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la Corte de La Haya, abusos de militares en tiempos de Calderón/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Revista Proceso 1977, 20 de septiembre de 2014
Desde
el viernes 12, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda,
recibió una comunicación enviada por diversas organizaciones civiles mexicanas
en la que se documentan los excesos cometidos por tropas del Ejército y
policías del estado de Baja California contra ciudadanos de esa entidad en el
sexenio calderonista. Los promotores confían en que el organismo internacional
asuma el caso y, ante la presunción de que durante la guerra contra las drogas
se cometieron crímenes de lesa humanidad, sancione a los responsables. Y dan
nombres: elementos y oficiales de la II Región Militar, entre ellos los
generales Guillermo Galván y Alfonso Duarte Mujica…
El
viernes 12, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos
(CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión
Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) entregaron una comunicación a
la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en la que le piden emitir un
pronunciamiento acerca de los crímenes y la violencia durante la administración
calderonista.
El
escrito entregado por Sandoval en La Haya daba cuenta de 470 casos de
violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas
Armadas, se pedía también llamar a cuentas por crímenes de guerra y de lesa
humanidad al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera –quien se
encuentra preso en el penal de alta seguridad del Altiplano–; a los titulares
de las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional durante el
sexenio calderonista, Genaro García Luna y Guillermo Galván Galván,
respectivamente, “y demás autoridades, militares y narcotraficantes” (Proceso
1830).
El
recurso del viernes 12 se suma a otro entregado a Bensouda por la CMDPDH, la
FIDH y el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional en octubre de
2012. Aquel documento daba cuenta de los saldos nefastos de la “guerra contra
el narcotráfico” emprendida por Calderón y hacía énfasis en la ausencia de
castigo a los responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y
otros crímenes.
Hoy,
dice Jimena Reyes, abogada de la FIDH, la situación en México es grave. “Desde
el inicio de la gestión de Calderón hemos llegado a la conclusión de que la CPI
debe revisar lo que está ocurriendo en México, por la impunidad de las
autoridades por los crímenes que tienen elementos de lesa humanidad”.
Y
aun cuando a la mayoría de las comunicaciones enviadas a La Haya la CPI les da
un trato confidencial, Reyes asegura que sabe de una veintena de documentos
enviados al organismo internacional; de ahí su sorpresa porque, sostiene, no se
ha hecho un examen preliminar en torno a los saldos de la violencia, sobre todo
porque, insiste, “los hechos aquí están”.
Por
separado, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la CMDPDH,
aclara que en el comunicado del viernes 12 se hacen señalamientos concretos a
la fiscal Bensouda, originaria de Gambia, pues el propósito es sancionar a los
responsables directos de los crímenes.
“Nuestro
objetivo –puntualiza– no es llevar a Calderón a La Haya. Lo que buscamos es
justicia en México, que se investigue y castigue a los responsables al nivel
más alto posible y se repare el daño a las víctimas.”
Un
estudio concreto
Según
el referido documento, cuya copia tiene Proceso, la petición se concentra en el
estado de Baja California, considerado en su momento como “modelo exitoso de
seguridad” por la disminución de la criminalidad tras la militarización de los
cuerpos de seguridad pública.
Los
firmantes de la comunicación incluyen 32 casos que involucran a 95 personas que
fueron sometidas a tortura por soldados adscritos a la II Región Militar y por
agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) entre 2009 y 2012, y además de
establecer un patrón de comportamiento detallan la sistematicidad de esa
práctica ilícita durante la “guerra contra el narcotráfico”.
Para
Raúl Ramírez Baena, director de la CCDH, otro de los organismos promotores del
documento, los casos se expusieron en un formato uniforme.
“Detrás
de cada uno –dice– hay una metodología científica de documentación sobre la
tortura”; incluso pudo configurarse “la sistematicidad (en esos actos) como
política de Estado –que no es fortuita ni casual– con utilización de recursos y
de elementos del Estado mexicano y que siguen una política común para presentar
presuntos avances y éxitos en el combate a la delincuencia organizada”.
La
CCDH proveyó la materia prima para el análisis detallado de todos los casos.
Ramírez Baena resalta que los elementos comunes encontrados en los 32 casos son
“allanamientos, cateos ilegales, detención arbitraria, tortura y desaparición
forzada”.
