Diputados amenazados…Nombres..

Los legisladores, tan vulnerables como corruptibles/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso No. 1978, 27 de septiembre de 2014

El asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel evidenció la debilidad del Poder Legislativo: es fácil atentar contra sus integrantes –representantes de miles de mexicanos y garantes de la institucionalidad– y es fácil corromperlos. Las historias se multiplican. Hay legisladores secuestrados, prófugos, denunciados, con familiares que han sufrido ataques o que están vinculados con el crimen organizado…

 Los diputados tienen miedo. El secuestro y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel (PRI) exhibe “lo vulnerable” de uno de los tres poderes del Estado mexicano, el Legislativo. Existe otro temor: que sus integrantes se corrompan con mayor facilidad cada vez.

 Esta es la opinión de Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para quien el caso obliga a que los órganos de inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional investiguen a todos aquellos que aspiren a puestos de elección popular. De lo contrario, dice el perredista, “no vamos a quitarles la tentación” a las bandas delincuenciales de “penetrar en los poderes del Estado”. Y revela: “Esa es la magnitud del poder alcanzado por los grupos delincuenciales”.­

 Originario de Michoacán, uno de los estados con mayor presencia y evidencia de infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental, Aureoles revela que, después del asesinato de Gómez Michel, otros legisladores federales han sido amenazados de muerte. De hecho, Proceso pudo confirmar el levantón y liberación de otro diputado federal días antes del ataque perpetrado en Jalisco.

 A lo anterior se suman secuestros y atentados contra legisladores que representan los distritos de mayor virulencia en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Jalisco.

 Aureoles, representante legal del Congreso de la Unión, acepta que en el pasado ha habido casos en que diputados federales o sus familiares han tenido víncu­los con el crimen organizado –se refiere al del perredista Julio César Godoy Toscano, desaforado y prófugo de la justicia federal. Sin embargo, asienta, en la actual LXII Legislatura federal “no hay indicios de ello”.

 En una revisión periodística, Proceso detectó que por lo menos cinco legisladores cuentan con familiares cercanos que han estado en contacto con mensajeros u operadores de algunos cárteles de la droga. Este conteo no incluye el grupo de panistas que, en enero de 2014, asistió a una fiesta que presuntamente auspició un hombre detenido, acusado y posteriormente puesto en libertad por sus vínculos con la mafia en 2004.

El tamaño exacto

En los años ochenta, Colombia padeció el asesinato de candidatos presidenciales, ministros de justicia, jueces y diputados federales, así como la entrada en el Poder Legislativo del narcotraficante, secuestrador y homicida Pablo Escobar Gaviria.

Aureoles Conejo se niega a hacer un símil con ese país sudamericano. Revela, eso sí, que el jueves 25 un diputado federal, del que omite el nombre por razones de seguridad, recibió amenazas de muerte; recuerda también el secuestro en febrero pasado del diputado guerrerense Marino Miranda Salgado (PRD) y la decapitación de Joel Miranda Salgado (hermano del anterior) el miércoles 3 –tres semanas antes del asesinato de Gómez Michel–, además del atentado que sufrió Ramón Montalvo Hernández, diputado federal por el Estado de México, el 8 de mayo.

 “Espero que no lleguemos al nivel que hubo en Colombia. Paralelamente, quienes han sufrido estos atentados o privación de su libertad no son legisladores que anden promoviendo iniciativas para atacar el crimen organizado o que busquen endurecer las penas.

 “Llevamos 15 años en una dinámica de inseguridad y violencia. Esto es muy preocupante y grave. Afortunadamente no es un asunto de todo el país, pero en la inmensa mayoría hay indicios de descomposición grave”, sostiene Aureoles.

 Del secuestro y asesinato del diputado priista Gómez Michel, el presidente de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados considera: “Enluta al Poder Legislativo. Mi más enérgica protesta como el encargado de velar por la integridad y seguridad de todos los legisladores. Es un golpe al Poder Legislativo. Expresa la magnitud del poderío que han alcanzado los grupos delincuenciales y que no les importa a quién le hacen daño. El comentario que hoy escucho es ‘si ello le ocurre a un miembro de uno de los poderes del Estado mexicano, ¿qué puede esperar un ciudadano común que no tiene ningún nivel de protección?’”.

