Dispendio federal y estatal para levantar a Del Mazo

Revista Proceso 2114, 7 de mayo de 2017-

Dispendio federal y estatal para levantar a Del Mazo/VENERANDA MENDOZA

Los gobiernos federal, estatal y municipales mexiquenses de sello priista organizaron un multimillonario esquema para intentar que su candidato a la gubernatura, Alfredo del Mazo, dé color en las encuestas y pueda imponerse en las elecciones del próximo 4 de junio. Una investigación de Proceso revela la creación de tres “subsistemas” orientados a atraer votantes, comprar sufragios y presionar a la ciudadanía. Si eso no bastara, lo cierto es que quien fungirá como árbitro de los comicios –el Instituto Electoral de la entidad– se halla cooptado hasta la médula por el PRI.

TOLUCA, Edomex.- Toda la maquinaria de los gobiernos priistas en sus tres niveles –federal, estatal y municipal– se encuentra volcada para apuntalar a su candidato a la gubernatura en el Estado de México, Alfredo del Mazo. No escatima mecanismos, no repara en recursos, no se deja acotar por la ley. Y lo hace a marchas forzadas.

Según operadores del PRI, empleados de alcaldías, documentos oficiales y partidistas, delegados municipales, “promotores” del voto y dirigentes opositores, así como fotografías, videos y formatos de enrolamiento –todos consultados por Proceso–, la estrategia electoral priista en el Estado de México se basa en tres estructuras operativas: la G, del gobierno; la P, que designa al PRI, y la H, que identifica a los ayuntamientos, pero también echa mano de estructuras alternas, como gremios y sindicatos oficiales.

Estructura H

El PRI gobierna 82 de los 125 municipios en la entidad, incluidos muchos de los más poblados: Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca, por mencionar algunos.

Con base en la propia información oficial, desde noviembre pasado y hasta el último día de marzo, a través de las alcaldías el gobierno del estado proporcionó a los mexiquenses apoyos como luminarias, despensas, materiales de construcción y canastas de frutas y hortalizas.

En estos momentos, por ejemplo, muchos municipios priistas tienen levantado el asfalto de su plaza principal, y la indicación es repavimentarla días antes de la contienda del próximo 4 de junio para que el trabajo quede fresco en el imaginario colectivo a la hora de emitir su voto, afirman empleados y exempleados del PRI.

El pasado martes 2,  alrededor de las 10:00 horas, cientos de vecinos se conglomeraron en un salón de fiestas y campo de gotcha administrado por Gerardo Barajas, secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco (actualmente gobernado por el PRI), y propiedad de la priista María Luisa Marina de Suárez, expresidenta municipal.

En el lugar, a cambio de una copia de la credencial de elector, los convidados recibieron “un apoyo” de 900 pesos, como quedó documentado en un video que grabó Agustín Barrera, secretario de Organización del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El perredista asegura que a través de la representación de su instituto político ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) promoverá una denuncia por presunto desvío de recursos públicos de la alcaldía de Coacalco a la campaña de Del Mazo.

“Eso ya lo tienen ordeñado. El PRI (estatal) baja y paga cantidades cerradas, billetes de 500, de mil”, expone otro exempleado del PRI estatal, y añade que incluso los billetes para estos casos son “nuevecitos”.

Agustín Barrera detalla que durante la visita de Del Mazo a Coacalco el jueves 4, personal del ayuntamiento fue desplegado para organizar y apoyar el mitin, lo que representa un desvío de recursos públicos: “Estuvo metida toda la administración allí”.

Barrera y su equipo dicen haber identificado a diversos funcionarios durante el acto proselitista, celebrado en horario laboral (10:30 de la mañana). Entre los servidores públicos que no debían encontrarse ahí estaban el director de Salud, Jorge Martínez; de Normatividad, Ignacio Gutiérrez, y de Desarrollo Urbano, Gustavo Lara.

Francisco Vázquez, coordinador del partido Morena, denunció que trabajadores de confianza del ayuntamiento de Ecatepec están incrustados en las juntas distritales del IEEM y del Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo de comprar a funcionarios de las más de 2 mil casillas que se instalarán en el municipio.

