuro se presentó de nueva cuenta en la CoIDH a ampliar su
queja y a ofrecer más elementos de prueba sobre los presuntos abusos contra el
líder del Cártel de Sinaloa.
Entre
las pruebas que entregó destacan el Protocolo de Estambul practicado en agosto
último a petición de la defensa de Guzmán Loera por Julio César Ayuzo González,
médico cirujano egresado de la UNAM y especialista en psiquiatría.
“Joaquín
Guzmán Loera presenta en este momento signos físicos y síntomas que demuestran
que fue y está siendo sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria y
se denotan por la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada y un
trastorno neurocognitivo leve. Dichos trastornos se han controlado de forma
parcial con la administración de Triazolam (antidepresivo) sin embargo no se
recomienda su uso prolongado además de que se sugiere sea atendido por el
servicio de psicología y psiquiatría para el control de los trastornos que
padece”, recomendó el mismo médico, que tiene un posgrado en psiquiatría legal.
De
igual manera se entregó el dictamen psicológico realizado por el perito Jesús
Eric Chargoy Romero, en el que concluyó: “…el interno Joaquín Archivaldo Guzmán
Loera presenta trastorno de ansiedad generalizada acompañado por un sindrome de
deprivación sensorial, que están asociados y relacionados con prácticas de
tortura”.
Igualmente
se anexaron las quejas que de propia voz Guzmán Loera habría externado al
Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de
México el 9 de septiembre pasado sobre “la segregación en la que se encuentra,
el impedimento que tiene para poder entrevistarse con sus defensores
particulares, las limitaciones que le impiden tener contacto con su familia, el
hostigamiento en general en el que se encuentra; situación que acontece en su
persona desde el momento de su detención a la fecha”.
Coronel
Aispuro entregó además los resultados de la diligencia de inspección judicial
realizada el 10 de junio de 2016 por el Juez Quinto de Distrito en Amparo en
Materia Penal en la Ciudad de México, en el Cefereso No. 9 “Norte”, en Ciudad
Juárez, Chihuahua, para verificar las condiciones de encarcelamiento del
narcotraficante.
Según
el documento presentado ante la CoIDH, “de la inspección judicial arriba
detallada se advierten las condiciones que priva la situación del aquí quejoso
y que corroboran lo relatado, tanto en la queja que dio inicio el presente
asunto, así como las manifestaciones que ha hecho el quejoso en los diversos
procedimientos judiciales, y a las que se ha hecho referencia en el presente
escrito”.
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