Permiso
para manosear…/Gloria Leticia Díaz, reportaje
Revista Proceso No. 1977, 20 de de septiembre de 2014
El
autoritarismo del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó hasta la sinrazón…
Miembros de la Policía Federal, entre otras corporaciones, cachearon a niños y
niñas, a bebés inclusive, la noche del Grito en el Zócalo de la Ciudad de
México, en flagrante violación a tratados internacionales. Las imágenes,
ampliamente difundidas por medios y redes sociales, desataron la indignación
popular, pero las acciones fueron justificadas por las autoridades federales, a
las que, según defensores de los derechos humanos, les importa más aplicar la
mano dura que proteger las garantías individuales.
Ante
la crítica generalizada de organizaciones civiles y algunos legisladores de
izquierda –entre ellos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Senado, la perredista Angélica de la Peña– por los tocamientos a los menores en
el Zócalo, Rubido dijo a los medios que la revisión exhaustiva “se dio conforme
a los procedimientos de operación con que se tiene que actuar (…) de manera
acomedida, de manera diligente”.
El
mensaje del gobierno fue, advierte Pérez García, que “los niños son un riesgo
potencial”. Por otro lado, los infantes afectados, sobre todo los más pequeños
revisados y toqueteados por policías uniformados, pueden “asumir que algo
hicieron mal, que robaron algo y se corre el riesgo de que vivan como
culpables”.
Iniciativa
incongruente
El
escándalo por la actuación abusiva de los policías ocurre mientras se discute
en el Senado la iniciativa preferente de la Ley General de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, enviada por Peña Nieto el lunes 1.
Esa
iniciativa ha sido criticada por organizaciones civiles y por los
representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel
Crowley y Javier Hernández Valencia, respectivamente, quienes advirtieron que
en su planteamiento Peña Nieto no previó presupuesto para hacer funcionar la
legislación y es contraria a la Convención de los Derechos del Niño.
Pérez
García recuerda que en 2011 el UNICEF y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) hicieron un análisis de presupuesto y hallaron que “México
destinaba aproximadamente 6% del PIB para la atención de su infancia, y de esos
recursos, menos de 1% era para protección”.
Señala
que si a los temas complicados relacionados con la infancia en México –trata,
trabajo en la calle, albergues, feminicidios, desapariciones– no se les aplican
recursos, esos delitos van a agravarse; y menciona un principio de política
pública aplicable a la iniciativa preferencial: “Se dice que donde pones el
dinero están tus intereses; si niños y niñas no representan ningún gasto extra,
nos da cuenta de que niños y niñas no son una prioridad”.
Añade
que no entiende cómo después de las reformas constitucionales en materia de
derechos humanos “a alguien se le ocurra mandar al Senado un proyecto a todas
luces insuficiente, contrario a los derechos humanos; puedo pensar que se trató
de ineficiencia del responsable del proyecto, o se siguió esa tradición de
presentar iniciativas sin consulta o fue la urgencia de tener un tema bonito
que presentar, publicable, sin considerar que los costos los van a pagar los
niños y las niñas, y por lo pronto se dio este hecho lamentable del 15 de
septiembre”.
En
entrevista por separado, Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e integrante de la junta de gobierno
del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, explica que las imágenes de niños manoseados por policías se
apegan a una política de seguridad pública “en la cual lo que importa cuidar
son las instituciones y los políticos, más que a los ciudadanos”.
Abunda:
“Esas imágenes que nos han indignado, de la Gendarmería revisando niños,
responden a una lógica de seguridad de que ‘hay que proteger al presidente, no
le vaya a pasar algo’; es una lógica en la que se invierten miles de millones
de pesos en una seguridad que no está construida en las necesidades y los
requerimientos de los ciudadanos, sino en los de la clase política y de las
instituciones, y ése es el problema, es un sistema de seguridad que pone en el centro
al Estado y sus instituciones y maltrata a sus ciudadanos”.
A
15 meses de creada la dependencia y luego de que la subprocuradora Mariana
Benítez Tiburcio cifró en 22 mil los desaparecidos en México, “no se ven
recursos suficientes para construir la capacidad técnica para buscar y
localizar a los desaparecidos; ahí es donde se aplicaría el dicho de que donde
está el dinero están las prioridades, por lo que localizar a los desaparecidos
no es una prioridad para este gobierno en los hechos, aunque diga lo
contrario”.
Otro
renglón identificado por Cortez como preocupante es el de la FEADLE, a la cual
el gobierno de Peña Nieto asignará 25.94% menos recursos, pese a que las
agresiones a periodistas en México son observadas por organizaciones de
derechos humanos en todo el mundo. De tener 39 millones 13 mil 777 pesos, la fiscalía
encabezada por Laura Borbolla pasará en 2015 a 28 millones 891 mil 583 pesos.
