Ante “Odile”, imprevisión, catástrofe y actos de lucimiento presidencial

Ante “Odile”, imprevisión, catástrofe y actos de lucimiento presidencial/RDO ZÚÑIGA Y ALEJANDRO RAMÍREZ /ZETA 

Revista Proceso 1977, 20 de septiembre de 2014

Si bien algunas autoridades anticipaban la catástrofe ante el inevitable golpe de Odile a Baja California Sur, el huracán tomó a la población desprevenida y, por consiguiente, desprotegida. Ahí donde la comitiva presidencial consiguió llegar en dos ocasiones sin problemas y de manera tardía, no llegó la ayuda más indispensable, como los equipos de salvamento y los víveres, lo que dio pie al saqueo y al pillaje. Ahí donde las fotos pudieron captar a un sonriente Peña Nieto “atendiendo” a los damnificados, ignoraron la verdadera tragedia: la de miles de familias que siguen incomunicadas, sin techo, sin agua, sin servicio médico, sin seguridad, en el más completo desamparo… He aquí el registro de estos hechos efectuado por reporteros del semanario tijuanense Zeta, compartido a los lectores de Proceso.

LOS CABOS, BCS.- Desde hacía 60 años Baja California Sur no recibía el impacto de un huracán categoría 3, como Odile, que golpeó la península el lunes 15. Aun cuando las autoridades federales y locales sabían que la llegada del fenómeno meteorológico era inminente, turistas mexicanos y extranjeros, así como habitantes de la entidad denuncian que no fueron prevenidos acerca de la gravedad de lo que se venía, lo que indica que el Sistema Nacional de Prevención de Desastres nuevamente fracasó.

 Para muchos, lo que iba a ser una noche de fiesta patria con fuegos artificiales, comida, baile y bebidas se convirtió en infierno. Ese día rachas de viento de 275 kilómetros por hora provocaron ráfagas de lluvia horizontal que arrasaba con todo. Y cuando pensaban que después de la tormenta vendría la calma, lo que llegó fue la rapiña y el saqueo perpetrados por grupos de jóvenes embozados que robaron casas, comida, agua, electrodomésticos.

 Mao Fabian, habitante de San Lucas en Los Cabos, describió el paisaje de esta manera en su cuenta de Facebook: “No hay palabras para describir la situación en Los Cabos. El huracán nos destruyó, pero lo peor ha sido la rapiña y saqueo a las tiendas. La Mega, Walmart, Soriana, Costco y demás ya no existen. Esto es una zona de guerra. No hay comida ni agua ni luz ni comunicación, tampoco gasolina ni medicinas. No hay dónde comprar víveres. El problema más grande es la inseguridad. Es una vorágine de saqueos. Las escenas son dantescas especialmente en San Lucas. No hay presencia policiaca, no está el ejército. Ya comenzaron los asaltos a las casas y a la gente. Los vecinos prenden fogatas y hacen guardias con palos y botellas para defenderse, ya que los delincuentes se agrupan y atacan para robar. Se escaparon los reos de la cárcel. Hoy es el tercer día y aun no se ve el ejército. URGE EL EJERCITO HOY!!!! La situación se deteriora hora con hora. Mi familia y yo fuimos evacuados, pero los que se quedaron no tienen qué comer”.

 Aunque hace 38 años el huracán Liza impactó severamente la península californiana, Odile superó los destrozos, cuantificados en 12 mil millones de dólares por el director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Luis Álvarez Marcén.

 Pero la crisis del meteoro se agudizó con la ineficiencia del gobierno federal, pues mientras que Enrique Peña Nieto daba el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional la noche del lunes 15, a esa misma hora el agua arrastraba casas, hoteles, negocios y autos, y tiraba postes de luz y teléfono dejando en las sombras ciudades y pueblos de Baja California Sur.

 Todavía el martes 16 el mandatario encabezó el desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México, en tanto que la población de ciudades como La Paz y San José del Cabo pedían a gritos agua, víveres y seguridad. Y no fue sino hasta el día siguiente cuando, por fin, el jefe del Ejecutivo llegó a la zona siniestrada para anunciar el envío de 8 mil elementos policiacos y militares para resguardar la zona ante el pillaje y los saqueos, así como la donación de 2 millones 500 mil litros de combustible y miles de despensas.

 La administración de Marco Antonio Covarrubias Villaseñor, que inició bien con la prevención y apertura de albergues, no pudo evitar la crisis por falta de agua, energía y comunicaciones, que llevó a los ciudadanos a la desesperación y, por consecuencia, al pillaje.