Entre los corrompidos, asegura, está Dora Guadalupe Matías Valencia, con número de empleada 90814, quien se desempeña como auxiliar administrativa “con un sueldo de 4 mil 475 pesos”, de acuerdo con un recibo de pago expedido el 30 de abril de 2017, y al mismo tiempo es consejera electoral propietaria de la Junta Municipal 17 del INE.

Yolanda Matías Valencia, su madre, labora en la jefatura de Servicio Social de la Dirección de Educación de Ecatepec y también integra la Junta Distrital número 8 del IEEM. Otro de los empleados identificado por el morenista es Oswaldo Muñoz Cortés, consejero de la Junta 42.

10×10

Trabajadores de municipios gobernados por el PRI sostienen que en sus ayuntamientos la regla básica de operación electoral es la llamada 10×10.

Cada mando medio –desde jefes de departamento hasta directores generales– está obligado a convencer y comprometer a 10 personas a que voten por el PRI. Cada uno, a su vez, convencerá a otra decena que también tendrá el compromiso de reclutar a 10, para multiplicar exponencialmente los sufragios en favor del priismo.

En otras ocasiones, los mandos medios y empleados han tenido promesas de “motivación económica” por entrar a este esquema. Pero ahora, informan trabajadores inconformes, no se les ha ofrecido bonificación. Deberán realizar esa tarea a cambio de su salario normal.

Tan sólo en la estructura HT, como se identifica al ayuntamiento de Toluca, existen 466 mandos medios. Si todos siguen ese esquema el PRI alcanzaría 466 mil votantes registrados con nombre, teléfono y dirección.

La propia administración municipal –refieren empleados y exempleados– cree tener, además, un “colchón” de 40 mil votos.

En el caso del municipio de Zinacantepec, el pasado 27 de enero el secretario general del oficialista Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEYM), Herminio Cahue, firmó el convenio de sueldo y prestaciones socioeconómicas 2017 para más de 200 trabajadores, que autoriza un incremento escalonado con límite de 12%. El aumento será efectivo a partir de la segunda quincena de mayo; es decir, apenas unos días antes de la jornada electoral. Opositores aseguran que esta maniobra busca atraer votos del magisterio a favor del PRI.

Estructura P

La estructura P se integra por la militancia activa del partido, desde dirigentes estatales y municipales hasta miembros de los comités seccionales. También participan ediles y legisladores.

Para moverse, el PRI recibirá este año un financiamiento público de 225 millones 471 mil 152 pesos. Para campaña, sólo podrá emplear 73 millones 671 mil pesos, si es que se ciñe a lo que marca la ley.

En conjunto con sus aliados, en prerrogativas públicas podrá encaminar 91 millones 804 mil 964 pesos para la obtención del voto: en 2017 Encuentro Social (PES) tendrá ministraciones por 55 millones 360 mil pesos, pero sólo 18 millones serán para campaña. Nueva Alianza (Panal) recibirá 48 millones 373 mil, de los que 15 millones 819 mil serán para promover el voto, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtendrá 47 millones 177 mil, aunque únicamente 15 millones 428 mil pueden destinarse a proselitismo.

Con estos recursos, señala un empleado priista inconforme, se costean promotores del voto que perciben en promedio 2 mil 500 pesos quincenales. Su labor consiste en visitar a los ciudadanos para plantearles las propuestas de campaña del candidato, lo que es legal. Sin embargo, en un formato apuntan los datos privados del ciudadano visitado (nombre y dirección), algo que podría ser interpretado como presión o cooptación. Además, consignan si el entrevistado manifestó interés por alguna propuesta en particular y le prometen que será cumplida en caso de que triunfe Del Mazo.

El viernes 5, y bajo la operación de la estructura P, cinco personas murieron en lo que (según el parte oficial) fue un intento de asalto en las oficinas del Comité de Gestión Social del PRI en Nezahualcóyotl, ubicadas en la calle Poniente 21 de la colonia La Perla.

