Los límites del Pacto por México

Los límites del Pacto por México

Reportaje de Ernesto Núñez

 Enfoque de Reforma, 19 mayo 2013.- Una frase, que quizás se convierta en una de las más memorables del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue suficiente para poner en jaque el Pacto por México.

 "Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar", dijo el Presidente el 19 de abril en un acto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en Zinacantán, Chiapas, apenas dos días después de que el PAN denunciara la existencia de una red de funcionarios públicos, de la Sedesol y del gobierno de Veracruz, encargada de utilizar programas sociales para conseguir votos a favor del PRI.

 La frase de Peña Nieto encendió focos de alerta en la sede nacional del PAN, donde Gustavo Madero y sus colaboradores resintieron la respuesta como una afrenta política y personal; una grosera manera de responder a una dura pero comedida carta que había enviado el líder panista a Los Pinos la noche del 17 de abril, horas después de hacer público el caso Veracruz.

 "Los compromisos democratizadores y reformadores que suscribimos en el Pacto por México no se están acatando ni por los funcionarios federales de su gobierno, ni por los gobernadores de los estados donde gobierna su partido", acusaba Madero en la misiva, para pedir –párrafos más adelante– la separación temporal del cargo de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y del gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

 Solicitaba también la destitución de los funcionarios involucrados en las grabaciones que el PAN había dado a conocer: Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional del Programa Oportunidades; Héctor Pablo Ramírez Puga, director general de Liconsa; Eduardo Velasco Monroy, director general de Diconsa; Ranulfo Márquez Hernández, delegado de Sedesol en Veracruz; Alejandro Baquedano Sánchez, coordinador de Oportunidades en Veracruz, y Gonzalo Morgado Huesca, delegado del ISSSTE en Veracruz.

 Además de pedir una serie de medidas a la Sedesol en los 14 estados donde habrá elecciones el próximo 7 de julio –como el cese de los operadores políticos priistas nombrados como delegados estatales de dicha Secretaría–, Madero demandaba a Peña Nieto instruir a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instalar una mesa con los dirigentes de los tres partidos firmantes del Pacto para dar seguimiento a las denuncias del caso Veracruz.

 La carta ya había tenido una respuesta previa: el jueves 18 de abril Robles anunció la separación temporal del delegado de la Sedesol en Veracruz, Ranulfo Márquez, y seis funcionarios más: Felipe Sosa Hernández, coordinador operativo de Sedesol; Eli Jesser Mendoza y Raúl Molina, jefes de zona; Graciela Tejeda, enlace operativo de 65 y Más; Jesús Balbuena Buenrostro, enlace de Oportunidades, y Mariana Molina, supervisora de Oportunidades en la entidad.

 Pero esa medida no satisfizo a los panistas –que esperaban la renuncia de los funcionarios de primera línea en el equipo de Robles, además de una respuesta directa de Peña Nieto–, y esa misma tarde Madero declaró que la remoción de "siete funcionarios menores" no era suficiente. El caso había ameritado una denuncia penal contra Duarte y 57 funcionarios priistas de Veracruz, pero Madero recordó que su demanda política era blindar con acciones contundentes las elecciones en 14 entidades.

Por eso la frase "Rosario, no te preocupes" causó la irritación del líder del blanquiazul, y exacerbó los ánimos de los panistas que ya antes habían demandado que el PAN abandonara el Pacto por México.

 Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, también acusó recibo de la frase de Peña Nieto: "vamos a fijar como posición puntual la necesidad de que se convoque a un juicio político al gobernador Duarte de Veracruz y a la renuncia necesaria de Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Social", declaró horas después del discurso de peña Nieto en Chiapas, "más que secretaria de Desarrollo Social, parece que es la secretaria de Asuntos Electorales del PRI".

 Ante estos reclamos, el sábado 20 de abril se celebró una reunión entre los dirigentes partidistas y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que Madero les comunicó que el PAN no asistiría a eventos públicos del Pacto hasta que no se atendiera satisfactoriamente el caso Veracruz.

 Aunque Osorio prometió tomar medidas, el lunes 22 los reclamos subieron de tono y, en los hechos, el Pacto por México entró en crisis.

 Al mediodía, la Secretaría de Hacienda anunció en un comunicado que el martes 23 de abril, a las 10:00 horas, se presentarían las iniciativas de reforma financiera contempladas en los compromisos 62 y 63 del Pacto por México.

 Horas más tarde, Madero anunció que el PAN no asistiría a la presentación de la reforma financiera elaborada por el consejo rector del Pacto.

