La reconstrucción, otro desastre para la CDMX/SARA PANTOJA
La indignación se apoderó de los propietarios de los primeros 13 edificios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre al enterarse en los noticiarios de que esos inmuebles serán demolidos. Les duele, dicen, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, haya dado a conocer su decisión sin consultarlos directamente. Hasta el viernes 13 por la noche nadie en el gobierno capitalino sabía en cuánto tiempo se resolverá la situación de los miles de damnificados ni cuántas construcciones serán derribadas.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presume en actos públicos que “la Ciudad de México está de pie” y tiene un fondo de 3 mil millones de pesos para atender este tipo de emergencias, pero en su gabinete no está claro cuántos capitalinos están en el desamparo ni cuántos edificios más habrá que demoler.
Hasta el viernes por la noche nadie sabía en cuánto tiempo se resolverá la situación de los miles de damnificados.
“Estamos integrado las carpetas de cada caso. No es un trámite de que ahorita voy y les notifico. Va a tardar al menos una semana más”, comenta a Proceso el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias.
El martes 10 por la mañana –tres semanas después del sismo–, Mancera anunció en conferencia de prensa que 13 inmuebles “categoría roja” –en riesgo inminente de derrumbe y que ponen en riesgo la vida de transeúntes, trabajadores o vecinos– serían derribados.
Explicó que los trabajos comenzarán en Concepción Béistegui 1503, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez; en San Antonio Abad 122, colonia Tránsito, y en Génova 33, colonia Juárez, los dos últimos en la delegación Cuauhtémoc.
En esos casos la integración de sus expedientes ya estaba completa, expuso Mancera, y agregó que otros seis casos ya estaban “a punto” de definirse, aunque no precisó la fecha.
La lista de los 13 inmuebles se difundió en la prensa y fue entonces cuando sus propietarios supieron que su patrimonio será hecho polvo.
“Nos enteramos por los medios, pero hasta ahora nadie nos ha dicho cuándo ni cómo. No tenemos ninguna información oficial por escrito, ninguna notificación de nada. Esto ha sido una desinformación total desde el principio”, asegura Adriana Miguel, propietaria de uno de los 20 departamentos del edificio ubicado en la calle Patricio Sanz 37, colonia Del Valle, que con el sismo se “asentó” sobre el estacionamiento, dañó un local comercial adjunto y se recargó en el inmueble de al lado.
Abogada de profesión, hace dos semanas interpuso el amparo indirecto 1387-2017-VII en el Juzgado 10 de Distrito en Materia Administrativa en contra del gobierno capitalino por la omisión para informar a sus vecinos sobre la situación jurídica y estructural del edificio de siete niveles construido en 1972.
La medida, dice, es “la apuesta” de sus vecinos para saber qué pasará con sus propiedades. “No es contra la demolición, sino contra la omisión de información, porque estamos completamente desorientados”, aclara.
Antes de enterarse que el edificio será demolido, Adriana y algunos de sus vecinos acudieron al Instituto de Seguridad para las Construcciones en la Ciudad de México (ISC) para hablar con su director, Renato Berrón. El funcionario se negó a recibirlos y envió a una directora de área de menor rango. No obstante, cambió de opinión cuando vio que a los inconformes los acompañaba un reportero de Televisa.
Y aunque les explicó sobre la emisión del dictamen estructural y la posibilidad de que sea gratuito, no les dio nada por escrito. “Todos nos manejan evasivas. Nadie nos dice nada, nadie determina cómo ni cuándo van a demoler ni cómo vamos a recuperar nuestras pertenencias”, comenta.
Cunde la desinformación
En la privada de Escocia 33, colonia Parque San Andrés, delegación Coyoacán, Sabás Bautista camina a paso lento pues el infarto que libró hace tres meses no le permite agitarse. Su casa está en pie, pero en la parte de atrás se observa un boquete ocasionado por la caída de la Torre 2 del condominio del número 29 de esa misma calle, que derribó una casa y dañó otra más. Ambas propiedades también están en la lista de demolición.