 Los saqueadores actuaron durante 48 horas al no ser detenidos por ninguna autoridad. Vaciaron tiendas departamentales y de abarrotes, almacenes de conveniencia. Hombres, mujeres y niños se llevaron todo tipo de artefactos, entre éstos alimentos y bebidas alcohólicas, con soldados como testigos inmóviles. Incluso pudo verse a policías estatales y municipales acarreando aparatos eléctricos y bebidas en sus patrullas.

 Fue hasta el jueves 18 cuando el gobierno de la República envió a la entidad militares, policías federales y elementos de la Gendarmería Nacional. Entonces se realizaron las primeras aprehensiones de saqueadores.

 Aun cuando Telmex anunció en un boletín que había restablecido al 100% los servicios de telefonía y transmisión de datos, hasta el viernes 19 comunidades de Los Cabos, Ciudad Constitución, Mulegé y La Paz seguían sin poder comunicarse por esas vías.

 La energía eléctrica tampoco llegó. Prácticamente la totalidad de Los Cabos siguió sin luz, en tanto que una buena parte de La Paz y el resto de los municipios seguían con frecuentes bajas en la energía. El servicio de agua potable se interrumpió debido a los daños en las tuberías. Las carreteras se fracturaron, derrumbaron o fueron cerradas al ser cubiertas por arroyos crecidos.

 El jueves 18, en su segunda visita al estado, Peña Nieto declaró que ciudades como Todos Los Santos ya no eran “pueblos mágicos” sino “pueblos amolados”, pues sus calles lucían destrozadas; los postes de luz y teléfono, así como las palmeras, derribadas; los negocios y casas, destruidas; los ductos de energía, gas y agua, como tripas aflorando o colgando… La gente lo recibió con gritos desesperados por la falta de agua y de seguridad, mientras los fotógrafos oficialistas lo captaban posando con sonrisas ante la desgracia.

 Ahí, la retórica presidencial anunció el supuesto restablecimiento de la mitad del abasto de agua y luz, la evacuación de 30 mil turistas extranjeros y mexicanos en aviones de las Fuerzas Armadas de manera “gratuita”, y la “donación” de miles de litros de gasolina por parte de Pemex.

 Un huracán como ninguno

 Para el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz Gutiérrez, Odile fue tan destructivo que no tiene punto de comparación con Manuel e Ingrid, registrados en 2013.

 El subdirector de Información del gobierno de la entidad, Jesús Leyva, sólo confirmó la muerte del empresario coreano Kyong Jim Park, gerente de la minera El Boleo, cuyo vehículo fue arrastrado al intentar cruzar una corriente de agua en Santa Rosalía. Su acompañante, también coreano, sigue en calidad de desaparecido.

 Por otra parte se reportó la probable muerte del alemán Hunter Treaow, quien fue visto por última vez al salir de una embarcación con dos personas. Hasta el momento se desconoce su paradero.

 Como las autoridades apenas han llegado a las zonas urbanas, falta conocer la realidad que se vive en rancherías, comunidades rurales y campos pesqueros a lo largo y ancho del estado, los cuales están incomunicados desde el 15 de septiembre por la crecida de arroyos y los daños a caminos que quedaron intransitables.

 En la mayoría de las calles y avenidas de Los Cabos el panorama es desolador: árboles, postes de luz, techumbres y anuncios caídos; viviendas, fachadas y negocios colapsados. En la zona norte, donde se ubican Comondú, Loreto y Mulegé, la fuerza disminuida de Odile sólo había dejado lluvias, encharcamientos en calles y avenidas, la caída de algunos postes y árboles y arroyos crecidos sobre toda la carretera transpeninsular que cruza desde Guerrero Negro hasta Comondú, con cortes en cuando menos cinco puntos. Numerosos automovilistas llevaban más de 40 horas varados en la carretera federal.

 El gobernador Covarrubias declaró que por ahora los daños son incuantificables y todavía no se tiene un balance global con cifras preliminares, porque, según dijo, más allá de contabilizar las afectaciones materiales, la prioridad era restituir los servicios de agua potable y electricidad, además de llevar víveres, agua embotellada y colchonetas a la población damnificada.

 Uno de los acompañantes del presidente Peña Nieto en su visita del miércoles 17 dijo a Zeta: “La bolsa de los recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) no va a ser suficiente para poder atender la contingencia provocada por el fenómeno meteorológico, por el cual podría solicitarse un monto adicional en el paquete económico de 2015”.

 Los recursos de los que dispone el Fonden suman 12 mil millones de pesos para toda la República, mientras que el presupuesto total del gobierno del estado apenas rebasa los 11 mil millones de pesos.