Cortez
apunta que su análisis sobre las asignaciones a la atención gubernamental de
derechos humanos no se circunscribe al presupuesto, pues “hay instituciones,
como la FEADLE, a la que le han disminuido recursos; pero, hay que decirlo,
tiene muy pocos resultados en términos de investigaciones eficaces”.
Cada
vez menos dinero
La
diputada federal perredista Elena Tapia Fonllem coincide con los defensores en
la preocupación por la baja asignación de recursos al tema de los derechos
humanos, contra lo destinado a la seguridad pública.
Integrante
de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Tapia advierte
“el fortalecimiento de la mano dura” del segundo año de gobierno de Peña Nieto,
con base en el análisis del presupuesto.
El
equipo de asesoría de la legisladora sonorense identificó que en las partidas
presupuestarias de 2010 a 2015 para las secretarías de Gobernación (Segob),
Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y para la Procuraduría General de
la República (PGR), por lo menos hasta 2013 había un crecimiento continuo, de
manera que entre lo destinado en 2010 y lo que se propone para el próximo año
hay un incremento de 72.25%, al pasar de 112 mil 214 a 193 mil 271 millones de
pesos.
Mientras
los fondos destinados a las dependencias de desarrollo social, como las
secretarías de Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo Social y Medio Ambiente,
presentan un ritmo de crecimiento moderado, de manera que entre 2010 y la
propuesta de presupuesto de egresos para 2015 fue 46% superior, al pasar de 431
mil 270 a 630 mil 281 millones de pesos.
Centrada
en la distribución de los fondos en la Segob, Tapia advierte “un
fortalecimiento de la parte más dura de la dependencia en detrimento de la
parte de atención de las víctimas, que en el país se cuentan por decenas de
miles, y los familiares cada vez manifiestan más su descontento, entre otras
cuestiones porque los mecanismos para la reparación del daño no funcionan”.
El
jueves 11, durante la comparecencia del titular de Hacienda, Luis Videgaray, en
la Cámara de Diputados, Tapia cuestionó al funcionario por la inexistencia del
fideicomiso del fondo para la atención a víctimas, previsto en la Ley General
de Víctimas. Hasta el jueves 18, cuando la legisladora se entrevistó con
Proceso, no había recibido respuesta.
La
preocupación de la legisladora es que en 2014 la Cámara de Diputados asignó 490
millones de pesos para la creación del fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia,
Atención y Reparación Integral. Para 2015 el monto alcanzaría 980 millones de
pesos, que permanecerán estancados hasta que la SHCP decida constituir el
fideicomiso y la Segob fije sus reglas de operación.
El
año pasado, luego de crearse la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas
(CEAV), la cual según la ley tendría como función ejecutar el fideicomiso, ésta
“estuvo operando con recursos de la extinta Procuraduría de Atención a Víctimas
y hasta ahora sólo tiene capacidad para dar atención psicológica y asesoría
jurídica”.
Al
señalar que por su oficina desfilan continuamente familiares de víctimas que
buscan atención, la legisladora recuerda que “detrás de la Ley General de
Víctimas y de la CEAV hubo un movimiento de familiares de víctimas que se organizaron
e hicieron propuestas, y el gobierno hizo su esfuerzo por dar respuesta; pero
si no se cristaliza en la creación de un fideicomiso y en un reglamento para
que la CEAV funcione, puede parecer hasta una burla, porque ¿a dónde va a ir a
parar ese dinero? Es lo que tenemos que preguntarnos”.
En
la revisión que ella y su equipo han hecho del presupuesto propuesto por Peña
Nieto, Tapia considera que en el tratamiento a víctimas “no hay congruencia.
Podríamos decir que no es prioridad para este gobierno”.
Una
de las incongruencias sería precisamente el achatamiento del presupuesto para
la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, que surgió “para
quedar bien en el momento de la presión ciudadana, para después abandonarla”.
Otro
caso es el de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, que forma parte de la Segob y tuvo un incremento para 2015
de 59%, mientras que la instancia responsable de perseguir los delitos en la
PGR, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y Trata de
Personas, sólo aumentó sus recursos 15%.
“No
hay una costumbre del Ejecutivo de explicarnos cuáles son los criterios para
quitar y poner recursos; hay que reconocer que como oposición nos aplastan, así
que lo que nos queda es evidenciar esta falta de congruencia en el presupuesto
para atención a víctimas y derechos humanos”, concluye.
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