Arquitecto de 69 años, jubilado del gobierno federal, exjefe de Bomberos de la UNAM y experto internacional en protección civil y control de riesgos, Bautista relata que “personal de la delegación ha pasado a ver los daños, pero no tenemos el resultado por escrito. No hay nada oficial. No se ha hecho una evaluación casa por casa. No sabemos en qué estado quedamos ni cuál será el procedimiento de ayuda de las autoridades”.
Consciente de que la Ciudad de México está sobre una zona sísmica, afirma: “Ya pagué 50 años de impuestos para el presupuesto del país, mi casa es el patrimonio de ese trabajo y la herencia de mis hijos. Mi pensión no alcanza y ya no tengo tiempo para pagar un crédito de 20 años, por eso espero que los gobiernos local y federal me den una respuesta pronta”.
En la esquina de la avenida México y la calle Sonora número 149, en la colonia Hipódromo Condesa –no en la Roma Norte, como señala la lista “demoledora” del gobierno capitalino– cuelga una manta que pide: “No fotos, respeto a víctimas. #Fuerza México”.
En ese inmueble construido en 1971 con tres departamentos, ocho oficinas, un local comercial y un loft colapsaron los tres últimos pisos tras el sismo. Fue de los primeros que recibieron atención de cuerpos de emergencia aquella tarde, cuenta su dueña, quien pide no mencionar su nombre. Los Topos de Tlalnepantla rescataron de entre los escombros el cuerpo sin vida de su madre.
La mujer comenta que el lunes 9 entregó al gobierno capitalino los documentos que acreditan la propiedad del inmueble. Lo hizo, dice, para avanzar en la integración del expediente para la demolición. Admite que el edificio ya fue revisado, pero no tiene ningún dictamen de un DRO ni de un estructurista que avale los resultados.
“Al llevar los papeles, nos asignaron un notario y estamos en espera de la respuesta, pero nos genera mucha incertidumbre, estrés. No sabemos si el gobierno va a demoler ni quién lo va a pagar porque nosotros no tenemos dinero”, comenta.
Le urge solucionar la situación. Sus inquilinos la presionan para sacar sus cosas, en especial sus automóviles, pues las aseguradoras no les quieren pagar si no los ven físicamente. “Hasta ahora nos dieron atención en el gobierno, pero no resolución. Todo es en apariencia”.
Los del edificio ubicado en la calle Concepción Béistegui 1503, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, tienen un poco más claro el panorama. El miércoles 11, empleados de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) comenzaron a retirar postes y cableado para facilitar las demoliciones. Los supervisaron empleados de las secretarías de Obras y Servicios, Protección Civil, Desarrollo Social y Gobierno.
Dos días antes, cada uno de los ocho dueños de departamentos y los cinco locales comerciales recibieron de la Consejería Jurídica el aviso oficial de que el inmueble sería demolido, afirma José Alejandro Garibay, propietario de la tienda de abarrotes que hasta el día del sismo funcionó en la planta baja durante 26 años.
“Nosotros sí hemos sido atendidos. Ya vinieron topógrafos e ingenieros a hacer mediciones. Ya empezaron los preparativos de la demolición y están analizando cómo ayudarnos para recuperar nuestras pertenencias. El gobierno se hará cargo del costo y aunque aún no está claro, están estudiando qué tipo de apoyo nos van a dar para volver a construir nuestro patrimonio aquí mismo. Así nos lo dijo el jefe de gobierno cuando vino a vernos”, agrega.
El 21 de septiembre, poco antes de las 21:00 horas, sin luz eléctrica y sin aviso a los reporteros que cubren sus actividades, Mancera acudió al sitio, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, y el de Sedeso, José Ramón Amieva.
Según Garibay, “nadie sabe qué viene después, pero confiamos en las autoridades porque desde el principio, cuando vino Mancera, nos han cumplido”.