 El PRD volvió a criticar la frase del Presidente, al considerarla "una carta de impunidad" para otros funcionarios priistas, y Zambrano pidió al gobierno federal hacer un esfuerzo para evitar que el pacto fracasara por no atender las denuncias en Veracruz.

 Según panistas y perredistas consultados, en la noche del 22 de abril los funcionarios del gobierno federal decidieron tomarse en serio la denuncia, y empezaron a hacer llamadas para salvar el Pacto.

 El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien estaba en Washington desde el jueves anterior, anunció la decisión en los primeros minutos del martes, a través de dos mensajes en su cuenta de Twitter: "Para abrir un espacio al diálogo que permita superar las diferencias, @EPN suspende temporalmente actividades públicas del Pacto". "En consecuencia se pospone por unos días la presentación de la reforma financiera, originalmente programada para hoy martes 10am".

La confirmación de esta suspensión la hizo la Presidencia de la República, en comunicado oficial, cerca de las 5 de la mañana.

En lugar de presentar la reforma financiera, los miembros del consejo rector del Pacto sostuvieron una nueva reunión con el secretario Osorio Chong, mientras en el Senado legisladores del PAN y PRD vapuleaban a Rosario Robles en una intensa comparecencia, en la que la funcionaria negó participar en la red de funcionarios y priistas destapada en Veracruz y rechazó que tuviera que renunciar al cargo.

En Puebla, Peña Nieto modificó su discurso; sustituyó el "Rosario, no te preocupes", por un llamado a los partidos a dialogar para salvar el Pacto.

De las acusaciones a los abrazos

Pero la crisis se prolongó dos semanas más.

El PRI de Veracruz contraatacó, dando a conocer audios en los que exhibía el uso que hacían los panistas de los programas sociales cuando eran gobierno. En las grabaciones que dieron a conocer involucraban al ex candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes, y a su hijo –diputado panista–, quienes habían armado el caso Veracruz y lo habían entregado a Madero para hacer la denuncia.

El PAN presentó una queja ante el IFE por el caso Veracruz el jueves 25, y sus legisladores exhibieron la red de priistas colocados en las delegaciones de diversas secretarías de Estado.

Madero y Zambrano mantuvieron su tono de crítica al gobierno federal, aunque en privado se sentaron a la mesa, casi diariamente, con los representantes del gobierno federal en el Pacto: Osorio Chong, Videgaray; Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de Segob, y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia.

A esas reuniones acudían también los representantes de los partidos en el consejo rector: Santiago Creel, Juan Molinar, Alejandro Zapata y Marco Antonio Adame, por parte del PAN; Pablo Gómez, Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Ortega, por parte del PRD; César Camacho, Héctor Gutiérrez de la Garza y Martha Tamayo, por parte del PRI.

En esos encuentros, de acuerdo con sus participantes, se valoró la necesidad de mantener vivo el Pacto bajo dos premisas: es bueno para México y es provechoso para sus firmantes.

Ahí surgió la idea de firmar un anexo al Pacto; una serie de reglas adicionales que blindaran los procesos electorales permitiendo a los dirigentes de los partidos, y al gobierno federal, amarrar las manos a los gobernadores, quienes no son suscriptores del Pacto y a quienes se señala como principales responsables del uso electoral de los programas sociales.

"Nos reunimos en varias ocasiones, e hicimos una negociación nueva: si los asuntos electorales no deben ser obstáculo para el Pacto, entonces ¿qué debemos hacer? Y construimos el adendum            , con medidas que buscan evitar que prevalezcan esos pequeños intereses por sobre los objetivos superiores del Pacto", relata el perredista Jesús Ortega.

"Los firmantes del Pacto entendemos que éste tiene un valor tan importante que supera cualquier interés particular. Estamos convencidos de que el Pacto sirve para las grandes transformaciones que México necesita. La conciencia de ello, el reconocimiento del valor del Pacto fue el elemento sustantivo para preservarlo", añade.

Acordado el adendum    , Madero llevó la propuesta a la Comisión Política del PAN, el lunes 29 de abril.

"Madero, no te preocupes, aguanta", escribió ese día el ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, en su columna quincenal en Reforma          , adelantando ahí los principales resolutivos que tomó su partido: renegociar el Pacto y adelantar la reforma político-electoral.

En la sesión de comisión política, Madero recibió el respaldo de Martínez y del también ex dirigente, Luis Felipe Bravo Mena, para mantener el diálogo con el gobierno de Peña Nieto.

El coordinador de los senadores, Ernesto Cordero, mantuvo su postura crítica y en un momento de la reunión dijo: "el PAN quiere elecciones libres, no Pacto".

La ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, también se mostró crítica frente al gobierno priista, e incluso puso sobre la mesa el caso de la Lady Profeco para ilustrar la forma en la que están operando los funcionarios peñistas cuando no están en la mesa del Pacto.

Pese a las críticas, Madero obtuvo el respaldo de la comisión política para mantenerse en el Pacto, pero comprometió, a cambio, exigir al PRI la anticipación de la reforma electoral contemplada en el compromiso 90 del Pacto, agendada originalmente para el primer semestre de 2014.

El resolutivo del PAN, dado a conocer esa noche, contiene cinco puntos:

1. Mantener la participación en el Pacto por México siempre que el gobierno federal demuestre su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la democracia. 2. Exigir todas aquellas medidas, previsiones y mesas de diálogo necesarias, a fin de que en los 14 procesos electorales de julio de 2013 se blinde a la política social del uso electoral con un adendum  al Pacto por México. 3. Acordar que en dicho mecanismo de concertación política se le otorgue la máxima prioridad a la agenda de la reforma política y electoral del país, que resuelva el déficit democrático de nuestro sistema político. 4. Exigir que sean debidamente sancionados todos los funcionarios que hayan incurrido en los delitos electorales denunciados. 5. Replantear las iniciativas del Pacto que tienen como objeto de su reforma la acción del gobierno, para lograr su máxima transparencia, actuación democrática y combate a la corrupción.

El PAN regresaba al Pacto, pero el gobierno aún no daba las señales esperadas para formalizarlo.

El 1o. de mayo, Madero se reunió con Jesús Zambrano para dar a conocer un posicionamiento conjunto, con nuevas exigencias al gobierno de Peña Nieto:

"Exigimos que la voluntad expresada en los compromisos expuestos en los comunicados y declaraciones difundidos en días anteriores se materialicen en hechos visibles y verificables. Vigilaremos que las denuncias penales presentadas contra diversos funcionarios públicos, así como las demandas de juicio político, sean atendidas conforme a derecho. Compartimos la convicción de que el Pacto por México es un instrumento útil y de que, en las actuales circunstancias, la responsabilidad de que se conserve y fortalezca depende del gobierno federal".

Las señales esperadas comenzaron a darse el 4 de mayo, cuando Javier Duarte anunció en Veracruz la separación de Salvador Manzur de la Secretaría estatal de Finanzas. Y el 6 de mayo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (inactiva durante los seis meses transcurridos de la nueva administración) informó que había girado citatorios a seis funcionarios involucrados en la denuncia en Veracruz.

El martes 7 de mayo, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, reaparecieron las sonrisas, los abrazos y las palmadas en la espalda entre los artífices del Pacto. Peña Nieto flanqueado por Madero y Zambrano y, a lo largo de la mesa, ocupando la primera fila del presidium, Camacho Quiroz, Osorio Chong, Videgaray y Nuño.

Detrás de ellos los negociadores: Creel, Adame, Zapata, Molinar; Pablo Gómez, Naranjo, Ortega; Tamayo, Gutiérrez de la Garza, José Murat, Solís Acero.

"Los notables", según los apodan en el Senado.

El adendum       agrega 11 compromisos a los 95 pactados originalmente en el Pacto por México: 1. Respeto a la ley y limpieza electoral. 2. Blindaje electoral. 3. Participación de la sociedad civil para vigilar la operación de los programas sociales. 4. Profesionalización e imparcialidad de los delegados y operadores de programas federales. 5. Instalación de comisiones plurales "de preservación del entorno político de equidad" en los 14 estados donde habrá elecciones, con participación de gobernadores y dirigentes partidistas locales. 6. Comisión plural nacional. 7. Crear condiciones de equidad en los 14 estados con elecciones. 8. Gestionar la participación de observadores electorales. 9. Darle prioridad máxima a la reforma político electoral y la Ley de Partidos acordadas en los puntos 89 y 90 del Pacto. 10. Crear un sistema nacional de programas sociales. 11. Acelerar las reformas en materia de transparencia, deudas estatales y combate a la corrupción.

Después de la firma del adendum            , Luis Videgaray pudo, finalmente, anunciar que la reforma financiera sería presentada al día siguiente, miércoles 8 de mayo, en el alcázar del Castillo de Chapultepec. Ocasión que sirvió para que reaparecieran los apretones de mano, las carcajadas y los parabienes entre "los notables" del Pacto.