De
acuerdo con testimonios de las víctimas y sus familiares, desde 2006, pero
sobre todo a partir de 2009, las detenciones “eran en los domicilios o en vía
pública”; algunos de los individuos “habían sido extorsionados con anterioridad
a su arresto, sobre todo por elementos de la PEP. Todos fueron torturados, la
mayoría en instalaciones militares, donde sus verdugos intentaron doblegarlos
para que admitieran ser integrantes de alguna banda del crimen organizado,
inculparan a otras personas, o bien les sembraron drogas y armas que luego
presentaron ante el Ministerio Público Federal para imputarles los delitos de
portación de arma prohibida y delincuencia organizada”, entre otros.
Muchos
de los agraviados no alcanzaron su libertad y aún están en prisión. Todas estas
irregularidades son pasadas por alto no sólo por agentes del Ministerio
Público, sino por los representantes del Poder Judicial tanto federal como del
fuero común, apunta Ramírez Baena. Ambas instancias forman parte de “un esquema
sistemático de violencia organizada por parte de las fuerzas de seguridad
dirigido contra la población civil de estratos medios bajos y bajos (de la
entidad)”.
Algunas
de las víctimas contaron que las agresiones fueron perpetradas durante el
sexenio de Calderón, cuando en Baja California gobernaba Guadalupe Osuna
Millán.
Por
el modus operandi, agrega el escrito, es evidente que había una finalidad:
implicar a cualquier ciudadano con el crimen organizado para mostrar a toda
costa “el éxito” de la guerra contra el narcotráfico e “intentar legitimarla”.
El
director de la CMDPDH aclara que al tomar el ejemplo de Baja California las
organizaciones no pretenden circunscribir los crímenes de lesa humanidad a ese
espacio y a ese tiempo. Explica: “Fue lo único que pudimos documentar. Estoy
seguro que si se hace una investigación en Nuevo León, Coahuila, Michoacán,
Tamaulipas, Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, puedes encontrar
historias muy parecidas, incluso los mismos patrones”.
La
probabilidad de localizar esos esquemas de “ataque sistemático a la población”
por parte de las fuerzas federales de seguridad, sobre todo en entidades
militarizadas, es elevada, comenta.
Y
expone: “Por el grado de recursos públicos implicados en la comisión de la
tortura, no se trató de actos aislados perpetrados por soldados o policías. No,
sus superiores sabían que lo estaban haciendo y no hicieron nada para
detenerlos; es probable que incluso ellos les hayan dado la orden de hacerlo”.
Las
revelaciones de “Proceso”
La
sospecha de Guevara Bermúdez se funda entre otras cosas en la Directiva para el
Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, documento dado a conocer en julio
pasado en la edición 1967 de este semanario por el reportero Jorge Carrasco
Araizaga.
En
el texto enviado a la CPI se advierte que en enero de 2007, con la incursión
militar a Michoacán, Calderón anunció la “guerra contra el narcotráfico”,
aunque fue hasta el 1 de marzo siguiente cuando se terminó de redactar la
Directiva.
El
reportaje de Carrasco indica que el documento era un prontuario en el cual se
ordenaba a los comandantes de las 12 regiones militares operar con “amplia
libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo” y “don de mando” en
las acciones contra sus objetivos. Ellos, por su parte, debían instruir a los
comandantes de zona y éstos a las cabezas de las guarniciones militares.
La
Directiva, señala el documento dirigido a la fiscal Bensouda, “refleja la
visión y estrategia presidencial e impone a todo subordinado su cumplimiento,
bajo el principio de cadena de mando. El comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, el presidente de la República, estableció la visión y el Alto Mando
del Ejército (el secretario de la Defensa Nacional) fue el responsable de la
elaboración de la Directiva”.
El
reportaje de Proceso da sentido a las denuncias recurrentes sobre la
utilización de instalaciones militares en Baja California para “la comisión de
crímenes de competencia de la CPI por parte de las autoridades militares” que
tomaron a pie juntillas la indicación de asumir “amplia libertad de acción para
el empleo de recursos públicos puestos a su disposición”.