 A pesar de que el Comité Nacional de Emergencias fue instalado y activado de manera oportuna en la entidad, el trabajo de prevención falló, lo cual quedó en evidencia con el alto número de damnificados, viviendas y negocios dañados. La mayoría de la población no supo qué hacer ante la emergencia, no observó las medidas fijadas por los protocolos relativos a huracanes.

 'Autoridades de Protección Civil no informaron qué hacer antes, durante y después del meteoro. Se limitaron a pedir a la población resguardarse en sus domicilios y evitar salir a la calle.

 La evacuación de familias que residían en zonas de alto riesgo se inició prácticamente a la par de la entrada de Odile a Los Cabos. Algunas quedaron atrapadas dentro de sus viviendas o soportaron la incesante lluvia al desplomarse techos y paredes.

 Otras casas fueron arrastradas por el arroyo del llamado Vado de Santa Rosa en San José del Cabo, y cientos de personas intentaron cruzar diversas corrientes de agua sin que en el lugar hubiera autoridades presentes para el rescate. Las líneas telefónicas de las oficinas del gobierno del estado estaban muertas, al igual que su página electrónica. No se organizaron grupos de prevención, apoyo o rescate. La población de Los Cabos, Mulegé y La Paz tuvo que sortear en el desamparo las vicisitudes provocadas por el huracán.

 Un día después de la entrada de Odile los gobiernos federal, estatal y municipales se vieron rebasados de nueva cuenta. Numerosas personas se dedicaron al pillaje mientras que la ayuda humanitaria llegaba a cuentagotas.

 Sálvese quien pueda

 Odile arrasó con la infraestructura turística de Los Cabos. El emblemático hotel Riu fue el primero en caer por la inundación. Alrededor de 600 turistas que se alojaban ahí abandonaron el inmueble por iniciativa propia y, sin recomendación de por medio ni apoyo oficial, cargaron sus maletas con el agua hasta la cintura y se refugiaron en el área del lobby.

 Uno de los huéspedes, Robert Truax, se quejó de que en la contingencia no tuvieron atención por parte de personal del hotel, mucho menos de autoridades. Agregó que tras el embate del huracán no hubo quien les informara de lo sucedido, por lo que la mayoría de los turistas salió a la zona de playa, ya que sus cuartos quedaron bajo el agua.

 La mayor parte de los hoteles con frente de playa vivieron episodios similares. En muy pocos, como el Hyatt Place de San José del Cabo, los turistas fueron desalojados de inmediato cuando advirtieron que ventanas, paredes y muebles empezaron a volar en pedazos. Lo único que quedó en pie de ese hotel fue su estructura en ruinas.

 Evaluaciones preliminares estiman que 80% de las afectaciones se centran en Los Cabos, y 20% en La Paz. El resto de los municipios en la zona norte del estado presentaban daños menores, aunque al cierre de esta edición diversas autoridades iniciaban un recorrido por Comondú, Loreto y Mulegé para evaluar la situación con mayor certeza.

 De los damnificados locales, la peor parte la llevaron las más de 15 mil familias que habitan en zonas bajas y lechos de arroyo; asentamientos irregulares en su mayoría promovidos por los exalcaldes de Los Cabos Narciso Agúndez Montaño y Luis Armando Díaz, y aun por el actual, Antonio Agúndez Montaño, como una estrategia para mantener su coto de poder político.

 Abogados y residentes de Los Cabos, así como reportes al Centro de Control y Mando de la Policía, dieron cuenta de la presencia de gente armada y encapuchada asaltando hoteles, viviendas y tiendas. Los saqueadores –en su mayoría jóvenes provistos de palos, machetes y navajas– protagonizaban pleitos y agresiones físicas.

 Mientras los vándalos saqueaban las cadenas comerciales, los más de mil 500 agentes de la recién estrenada Gendarmería Nacional esperaban órdenes superiores en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. Según el gobernador no tenían vehículos, por lo que tuvieron que conseguir alrededor de 30 camionetas para iniciar los operativos de vigilancia, pero el número de policías era superado con mucho por las turbas que atacaban los negocios.

 Al cierre de esta edición, en La Paz sólo se reportaban daños en comercios y algunas viviendas, sobre todo en colonias donde la mayoría de las casas estaban construidas de madera, lámina, palma y cartón.

 El secretario técnico de ese municipio, Juan de la Peña Salgado, dijo que, en un balance preliminar, el huracán arrojó daños por 2 mil millones de pesos en la infraestructura urbana de la capital del estado.

 Hasta el jueves 18 habían salido del estado casi 20 mil turistas, según el gobernador Covarrubias. Las clases se suspendieron toda la semana, así como las labores en las oficinas públicas. Sólo trabajó el personal operativo de protección civil, seguridad y servicios públicos.