Hacia una nueva reforma electoral

Marco Antonio Adame, representante del PAN en el consejo rector, asegura que la crisis del pacto quedó zanjada y confirma que el adendum           fue prácticamente una renegociación del Pacto en la que se definieron nuevas prioridades, colocando como próximo tema la reforma político-electoral

"En el momento en que se firma el adendum        se ratifica el Pacto por México en su contenido original y se agregan compromisos adicionales que responden tanto a los temas de coyuntura, que tienen que ver con lo sucedido en Veracruz en un primer momento y posteriormente en Coahuila, como con compromisos originales del Pacto, como la reforma político electoral y la ley de partidos", afirma.

Para Martha Tamayo, ex senadora y actual coordinadora de asuntos jurídicos del CEN del PRI, la crisis del caso Veracruz terminó fortaleciendo al Pacto.

"Desde que se firmó el Pacto se sabía que en julio íbamos a estar sometidos a la prueba del ácido. El adendum      es producto de uno de sus efectos y nosotros no tuvimos empacho en apoyarlo aunque fue una reacción sí dada por lo electoral. Del caso Veracruz, y su consecuencia que es el adendum    , sale fortalecido el Pacto, porque antes no había un espacio para discutir estos extremos y nos dimos este espacio en un muy buen momento", afirma.

Para la representante priista en el consejo rector, una vez que el Pacto supere el tema político-electoral –con reforma de por medio– deben agendarse las reformas económicas: fiscal y energética. Sin ellas, advierte, la mayoría de los 95 compromisos del Pacto se quedarían en buenas intenciones, pues no habría recursos para ejecutar las acciones que permitan cumplirlos.

Al día de hoy, el Pacto por México ha producido dos reformas constitucionales ya aprobadas: la educativa y la de telecomunicaciones. Se envió ya la reforma financiera. Y el Ejecutivo emprendió una veintena de acciones, como la ampliación de la pensión a adultos mayores, el seguro a madres trabajadoras, la creación de una oficina encargada de la agenda digital, y ha hecho una serie de anuncios que implican el "inicio de implementación" de los compromisos: avanzar hacia una economía de bajo carbono o propiciar que algún día México invierta el 1 por ciento del PIB nacional en ciencia y tecnología.

En una revisión del calendario original, contenido en los anexos del Pacto, son notables los retrasos en la presentación de iniciativas, principalmente la energética, la de la Gendarmería Nacional, la de coordinación de policías estatales y la de explotación minera, que debían enviarse al Congreso en el primer semestre del 2013.

Sin embargo, los artífices del Pacto desestiman esos retrasos y anuncian que lo que viene será la reforma política.

"La razón fundamental de esos pequeños retrasos es que hemos enfrentado obstáculos grandes, que han impedido que se cumpla totalmente con el calendario establecido", explica Jesús Ortega.

"El calendario el Pacto se va ajustando de forma razonable. No es que se haya abandonado ninguno de los compromisos, sino que se va avanzando en distintas formas, independientemente de que algunos temas deban ser apurados después para que se acerquen al calendario original", afirma Adame.

"No es un ejercicio fácil, no tiene la agilidad que quisiéramos, es complejo. Y por eso puede haber algunos pequeños retrasos. Era la mejor de las intenciones calendarizar los compromisos. Aunque son pocos los que no están cumplidos", plantea Tamayo.

Los tres miembros del consejo rector coinciden en tres puntos:

1. No habrá nuevas iniciativas del Pacto por México hasta después de los comicios del 7 de julio.

2. Mientras transcurren las campañas en 14 estados, el consejo rector trabajará en la legislación secundaria de lo ya aprobado para poder tener productos que se traduzcan en iniciativas que podrían ser aprobadas en uno o varios periodos extraordinarios del Congreso, después de las elecciones.

3. Lo que sigue de inmediato es la reforma electoral. Y, para ello, instalarán una mesa de negociación el próximo 27 de mayo, en la que definirán una agenda y los límites de dicha reforma.

La rebelión del Senado

Superada la crisis del Pacto, Enrique Peña Nieto invitó a los miembros del consejo rector a comer a Los Pinos, el pasado lunes 13 de mayo.

En la comida, que se prolongó hasta convertirse en cena –según informaron miembros del PAN y el PRD–, Peña Nieto y los líderes partidistas acordaron puntos mínimos de una eventual reforma político-electoral.

La creación del Instituto Nacional Electoral, ya contemplado en uno de los siete incisos del compromiso 90 del Pacto, destacó como principal acuerdo.

En la comida, Peña Nieto, sus funcionarios y los miembros del consejo rector hicieron un balance del Pacto y acordaron experimentar un nuevo mecanismo para la presentación de las iniciativas: dar a cada partido un tema y la oportunidad de presentar públicamente la iniciativa correspondiente.