 El Congreso de la Unión, abunda, ha mostrado su vulnerabilidad ante el crimen organizado. “Corren riesgos los legisladores, sobre todo quienes somos de regiones altamente conflictivas, en donde la violencia e inseguridad siguen, por momentos, fuera de control. Viajamos en condiciones de altísimo riesgo y solos por carretera”.

 Insiste en que el Estado debe “tomar las medidas pertinentes: no te voy a dar nombres, pero ayer me amenazaron a otro diputado de muerte”. Sobre este amago, dice, ya habló con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para proteger la vida de su colega.

 Se le comenta que la semana pasada un comando levantó a un diputado federal por unas horas. Lo admite.

 Proceso habló con el legislador que fue privado de su libertad. Su nombre se omite por el riesgo que eso le representaría. Cuenta que un comando lo trasladó de un estado a otro, con el que colinda. Al final estuvo en un punto vigilado por no menos de 15 hombres que portaban armas largas.

 Los pistoleros le hicieron varias acusaciones, pero el legislador las negó. Le dijeron que sabían cuánto ganaba, dónde vivía y quién es su familia. Luego de un par de horas se convencieron de que el político no había participado en lo que mencionaban. Decidieron liberarlo, pero le advirtieron que tenía un mes para reunir 1.5 millones de pesos y entregárselos.

 “Esto es preocupante”, comenta el presidente del Congreso al referirse a la amenaza de muerte, para luego recordar el caso de Marino Miranda, en Guerrero, y Ramón Montalvo, en el Estado de México. “Así hay muchos ejemplos, pero también es el grado de riesgo que corren los ciudadanos en general y del cual no está exento quien tiene un cargo público”.

 Un ejemplo más lo encarnan los hermanos Monreal Ávila (Ricardo, diputado, y David, senador), a quienes un grupo de sicarios pretendía ejecutar, según reveló la PGR el 4 de abril de 2013. La intentona fue descubierta y desactivada.

 –¿Las amenazas, secuestros y asesinato son para presionar al Congreso? –se le pregunta a Aureoles Conejo.

 –Es parte de la propia inseguridad. No quiero pensar que haya alguna motivación para atacar el Congreso. Nosotros sólo hemos cumplido con nuestro trabajo.

 Acepta que en otras legislaturas ha habido integrantes que han tenido vínculos directos o indirectos con el crimen organizado –“Es correcto, así fue” –, pero en la actual “yo no tengo indicios. No conozco ningún caso. Ha habido algunos muy sonados y están bajo investigación”.

 –¿Qué se debe hacer para evitar que el crimen organizado se filtre? –se le inquiere.­

 –En el marco de los hechos de Michoacán planteé que los partidos postulantes asuman el primer filtro. Que ante la autoridad competente solicitaran información. Hoy digo que debiera haber una opinión expresa de los órganos de inteligencia del Estado, la PGR, el Cisen y la Defensa Nacional, para que no andemos con sorpresas.

 Si no ocurre esto, añade, “no vamos a quitarles la tentación a las bandas delincuenciales de querer penetrar en los poderes del Estado. Ya lo han logrado de manera visible en los ámbitos locales; en los municipios ya no cabe duda: controlan un número importante de ellos en distintos estados. Se han atrevido, y creo que lo han logrado, a llegar a nivel de gobernadores, y sin duda con legisladores locales y, en algunos casos, federales.

 “Si no cuidamos eso, el riesgo de contaminación es muy alto, porque si prevalecen algunos o muchos grupos delincuenciales es porque han contado con la protección e impunidad. Sin duda la madre de todo esto ha sido la impunidad y protección de la que gozan delincuentes en muchas regiones. Tiene que haber limpia total, si no, vamos a seguir autoengañándonos.”

 Y como ejemplo, insiste, está Michoacán. “Desde el inicio se dijo de los riesgos, se habló de evidencias, y todo mundo se comportó de manera complaciente, omisa… y ahí está el resultado”.

 –¿Es posible que el crimen ya esté en algunos poderes federales?

 –No lo sé, pero yo quisiera evitar el riesgo. Se ha avanzado. Diría que veía las cosas más vulnerables hace algunos años… Y es importante que las investigaciones sean sólidas, creíbles.