Ernesto Némer, coordinador de campaña de Alfredo del Mazo, asentó que en el despacho de Neza se realizaba un adiestramiento de militantes al momento de los hechos: “Todos los partidos políticos tenemos derecho de llevar a cabo procesos de capacitación o de proselitismo en paz”. No obstante, habitantes de la zona y transeúntes expresaron que ahí se estaban dando apoyos para cooptar el voto.

Los vecinos del área aseveran que Ernesto Aguilar Hernández, exregidor y excandidato a diputado federal, es quien opera desde ese inmueble.

Estructura G

La estructura G identifica al gobierno estatal; por tanto, se encuentra relacionada con las políticas públicas y presupuestos.

En diciembre de 2016, grupos parlamentarios de oposición advirtieron que el presupuesto del Estado de México para 2017 tenía tintes electorales: creció 17.6%. Pasó de 221 mil millones a 260 mil millones de pesos, en un año particularmente complicado para las finanzas del país.

Para los programas de desarrollo social el aumento fue de 32.90% (de 3 mil 842 millones de pesos a 5 mil 106 millones). En pago de nómina hubo un alza superior a 12%: escaló de 46 mil 365 millones a 53 mil 858 millones. En su momento, el perredista Javier Salinas –quien buscó la candidatura de su partido a la gubernatura– consideró que este dinero podría desviarse para la contratación de operadores políticos priistas.

El panista Raymundo Guzmán cuestionó también el inmenso crecimiento para alumbrado público, que subió de 3 millones en 2016 a mil 261 millones en 2017.

La partida educativa alcanzará los 84 mil 421 millones 988 mil pesos este año. Notoriamente, en los últimos meses se ha incrementado el reparto de becas y tabletas en actos masivos.

El gobierno federal –encabezado por el priista mexiquense Enrique Peña Nieto– se suma a la operación: hace unos días la agencia Apro documentó la intervención del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en las tareas proselitistas a través del trabajo en campo de mil 730 promotores comunitarios de educación inicial no escolarizada. A cada uno se le paga un incentivo de 2 mil 500 pesos.

A escala nacional esta estrategia es coordinada por la diputada federal Carolina Viggiano (esposa del exgobernador coahuilense Rubén Moreira) y Arleth Austria Escamilla, delegada de Conafe en Hidalgo. Mientras en el Estado de México el proyecto es comandado por José Manuel Ferriz Fernández, delegado estatal de Conafe; Simón Villar Martínez, su director general (exsecretario de Educación estatal), y Carlos Auriel Estévez Herrera, director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).

Estructura magisterial

El magisterio del Estado de México es el más nutrido del país, con más de 100 mil integrantes. La mayoría están aglutinados en el gremio oficial: el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), a cargo de Abraham Saroné ­Campos.

Luis Zamora, secretario general del sindicato opositor, el Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), denuncia que cerca de 10 mil profesores del sistema estatal reciben, desde enero pasado, un ingreso extra de 600 pesos mensuales por el rubro “trabajo comunitario”.

La lista de beneficiarios, expuso, fue integrada a propuesta del SMSEM, pero a la hora de recibir el cheque quincenal por 300 pesos, quienes suscriben deben colocar la leyenda: “Estructura política”.

Así, la encomienda real de estos profesores es contactar a los ciudadanos para pedir el apoyo en favor de Del Mazo. “El trabajo es subterráneo, les piden que no sea abierto, que las reuniones sean en casas particulares”. Para confirmar el trabajo realizado, los maestros deben solicitar copia de la credencial de elector a los “ciudadanos promovidos”.

Este esquema operativo, advierte Zamora Calzada, es violatorio del artículo primero constitucional, relacionado con la igualdad y equidad, y de los estatutos del sindicato oficial. También, dice, violenta los artículos 8 y 93-bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y Municipios, que prohíbe el proselitismo y determina que esta conducta es una causal de recisión de contrato.

Además, abunda, esta acción daña a los alumnos, pues en algunos casos los profesores abandonan las horas de clase para ocuparse de sus tareas proselitistas sin que los directivos puedan impedirlo. Finalmente, esto puede traducirse en un delito electoral.