Así se decidió que Gustavo Madero y el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados (donde no tiene disidentes internos) presentaran el martes 14 la iniciativa para crear el Instituto Nacional Electoral, una nueva ley electoral única de carácter nacional y darle autonomía a la fiscalía de delitos electorales.

Pero al día siguiente surgió una respuesta desde el Senado, que sorprendió al consejo rector: los coordinadores parlamentarios del PAN y el PRD, Ernesto Cordero y Miguel Barbosa, dieron a conocer una agenda de 30 puntos para una reforma política profunda, y advirtieron que dicha reforma será negociada, construida y aprobada en la Cámara alta y no en el pequeño grupo del Pacto por México.

La agenda –que incluye temas como la reelección, segunda vuelta, gobiernos de coalición, leyes reglamentarias para candidaturas independientes, plebiscito, referéndum y derecho de réplica– es producto de un acuerdo hecho entre Cordero y Barbosa desde noviembre del año pasado, cuyos encargados de ejecutarlo son el panista Roberto Gil y el perredista Manuel Camacho.

"Hemos venido trabajando en una reforma profunda e integral, tanto en lo electoral como en el funcionamiento de los poderes", confirma Gil, "es una reforma ambiciosa, profunda, son 30 temas con pleno consenso de las dos fuerzas parlamentarias y será el punto de partida de nuestra negociación con el PRI y el gobierno".

En un plazo de seis semanas, las bancadas del PAN y PRD presentarán esos 30 temas en forma de iniciativas en la Comisión Permanente, con la idea de que en septiembre pueda aprobarse la reforma.

"Para nosotros, que se apruebe esta agenda es la verdadera muestra de voluntad de transformar el régimen; cualquier cosa por debajo de esto será una reforma meramente cosmética", añade Gil.

El senador Manuel Camacho confirma que su intención es llevar a cabo una reforma de mucho mayor profundidad, que no se quede simplemente en la creación de un instituto nacional electoral.

"Esta agenda es el paquete completo y no en términos muy genéricos, sino exactamente qué es lo que representa el correctivo o la innovación institucional que requiere el país, porque la manera en la que se están relacionando los poderes no es la mejor. Tiene que ser una reforma en serio, levantemos la mira. No hagamos una distribución de que tal parido se lleva tal tema y tal partido va a anunciarlo", explica.

Luego de recordar que este trabajo tiene el respaldo de 70 votos en el Senado (de las bancadas del PAN y PRD), Camacho afirma que sería muy lamentable que los senadores sólo se quedaran esperando a que el consejo rector les envíe "paquetitos" de reforma, para que al final salga una "reformita electoral" que no propicie la democratización del régimen.

"No es un problema de celos institucionales, de quién lo hace; hagámoslo, pero que cada quien cumpla con su responsabilidad, hagamos una buena reforma. Y no es que el Pacto no sea un instrumento útil, estoy seguro de que es utilísimo para el Presidente, y estoy también seguro de que no es útil para los partidos, pero bueno, se entiende que todo esto ocurra. Pero si ahí se van a decidir la agenda, los tiempos, los contenidos de las iniciativas y la manera de procesar las cosas, entonces en esas circunstancias prácticamente es inexistente el Congreso".

Según Camacho Solís, Madero y Zambrano perdieron la oportunidad que les dio el caso Veracruz, para renegociar en serio el Pacto por México y propiciar una agenda que auténticamente modifique el régimen político.

"El adendum      es una vergüenza", sentencia, "es penoso frente a tener en sus manos la posibilidad de hacer una negociación para una reforma política y transformar el régimen político. Eso hubiera levantado a los dirigentes de la oposición. Pero si ellos no lo hicieron, nosotros no tenemos por qué atenernos a que nos manden lo que se les ocurra, y por eso dijimos 'aquí está una agenda para equilibrar la mesa del Pacto, para que tengamos una concertación nacional verdadera'".

Envueltos en esta nueva confrontación, ahora con sus senadores, los artífices del Pacto se reunieron el miércoles pasado para elaborar una exhaustiva agenda que los mantendrá ocupados de aquí al 5 de junio: reuniones con el SNTE, empresarios, gobernadores y alcaldes.

Al día siguiente instalaron la comisión plural que se encargará de mantener el "entorno político de civilidad y respeto a la ley". Ahí definieron su acuerdo como un "pacto de buena fe", pero en paralelo intercambiaron nuevas acusaciones: el PAN presentó un "semáforo de alerta de precontingencia democrática" en varios estados, y el PRI descalificó las nuevas denuncias afirmando que se trata de una nueva "puesta en escena".

No corren buenos tiempos para el Pacto por México, el "instrumento más eficaz para la concertación de los tiempos presentes", según lo define César Camacho, presidente en turno de los notables