“Esa
lectura tan vaga de hacer todo lo que sea necesario y que da mucha flexibilidad
a los mandos militares –dice el director ejecutivo de la CMDPDH– permite
inferir que la tortura era parte de la ecuación, pues esa práctica se permitía
y se toleraba.”
Guevara
Bermúdez se dice convencido de que los mandos militares estaban plenamente
informados de las atrocidades que cometían sus subordinados con los detenidos:
“Había
demasiados recursos públicos involucrados en los operativos de tortura que
documentamos: se utilizaban recursos bélicos, uniformes militares; las víctimas
eran llevadas a cuarteles militares, había médicos militares ahí. Para que se
mueva cualquier bien público bajo el mando militar se requiere la autorización
u orden de un superior.”
E
insiste: “Queremos suponer que hasta cierto nivel de la burocracia estatal
había gente que estaba involucrada e interesada en que estas torturas se
cometieran. Lo cual no quiere decir que esté totalmente probado que llegue
hasta el más alto nivel del presidente. Eso requiere de más investigación que
escapa a nuestras manos”.
Los
activistas incluyeron en el documento entregado a la CPI un dato publicado en
la edición 1847 de Proceso que puede dar pistas: El 19 de febrero de 2012, la
última celebración del Día del Ejército que encabezó Calderón como presidente, ascendió
al comandante de la II Región Militar, Alfonso Duarte Mujica, de general de
brigada a general de división, pese a que tenía al menos 25 demandas por
tortura radicadas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California.
Un
ascenso cuestionado
El
general Alfonso Duarte Mujica fue responsable de la ejecución de la Directiva
para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012 y Calderón lo ascendió a
pesar de que en Baja California hubo “un incremento alarmante en los casos de
tortura y desaparición forzada”.
En
2008, “la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California recibió 26
denuncias por tortura. En 2013, éstas llegaron a 110”. En todos los casos hubo
“participación directa de elementos de seguridad… particularmente de las
Fuerzas Armadas y de la PEP”.
Guevara
Bermúdez y Ramírez Baena consideran que corresponde a la fiscalía general de la
CPI confirmar si durante su gestión Calderón Hinojosa estuvo enterado de los
abusos cometidos por las Fuerzas Armadas para simular “una imagen de éxito” y
buscar a toda costa la legitimidad de la “guerra contra el narcotráfico”.
De
abrirse una investigación para la elaboración de un examen preliminar, según
ambos defensores, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que colaborar con la
fiscalía general de la CPI. Dado el cúmulo de comunicaciones que ha recibido
sobre México de 2011 a la fecha, es factible que intervenga.
“No
quiero hablar de números –sostiene Guevara Bermúdez–, pero no se trata de actos
aislados, de que a algún policía, agente de investigación o ministerio público
se le pasó la mano. Son demasiadas las personas que nunca debieron haber sido
tocadas por agentes estatales o militares”.
Ojalá
que la fiscalía de la CPI ponga los ojos en México y esto genere “juicios
contra los más altos responsables de los patrones (criminales) que
identificamos: el comandante de la zona militar de Baja California, el
secretario de la defensa durante la gestión de Calderón Hinojosa, o el propio
exmandatario”.
Y
aun cuando no haya juicios, la fiscalía de la CPI tiene facultades para
realizar las indagatorias y fincar responsabilidades a los implicados en los
crímenes de lesa humanidad.
Ramírez
Baena insiste en que la CPI juzga la responsabilidad individual de quienes
cometieron crímenes de lesa humanidad. Según él, la responsabilidad del
gobierno de Enrique Peña Nieto en un eventual litigio internacional, sería
“meramente político”.
“Sin
duda –expone–, el asunto deja mal parado al Estado mexicano, porque en el país
sigue aplicándose la tortura y las desapariciones forzadas continúan, ante las
omisiones de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), en tanto que
la responsabilidad del gobierno de Peña Nieto radica en no castigar los
crímenes del sexenio anterior.”
Jimena
Reyes, abogada de la FIDH, con amplia experiencia en litigios ante la CPI,
opina que el caso de México representa “un verdadero desafío” pese a la
política esquizofrénica de la diplomacia nacional, que en los foros
internacionales se erige como defensora de los derechos humanos pero oculta lo
que sucede dentro del país.
Lo
cierto, dice, es que, en materia de impunidad, las cifras muestran que México
tiene un récord negativo.
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