 Se le recuerda a Aureoles que el anterior propietario de la camioneta donde viajaba Gómez Michel es el diputado federal del PRI Marco Antonio Barba Mariscal. También se le hace notar que el hermano de éste, Alfredo Barba, es alcalde de Tlaquepaque. Éste incorporó a su gobierno –como parte del Consejo Ciudadano de Transparencia e Información Pública de Tlaquepaque– a Janette Iliana González Linares, una abogada que el jueves 11 fue considerada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante del equipo de abogados del narcotraficante José Esparragoza, El Azul.

 El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro responde: “Ninguna línea se tiene que descartar; por eso la exigencia de que se investigue a fondo. Pero tampoco será aceptable adelantar juicios en donde digan que ‘algo’ hacía o ‘tenía ciertas amistades’”.

 Las muestras

 En una situación similar a la del diputado Barba Mariscal –cuyo hermano supuestamente está vinculado con delincuentes– se encuentra el legislador federal del PVEM por Michoacán Ernesto Núñez Aguilar. Afiliado al PRI pero representante del PVEM en la Cámara, está casado con una hija del notario público 97 de aquel estado, Emilio Solórzano Solís, quien dejó el cargo en meses recientes. Su notaría fue traspasada a su hija en mayo último por el entonces gobernador Fausto Vallejo.

 Esa notaría estuvo presuntamente involucrada en un secuestro: hace algunos años, Los Caballeros Templarios plagiaron a un michoacano. Proceso habló con el hombre, quien detalló cómo, cuándo y dónde fue retenido, en qué casa de seguridad lo mantuvieron y cómo le exigieron, para liberarlo, poner su casa a nombre de la persona que le indicaría “un notario”.

Un familiar llevó a la Notaría 97 las escrituras y las dejó ahí. El interior del lugar era custodiado por tres miembros del cártel; cuatro más vigilaban la entrada y otros seis esperaban afuera. Todos estaban armados, según narró.

“Por órdenes de La Tuta le tuve que firmar una cesión de derechos por 99 años sobre mi casa, con una cláusula especial de dominio; es decir, en ese tiempo la pueden vender, regalar, rentar o lo que quisieran. El nombre de a quien se la cedí fue de un joven. El notario Emilio Solórzano no estaba: dejó el documento firmado y la secretaria lo llenó conforme se lo dictaban los miembros de Los Caballeros Templarios. Además de la casa, se tuvo que dar una fuerte suma en efectivo”, detalla.

“Nunca olvidaré la notaría. Ahí quedó mi casa de toda mi vida, pero no me quedaba de otra. Los sicarios me dijeron dónde había trabajado, todo sobre mi familia, y ese notario fue quien dio fe, sin estar, de la cesión de mi casa, no sé si por acuerdo o forzado, pero fue en su notaría”, recapitula.

Paralelamente, el miércoles 17, Isaac Solórzano Patiño –otro hijo de dicho notario y por lo tanto cuñado del diputado Núñez Aguilar– apareció calcinado dentro de un auto BMW. Hasta el momento se desconoce el móvil de su asesinato.

Un caso más: el diputado poblano priista Javier López Zavala fue acusado de vínculos con el narcotráfico por el excomandante de la Policía Judicial de Puebla Manuel Antele Velasco. En sus declaraciones ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el policía dijo que López Zavala recibía una cuota mensual de 200 mil dólares por permitir el libre tránsito de droga por el estado, según da cuenta el portal en internet de SDP noticias.

A su vez, el diputado local de Coahuila Indalecio Rodríguez López acusó al dipu­tado federal del PAN Guillermo Anaya de haber colaborado con el capo Sergio Villarreal El Grande. “Guillermo Anaya no sólo mantuvo relaciones familiares con este sujeto, sino que también lo protegió en sus actividades de tráfico de drogas en La Laguna”, declaró el viernes 19 al diario El Sol de Zamora.

Finalmente está el también panista Fernando Larrazábal Bretón. Él es hermano de Jonás Larrazábal, quien fue captado en un video mientras recibía dinero presuntamente por permitir el manejo de casinos en Monterrey, Nuevo León. Cada uno de estos diputados tiene familiares señalados por sus supuestos nexos con el narco.