Grupo
México, único responsable/Jesusa Cervantes
Revista Proceso 1977, 20 de septiembre de 2014
El
pasado 6 de agosto la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México en
Cananea, Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de
cobre al río Bacanuchi, afluente del Sonora.
Esos
lixiviados contaminaron el Bacanuchi y el Sonora, río éste que alimenta las
presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez tras recorrer los municipios de
Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures,
donde hay 24 mil 48 habitantes.
El
miércoles 3 una comisión de la Cámara de Diputados acudió a la zona de desastre
donde pudo apreciar los daños y consideró responsable al Grupo México de la
afectación económica y de salud para los pobladores de esos municipios y los perjuicios
a unas 5 mil hectáreas.
En
reuniones con funcionarios locales de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dice a Proceso la diputada
Lilia Aguilar, integrante de la comisión, los legisladores supieron que nadie
ha podido determinar la magnitud del daño por el derrame ni hay un estudio de
cuál será el impacto futuro.
“El
impacto económico es aún incuantificable y merecerá un monitoreo por lo menos
de los próximos cinco años”, apunta Aguilar.
En
su primer informe la comisión señala que “se constató que la empresa minera
Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, actuó de forma inescrupulosa e
irresponsable desde el primer momento, al no informar del derrame e incluso al
ser sorprendida en fechas posteriores al derrame, según lo declarado por los
funcionarios federales, canalizando y bombeado las sustancias contaminantes al
río”.
Además
los propios funcionarios les informaron a los legisladores que Grupo México no
ha explicado en función de qué criterios se está indemnizando a la población
afectada, siendo omisos en reportar la cuantificación de los daños y el origen
de los recursos.
Personal
de la Conagua dijo a la comisión que los daños a la economía en los poblados
afectados alcanzan 703 millones de pesos, pero aún falta por cuantificar el
daño ambiental, la indemnización y las multas por la contaminación generada.
La
Comisión de Derechos Humanos de Sonora, señalan los diputados en su informe,
calculó que los daños por el derrame son de 2 mil millones de pesos, “cifra que
no se considera definitiva”.
En
su recorrido por la zona, los diputados atestiguaron que “no se han realizado las
reparaciones necesarias a la infraestructura de represas de lixiviados de la
minera Buenavista del Cobre”. Se hallaron residuos tóxicos en el Bacanuchi y se
observó ganado abrevando en él sin ninguna prevención ni restricción sanitaria.
Uno
de los grandes problemas detectados, comenta Aguilar, es que según la norma,
para la parte final de los residuos del beneficio del cobre “debe establecerse
una represa principal para almacenaje, una adicional de seguridad y una más
para prevenir desbordes. Sin embargo se pudo observar que se tiene funcionando
sólo la presa principal y se está operando con las represas de seguridad y
control en construcción incompleta, contraviniendo las disposiciones esenciales
de seguridad”.
Añade
que la empresa viola la norma NOM-159-SEMARNAT-2011, la cual establece los
requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre. Uno
de ellos es la impermeabilización del depósito, de tal manera que los ácidos
oxidantes y los metales no sean absorbidos hacia el subsuelo y los mantos
freáticos.
En
el recorrido, comentó la diputada, se observó que el lugar donde se depositan
los residuos no se ha protegido adecuadamente, por lo cual se están filtrando
al manto freático.
Daños
incalculables
Existen,
dice Aguilar, tres grandes problemas. El primero y más grave es que no hay una
medición del impacto a la salud. “No hay siquiera una aproximación del impacto
en la salud”.
El
segundo: No hay un manejo adecuado de los residuos tóxicos. “El agua
contaminada se traslada en pipas picadas, tienen hoyos y así en el trayecto van
contaminando el suelo”. Tampoco se está viendo el impacto en la agricultura
porque lo que se derrama se está comiendo el nutriente de la tierra de
temporal; la contaminación ya está en el subsuelo. Y no se quieren enseñar las
mediciones de la contaminación en los pozos, denunció.
El
tercero, sostiene, es que si primero Grupo México estaba entregando de 2 mil a
5 mil pesos a los pobladores haciéndolos firmar un documento donde la empresa
no asumía ninguna responsabilidad, después de que esto se denunció están
entregándoles un proyecto, con base en sus proyecciones del daño, para pagarles
la afectación y a cambio les exigen que los eximan del daño a futuro.
La
legisladora llama la atención de las autoridades hacendarias porque, dijo, el
fideicomiso de 2 mil millones de pesos que ya aceptó formar Grupo México no
tiene “objeto”, por lo tanto no existe; tampoco tiene “estructura”, es decir
que no hay un fideicomitente, un fiduciario; todo esto puede llevar a que Buenavista
del Cobre sea desaparecida por Grupo México y ya no habría responsable del
desastre.
Ante
la falta de claridad en el fideicomiso y puesto que la Profepa no sabe qué
manejo se da a los residuos tóxicos, la comisión considera que “la mina no debe
estar en operación, pues no se tiene certeza de dónde se están depositando sus
desechos tóxicos”.
Exige
a Grupo México el pago total y resarcimiento de los daños ambiental, económico
y social, y que asuma la responsabilidad de la carga del costo por el derrame.
Un
aspecto que resulta vital para los miembros de la comisión es que la empresa
garantice a los municipios afectados “el abasto suficiente y oportuno de agua
potable”.
Considera
que se deben suspender las actividades de la mina y se debe evaluar la
cancelación de su concesión y evitar que Grupo México se ampare en que se trató
de “un caso fortuito”.
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