“Que me busquen en mi oficina”
Ante la incertidumbre de los damnificados enlistados, el consejero jurídico Manuel Granados justifica la falta de información oficial: es un proceso complicado que no depende sólo de una dependencia del gobierno local.
En entrevista, explica que la lista de los 13 inmuebles se elaboró a partir de la información proporcionada por los jefes delegacionales a la Secretaría de Gobierno, según los daños en las construcciones. No descarta que la lista crezca.
Para iniciar la integración de cada carpeta, detalla, se debe tener una fe de hechos notarial que informe la conclusión del protocolo de búsqueda y rescate de cuerpos. Después, el Instituto de Seguridad de las Construcciones debe emitir un dictamen que confirme el riesgo inminente de colapso y el peligro para la gente que lo rodea. Luego, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio debe confirmar en sus archivos la veracidad de los titulares registrales.
Librados esos requisitos, el caso se presenta al Comité de Emergencias del gobierno capitalino para aprobar la demolición. Sólo después de este paso, las autoridades entregan las cédulas de notificación a los dueños y, si existe alguna inconformidad, se le da una garantía de audiencia.
Según Granados Covarrubias, hasta el miércoles 11, la notificación oficial de demolición de los inmuebles sólo se había hecho con los propietarios del ubicado en Concepción Béistegui “porque ellos mismos se organizaron; nos dijeron ‘tal día a tal hora, nos encuentran a todos ahí’”.
El exasambleísta y militante del PRD, aclara: “Es todo un proceso que debemos cuidar, es un esquema integral. No es un trámite de que ahorita voy y les notifico. Los que no tienen notificación es porque se están integrando sus carpetas”.
El funcionario evade responder por qué sí se informó a los medios de comunicación y no a los interesados.
Según su consideración, el proceso para los otros 12 casos “puede tardar una semana más, dependiendo la dificultad de cada caso”.
Tras el papeleo, la Secretaría de Obras y Servicios pondrá en marcha la demolición y se encargará de revisar las estructuras de los predios aledaños para que los trabajos no los afecten más de lo que pudieran estar.
Según las autoridades, en la mayoría de los casos el gobierno capitalino podría asumir el costo. No obstante, hay algunos en los que los dueños cuentan con un seguro que cubre el gasto o entre ellos mismos lo pagarán.
–Entonces, a la gente que está aún en la incertidumbre jurídica, ¿qué hay que pedirles? ¿Paciencia?
–No. Que se acerquen conmigo en la Consejería Jurídica, en Plaza de la Constitución 2, piso 3. Yo les explico, les doy toda la información necesaria. Es evidente que estamos atendiendo todas las zonas de la ciudad, no sólo tres inmuebles, tenemos afectaciones en Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac.
Y pese a los reclamos de los damnificados, el jueves 12, en el Séptimo Foro de Infraestructura 2030 realizado en el Hotel Radisson Paraíso Perisur, Mancera se ufanó al decir que, tras el sismo, la Ciudad de México “está de pie”, gracias a su esquema de Protección Civil, pero sobre todo al fondo de prevención de 3 mil millones de pesos “que fuimos guardando año con año” para enfrentar una crisis como la desatada el 19 de septiembre.
Luego, reiteró su demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tener más recursos financieros para la reconstrucción de la ciudad.
“No se puede ir a una reconstrucción con aspirinas. No podemos decir ‘ahí está tu aspirina y que se te quite el dolor de cabeza’… Estamos esperando un anuncio consistente, fuerte, que dé muestra de esto como lo estamos diseñando aquí en la ciudad”, dijo.
Ese mismo día, por separado, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, informó que el Comité de Emergencias analiza alrededor de 400 casos de edificios desalojados por los daños causados por el sismo. Aclaró que no en todos los casos es necesaria la demolición y adelantó que la lista se actualizará según los reportes de los jefes delegacionales.
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